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Modo: Corpus Pro

DESOCUPACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL. PARA QUE SE CONFIGURE EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO BASTA QUE EL CONTRIBUYENTE, DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE VISITA Y ANTES DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE DICHA NOTIFICACIÓN, CIERRE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRE SU DOMICILIO FISCAL, SINO QUE ES NECESARIO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE DURANTE DICHO PLAZO LO DESOCUPÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2009. · Registro digital (IUS): 21922
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 82.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional en donde se resolvió una de las sentencias que motivó la denuncia, y quien tiene facultad para hacerlo, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, mismo que dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. En primer lugar, debe examinarse si existe o no la contradicción de criterios denunciada.

Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el treinta de enero de dos mil nueve, por unanimidad de votos, el amparo directo número **********, en la parte que interesa, sostuvieron lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, aun cuando para ello se supla la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se determinará si están acreditados o no los elementos del cuerpo del delito previsto y sancionado en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el dos mil cuatro, que dice: ‘Artículo 110.’ (se transcribe). Los elementos del tipo penal a saber, son: 1. La existencia de un contribuyente con domicilio fiscal. 2. Que el contribuyente desocupe el local que tiene registrado como domicilio fiscal. 3. Que tal proceder se realice sin presentar el aviso correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes. 4. Y que la desocupación del mencionado domicilio fiscal se realice después de notificada la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso. El oficio ********** de **********, expedido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Córdoba, Veracruz, y el acta parcial de inicio de visita domiciliaria, acreditan que **********, tiene el carácter de contribuyente y que además el domicilio fiscal que registró es el ubicado en la ‘**********’. Hechos que para nada desconoce el quejoso, en su calidad de administrador general de la persona moral en cita, y a quien se le impuso la sentencia condenatoria. Lo que implica que está acreditado el primer elemento del tipo penal (la existencia de un contribuyente con domicilio fiscal). El segundo elemento del tipo penal, consistente en que el contribuyente desocupe el local que tiene registrado como su domicilio fiscal, no está acreditado. Para el análisis de ese elemento del delito, es importante referirse, como lo hizo el ad quem, a la exposición de motivos de diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que motivó la tipificación del ilícito que se analiza. En lo que aquí interesa, puntualiza: ‘... dentro del marco señalado, debe destacarse la introducción de modificaciones tendientes a evitar prácticas de algunos contribuyentes que basándose en aspectos de carácter permanente formal, obstaculiza (sic) la realización de diversas diligencias de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales de la materia o para exigir el pago de las contribuciones que legítimamente les corresponde pagar a los contribuyentes ... Por otra parte, se proponen reformas al ordenamiento legal mencionado, con la finalidad de continuar en forma permanente e intensiva la lucha en contra de la evasión y la elusión fiscales de las que los evasores obtienen ventajas económicas indebidas ... Considerando la trascendencia de la conducta ilícita de un contribuyente de ocultarse o de pretender evadir su localización por las autoridades fiscales, se propone el establecimiento de un delito por la desocupación del local donde el contribuyente tiene su domicilio fiscal, sin la presentación del aviso respectivo, como un acto para evadir una diligencia de comprobación de sus obligaciones o el pago de los créditos a su cargo, precisándose que sólo se procederá penalmente contra los responsables de esta conducta ilícita cuando las autoridades pierdan totalmente el vínculo con el contribuyente y sus establecimientos ...’. Nótese que la tipificación del delito por desocupación del domicilio fiscal, sin el aviso del cambio de éste ante al Registro Federal de Contribuyentes, después de notificada la orden de visita y antes del año de dicha notificación, se instituyó con el fin de evitar que los contribuyentes evadieran la diligencia de comprobación fiscal, pues la conducta desplegada evidenciaba que (sic) pretendía que las autoridades perdieran totalmente el vínculo con el contribuyente y su establecimiento. Así que, para estar en presencia de ese delito, tiene que acreditarse plenamente, en primer término, la desocupación del domicilio fiscal, para posteriormente afirmar que las autoridades perdieron todo contacto con el contribuyente, al no informárseles el nuevo domicilio fiscal. El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo desocupar de la siguiente manera: ‘1. Dejar un lugar libre de obstáculos. 2. Sacar lo que hay dentro de algo.’. En esa tesitura, es inconcuso que el denunciante debió acreditar que el domicilio fiscal de la contribuyente estaba vacío, esto es, que era un lugar libre de muebles, por haberse sacado con el objeto de que la autoridad hacendaria no lo ubicara territorialmente. La constancia de hechos de **********, revela lo siguiente: ‘... los visitadores ... se constituyeron en el domicilio ... para notificar el oficio ... en el que se comunica la ampliación del plazo para concluir la visita domiciliaria ... para ese efecto se acudió al domicilio de la contribuyente visitada **********, ubicada **********, conociendo los visitadores que el domicilio antes señalado se encontraba cerrado y al llamar en repetidas ocasiones, nadie acudió a dicho llamado, por lo que los que (sic) los visitadores procedieron a investigar con los vecinos del lugar, acudiendo con la señora del negocio contiguo, la cual no quiso proporcionar su nombre ... la señora nos manifestó: «que tenía mucho tiempo que no las veía que abrieran, ya que ella estaba al pendiente de cuando llegaran, porque no tenía agua y estas personas son las que echaban a funcionar la bomba del agua que abastece a su negocio, ya que dicha bomba se encontraba dentro del patio del domicilio de estas personas.».’ (foja 24 de la causa penal). La transcripción acredita que los visitadores encontraron el negocio cerrado y que una vecina les informó que tenía mucho tiempo que nadie venía abrirlo. Cerrar, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, significa: ‘Asegurar con cerradura, pasador, pestillo, tranca u otro instrumento, una puerta, ventana, tapa, etc., para impedir que se abra. Hacer que el interior de un edificio, recinto, receptáculo, etc., quede incomunicado con el espacio exterior. Dicho de un establecimiento público: Interrumpir temporalmente la atención a los usuarios.’. Conceptos que revelan que el término ‘cerrar’ significa impedir momentáneamente el acceso a un lugar, así que no es sinónimo de ‘desocupar’; por ende, es claro que los visitadores y la persona interrogada, jamás afirmaron que el domicilio fiscal estuviera desocupado. De tal suerte, que el hecho de que estuviera cerrado el domicilio del contribuyente y éste hubiera manifestado que suspendió por un tiempo sus labores, sin dar aviso a la autoridad hacendaria; no implica que se configure el delito que alude el ad quem, ya que la conducta sancionable es la desocupación del domicilio fiscal, sin el aviso del cambio de éste ante al Registro Federal de Contribuyentes, después de notificada la orden de visita y antes del año de dicha notificación. Además, la conducta antijurídica que se le atribuye al quejoso, el denunciante dijo que tuvo lugar en **********; por tanto, la diligencia de inspección ocular y fe ministerial efectuada el **********, para acreditar la desocupación del inmueble ningún beneficio le reporta; pues esa probanza sólo evidencia lo observado en el momento en que se ejecutó. Así que material y jurídicamente es imposible que revele que la desocupación del bien tuvo lugar en la época que puntualiza el denunciante. Al contrario su valor convictivo perjudica al oferente de la prueba, pues ahí se estableció lo siguiente: ‘... una casa de mampostería, la cual presenta la razón social **********, misma que presenta un portón de color blanco, mediante el cual a través de una rendija se aprecia observar que se encuentra enmontonado (sic).’ (foja 88 de la causa penal). Esto es, el inmueble cuenta con el nombre de la contribuyente y algunos bienes de su propiedad, lo que se corrobora con la diligencia de certificación de **********, en la que se puntualizó: ‘... en el domicilio que busco, el cual se trata de un inmueble ocupado como oficinas, debido a que en estos momentos se puede apreciar inmobiliarios adecuado (sic) para una oficina, sin pasar por alto que existe una razón social en el inmueble con la leyenda «**********» ...’ (fojas 444 vuelta y 445 de la causa penal). Además, la propia indagatoria de la denunciante revela que no se encontró otro domicilio del contribuyente; por ende, no se le puede sancionar por no dar el aviso correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes, presumiendo que trató de evadir su responsabilidad fiscal. Al contrario, se cuenta con un oficio dirigido al administrador local de Auditoría Fiscal de Córdoba, Veracruz, sellado por esta institución pública, el **********, en el que informa su imposibilidad para exhibir la documentación que se le requirió. Finalmente, las declaraciones de todos los testigos de cargo tampoco acreditan la desocupación del inmueble, pues su participación se constriñó a decir que la empresa estaba cerrada, lo cual, se insiste, no es sinónimo de desalojo o pérdida total entre el vínculo contribuyente-hacienda. En ese tenor, opuesto a lo esgrimido por la autoridad responsable no existen pruebas que demuestren plenamente todos los elementos del tipo penal. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE.’ (se transcribe). En el mismo sentido, se invoca la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se comparte, consultable en la página dos mil cuatrocientos sesenta y dos, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe). También se cita la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/54, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página veintiocho, Tomo setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, la cual dice: ‘DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, al no quedar demostrado la totalidad de los elementos que conforman la descripción típica del delito de abandono de domicilio fiscal atribuido a la parte quejosa, previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, lo procedente es otorgar la protección federal solicitada en forma lisa y llana."

Por su parte, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el cinco de abril de dos mil cinco, por mayoría de votos, el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, señalaron lo siguiente:

"V. Son infundados los agravios expresados, aun suplidos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. ... Efectivamente, están acreditados los elementos del cuerpo del delito previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, así como la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión. El artículo referido dispone: ‘Artículo 110.’ (se transcribe). La acción del ilícito consiste en realizar actos de desocupación; asimismo, el elemento objetivo hace referencia a un lugar en específico, como es el domicilio fiscal del inculpado, mismo que debe definirse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). Igualmente, el elemento objetivo hace referencia a una condición temporal, pues debe ejecutarse después de la notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación, o bien después de que se le hubiera notificado al activo un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso. El elemento normativo del ilícito consiste en que dicha desocupación se efectúe sin dar aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes. ... En otro orden de ideas, para tener por acreditados los elementos del ilícito, así como la responsabilidad de la quejosa, el Juez de amparo tomó en cuenta, principalmente, los hechos narrados en la querella mencionada, en la que se expuso que el día **********, ********** y **********, visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puerto Vallarta, Jalisco, a las catorce horas con cinco minutos, se constituyeron en la finca marcada con el número **********, domicilio fiscal de la contribuyente **********, a efecto de notificar el oficio número **********, de fecha **********, que contenía la orden de visita domiciliaria contra la contribuyente; que dicha notificación fue atendida por la propia inculpada; que en ese mismo acto, los visitadores levantaron el acta parcial de inicio de la orden de visita, la cual fue atendida por la contribuyente y designó como testigos ********** y **********; que los visitadores requirieron a la compareciente la documentación relacionada con el pago de contribuciones federales, consistentes en la declaración anual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, así como los formularios que contienen los pagos provisionales por el ejercicio mencionado, pero la contribuyente manifestó que no contaba con dicha documentación; asimismo, se le requirieron los libros de contabilidad y documentación relacionada con el ejercicio, ante lo que refirió que no los tenía en su poder; que posteriormente, a las doce horas con diez minutos del día **********, **********, visitadora adscrita a dicha administración de auditoría, se constituyó de nueva cuenta en el domicilio de la contribuyente, con el objeto de notificarle el oficio de solicitud e información y documentación, de fecha **********; empero, no pudo llevarse a cabo la diligencia, toda vez que encontró cerrado el domicilio; que se procedieron a realizar las investigaciones correspondientes para conocer el paradero, y vecinos del lugar manifestaron que el local tenía varios días cerrados (sic). La anterior narración de hechos se encuentra corroborada con la copia certificada del oficio número **********, de fecha **********, suscrito por **********, administradora local de Auditoría Fiscal con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, en el que se ordena la práctica de la visita domiciliaria contra la contribuyente **********, en su domicilio ubicado en la calle **********, en esa población, para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno; documento en la (sic) que aparece la constancia de recibo por parte de la contribuyente, a las trece horas con cincuenta minutos de la misma fecha. De igual modo, tal documento fue enlazado con la copia certificada del acta parcial de inicio de visita, de fecha **********, elaborada por los visitadores ********** y **********, con la asistencia de las testigos ********** y **********, así como de la inculpada **********, en las que se hace constar, en lo que interesa, lo siguiente: ‘... A continuación el compareciente fue requerido para que bajo protesta de «decir verdad», manifestara si la **********, si presentó a la fecha del inicio de la visita domiciliaria, el formulario de uso múltiple de pago de contribuciones, el cual contiene la declaración anual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal sujeto a revisión comprendido del 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, los formularios que contienen los pagos provisionales por el ejercicio sujeto a revisión, expresando lo siguiente: «En este momento de la diligencia no cuenta con las declaraciones anual y de pagos provisionales (sic) con ellas mismas que no han sido presentadas por lo que no las exhibo». Por último, los visitadores requirieron al compareciente la exhibición de libros de contabilidad así como los documentos relacionados con el ejercicio a revisar del 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, manifestando lo siguiente: «En este momento de la diligencia no me es posible la exhibición de la documentación comprobatoria así como de los libros de contabilidad ya que no los tengo en mi poder. Se hace constar que del recorrido físico realizado por las instalaciones que conforman el domicilio de la contribuyente no se encontró documentación alguna ...».’. De la misma forma, el Juez Federal valoró la copia certificada de la constancia de hechos de fecha **********, elaborada por **********, visitadora de la Administración Local de Auditoría Fiscal, con la asistencia de las testigos ********** y **********, en la que se da fe de lo siguiente: ‘Siendo las ********** del día **********, el visitador antes mencionado se constituyó en el domicilio también referido con el objeto de notificar el oficio de solicitud de información y documentación número **********, de fecha **********, encontrándose dicho domicilio cerrado, por lo que se pudo observar por un orificio que tiene la puerta, el lugar se encuentra lleno de polvo y también la banqueta, por lo que se procedió a preguntar a una persona del sexo femenino que no proporcionó su nombre que se encontraba en el siguiente domicilio mismo que no tenía número visible, si tenía conocimiento si la contribuyente ********** había abierto ese día y el día anterior, manifestando esta persona que ya tenía varios días que no abría ese lugar ...’. Igualmente, el Juez de amparo tomó en consideración el parte de investigación de fecha **********, emitido por ********** y **********, elementos de la Policía Federal de Investigación, en el cual asentaron lo siguiente: ‘Los que suscriben policías federales de investigación después de consultar el expediente de mérito, nos trasladamos al domicilio calle **********, en donde nos entrevistamos con quien dijo llamarse **********, con quien nos identificamos plenamente como policías federales de investigación, haciéndole saber el motivo de nuestra presencia a lo que nos manifestó que la señora ********** cerró la licorería que tenía en ese domicilio desde el ********** y no ha regresado al lugar desde entonces, que sólo sabe que vive en Puerto Vallarta, Jalisco, pero no su domicilio, así mismo (sic) manifestó que no es la primera vez que van a buscar a la señora **********, sin que obtengan algún dato positivo que lleve al paradero de la requerida, siendo esto todo lo que tenía que manifestar, de igual forma nos entrevistamos con varios vecinos del lugar al azar con quienes nos identificamos plenamente como policías federales de investigación, haciéndoles saber el motivo de nuestra presencia, a lo que nos manifestaron que la señora ********** tenía una licorería, misma que cerró sin conocer las razones desde el mes de mayo del presente año, y que desde entonces ya no ha vuelto al lugar, desconociendo su domicilio, siendo esto todo lo que tenían que manifestar.’. Las constancias reseñadas adquieren valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, y demuestran que el día **********, se inició visita en el domicilio fiscal de la contribuyente **********, ubicado en la calle **********, y que al requerirle su documentación contable manifestó no tenerla en su poder; posteriormente, el día **********, cuando la visitadora de la autoridad hacendaria se presentó para notificarle la solicitud de documentación, encontró que el domicilio estaba cerrado; asimismo, el **********, elementos de la policía federal de investigación se presentaron en el domicilio de la inculpada, sin que la pudieran localizar en el mismo, sino que, por el contrario, una persona que se encontraba en el lugar les dijo que había cerrado el negocio. De tales hechos se integra la prueba circunstancial, que se funda precisamente en la demostración de indicios que por su íntima relación, llevan al juzgador a la certeza de un hecho que desconoce; esto es, que mediante un proceso de orden intelectivo, establece una relación entre lo que conoce (indicios) y lo que desconoce (la verdad histórica buscada en el proceso). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 275, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 200, que es del rubro y texto siguientes: ‘PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.’ (se transcribe). En efecto, como indicios adecuados para integrar la prueba circunstancial, se tienen a los hechos que se desprenden de las constancias en cita, pues, tales indicios llevan a establecer fundadamente que desocupó su domicilio fiscal, toda vez que cuando se inició la visita domiciliaria no presentó los documentos contables que se le requirieron y, posteriormente, se constató por la autoridad fiscal de que (sic) la inculpada había cerrado su domicilio, lo que impidió su localización; aparte, debe atenderse el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se le notificó la orden de visita y la segunda diligencia, en la que además, los visitadores encontraron el lugar con polvo; así como que los elementos de la Policía Federal de Investigación no pudieron localizar a la quejosa en el domicilio fiscal, sino que, por el contrario, una persona que estaba en ese lugar les informó que había cerrado el negocio que tenía en ese sitio. Tales indicios resultan aptos para acreditar, circunstancialmente esa conducta, si se parte de que una característica de ese domicilio no sólo lo constituye el hecho de que se trate del lugar donde un contribuyente guarda su documentación contable que sirva para la comprobación de sus obligaciones fiscales, sino que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, también se compone de la particularidad de ser el sitio donde el obligado fiscal tiene el asiento principal de sus actividades y donde podrá localizarlo para cualquier diligencia la autoridad hacendaria, de ahí que sí éste, cuando se había iniciado una visita domiciliaria en su contra, sin dar aviso a la autoridad hacendaria, repentinamente dejó de prestar sus actividades manteniendo cerrado el local de su domicilio fiscal, de tal forma que se oculte o evada su localización por parte de dicha autoridad, ello implica el acto de desocupación sancionado por la ley, porque precisamente el mantener cerrado el local impide que se verifique el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que se pierda totalmente el vínculo con el contribuyente y sus establecimientos, pues ese vínculo se forma precisamente con el domicilio fiscal, máxime que, como en la especie sucede, el tiempo que transcurrió entre la segunda ocasión que acudieron los visitadores al domicilio del contribuyente sin poderlo encontrar abierto y a cuando se presentaron los elementos de la Policía Federal de Investigación, quienes tampoco pudieron localizarlo (sic) lleva a concluir objetivamente, que se perdió en forma total dicho vínculo. Lo antes sustentado adquiere mayor apoyo con la exposición de motivos de fecha **********, relativa a la adición de ese delito al artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, en la que, en lo conducente, se adujo: ‘Considerando la trascendencia de la conducta ilícita de un contribuyente de ocultarse o de pretender evadir su localización por las autoridades fiscales, se propone el establecimiento de un delito por la desocupación del local donde el contribuyente tiene su domicilio fiscal, sin la presentación del aviso respectivo, como un acto para evadir una diligencia de comprobación de sus obligaciones o el pago de los créditos a su cargo, precisándose que sólo se procederá penalmente contra los responsables de esta conducta ilícita cuando las autoridades pierdan totalmente el vínculo con el contribuyente y sus establecimientos ...’. Así las cosas, contrario a lo que se sostiene en los agravios, la acción de desocupar a que se refiere el injusto no debe limitarse a su uso común en la lengua española, consistente en sacar lo que hay dentro de algo, toda vez que el elemento objetivo hace referencia a un elemento de lugar que está definido por la ley especial y que se establece con el específico propósito de servir a la autoridad hacendaria para la localización del contribuyente y de su documentación contable; de tal forma que la acción o núcleo verbal del delito debe apreciarse en congruencia con dicho propósito, por tratarse, como ya se dijo, de una disposición especial; además de que, según se aprecia del segmento de la exposición de motivos transcrito, la voluntad del legislador, al tipificar esa conducta como delito, fue disuadir al contribuyente de ocultarse o evadirse de la autoridad hacendaria cuando ha sido sujeto a un procedimiento administrativo relacionado con sus facultades de comprobación fiscal o de hacer efectivo un crédito de esa naturaleza. Por tanto, para tenerse por actualizado el ilícito, no necesariamente debe estar demostrado que el activo sacó los documentos contables y el mobiliario necesario para desempeñar sus actividades del local, sino que basta que se compruebe que se apartó de alguna forma de la actividad que venía desarrollando en el domicilio fiscal, en las condiciones temporales que requiere el tipo, de modo que hubiere evadido el imperio de la autoridad fiscal al ejecutar sus facultades de comprobación o de cobro, como en la especie sucede. En tales condiciones, las pruebas antes valoradas, enlazadas de una manera lógica, natural y jurídica, producen la convicción de que la inculpada **********, días después de que el día ********** fuera notificada de una orden de visita y antes de que transcurriera un año a partir de esa notificación, desocupó su domicilio fiscal, ubicado en la calle **********, sin dar aviso de cambio al Registro Federal de Contribuyentes, de tal forma que la autoridad hacendaria no pudo localizarla para la práctica de las diligencias derivadas de dicho mandamiento administrativo. Así, de los anteriores hechos, se advierte la participación de la quejosa a título de dolo, los cuales cometió por sí misma, y no obstante que tuvo pleno conocimiento de su antijuridicidad, por ser una persona imputable, realizó esa conducta ilícita a pesar de que le era exigible que actuara apegado a la norma. Consecuentemente, como acertadamente lo estimó el Juez de amparo, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, así como la probable responsabilidad de la quejosa. Contrario a lo sustentado en los motivos de queja, en el caso no se está ante prueba insuficiente, porque, como ya se vio, los datos que se desprenden de las constancias elaboradas por la autoridad fiscal, son aptos para acreditar, sin lugar a dudas, que la inculpada desocupó su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad hacendaria, poco después de que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21922-8675b3ac/desocupacion-del-domicilio-fiscal-para-que-se-configure · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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