QUERELLA POR DELITOS FISCALES. EL SUBPROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES POR SÍ SOLOS, TIENEN FACULTADES PARA FORMULARLA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, las cuales son de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por Alfredo Carballido Ortega, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien cuenta con legitimación para ello, por haber sido parte en el juicio de amparo en revisión número 245/2005, tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual es uno de los criterios denunciados como contradictorios. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Conviene precisar que este funcionario acudió al juicio de amparo en revisión aludido, interponiendo un recurso de revisión adhesiva, según se aprecia en la foja 17 de la ejecutoria correspondiente.
El otro denunciante, el director general del Control Procedimental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cuenta con legitimación para presentar la presente denuncia de contradicción de tesis, porque ninguna ley aplicable al caso contempla esa posibilidad. Por lo demás, el referido funcionario no acreditó ser parte en ninguno de los juicios de amparo de los que emanan los criterios que se estiman contradictorios.
No pasa inadvertido para esta Primera Sala, que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el procurador Fiscal de la Federación, el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones o el director general de Delitos Fiscales fueron señalados como autoridades responsables en los juicios de amparo correspondientes; sin embargo, el director general del Control Procedimental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no actuó en representación de ninguno de estos funcionarios ni fue señalado como autoridad responsable.
TERCERO. Criterios denunciados como contradictorios. Las ejecutorias que participan en la presente contradicción, son las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 245/2005, consideró, en cuanto al tema que nos ocupa, lo que a continuación se transcribe (se añaden énfasis).
"... el director general de Delitos Fiscales, por sí solo podía formular la querella respectiva, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no por ausencia de alguno de sus superiores como el procurador Fiscal de la Federación, subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, e incluso del propio titular de la dependencia federal, pues en el caso, con independencia de que el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, establezca la forma de suplir a tales funcionarios, en la especie, no se estaba en un caso de suplencia necesaria para ejercer esa facultad, porque ésta (la facultad), se encuentra otorgada en forma íntegra, formal, plena y directamente por un precepto del citado reglamento, como lo es el artículo 82, fracción II, en cuanto tal dispositivo señala la competencia de la Dirección General de Delitos Fiscales que, entre otras, está la de querellarse, en relación con la responsabilidad penal y los hechos delictuosos, relativos a delitos de defraudación fiscal, sus equiparables y otros, que deban hacerse al Ministerio Público; sin que cambie en nada esa facultad, el hecho de que, por su parte, los artículos 10, fracción XXVIII y el diverso 81, otorguen esa misma facultad al procurador Fiscal de la Federación y a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, respectivamente, pues tal como lo señaló el Magistrado del Unitario, ante la concurrencia de facultades de la misma característica, en el caso no existe dispositivo legal que disponga o haga la distinción de si uno u otro funcionario en un orden de prelación deba formular la querella, pues ante disposiciones de la misma característica, debe entenderse que cualquiera de los tres funcionarios a que se alude (procurador Fiscal de la Federación, subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones y director general de Delitos Fiscales), pueden formular indistintamente la querella a que hace mención el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; por tanto, es que se concluye que el director general de Delitos Fiscales, contaba con la legitimación necesaria para formular la querella en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como lo hizo. En consecuencia, es que con el escrito de querella formulado por el citado directivo, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que se reúne el requisito de procedibilidad a que aluden los artículos 113, fracción I y 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación."(1)
II. El criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito se manifiesta a través de los siguientes asuntos:
1) Al resolver el amparo en revisión 378/2004 consideró, en la parte conducente, lo que a continuación se transcribe (se añaden énfasis).
"... si bien reglamentariamente compete al director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, entre otras facultades, denunciar o querellarse o presentar las declaratorias de que el fisco federal ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio respecto de delitos de defraudación fiscal y sus equiparables (artículo 82, fracciones I y II, del reglamento interior), ello sólo es factible asistiendo al procurador fiscal (artículo 10, fracción LXXV, del reglamento que regía en la época de presentación de la querella) o supliendo la ausencia del subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones (artículo 105, párrafo tercero, del propio reglamento). Esto es, el director de que se trata no puede actuar directamente en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino sólo en el caso de ausencia de su superior jerárquico, el referido subprocurador fiscal, quien a su vez puede suplir las ausencias del procurador Fiscal de la Federación, de conformidad con el citado artículo 105, párrafo tercero, del reglamento interior, dado que el procurador fiscal es a quien corresponde la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según lo establece expresamente la fracción XXVIII del artículo 10 del reglamento en cita; aunque el artículo 82 ibídem, señala la competencia del director general de Delitos Fiscales para representar a la secretaría ante el Ministerio Público, dicha representación es para coadyuvar con el representante social en el ámbito de su competencia, pero no para querellarse directamente a nombre de la secretaría, sino sólo en los casos de ausencia, delegación o asistencia. Por consiguiente, si en el presente caso fue el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación quien formuló querella a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y fundó su legitimación en los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 82, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 113, fracción I y 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin hacer alguna manifestación acerca de que la formulaba asistiendo al procurador fiscal en términos del artículo 10 del reglamento interior, o supliendo al subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones en su ausencia, de conformidad con el artículo 105 del mencionado reglamento, debe concluirse que dicho funcionario no acreditó la legitimación con que se ostentó al formular la querella en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."(2)
2. Por otra parte, al resolver el amparo directo 308/2004, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito tomó en cuenta esencialmente los mismos argumentos que se contienen en el amparo en revisión número 378/2004, antes referidos, salvo que en este caso quien formuló la querella no era el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, sino el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se trata, pues, esencialmente de los mismos argumentos, pero haciendo referencia a este último funcionario. Las variaciones de matiz se encuentran en el siguiente texto (se añaden énfasis):
"... si bien reglamentariamente compete a la Subprocuraduría Federal de Investigaciones, entre otras facultades, denunciar o querellarse o presentar las declaratorias de que el fisco federal ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio respecto de delitos de defraudación fiscal y sus equiparables (artículo 81, fracción II, del reglamento interior), ello sólo es factible asistiendo al procurador fiscal (artículo 10, fracción LVIII, del reglamento) o supliéndolo en su ausencia (artículo 105 del propio reglamento). Esto es, el subprocurador de que se trata no puede actuar directamente en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino sólo en el caso de ausencia de su superior jerárquico, procurador fiscal quien tiene esa representación, según lo establece expresamente la fracción XXXVIII del artículo 10 del reglamento en cita, lo que no acontece cuando señala la competencia del subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, donde nada se dice acerca de dicha representación (artículo 81). Por consiguiente, si en el presente caso fue el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación quien formuló querella a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fundó su legitimación en los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 81, fracciones II y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 113, fracción I y 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin hacer alguna manifestación acerca de que la formulaba asistiendo al procurador fiscal, en términos del artículo 10 del reglamento interior, o supliéndolo en su ausencia, de conformidad con el artículo 105 del susodicho reglamento, debe concluirse que dicho funcionario no acreditó la legitimación con que se ostentó al formular la querella en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."(3)
El mismo criterio sostuvo dicho tribunal al resolver los amparos directos 309/2004, 451/2004 y 248/2005, así como el amparo en revisión 465/2004, por lo cual, en obvio de repeticiones, se omitirá su cita.
CUARTO. Determinación de la existencia de la contradicción. Como una cuestión previa, debe determinarse si existe o no la contradicción denunciada. Para que ésta sea procedente, es necesario que el tipo de oposición lógica existente entre los criterios permita comprobar que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niegue, ya que, según el principio lógico de contradicción, dos enunciados referidos al mismo problema y que sean contradictorios entre sí, no pueden afirmar y negar el mismo contenido.
Una vez agotado el aspecto formal, es necesario verificar que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, es decir, comprobar que cuando se haya resuelto cada uno de los asuntos, se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales, y que se hayan adoptado criterios discrepantes.
Lo anterior significa que no basta atender a la conclusión de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a los respectivos tribunales a asumir su criterio.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento de los criterios emitidos y aquellas que sólo aparentemente lo sean.
En suma, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren las siguientes condiciones:
a) Los criterios deben ser, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, que sea posible comprobar que lo que uno de ellos afirme acerca de un mismo problema, el otro lo niegue;
b) Las cuestiones jurídicas planteadas deben ser esencialmente iguales, es decir, deben provenir del examen de los mismos elementos, habiéndose adoptado criterios discrepantes; y,
c) La diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(4)
Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(5)
Primer requisito. A juicio de esta Primera Sala, los criterios confrontados son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, pues lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 245/2005, sostuvo que el director general de Delitos Fiscales, el procurador Fiscal de la Federación o el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, pueden indistintamente representar directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar una querella ante el Ministerio Público.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 378/2004, resolvió que el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones no puede actuar directamente en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino sólo en el caso de ausencia de su superior jerárquico (el subprocurador fiscal), quien a su vez suple las ausencias del procurador Fiscal de la Federación.
Este Tribunal Colegiado, además del asunto mencionado, resolvió los amparos directos 308/2004, 309/2004, 451/2004 y 248/2005. En tales ejecutorias resolvió que el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones no podía actuar directamente en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que sólo podía hacerlo en el caso de ausencia de su superior jerárquico.
Como puede verse, este primer requisito se surte perfectamente en el caso concreto, ya que uno de los tribunales afirma que cualquiera de los siguientes funcionarios: a) el director general de Delitos Fiscales; b) el procurador Fiscal de la Federación, o el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, pueden indistintamente representar directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar una querella ante el Ministerio Público; mientras que el segundo de los tribunales afirma que el director general de Delitos Fiscales (en uno de los casos resueltos) y el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones (en el resto de los casos), no pueden representar directamente a la mencionada Secretaría de Hacienda para presentar una querella ante el Ministerio Público, sino que sólo pueden hacerlo en el caso de ausencia de sus respectivos superiores jerárquicos.
En consecuencia, es evidente que estamos ante una oposición lógica de carácter contradictorio, ya que no es posible considerar que ambas afirmaciones sean al mismo tiempo verdaderas o al mismo tiempo falsas, sino que necesariamente una ha de considerarse como verdadera y la otra como falsa, de acuerdo al principio lógico de contradictoriedad. Así, no se puede afirmar que A y B pueden representar directamente a la Secretaría de Hacienda para promover una querella ante el Ministerio Público y, al mismo tiempo, afirmar que A y B no pueden hacerlo.
Segundo requisito. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, esto es, provienen del examen de los mismos elementos, habiéndose adoptado criterios discrepantes.
Las cuestiones analizadas gravitan en torno al mismo tipo de problema jurídico, a saber: la posibilidad de que un subordinado de la Procuraduría Fiscal Federal pueda querellarse en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los delitos en agravio del fisco federal. Por lo demás, para resolver la cuestión relativa a la representación autónoma o delegada de la Secretaría de Hacienda, cada uno de los Tribunales Colegiados realizó un ejercicio de interpretación del mismo universo de normas jurídicas, tal como se demuestra en el siguiente comparativo:
Ver comparativo
Como se verá más adelante, los Tribunales Colegiados contendientes hicieron una interpretación del contenido de estas normas jurídicas, con el objeto de determinar esencialmente si el director general de Delitos Fiscales y el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones pueden directamente presentar querella por delitos fiscales en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la luz de lo que disponen los artículos 81 y 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o si sólo pueden interponer querella asistiendo al procurador Fiscal de la Federación.
Como ya se apuntó, la solución a la que arribaron fue diversa, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que esas autoridades estaban legitimadas directamente por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para querellarse en representación de esa secretaría, pues las facultades establecidas en los artículos 81 y 82 del citado reglamento, estaban conferidas para ejercerse de manera directa y no era necesario que acreditaran su actuación en asistencia del procurador Fiscal Federal; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito consideró que esa atribución para querellarse no estaba establecida de una manera directa por el reglamento, sino que debía entenderse que las autoridades subordinadas al procurador Fiscal de la Federación, para poder presentar la querella respectiva, tenían que hacerlo asistiéndolo, es decir, que sólo podían querellarse actuando en ausencia o por delegación de sus superiores jerárquicos. Así, bajo el criterio de este tribunal, el director general de Delitos Fiscales únicamente podía actuar por ausencia del subprocurador Federal Fiscal de Investigaciones, cuando éste actuara por ausencia del procurador Fiscal de la Federación, y en el caso de que quien presentara la querella fuera el subprocurador Federal Fiscal de Investigaciones, éste sólo podría hacerlo en ausencia del procurador fiscal.
En consecuencia, es claro que se surte el segundo de los requisitos apuntados líneas arriba, en tanto ambos tribunales analizaron el mismo tipo de cuestiones jurídicas, habiendo arribado a conclusiones diversas.
Tercer requisito. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista que se presentan como contradictorios provienen de la parte considerativa de las distintas ejecutorias de los Tribunales Colegiados contendientes, esto es, los puntos de vista se encuentran en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
En efecto, en el caso del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, las consideraciones se encuentran en la siguiente ejecutoria:
Ver ejecutoria
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito vertió sus consideraciones en la parte considerativa de los siguientes asuntos:
Ver asuntos
Así las cosas, resulta evidente que en el caso se reúnen las condiciones que permiten afirmar la existencia de una contradicción de tesis, resultando de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(6)
Visto lo anterior, cabe concluir que el tema a resolver en la presente contradicción de tesis por parte de esta Primera Sala puede resumirse en la siguiente cuestión: El director general de Delitos Fiscales y el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿Pueden presentar directamente una querella en representación de dicha secretaría, por los hechos delictivos cometidos en agravio del fisco federal, o es necesario que para querellarse lo hagan en ausencia del o asistiendo al procurador Fiscal de la Federación?
QUINTO. Criterio que debe prevalecer. En opinión de esta Primera Sala, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1. En primer lugar, conviene traer a colación las normas jurídicas que fueron materia de interpretación para cada uno de los tribunales contendientes, a fin de determinar cuál de ellas es la más compatible con el interés constitucional.
Como se ha dicho, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el director general de Delitos Fiscales o el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden directamente presentar una querella en representación de dicha secretaría, por los hechos delictivos cometidos en agravio del fisco federal, o es necesario que para querellarse lo hagan asistiendo al procurador Fiscal de la Federación. Las normas jurídicas que confieren los poderes de representación son las siguientes:
En el caso del director general de Delitos Fiscales, es importante atender el contenido de las fracciones I y II del artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (se añaden énfasis):
"Artículo 82. Compete a la Dirección General de Delitos Fiscales:
"I. Estudiar y recabar las pruebas, constancias, documentación e informes sobre la comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, contrabando y sus equiparables y demás delitos fiscales e investigar los hechos delictuosos relativos a la materia de competencia de la subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, a fin de aportar los elementos de prueba del delito y de la probable responsabilidad penal, así como instruir la integración de los expedientes relacionados con dichas investigaciones;
"II. Denunciar, querellarse, así como formular y presentar las declaratorias de perjuicio y peticiones que procedan, en relación con la responsabilidad penal y los hechos delictuosos a que se refiere la fracción anterior de este artículo, que deban hacerse al Ministerio Público; formular las abstenciones cuando exista impedimento legal o material para ello y la petición de sobreseimiento del proceso penal u otorgar el perdón en los casos en que así proceda, siempre y cuando, en el caso de delitos fiscales, las unidades administrativas o autoridades del Servicio de Administración Tributaria informen que se encuentra satisfecho el interés del fisco federal. ..."
En el caso del subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, es importante atender al contenido del artículo 81 del mismo ordenamiento (Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), que señala:
"Artículo 81. Compete a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones:
"I. Investigar la comisión de delitos fiscales, de aquellos en que incurran servidores públicos de la secretaría en el desempeño de sus funciones y de los que se cometan en perjuicio de la misma o de los que tenga conocimiento;
"II. Denunciar, querellarse y presentar las declaratorias de que el fisco federal ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio, respecto de delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, contrabando y sus equiparables y demás delitos fiscales, así como los cometidos por servidores públicos de la secretaría en ejercicio de sus funciones y de otros hechos delictuosos que sean competencia de la secretaría; formular las abstenciones cuando exista impedimento legal o material para ello, así como la petición de sobreseimiento del proceso penal u otorgar el perdón en los casos en que así proceda, siempre y cuando, en el caso de delitos fiscales, las unidades administrativas o autoridades del Servicio de Administración Tributaria informen que se encuentra satisfecho el interés del fisco federal o, tratándose de delitos previstos en leyes financieras, las comisiones supervisoras del sistema financiero u otras áreas competentes de la secretaría manifiesten no tener objeción en su otorgamiento; orientar y asistir legalmente, cuando lo considere necesario, a los servidores públicos adscritos a la secretaría que por el ejercicio de las atribuciones propias de sus cargos deban intervenir en los procedimientos penales incoados con base en la competencia a que se refiere este artículo; ...."
Con lo transcrito es posible concluir que la facultad para querellarse de ambos funcionarios es directa; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito consideró que estas normas debían interpretarse de manera sistemática a partir del contenido de otras normas, en particular, a partir de los artículos 2o., letra B, fracciones XXIX y XXIX.1 y 105 del mismo reglamento, los cuales señalan:
"Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el secretario del despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:
"A. Servidores públicos:
"...
"B. Unidades administrativas centrales:
"...
"XXIX. Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones:
"XXIX. 1. Dirección General de Delitos Fiscales."
"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial mayor, por el procurador Fiscal de la Federación, por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, por el subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros o por el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, en el orden indicado.
"...
"El procurador Fiscal de la Federación será suplido en sus ausencias por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, por el subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros o por el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, en el orden indicado. La ausencia de los subprocuradores será suplida entre ellos en el orden indicado, o por los directores generales que de ellos dependan en los asuntos de su respectiva competencia, en el orden que aparecen citados en este reglamento. ..."
2. En segundo lugar, resulta conveniente analizar el alcance de los artículos 2o., letra B, fracciones XXIX y XXIX.1 y 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar si su contenido normativo afecta de algún modo la aplicación directa de los diversos artículos 81 y 82 del mismo reglamento.
Como puede verse, el artículo 2o. referido, establece quiénes son los auxiliares del secretario de Hacienda y Crédito Público para el desahogo de los asuntos de su competencia, entre los que se encuentra, de manera inmediata, el subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones y, de manera mediata, el director general de Delitos Fiscales. Esta norma no establece alguna modalización de ese auxilio, esto es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19839-13bff059/querella-por-delitos-fiscales-el-subprocurador-fiscal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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