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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20671
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 371.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. El denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a través de su presidente, se encuentra legitimado con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en los juicios de amparo de los que conoció dicho Tribunal Colegiado.

TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito -denunciante- al resolver la queja 23/2007, en lo que interesa, son las siguientes:

"II. Conforme a lo establecido por los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, párrafo último, de la Ley de Amparo, es procedente el recurso de queja interpuesto, toda vez que se promueve contra un acuerdo dictado por un Juez de Distrito, que resolvió sobre la suspensión provisional de los actos reclamados por la parte quejosa, en el cuaderno de suspensión relativo a un juicio de amparo.

"...

"IV. La parte recurrente hizo valer los siguientes agravios: El a quo, indebidamente impone una carga al quejoso al determinar literalmente lo siguiente: ‘... Hágase saber al solicitante de garantías que deberá acreditar ante este juzgado haber efectuado la comparecencia de mérito dentro del término indicado, en la inteligencia de que, de no hacerlo así, dejarán de surtir efectos las medidas decretadas, además de que se hará efectiva la garantía que llegara a exhibir para los efectos aquí expresados y podrá llevarse a cabo su detención ...’. Como se puede ver, el a quo impone una obligación, es decir una carga procesal excesiva, pues impone al quejoso una obligación consistente en presentarse ante todas y cada una de las autoridades ordenadoras. Lo anterior además deviene absurdo e inútil al imponerle al quejoso la obligación de presentarse ante autoridades jurisdiccionales, ante los cuales ni siquiera se tiene la certeza de que exista algún proceso seguido en contra del quejoso, lo cual pone en evidencia lo absurdo de que el quejoso acceda a presentarse ante las autoridades señaladas como ordenadoras, las cuales se señalaron en un número de diecinueve, pues precisamente y tal como se mencionó en la demanda de garantías, no se tiene la certeza sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, ni tampoco de qué autoridad la emitió en caso de existir. El a quo también ignoró la petición realizada por el quejoso en el sentido de que no se impusiera el requisito de acudir ante la autoridad responsable ordenadora, toda vez que aún no se cuenta con la certeza de los actos ni de la autoridad que eventualmente haya decretado la orden de captura, citando la tesis bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO NO SE TIENE LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO NI DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, NO ES EXIGIBLE AL QUEJOSO LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO.’, misma que como ya se dijo fuera citada por el quejoso y ni siquiera se pronuncia sobre dicha solicitud, y respecto a la tesis tampoco realiza manifestación alguna sobre su aplicación o en su defecto el porqué no comparte dicho criterio.

"...

"Este órgano jurisdiccional estima que la solicitud hecha por el quejoso, en el sentido de que no se imponga el requisito de acudir ante las autoridades responsables, toda vez que no se cuenta con la certeza de la existencia de los actos, ni de la autoridad que lo hubiera emitido, es inatendible, pues, de conformidad a lo establecido por los artículos 124 Bis, 130, párrafos segundo y tercero, 136, párrafos primero, cuarto, quinto y séptimo, así como 138, todos de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional goza de la más amplia facultad para imponer al quejoso las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión; además, el artículo 138, segundo párrafo, de la citada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece de manera categórica que cuando la suspensión se conceda contra actos derivados de un procedimiento del orden penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer ante el Juez de la causa o el Ministerio Público, y de no acontecer así, el propio precepto establece que dejará de surtir efectos la suspensión; lo anterior, en atención a que el primer párrafo del propio precepto legal establece que la suspensión debe concederse de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, con la salvedad de que dicha continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"...

"En virtud de lo antes expuesto, resulta patente que la solicitud del quejoso en el sentido de que no se condicione la efectividad de la medida suspensional a la circunstancia de que comparezca ante las autoridades responsables ordenadoras, es improcedente, pues de accederse a ello, además de entorpecer la continuación del procedimiento en que, en su caso, se hubiera dictado el mandamiento de captura reclamado, se contravendría el interés público, al dar pauta para que el inculpado en un proceso del orden penal esté en posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia.

"Por tanto, además de los requisitos que para que siga surtiendo efectos la concesión de la suspensión provisional impuso el Juez constitucional, y que quedaron intocados por falta de impugnación, el quejoso deberá acreditar, en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, haber comparecido ante las autoridades que señaló como responsables ordenadoras; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 124 Bis, 130, párrafos segundo y tercero, 136, párrafos primero, cuarto, quinto y séptimo, así como 138, todos de la Ley de Amparo.

"Sin que constituya óbice para lo anterior, el hecho de que la parte quejosa sostenga que no debe imponérsele tal obligación sino hasta que exista la certeza de la existencia de la orden de aprehensión reclamada, así como de la autoridad que la emitió, pues resultaría absurdo que se le obligara a ponerse a disposición de unas autoridades que no ventilen ningún procedimiento en su contra; lo anterior, porque como se puso de manifiesto al transcribirse la exposición de motivos formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, al presentar la iniciativa de ley que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual, entre otras cuestiones, se adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, la razón de ser de tal obligación obedece a la necesidad de evitar que los probables responsables de la comisión de hechos delictivos se sustraigan de la acción de la justicia, situación que resulta ser de interés público, que se encuentra por encima del interés particular del quejoso de evitar el trámite de presentarse ante cada una de las autoridades responsables ordenadoras que señaló en su libelo constitucional. Además precisamente ante la falta de datos acerca de qué autoridad es la que emitió tal orden, es que resulta necesario que la presentación de que se trata se lleve a cabo ante todos los Jueces señalados con la calidad de responsables.

"En virtud de lo anterior, no resulta aplicable la ya transcrita tesis invocada por la parte quejosa, de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO NO SE TIENE LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO NI DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, NO ES EXIGIBLE AL QUEJOSO LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO.’; pues este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio, que no resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, pues además de tratarse de un criterio sostenido por otro tribunal de igual naturaleza, constituye una mera tesis aislada, que además pugna con lo establecido en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 94/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducida con anterioridad y que sí resulta de observancia obligatoria, en atención a lo dispuesto por el diverso artículo 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

"En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo procedente es denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la correspondiente contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis número I.7o.P.60 P, a que se hizo alusión en el párrafo que precede con el diverso criterio que se sustenta en la presente ejecutoria."

II. Las consideraciones del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito son las siguientes:

II.a Al resolver la queja penal 117/2004, en lo que interesan al presente fallo:

"No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que en el caso no es procedente la obligación que el a quo impone a la quejosa en el sentido de ‘... comparecer ante todas y cada una de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, a fin de que rinda su declaración preparatoria, debiéndolo acreditar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes ...’, apercibida que de no cumplir con tales requisitos se le hará efectiva la garantía que en su caso exhiba.

"Se afirma lo anterior, porque con independencia de que el artículo 138 de la Ley de Amparo, que es el precepto del que se desprende la obligación en comento, no refiere si es aplicable a la suspensión provisional o definitiva, por lo que en el caso, debe concluirse que cuando señalan varios Jueces como autoridades responsables, es aplicable dicho numeral sólo hasta la suspensión definitiva, puesto que lo que determinará la obligación de presentarse ante la autoridad responsable para el efecto de no entorpecer la integración de la averiguación previa, será el informe que rinda la autoridad que acepte la existencia del acto que se reclama, puesto que es incorrecto que se exija a la parte quejosa que compruebe su comparecencia ante los sesenta y seis Jueces penales que señala como responsables y ante todos le sea recabada su declaración, ya que es evidente que ante la totalidad de dichas autoridades no se le instruye causa penal en su contra.

"Así las cosas, este Tribunal Colegiado estima que en la especie, por tratarse del auto que concede la suspensión provisional, en la que existe la certeza del acto que se reclama, no se sabe qué autoridad administrativa la emite, por haberse señalado a las autoridades a que se hizo referencia en el párrafo precedente, y al no encontrarse medio de prueba que así lo determine, no debe imponerse la obligación al quejoso de presentarse ante todas y cada una de las autoridades responsables, a efecto de continuar con el procedimiento, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado, dejaría de surtir efectos la suspensión otorgada, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, pues dicha determinación hace nugatorios los efectos de la suspensión provisional.

"Lo expuesto, sin constituir obstáculo a lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"‘Artículo 138. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"‘Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.’

"Lo anterior es así, porque la Ley de Amparo establece categóricamente como medida de aseguramiento la comparecencia obligatoria de la quejosa ante el juzgado de la causa, empero, cuando se tiene conocimiento de la existencia del acto y autoridad responsable, pues sólo hasta ese momento, será pertinente que se exija a la quejosa la comparecencia de referencia; y por tanto no se contraviene de ninguna manera la tesis de jurisprudencia 1a./J. 94/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 63/2000-PS, visible en la página 26 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes:

"‘SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia.’."

Con apoyo en las consideraciones vertidas en la ejecutoria antes transcrita, se emitió la siguiente tesis:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO NO SE TIENE LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO NI DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, NO ES EXIGIBLE AL QUEJOSO LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se resuelva sobre la suspensión provisional solicitada contra una orden de aprehensión en la que no existe la certeza del acto que se reclama, ni del Juez que la emite, por haberse señalado todos los Jueces penales del Distrito Federal, y no encontrarse medio de prueba que así lo determine, no debe imponerse la obligación a la quejosa de presentarse ante todos ellos a efecto de continuar el procedimiento, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado, dejaría de surtir efectos la suspensión otorgada, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, pues dicha determinación hace nugatorios los efectos de la suspensión provisional."

"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Queja 117/20047. 15 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz."

II.b Al resolver la queja penal 47/2005, en lo que interesa al presente fallo:

"Por otra parte, en suplencia de los agravios hechos valer, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que en el caso no es procedente la obligación que la a quo impone al quejoso en el sentido de ‘... comparecer ante todas y cada una de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, a fin de que se practiquen las diligencias necesarias y no se vea entorpecida la integración de la averiguación previa respectiva, debiéndolo acreditar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes, apercibido que de no cumplir con lo ordenado en la forma y término indicados se mandará hacer efectiva la garantía.’

"Se afirma lo anterior, porque con independencia de que el artículo 138 de la Ley de Amparo, que es el precepto del que se desprende la obligación en comento, no refiere si es aplicable a la suspensión provisional o definitiva, por lo que en el caso, debe concluirse que cuando se señalan varios agentes del Ministerio Público como autoridades responsables, es aplicable dicho numeral sólo hasta la suspensión definitiva, puesto que lo que determinará la obligación de presentarse ante la autoridad responsable para el efecto de no entorpecer la integración de la averiguación previa, será el informe que rinda la autoridad que acepte la existencia del acto que se reclama, puesto que es incorrecto que se exija a la parte quejosa que compruebe su comparecencia ante el procurador general de la República, con sede en el Distrito Federal, procurador general de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, el subprocurador regional del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; del jefe de departamento de Averiguaciones Previas del Centro de Justicia Neza-Palacio, así como de los ocho agentes del Ministerio Público adscritos al Centro de Justicia Neza-Palacio, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, que señala como autoridades responsables ordenadoras, ya que es evidente que ante la totalidad de dichas autoridades no se integra una averiguación previa en su contra.

"Así las cosas, este Tribunal Colegiado estima que en la especie, por tratarse del auto que concede la suspensión provisional, en la que no existe la certeza del acto que se reclama, ni se sabe qué autoridad administrativa la emite, por haberse señalado al procurador general de la República, con sede en el Distrito Federal, al procurador general de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, el subprocurador regional del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; del jefe de departamento de Averiguaciones Previas del Centro de Justicia Neza-Palacio, así como de los ocho agentes del Ministerio Público adscritos al Centro de Justicia Neza-Palacio, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y al no encontrarse medio de prueba que así lo determine, no debe imponerse la obligación al quejoso de presentarse ante todas y cada una de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, a efecto de continuar el procedimiento, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado, dejaría de surtir efectos la suspensión otorgada, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, pues dicha determinación hace nugatorios los efectos de la suspensión provisional.

"Lo expuesto, sin constituir obstáculo a lo establecido por el artículo 138 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: (se transcribe).

"Lo anterior es así, porque la Ley de Amparo establece categóricamente como medida de aseguramiento la comparecencia obligatoria de la parte quejosa ante el Ministerio Público, empero, cuando se tiene conocimiento de la existencia del acto y autoridad responsable, pues sólo hasta ese momento, será pertinente que se exija a la parte quejosa la comparecencia de referencia.

"Apoya lo anterior, por analogía, la tesis I.7o.P.60 P, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1251 del Tomo XXI, marzo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO NO SE TIENE LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO NI DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, NO ES EXIGIBLE AL QUEJOSO LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."

Con similares consideraciones el Tribunal Colegiado de mérito resolvió las quejas 1/2007 y 3/2007.

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar.

I. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.

En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)

II. Debe señalarse que en la especie sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 23/2007 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver los recursos de queja 117/2004, 47/2005, 1/2007 y 3/2007.

Para clarificar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, se precisa lo siguiente:

II.a Los antecedentes y consideraciones que tomó en cuenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 23/2007 son:

a) Acuerdo recurrido: El dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 309/2007-II, en el que se resolvió respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados.

b) Resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesión de dieciséis de mayo de dos mil siete, en la cual confirmó el acuerdo impugnado.

c) Consideraciones fundamentales de dicho fallo en lo que interesa a este aspecto de la contradicción de tesis:

• Que confirma la determinación del Juzgado de Distrito del conocimiento en cuanto a que el solicitante de garantías debe acreditar ante el juzgado haber efectuado la comparecencia ante las autoridades señaladas como ordenadoras aunque no se tenga la certeza sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, ni tampoco de qué autoridad la emitió en caso de existir. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo.

• La solicitud del quejoso en el sentido de que no se condicione la efectividad de la medida suspensional a la circunstancia de que comparezca ante las autoridades responsables ordenadoras, es improcedente, pues de accederse a ello, además de entorpecer la continuación del procedimiento en que, en su caso, se hubiera dictado el mandamiento de captura reclamado, se contravendría el interés público, al dar pauta para que el inculpado en un proceso del orden penal esté en posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia.

• La razón de ser de tal obligación obedece a la necesidad de evitar que los probables responsables de la comisión de hechos delictivos se sustraigan de la acción de la justicia, situación que resulta ser de interés público, que se encuentra por encima del interés particular del quejoso de evitar el trámite de presentarse ante cada una de las autoridades responsables ordenadoras que señaló en su libelo constitucional. Además, precisamente ante la falta de datos acerca de qué autoridad es la que emitió tal orden, es que resulta necesario que la presentación de que se trata se lleve a cabo ante todos los Jueces señalados con la calidad de responsables.

II.b Por su parte, los antecedentes y consideraciones que tuvo en cuenta el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 117/2004, son:

a) Acuerdo recurrido: Auto dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2847/2004.

b) Resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesión del día quince de diciembre de dos mil cuatro, en la que se declara fundado el recurso de queja y se concede la suspensión provisional al quejoso en los términos de la propia ejecutoria.

c) Consideraciones fundamentales de dicho fallo en lo que interesa a esta contradicción de tesis:

• El artículo 138 de la Ley de Amparo no refiere si es aplicable a la suspensión provisional o definitiva, por lo que en el caso debe concluirse que cuando señalan varios Jueces como autoridades responsables es aplicable dicho numeral sólo hasta la suspensión definitiva, puesto que lo que determinará la obligación de presentarse ante la autoridad responsable para el efecto de no entorpecer la integración de la averiguación previa, será el informe que rinda la autoridad que acepte la existencia del acto que se reclama.

• Por tratarse del auto que concede la suspensión provisional, en la que no existe la certeza del acto que se reclama, no se sabe qué autoridad administrativa la emite, por haberse señalado a las autoridades a que se hizo referencia en el párrafo precedente, y al no encontrarse medio de prueba que así lo determine, no debe imponerse la obligación al quejoso de presentarse ante todas y cada una de las autoridades responsables, a efecto de continuar con el procedimiento bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado dejaría de surtir efectos la suspensión otorgada.

• La Ley de Amparo establece categóricamente como medida de aseguramiento la comparecencia obligatoria de la quejosa ante el juzgado de la causa, empero, cuando se tiene conocimiento de la existencia del acto y autoridad responsable, pues sólo hasta ese momento será pertinente que se exija a la quejosa la comparecencia de referencia y, por tanto, no se contraviene de ninguna manera la tesis de jurisprudencia 1a./J. 94/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 63/2000-PS.

II.c Por su parte, los antecedentes y consideraciones que tuvo en cuenta el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 47/2005, son:

a) Acuerdo recurrido: Auto dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1341/2005-I.

b) Resolución dictada por el Tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20671-6a539154/suspension-provisional-contra-actos-que-afectan-la-libertad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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