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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, EN TANTO QUE NO AFECTA EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21160
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 224.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con lo señalado en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, en uso de la facultad que le confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se señalan:

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver la improcedencia penal 234/2007, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... debe estimarse que si el derecho a impugnar las decisiones del Ministerio Público, en los casos en que se determine no ejercer la acción penal en contra del indiciado, se encuentra contemplado en favor de la víctima o el ofendido, debe considerarse que tal derecho le asiste, asimismo, cuando se produce una resolución judicial en que se dicta un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, más aún cuando de los conceptos de violación que vierte el quejoso, familiar del ofendido, se desprende que ataca la valoración de los elementos tendentes a acreditar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado en los delitos de homicidio y daños ocasionados por culpa, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la garantía contenida en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal, y de ser ello fundado, se traduciría en una violación a esta garantía, de manera que, en esas condiciones, no es dable sostener, por ahora, que, en la especie, el juicio de amparo que se promueve devenga improcedente. Es decir, el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución General de la República, dice: ‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: B. De la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.’. De ello resulta que no tendría sentido alguno que se otorgara al ofendido la garantía relativa a que se le recibieran los elementos de convicción y datos que pueda aportar y a que se desahoguen las diligencias relativas, si se le privara del derecho de impugnar la incorrecta valoración de esos medios de acreditamiento, lo cual sólo puede lograr, durante el proceso, como víctima u ofendido, cuando se dicta un auto de libertad, con las reservas de ley, por falta de elementos para procesar, mediante el juicio de amparo, como en el caso ocurre. Luego, los argumentos que se vierten en relación con la incorrecta valoración de esos datos o pruebas, deben entenderse como una consecuencia de la garantía otorgada por el artículo 20, apartado B, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, que pudieran entrañar una violación, y que el quejoso, aunque no de manera expresa, sí implícitamente hace valer en el amparo, así como en sus agravios, como derecho subjetivo violado, ya que no debe perderse de vista que, en la especie, se encuentra imbíbito el derecho a la reparación del daño. Además, aun y cuando en los conceptos de violación, expresamente no alude a esta reparación, lo cual puede obedecer a que no contaba el ofendido, en ese momento, con una determinación judicial que le permitiera hacerlo, lo cierto es que deviene incuestionable que el propósito del amparo es llegar a obtener esa reparación mediante una sentencia condenatoria, pues por las circunstancias y consecuencias de los delitos de homicidio y daños culposos del caso, no se advierte qué otro fin podría perseguir el promovente del amparo, pues no es dable estimar que lo animara un deseo de venganza, cuando, en todo caso, no es él quien debe determinar judicialmente la responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido el denunciado; sin que ello implique que, en todos los casos, se encuentra legitimado el ofendido para promover en la vía de amparo contra tales determinaciones. De ahí que ante la expectativa que tiene el familiar del ofendido de obtener la reparación del daño, es claro que le causa agravio la determinación que termina con esa expectativa de derecho al pronunciarse una resolución que le impedirá obtenerla, por lo menos, en la vía penal, al decretarse la libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, lo que le ocasiona un agravio personal y directo, no obstante que no le sea reconocido el carácter de parte acusadora, porque, como ya se apuntó, en el caso se encuentra imbíbito el derecho a la reparación del daño. Las consideraciones anteriores, no implican el desconocimiento de la jurisprudencia por contradicción de tesis que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número treinta y tres, aparece publicada en la página cincuenta y uno, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, actualización dos mil uno, de rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA SU LIBRAMIENTO.’, pues como ya se ha expuesto, no en todos los casos está legitimado el ofendido o la víctima para promover el juicio de amparo contra aquellas determinaciones, sino sólo cuando se encuentre comprendido en la pretensión de ellos la obtención de la reparación del daño, como en el caso ocurre, ya que de esa manera se acata la protección constitucional que les otorga el apartado B, fracciones II y IV, del artículo 20 de la Constitución Federal, en toda su dimensión, logrando así el principio de equidad indispensable entre el autor del delito y la víctima o el ofendido. En las relatadas condiciones, lo que procede, en la especie, es revocar el auto desechatorio que se revisa y ordenar a la Juez Primero de Distrito en el Estado, admita la demanda de amparo de que se trata, si no existe motivo diverso que permita su desechamiento."

Consideraciones que dieron origen a la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, diciembre de 2007

"Tesis: VII.3o.P.T.1 P

"Página: 1758

"OFENDIDO O VÍCTIMA, CUÁNDO ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA DECISIÓN MINISTERIAL QUE NIEGA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, O LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE OTORGAR LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. El artículo 20, apartado B, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consignan el derecho de la víctima o el ofendido para coadyuvar con el Ministerio Público; así como a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba, tanto en la investigación ministerial como en el proceso, así como a que se desahoguen las diligencias respectivas. Asimismo, a que se le repare el daño ocasionado con la comisión u omisión que ocasionen el delito de que se trate, obligando al Ministerio Público, en cuanto proceda, a formular la reclamación correspondiente y al juzgador a condenar a dicha reparación cuando emita una sentencia condenatoria. La Ley de Amparo, en el artículo 10 dispone que la víctima y el ofendido son titulares del derecho de exigir la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, y que con tal carácter podrán promover el juicio de amparo contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el desistimiento o el no ejercicio de la acción penal, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Federal, que faculta a esta impugnación. De todo ello se desprende que igual a cuando se produce una determinación de desistimiento o no ejercicio de la acción penal, en tratándose de un auto de libertad por falta de elementos para procesar, el ofendido también estará legitimado para promover el juicio de amparo contra esa determinación, siempre que el interés del mismo lleve implícito el derecho a la reparación del daño (aun y cuando no exista concepto de violación expreso respecto de tal reparación) y aunque no haya, por el momento, determinación alguna que la niegue o la conceda; además de que la promoción misma del amparo contra la decisión que decreta la libertad por falta de elementos para procesar, entraña que su intención está enderezada a que se dicte sentencia condenatoria que lo conduzca a obtener la reparación del daño, y así, no sería lícito privarle de tal derecho al impedirle combatir aquellas decisiones por la vía del amparo, ya que, en esas circunstancias, se podría producir una violación a las garantías del ofendido contenidas en el artículo 20, apartado B, fracciones II y IV, de la Constitución General de la República.

"Amparo en revisión (improcedencia) 234/2007. 21 de agosto de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba."

B) Al resolver la improcedencia penal 275/2005, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, sostuvo:

"... se advierte que toda víctima tiene derecho a la reparación del daño, ya que pueden expresar y canalizar legalmente su interés en obtener la reparación del daño, y mientras ese derecho se encuentre sub júdice, la víctima o el ofendido por el delito tienen a su alcance todos los recursos que legalmente procedan, incluyendo el juicio de amparo, pues el derecho a la reparación del daño constituye una garantía individual que en todas las instancias jurisdiccionales debe ser respetada, ya que conforme a una interpretación sistemática de los preceptos a los que se ha venido haciendo referencia, puede concluirse que no existe razón ni fundamento para restringir el derecho a la reparación del daño y limitarlo a la impugnación de los actos que emanen únicamente del incidente de reparación correspondiente. Sin embargo, las resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del proceso penal que puedan ser atacadas por la víctima o el ofendido por el delito, a través del juicio de amparo, procede únicamente cuando resulte afectado el derecho a obtener la reparación del daño, por que si bien el aludido derecho constituye una garantía individual, lo cierto es que por la trascendencia jurídica que implica, debe precisarse que ese derecho de la víctima o el ofendido por el delito a promover el juicio de amparo, está circunscrito exclusivamente a resoluciones que afecten ese único aspecto y siempre que contra ellas no proceda algún medio ordinario de defensa. Atendiendo a la reforma del artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se elevó a rango de garantía individual el derecho a obtener la reparación del daño, por tanto, ante la vigencia de la disposición constitucional, la protección de ese derecho debe ser inmediata, de tal manera que cualquier autoridad está obligada a respetar esa garantía, especialmente las autoridades jurisdiccionales. En efecto, tratándose del derecho a la reparación del daño, ya sea que esté legalmente reconocido o que se establezca dentro del proceso penal, o bien, que sólo sea una expectativa sujeta al resultado final del proceso, debe entenderse que, como regla general, las diversas resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del proceso penal, pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto tenga que analizar indirectamente la legalidad de la resolución, en la que se contiene la afectación del derecho o expectativa legal a la reparación del daño, mientras no constituya cosa juzgada, debido a que dicha resolución debe considerarse firme en forma definitiva. Debe ponerse de manifiesto que con independencia de que la afectación del derecho (de la víctima o el ofendido) a la reparación del daño, se presente en una resolución de segundo grado procederá el juicio de amparo y no únicamente contra resoluciones que emanen del incidente de reparación o el de responsabilidad civil, sin que con ello se desconozca el carácter de pena pública que ha tenido la reparación del daño, derivada de la comisión de un delito pues, como ya se dijo, conforme a la nueva concepción de la cuestión jurídica que se analiza, el derecho a la reparación del daño es una garantía individual a favor del ofendido o la víctima del delito, en términos del artículo 20, apartado B, constitucional. Por ello, el amparo promovido por el ofendido o por quien tenga derecho a la reparación del daño, es procedente en contra de alguna sentencia definitiva, siempre y cuando ésta se hubiere ocupado en determinar la existencia de la condena a esa reparación; lo que, como en seguida se tratará, no ocurre en el caso que nos ocupa, pues como se ha visto aún cuando el derecho a la reparación del daño es una prerrogativa constitucional, el amparo no es procedente cuando, como en el caso, se decretó la absoluta libertad del reo, por virtud de no acreditarse el cuerpo del delito de despojo, lo que impidió analizar lo relativo a esa reparación. En el caso, la recurrente **********, promovió demanda de amparo en contra de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil cinco, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Iguala, Guerrero, en la que revocó el auto de formal prisión dictado en la causa penal 90/2004-I, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y determinó decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ********** y **********, por considerar que los medios probatorios no son aptos ni eficaces para comprobar la materialidad del cuerpo del delito de despojo. Ahora bien, de la demanda de garantías se desprende que la Sala Penal señalada como responsable, mediante sentencia de diez de marzo de dos mil cinco, revocó el auto de plazo constitucional de veintiuno de noviembre de dos mil cuatro, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro de la causa penal 90/2004-I, decretando en su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ********** y **********, al considerar que los medios probatorios no son aptos ni eficaces para comprobar la materialidad del cuerpo del delito de despojo, por tratarse de un asunto de índole civil; de lo que se advierte que la resolución que ahora combate la recurrente, no se ocupó de manera alguna de la reparación del daño, pues se decretó la absoluta libertad de los procesados por el mencionado delito de despojo. Lo anterior, es suficiente para observar que en el caso no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley de Amparo, lo que provoca que, contrario a lo señalado por la recurrente y como bien lo precisó el Juez Federal, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 10 del mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, constitucional, y con apoyo en el artículo 145 de la Ley de Amparo, procedía desechar la demanda de garantías promovida por la recurrente. No pasa desapercibido, que si bien el derecho a obtener la reparación del daño fue elevado a rango de garantía individual y que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a respetarla y que contra las resoluciones dictadas en segundo grado que afecten ese derecho, el ofendido o la víctima de algún delito tengan la expectativa legal de dicha reparación, están legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que a ese aspecto se refiere, siempre y cuando sólo se trate de la absolución del sentenciado respecto al pago de la reparación del daño decretada por la autoridad jurisdiccional, situación que no acontece en el presente asunto, toda vez que la Sala Penal responsable al resolver no abordó dicho tema por considerar que no se encontraban colmados los elementos del delito de despojo; lo anterior, trae como consecuencia que como lo consideró el Juez de Distrito, la parte quejosa no se encuentre legitimada para impugnar dicha resolución a través de la vía de amparo. Cobra aplicación la tesis I.6o.P.62 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1431, Tomo XVIII, de diciembre .de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que este tribunal comparte, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DE UN DELITO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL QUE NIEGA LIBRAR ORDEN DE COMPARECENCIA, AUN CUANDO AFECTE OBLIGACIONES PECUNIARIAS O PATRIMONIALES Y SE TRATE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA.’ (se transcribe). Es inoperante el agravio que argumenta la recurrente, en cuanto que la autoridad responsable revocó el auto de término constitucional, sin tomar en cuenta que al acreditar la propiedad y posesión física o material y jurídica del inmueble objeto del ilícito, se acreditaron todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo y la probable responsabilidad de los procesados, los cuales, aduce, no fueron desvirtuados por ********** y **********, al no ofrecer pruebas en el término constitucional, por lo que no existían elementos para ordenar revocar la formal prisión. Lo anterior es así, habida cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, no tienen legitimación para impugnar en amparo un fallo absolutorio dictado a favor de los inculpados, como ocurre en el presente caso. Es cierto que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito tienen el carácter de parte en el juicio de garantías que se haya promovido contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; pero el juicio únicamente podrá ser intentado contra actos que se originen en el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, o bien, contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, por disponerlo así, expresamente, el artículo 10 del ordenamiento legal en consulta. Sin embargo, tales hipótesis no tienen lugar cuando el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia en la que al ocuparse del estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados, determina decretar su absolución ante la falta de elementos para demostrar el hecho reprochable o de los elementos para procesar, toda vez que la ley no permite a los ofendidos impugnar lo referente a la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado; de ahí que la ofendida carezca de dicha acción, lo que ocasiona que el juicio de amparo, en el caso intentado, resulte improcedente. Así también, es infundado lo señalado por la recurrente en cuanto que los criterios jurisprudenciales en los que se apoyó el Juez de Distrito, para desechar la demanda de garantías corroboran que el acto reclamado sí tiene relación con la reparación del daño por tratarse de un acto surgido dentro del proceso penal, en el que la única afectada es la quejosa, al dejarla en estado de indefensión para poseer el inmueble del ilícito. Lo anterior es así, porque si bien los criterios en que se apoyó el Juez de Distrito, efectivamente tratan de que el ofendido o la víctima pueden acudir al amparo, respecto a la reparación del daño, cuando resulte afectado el derecho a obtenerlo; lo cierto es que ese derecho está circunscrito exclusivamente contra resoluciones que afecten ese único aspecto y siempre que contra ellas no proceda algún medio ordinario de defensa; de tal suerte que si en el caso no sólo se pretende obtener lo relacionado con la reparación del daño atribuido al inculpado, sino que este aspecto se hace depender del acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsable (sic) del indiciado, no puede entonces aplicarse a favor del recurrente los criterios invocados por el Juez Federal; en tanto que dichas tesis son claras en distinguir la procedencia del amparo ejercido por la víctima u ofendido, cuando de la reparación del daño se trate. En efecto, si en un proceso penal se dictó sentencia última a través de la cual se tuvo por comprobado el delito atribuido al acusado como su plena responsabilidad, pero fue absuelto a la reparación del daño, es indiscutible que en su contra, pero sólo con relación a este aspecto de la absolución, puede la víctima u ofendido promover juicio de garantías, como así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado al emitir la tesis número XXI.4o.5 P, visible en la página 1794, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DEL SENTENCIADO A SU PAGO. Pero si en aquella sentencia dictada por la autoridad responsable se decretó la absoluta libertad del reo por no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, menos la probable responsabilidad del inculpado, entonces la víctima u ofendido carecen de legitimación para promover en su contra el juicio de garantías, bajo el argumento de obtener la reparación del daño; toda vez que en este caso, para poder proceder a determinar si existe o no esa reparación, debe abordarse primeramente la existencia de los elementos del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo que además de sólo crear una expectativa del quejoso no permitida en el amparo, pues no se atiende una sentencia definitiva sino un auto de formal prisión, se estarían analizando cuestiones propias que sólo corresponden al Ministerio Público ejercer y no a las víctimas. De ahí que cuando la reparación del daño se encuentra estrechamente vinculado con el acreditamiento del delito y la responsabilidad del reo, y éstos no fueron acreditados en el natural, no puede reconocerse al ofendido su legitimidad para promover amparo contra ese tipo de sentencias absolutorias, en tanto que no es que se absuelva al indiciado de la reparación del daño, sino que se absuelve por no demostrarse el delito y su responsabilidad.’. Siendo por eso aplicable la diversa tesis XXI.4o.9 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1679, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘SENTENCIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA AQUELLA QUE DECRETA LA ABSOLUTA LIBERTAD DEL REO, POR NO ACREDITARSE UN REQUISITO PROCESAL EN LA QUERELLA, AL NO SURTIRSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE AMPARO.’, que fuera invocada por el Juez de Distrito en la resolución que ahora se recurre. En esta tesitura, al ser inoperantes e infundados los agravios planteados, se confirma el auto que desecha la demanda por ser notoria su improcedencia."

Asimismo al resolver la improcedencia 493/2006, sostuvo lo siguiente:

"El inconforme aduce que en el auto recurrido se determinó desechar de plano la demanda de amparo, argumentado que no se encuentra legitimado para promoverla con apoyo en lo dispuesto por los artículos 20 constitucional y 10 de la Ley de Amparo; criterio que considera equivocado y, por lo tanto, estima que el auto impugnado infringe en su perjuicio lo establecido por los artículos mencionados, así como los diversos 73, fracciones V y XVI (sic), en relación con el 145 de la propia Ley de Amparo, debido a que estima que fueron aplicados de manera inexacta, al igual que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 170/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 394, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, Materia Penal, de rubro: ‘LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En efecto, el recurrente aduce que del texto de la tesis de jurisprudencia mencionada, la cual citó como apoyo el Juez de Distrito, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, fijó el criterio siguiente: La reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en vigor a partir del 21 de marzo de 2001- adicionó un apartado B en el cual se establecen derechos con rango de garantías individuales a favor del ofendido o víctima del delito. Ahora bien, el hecho de que el texto del artículo 10 de la Ley de Amparo no se haya actualizado acorde a la reforma constitucional mencionada, no significa que la legitimación activa del ofendido para interponer juicio de garantías deba constreñirse a los casos establecidos expresamente en este numeral, sino que aquélla se amplía a todos aquellos supuestos en que sufra un agravio personal y directo en alguna de las garantías contenidas en el citado precepto constitucional. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo al principio de supremacía constitucional, dicho numeral debe interpretarse a la luz de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de los cuales se desprende que el juicio de amparo tiene como propósito la protección de las garantías individuales cuando éstas son violadas por alguna ley o acto de autoridad y causan perjuicio al gobernado; así como que quien sufra un agravio personal y directo en ellas está legitimado para solicitar el amparo. En ese tenor, se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado B del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, causándole un agravio personal y directo. Ello, con independencia de que el juicio pueda resultar improcedente al actualizarse algún supuesto normativo que así lo establezca.’. Transcripción de la que, en opinión del inconforme, se colige que la demanda de amparo no es notoriamente improcedente, de ahí que estime que el resolutor federal hizo una aplicación inexacta de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 10 de la Ley de Amparo, motivo por el que, al haber desechado la demanda de garantías, infringió en su perjuicio lo establecido por el artículo 145 de la misma ley, en razón de que en los conceptos de violación formulados en la misma, se planteó una violación directa a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución, argumentando que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acto reclamado mediante el cual determinó confirmar el auto de libertad emitido por el Juez de primera instancia, lo que hace nugatorio su derecho de la reparación del daño que fue reclamado en la averiguación previa, ya que no se dejó a salvo y éste ya no puede hacerlo valer en materia penal, menos aún en la materia civil, por haber precluido su derecho para demandar el pago de la reparación del daño. En ese sentido, el recurrente expone que la tesis de jurisprudencia transcrita con antelación, dice que el ofendido sí tiene legitimación cuando en la demanda de amparo se hace ver que el acto reclamado viola sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, de ahí que considere que no es correcto lo determinado por el Juez de Distrito, en el sentido de desechar de plano la demanda de garantías con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, y citar la tesis de jurisprudencia que, en opinión del inconforme, fue aplicada de manera inexacta, en su perjuicio, ya que, según dice, el artículo 20, inciso B, de la Constitución Federal, no limita al ofendido en materia penal, cuando sufre en forma directa una violación a las garantías individuales contempladas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la propia Constitución, por lo que, en cumplim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21160-309e9786/legitimacion-para-promover-el-juicio-de-amparo-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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