INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, mediante oficio 4906 de primero de junio de dos mil seis, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver en sesión del veinticuatro de mayo de dos mil seis, el amparo en revisión penal 124/2006, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"Ahora, los artículos 156 y 37 de la Ley de Amparo, literalmente disponen: ‘156. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la sustanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.’. ‘37. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación.’. De tales numerales se advierte que cuando se reclamen violaciones a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, el procedimiento del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones previstas en el capítulo IV de la Ley de Amparo, relativo a ‘De la sustanciación del juicio’, hecha excepción del término para la rendición del informe con justificación por la autoridad responsable que en esos casos será de tres días improrrogables, y además de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que deberá señalarse dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda. Como se advierte, la ley es clara en los supuestos en cita, las reglas para la sustanciación del juicio de amparo son las mismas que para cualquier otro caso, con las dos únicas excepciones referidas, esto es, el término para rendir informe justificado y la fecha a fijar para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dentro del indicado capítulo IV de la ley en cita, se encuentra inmerso el numeral 149, el cual señala: ‘149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquella que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable. Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.’. Tal numeral dispone, entre otras cuestiones, que en todo caso las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Debe apuntarse que estas reglas deben observarse en los casos en que se reclamen violaciones a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, en la medida de que las mismas no implican los casos de excepción consistentes en el término para la rendición del informe con justificación (de tres días improrrogables), y la fecha para la celebración de la audiencia constitucional (de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda), a que alude el artículo 156 de la ley de la materia, y en cambio se encuentran entre aquellas ‘disposiciones precedentes’, -concretamente en el numeral 149 en cita-, a que hace mención expresa el propio artículo 156 de la Ley de Amparo. Ahora, en relación con el diferimiento de la audiencia constitucional, cuando el informe justificado es rendido sin la anticipación de ocho días antes de la misma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala de ese Alto Tribunal, sustentó la jurisprudencia P./J. 54/2000, publicada en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen), por tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.’ ... Del contenido del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el informe justificado debe rendirlo la autoridad responsable con una anticipación de ocho días antes (sic) de que tenga verificativo la audiencia constitucional con la finalidad de que el peticionario de garantías conozca la contestación a su demanda para poder controvertirla si así lo estima conveniente, y que cuando la responsable no rinda su informe justificado con la anticipación indicada y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a la audiencia a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación sino que el Juez de Distrito la debe diferir de oficio y por una sola vez con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de alegar y, además, de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo, ya que de esa manera se equilibraría procesalmente a las partes y a la vez se aplicaría cabalmente el párrafo último del artículo 149 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso que le haya permitido defenderse de resultar necesario. Cabe señalar que ese conocimiento por parte del quejoso del contenido del informe justificado comienza a computarse a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del auto en que se le da vista con el mismo, sin contar el de la celebración de la audiencia constitucional. ... Por último, en relación con la reposición del procedimiento debe destacarse que la redacción del numeral 107, fracción VII, constitucional, induce a considerar que la intención del Constituyente fue la de crear un procedimiento sumario en el que se resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos autoritarios reclamados de manera rápida y eficaz, esto es, conforme al principio de celeridad. Sin embargo, bajo el pretexto de observar el destacado principio, no puede negársele a las partes el derecho de que se impongan debidamente del contenido de los informes con justificación y que cuenten con la oportunidad de alegar y preparar sus pruebas, porque de ser así no se respetaría el diverso principio de que las partes tengan posibilidad de audiencia, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional tiene mayor entidad por proteger la defensa de las partes, que aquella que sólo tiende a la obtención de un fallo en breve plazo. En tal virtud, se revoca la sentencia recurrida y se ordena la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del diverso numeral 91 de la Ley de Amparo, a partir de la celebración de la audiencia constitucional a efecto de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado señale nueva fecha y hora para su verificación, con la anticipación a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y sustanciado que sea el procedimiento emita la sentencia como en derecho proceda, para lo cual queda con plenitud de jurisdicción. QUINTO. Por las anteriores razones, es dable mencionar que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar los amparos en revisión 243/2005, 244/2005, 246/2005, 245/2005 y 256/2005; los dos primeros, mediante ejecutorias de veintiocho de octubre de dos mil cinco; el tercero, de diez de noviembre de dos mil cinco; el cuarto, de uno de diciembre del mismo año; y el quinto, de doce de enero de dos mil seis; y que dieron lugar a la integración de la jurisprudencia número II.1o.P. J/11, publicada en la página 1689 del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2006, de rubro y texto: ‘INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DARSE VISTA AL QUEJOSO CON AQUÉL POR UN PLAZO CONTINUO Y GENÉRICO DE TRES DÍAS. Cuando el acto reclamado en vía de amparo indirecto se refiera a alguno de los casos que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que exista violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, debe darse vista a la parte quejosa con los informes justificados por el término continuo y genérico de tres días, acorde con el ordinal 156 de la citada ley, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que en aquel supuesto no es aplicable el artículo 149 de la ley reglamentaria de la materia ni la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, del rubro: «AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.», en virtud de que se refieren a una tramitación del juicio de amparo indirecto diversa de la que prevé el artículo 156 del propio ordenamiento, que obliga a que la audiencia constitucional se señale dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda.’."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 243/2005, en sesión del veintiocho de octubre de dos mil cinco, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"... los artículos 74, fracción IV, 149 y 155 de la Ley de Amparo, en relación al tema tratado, disponen: ‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.’. ‘Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional ...’. ‘Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.’. De la exégesis de los artículos transcritos se advierte que una vez admitida la demanda de amparo, la autoridad de amparo mandará pedir a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados, los cuales tienen derecho de conocer los quejosos con la oportunidad debida, antes de la celebración de la audiencia constitucional, debido a que el contenido del informe justificado puede influir determinantemente en el sentido del fallo, es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento oportuno del mismo, para que así pueda alegar o probar lo conducente, esto es, pueda desvirtuar las consideraciones y razonamientos expresados por la autoridad y, en su caso, preparar las pruebas pertinentes. Además, en el caso concreto es dable advertir que la Juez Cuarto de Distrito ‘B’ en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, inadvirtió también las reglas específicas previstas por los artículos 156 y 37 de la Ley de Amparo, que disponen: ‘Artículo 156. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la sustanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.’. ‘Artículo 37. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación.’. (Lo subrayado y resaltado es nuestro). En efecto, con la finalidad de dar cumplimiento al precepto transcrito en primer término, que resulta aplicable en atención a que el acto reclamado en vía de amparo indirecto es una orden de aprehensión, cuyos requisitos constitucionales esenciales se hallan previstos por el artículo 16 constitucional, y debido a que como ya se precisó, las hipótesis del contenido del informe justificado pueden influir determinantemente en el sentido del fallo, y por ello es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento del mismo, para que así pueda alegar o probar lo conducente, esto es, pueda desvirtuar las consideraciones y razonamientos expresados por la autoridad y, en su caso, preparar las pruebas pertinentes; es evidente que en la tramitación del juicio de garantías del que emana el presente recurso, se debió dar vista a la parte quejosa por el término continuo y genérico de tres días, previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que dispone que ‘... cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: ... II. Tres días para cualquier otro caso.’; toda vez que en ese aspecto, en la especie no es aplicable el artículo 149 de la Ley de Amparo, ni la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’; en la medida en que ambos se refieren a la diversa tramitación del juicio de amparo indirecto de aquella que se previó por el artículo 156 de la ley reglamentaria en cita y que obliga a que la audiencia constitucional se señale dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda. De tal suerte que al respecto, en los casos a que se refieren los numerales 156 y 37 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTINUOS.’. Por tanto, es dable concluir que en el juicio de amparo indirecto del que emana el presente recurso se transgredieron las reglas del procedimiento constitucional, en la medida en que a efecto de no trastocar los derechos de las partes, debió dar vista al quejoso con todos los informes justificados, por el término genérico de tres días hábiles continuos y proceder a la celebración de la audiencia constitucional, en la que resolviera en su totalidad, lo relativo a los actos reclamados a todas las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo por el quejoso, y al no hacerlo así, lo dejó en estado de indefensión porque no le dio la oportunidad de que en su caso, desvirtuara la negativa de los actos reclamados a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México."
Cabe precisar que resulta innecesario transcribir las consideraciones sostenidas en los amparos en revisión 244/2005, 245/2005, 246/2005, 256/2006, 37/2006 y 67/2006, en virtud de que en todos ellos se sostuvieron, en esencia, similares razonamientos.
No obstante, se debe precisar que de los amparos en revisión 37/2006 y 67/2006, derivó el criterio que a continuación se transcribe:
"INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DARSE VISTA AL QUEJOSO CON AQUÉL POR UN PLAZO CONTINUO Y GENÉRICO DE TRES DÍAS. Cuando el acto reclamado en vía de amparo indirecto se refiera a alguno de los casos que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que exista violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, debe darse vista a la parte quejosa con los informes justificados por el término continuo y genérico de tres días, acorde con el ordinal 156 de la citada ley, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que en aquel supuesto no es aplicable el artículo 149 de la ley reglamentaria de la materia ni la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, del rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’, en virtud de que se refieren a una tramitación del juicio de amparo indirecto diversa de la que prevé el artículo 156 del propio ordenamiento, que obliga a que la audiencia constitucional se señale dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda."
QUINTO. Derivado de las transcripciones anteriores, debe precisarse que no obsta para resolver la presente contradicción de tesis, la circunstancia de que del criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito no se haya formado tesis jurisprudencial, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito, sino que para considerar la existencia de criterios contradictorios, basta con que así se advierta de las consideraciones vertidas en las ejecutorias de los asuntos que fueron sometidos a su escrutinio.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresamente señala:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
SEXTO. Por razón de orden, precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas, son en efecto divergentes, esto es, determinar si en la especie existe o no contradicción de tesis y para ello es conveniente establecer que los presupuestos para la procedencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados, son los que se especifican a continuación:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que la divergencia de criterios, provenga del examen de los mismos elementos.
Lo precedente así se encuentra establecido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se precisan a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para lograr un mejor entendimiento del asunto y estar en aptitud de establecer si efectivamente existe divergencia entre los criterios sustentados por los órganos colegiados, es menester destacar los sucesos y antecedentes relevantes de los asuntos que se sometieron a su jurisdicción, destacando el criterio que adoptó cada uno de ellos para determinar si examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a la luz de los mismos elementos.
Los antecedentes del amparo en revisión penal 124/2006 sometido al escrutinio del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, son los siguientes:
A. El quejoso promovió juicio de amparo en contra del auto de formal prisión dictado en la causa penal 115/2005, por el Juez Segundo Mixto del ramo penal en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí, al considerarlo como probable responsable en la comisión del delito de cohecho, el cual quedó radicado ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 1525/2005, quien, seguidos los trámites de ley, determinó negar el amparo.
B. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso promovió recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito con el número 124/2006.
C. Seguidos los trámites de ley, en sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil seis, dicho órgano colegiado determinó revocar la resolución impugnada y ordenó la reposición del procedimiento en el juicio 1525/2005, a partir de la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha y hora para su verificación, con la anticipación a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, sustanciado el procedimiento, con plenitud de jurisdicción, emita la sentencia que en derecho corresponda.
Lo anterior obedeció a que de autos, advirtió los siguientes sucesos:
1. En el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil cinco, por el que se admitió el juicio de amparo, el Juez señaló el día dos de enero de dos mil seis, para la celebración de la audiencia constitucional y requirió a las autoridades resp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19963-28fc9408/informe-justificado-y-audiencia-constitucional-sus-respectivas-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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