INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES, CUANDO EN SU COMISIÓN EN GRADO DE TENTATIVA SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 63 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos de naturaleza penal que es materia de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en relación al tema de controversia, al resolver el amparo directo 226/2006, en la parte conducente consideró lo siguiente:
"Aduce la solicitante del amparo que estima violatorio de garantías el que se haya confirmado la pena de quince años de prisión, por haberse realizado una incorrecta interpretación del artículo 63 del código punitivo federal, toda vez que si bien fue sentenciada estimando una culpabilidad mínima en términos de los artículos 194 y 196, fracción IV, del ordenamiento en cita, dejó de observarse que la conducta de la sentenciada fue en grado de tentativa, pues afirma que no se puede imponer una pena que corresponde a la agravante para un delito consumado, cuando la conducta sólo fue en grado de tentativa, que entonces, atendiendo a la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, citado, debe disminuirse hasta las dos terceras partes en su mínimo y máximo el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable, tanto para el delito básico como para las agravantes, y que una vez hecho lo anterior debe realizarse la individualización de las penas que corresponde imponer a la sentenciada conforme al grado de culpabilidad que le fue apreciado, y sólo en caso de que la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado con sus modalidades, con fundamento en el artículo 63, párrafo tercero, debe imponerse al sentenciado precisamente la pena de prisión mínima, puesto que en este último párrafo sólo se señala una regla de excepción para el caso de que de la operación matemática, el resultado sea una pena menor a la que correspondería al delito consumado, agregando que si la pena mínima para el delito consumado de suministro de marihuana es de diez años de prisión, la cual se aumentará en una mitad de cinco años por la agravante prevista en el artículo 196, fracción IV, del Código Penal Federal, es decir, cinco años, luego entonces, la suma resultante es de quince años de prisión, por tanto si estamos en presencia de un delito de grado de tentativa, la pena aplicable sería de diez años, la cual al constituir la mínima establecida para el delito de suministro consumado, es la que finalmente se debe imponer a la quejosa; por tanto, la pena de quince años de prisión que le fue impuesta, considerando aplicables las tesis de rubro: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EN SU COMISIÓN SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE.’ e ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. TRATÁNDOSE DE UN DELITO EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO SE ENCUENTRA AGRAVADO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFOS PRIMERO O TERCERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ACORDE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.’. Al respecto debe decirse, que el delito en estudio es considerado como grave en términos del artículo 194, fracción I, inciso 12), del Código Federal de Procedimientos Penales; luego, en términos del propio numeral en su último párrafo, que prevé la tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en las fracciones anteriores, también se califica como delito grave, la parte aplicable del artículo 63 del Código Penal Federal, lo es el último párrafo, que prevé: ‘... En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.’; por tanto, fue correcto imponer la pena aludida, dadas las características del delito a estudio, pues precisamente debido a la calidad de grave del hecho infractor, hace necesario adecuarse a los preceptos indicados para el caso específico; luego, resulta claro que no puede sustentarse la pena en el primer párrafo pretendido. Cabe agregar que, en el caso, resulta inaplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo XXI, febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EN SU COMISIÓN SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE.’; pues, como claramente se desprende de su texto, dicha jurisprudencia se refiere a dispositivos del Código Penal para el Distrito Federal abrogado, cuyo contenido es diverso de los correlativos del Código Penal Federal en vigor. Por cuanto a la diversa tesis que se invoca en los conceptos de violación, publicada en la página 2382 del Tomo XXII, octubre de 2005 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con el rubro: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. TRATÁNDOSE DE UN DELITO EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO SE ENCUENTRA AGRAVADO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFOS PRIMERO O TERCERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ACORDE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.’; debe indicarse que este tribunal no la comparte, ya que la misma sostiene que en el caso de delitos que la ley prevé como graves, en grado de tentativa, deben aplicarse, en primer término, la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, del Código Penal Federal y sólo en el caso de que la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado con sus modalidades, con fundamento en el artículo 63, párrafo tercero, del mismo ordenamiento, debe imponerse únicamente la pena de prisión mínima que corresponda sólo al delito básico; consideración que este Tribunal Colegiado no comparte, ya que el párrafo tercero del artículo en comentario excluye de manera expresa la aplicación del primer párrafo del mismo, es decir, dicho primer párrafo no establece una regla general aplicable a los delitos graves, en grado de tentativa, sino para los delitos en grado de tentativa que no son graves, puesto que la regla normativa de la individualización de la pena, tratándose para todos los delitos graves cometidos en grado de tentativa, está claramente prevista en el tercer párrafo del artículo de que se trata, a cuyo tenor se sujetaron las autoridades responsables en el caso específico, como ha quedado establecido en esta ejecutoria."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, respecto del tema controvertido resolvió los amparos directos 405/2005 y 298/2006, pero sólo se transcribe el primero de ellos por contener las mismas consideraciones que, en la parte conducente, son del tenor siguiente:
"En cambio, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 76, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a la aplicación de la sanción. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 346, emitida por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación (anterior integración), consultable en la página 191 del Apéndice de 1995, Sexta Época, Tomo II, Parte SCJN, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.’ (se transcribe). El último precepto textualmente señala: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). De una armónica interpretación del artículo antes transcrito, en relación con lo previsto en el párrafo segundo del numeral 51, ambos del Código Penal Federal, y partiendo del principio de culpabilidad que rige nuestro sistema penal mexicano para la individualización de las penas, se obtiene que para la imposición de las sanciones en el caso de delitos cometidos en grado de tentativa, calificados como graves por la ley, debe atenderse, en primer término, a la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, del código punitivo en cita, pues es ahí donde se establece la punibilidad para los casos de tentativa, esto es, disminuir hasta las dos terceras partes en su mínimo y máximo el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable, tanto para el delito básico, como para las agravantes, satisfecho lo anterior debe realizarse la individualización de las penas que corresponde imponer al sentenciado, conforme al grado de culpabilidad que le fue apreciado y, sólo en caso de que la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado con sus modalidades, con fundamento en el artículo 63, párrafo tercero, del Código Penal Federal, debe imponerse al sentenciado precisamente la pena de prisión mínima, puesto que en este último párrafo sólo se señala una regla de excepción para el caso de que de la operación matemática, el resultado que se obtenga sea una pena menor a la mínima que corresponda al delito consumado. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 123/2004, emitida por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2003-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, que dice: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EN SU COMISIÓN SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE.’ (se transcribe). Por lo que si en el caso a estudio el delito por el que se sentenció al quejoso establece una pena de diez años a veinticinco años; y el diverso 196, fracción IV, dice que las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 194, serán aumentadas en una mitad; es inconcuso que las dos terceras partes del delito básico son de seis años ocho meses a dieciséis años ocho meses, sanción que se debe aumentar en una mitad, tres años cuatro meses, pero como nos encontramos en el supuesto de una tentativa dicha sanción sólo se incrementará en sus dos terceras partes, esto es, dos años dos meses y veinte días, lo cual nos da una pena acumulada de ocho años diez meses y veinte días, por habérsele estimado al ahora quejoso un grado de peligrosidad mínimo. Luego, al resultar esta pena inferior al mínimo que la ley tiene previsto para el delito consumado con su agravante (quince años), en términos del párrafo tercero del artículo 63 del código punitivo citado, se le debe imponer la pena de diez años que representa la mínima del delito básico consumado. Se sostiene lo anterior porque el párrafo tercero no establece que la pena mínima se refiera a la pena del delito consumado con su agravante; por tanto debe estarse a lo más favorable al sentenciado acorde al principio de in dubio pro reo. Es aplicable el criterio emitido por la otrora Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo penal en revisión 3192/42, consultable en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIV, que dice: ‘LEYES PENALES, INTERPRETACIÓN DE LAS. La ley penal es de estricta aplicación, pero cuando adolece de algunas fallas, debe interpretarse en la forma favorable para el reo.’."
QUINTO. Es existente la contradicción de tesis denunciada, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo directo 226/2006 con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 405/2005 y 298/2006.
Lo anterior es así, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 226/2006, sostuvo que si el delito básico tentado es grave por sí solo, y además se prevé la tentativa punible también como delito grave, debe sancionarse en términos del párrafo tercero del artículo 63 del Código Penal Federal, debido a la calidad de grave del hecho infractor; por lo que no puede sustentarse la pena en el primer párrafo del precepto aludido.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 405/2005 y 298/2006, sostuvo que para la imposición de las sanciones en el caso de delitos cometidos en grado de tentativa, calificados como graves por la ley, debe atenderse, en primer término, a la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, del código punitivo en cita, pues es ahí donde se establece la punibilidad para los casos de tentativa, esto es, disminuir hasta las dos terceras partes en su mínimo y máximo el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable, tanto para el delito básico, para las agravantes, satisfecho lo anterior, debe realizarse la individualización de las penas que corresponde imponer al sentenciado, conforme al grado de culpabilidad que le fue apreciado; y, sólo en caso de que la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado con sus modalidades, con fundamento en el artículo 63, párrafo tercero, del Código Penal Federal, debe imponerse al sentenciado precisamente la pena de prisión mínima, puesto que en este último párrafo sólo se señala una regla de excepción para el caso de que de la operación matemática, el resultado sea una pena menor a la que correspondería al delito consumado.
Así, se advierte que en el caso sí se surte la contradicción de criterios, entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en virtud de que se cumple con el requisito consistente en que la oposición de criterios surja de las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un precepto legal o tema concreto de derecho, ya que esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo, materia de la contradicción de tesis.
Ahora bien, los Tribunales Colegiados en las ejecutorias de mérito, sí examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, llegando a conclusiones diversas, ya que analizaron la sanción correspondiente a un delito calificado como grave por la ley, en grado de tentativa, y en cuya comisión se actualizó además una agravante, lo que hicieron al tenor de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Penal Federal, considerando uno de ellos que el delito básico debía sancionarse conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero de dicho numeral; en tanto que el otro sostuvo que ambos ilícitos debían sancionarse en primer lugar conforme al párrafo primero y sólo si la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado, debía considerarse lo dispuesto en el último párrafo del numeral en comento; lo que pone de manifiesto, que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, y no obstante ello, llegaron a conclusiones discrepantes.
Asimismo, de las transcripciones de las respectivas ejecutorias se advierte que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados citados.
Finalmente, por lo que hace al tercer requisito es de señalarse que de las referidas sentencias se desprende que los criterios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, a saber: a) una sentencia condenatoria por un delito calificado como grave por la ley, cometido en grado de tentativa; b) la actualización de una agravante y c) el análisis de la sanción correspondiente a dicho ilícito.
Conforme a lo antes expuesto, sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, la cual se constriñe a determinar cómo debe sancionarse un delito grave así calificado por la ley, en grado de tentativa, cuando en su comisión se actualiza además una agravante.
SEXTO. Precisado el tema de discrepancia es de señalarse que esta Primera Sala en sesión de veinte de octubre de dos mil cuatro, resolvió por unanimidad de cuatro votos la contradicción de tesis 28/2003-PS, bajo la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en la cual se analizó el mismo punto de contradicción; y si bien es cierto se abordó a la luz de los artículos 51 y 63 del Código Penal para el Distrito Federal ahora abrogado, también lo es que el texto legal de éstos, en lo que interesa, son exactamente del mismo tenor que los artículos 51 y 63 del Código Penal Federal, cuyo análisis constituye la materia de la contradicción de criterios que ahora nos ocupa, como a continuación se demuestra.
En primer término son de transcribir los preceptos materia de la contradicción:
Ver preceptos
Como se advierte de la transcripción anterior, si bien es cierto que el contenido del artículo 51 del Código Penal Federal que nos ocupa, tiene diferencias respecto al correlativo numeral del Código Penal para el Distrito Federal abrogado, también lo es que estas discrepancias o modificaciones no alcanzaron a las que fueron motivo de análisis por parte de esta Sala al resolver la contradicción de tesis 28/2003-PS; esto es, que el párrafo que formó parte de la materia de estudio en aquel asunto, lo constituyó el tercero del artículo 51 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora abrogado; cuyo contenido es idéntico a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 del Código Penal Federal, el cual sería necesario analizar en mérito del punto de contradicción que nos ocupa, pero que al haber sido motivo de pronunciamiento de esta Primera Sala en la anterior contradicción aludida, se reiteran las consideraciones formuladas en aquélla para resolver la que ahora nos ocupa.
De igual forma ocurre con los artículos 63 del Código Penal para el Distrito Federal abrogado y 63 del Código Penal Federal, pues de la transcripción anterior se evidencia que tienen una exacta correspondencia en su contenido. En tal virtud, al reflejarse que la intención del legislador en uno y otro precepto fue la misma al establecer en ellos las sanciones que deben imponerse a los delitos cometidos en grado de tentativa, en los mismos términos y bajo una reproducción exacta; cuyas disposiciones ya fueron materia de pronunciamiento por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2003-PS; entonces el estudio y resolución que emitió esta Sala en aquél, es válido y aplicable para el examen del numeral que ahora nos ocupa.
En razón de lo anterior, esta Primera Sala reitera que hace suyas las consideraciones y el criterio que estimó debía prevalecer en aquella contradicción de tesis para la aplicación del artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal, para determinar la forma en que ahora, conforme al artículo 63 del Código Penal Federal, debe sancionarse un delito grave así calificado por la ley, en grado de tentativa, cuando en su comisión se actualiza además una agravante, en los siguientes términos:
"... Esta Primera Sala resuelve que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sostiene en la presente resolución.-A efecto de ilustrar la decisión a la cual se habrá de arribar conviene tener presente como cuestión previa lo que establecen los artículos 51 y 63 del Código Penal para el Distrito Federal: ‘Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el Juez podrá imponer, motivando su resolución, la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.-En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64 bis y 65 y en cualesquiera otros en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días.’.-‘Artículo 63. Al responsable de tentativa punible se le aplicará a juicio del Juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 12 y 52, hasta las dos terceras partes de la sanción que se le debiera imponer de haberse consumado el delito que quiso realizar, salvo disposición en contrario.-En los casos de tentativa en que no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, cuando éste fuera determinante para la correcta adecuación típica, se aplicará hasta la mitad de la sanción señalada en el párrafo anterior.-En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.’.-Para determinar el criterio que debe prevalecer resulta conveniente, a manera de preámbulo, hacer algunas precisiones acerca de la figura de la tentativa.-Al respecto, esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 151/2003, consideró que se entiende por tentativa la realización por parte de una persona de los actos ejecutivos encaminados a la realización de un delito, que sin embargo no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Dependiendo de que se realicen todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito, o sólo alguno de ellos, la doctrina distingue entre tentativa acabada e inacabada. La tentativa -cualquiera de sus dos modalidades- consta por ende de tres elementos: a) un elemento subjetivo, consistente en la intención del agente dirigida a cometer un delito; b) uno objetivo, consistente en la realización, total o parcial, de los actos de ejecución del delito; y c) la falta de consecución del resultado típico deseado por causas ajenas a la voluntad del agente.-En sentido similar se ha pronunciado este Alto Tribunal en los criterios siguientes: ‘Quinta Época. Instancia Primera Sala. Fuente Apéndice 2000. Tomo II, Penal, P.R. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 3095, página 1442. TENTATIVA.’ (se transcribe).-‘Quinta Época. Instancia Primera Sala. Fuente Apéndice 2000. Tomo II, Penal, P.R. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 3096, página 1442. TENTATIVA.’ (se transcribe).-El fundamento de la punición de la tentativa radica en que ésta pone en peligro intereses jurídicamente tutelados. El legislador pena, pues, la tentativa debido a la proximidad de la lesión del bien jurídico protegido, ya que desde el punto de vista subjetivo, tanto en la consumación como en la tentativa, la voluntad del sujeto activo no sufre modificación alguna. En razón de ello, se considera de equidad sancionar la tentativa en forma menos enérgica que el delito consumado, pues mientras en la consumación se lesionan bienes jurídicamente protegidos, en la tentativa, sólo se ponen en riesgo esos.-Esa racionalidad se encuentra reflejada en el artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal derogado, que establece lo siguiente: ‘Artículo 63.’ (se transcribe).-Como se desprende de lo anterior, la tentativa constituye un tipo penal dependiente, pero únicamente en cuanto a que la mayoría de sus elementos integrantes se encuentran referidos a algún delito consumado, no hay tentativa en sí, sino tentativa de un delito consumado. Sin embargo, haciendo abstracción de la técnica utilizada por el legislador para indicar algunos de sus componentes, debe considerarse que ésta constituye un delito autónomo, puesto que cuenta con sus elementos típicos particulares (entre ellos como se mencionó, la falta de consumación de ciertas consecuencias antijurídicas por causas ajenas a la voluntad del agente) y con sus sanciones también específicas.-En otro orden de ideas, resulta pertinente señalar que la función de las normas penales consiste en hacer que las personas se abstengan de realizar determinados actos considerados perjudiciales para la sociedad. Dicho propósito se persigue mediante el establecimiento de sanciones por la realización de tales actos socialmente nocivos. Así, el orden jurídico convierte en ‘delito’ cierta conducta al enlazar a ésta, en cuanto supuesto, una sanción, como consecuencia. Los delitos, por tanto, describen las conductas antijurídicas -en cuanto que se encuentran prohibidas por el orden jurídico-, que de acuerdo con las intenciones del orden jurídico tienen que ser evitadas. De esa forma, el legislador establecerá tantos ‘delitos’ como conductas busca desalentar su realización en la sociedad.-Sin embargo, en vista de que, en ocasiones, la conducta que se pretende proscribir puede presentar, al ser realizada, diversas modalidades que el legislador considera importante tomar en cuenta, éste, por razones de economía legislativa, puede estimar conveniente, en lugar de repetir la descripción típica básica para cada una de las modalidades en que se presenta tal conducta, describirla en un solo dispositivo aplicable a todas ellas; y solamente agregar dispositivos adicionales que se refieran a las diferencias penalmente relevantes que presenta cada una de dichas modalidades. Esta técnica tiene la enorme ventaja de evitar repeticiones tediosas en los textos legislativos.-Esto suele suceder cuando el delito aparece acompañado de algunas circunstancias objetivas o personales que atenúan o agravan la antijuridicidad o la culpabilidad y, como se dijo, el legislador estima conveniente tenerlas en cuenta expresamente para crear otros tipos derivados del tipo básico. Desde un punto de vista técnico-jurídico, dichos tipos derivados deben ser considerados como delitos autónomos e independientes del tipo básico, puesto que, como se vio, no son más que el producto de haber implementado, por razones de economía legislativa, un mecanismo alterno de creación de tipos penales, que es igualmente válido que el normalmente utilizado por el legislador. En efecto, el delito calificado contiene una estructura jurídica, un contenido y un ámbito de aplicación que le son propios, y que lo distinguen del delito descrito en el tipo penal básico.-De igual forma, es pertinente precisar que atendiendo a la exigencia que se contiene en el párrafo quinto del artículo 16 y en el párrafo primero de la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, de que la ley prevea cuáles conductas se considerarán delitos graves, el legislador en el artículo 268 del ordenamiento adjetivo penal para el Distrito Federal, estableció cuáles ilícitos debían comprenderse en esa conceptuación.-‘Artículo 268.’ (se transcribe).-Por consiguiente, la conducta desplegada por el sujeto activo debe ser idónea a la consecución del resultado del delito, esto es, para que un determinado actuar cuente con tales características y sea penalmente reprochable a título de tentativa, debe atenderse al análisis del proceso ejecutivo de la conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, sin lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado mediante actos ejecutivos que se dirijan a agotar el núcleo del tipo, pero además, tal comportamiento debe ser objetivo y concretamente adecuado para producir el resultado y crear un específico estado de peligro para el bien jurídico tutelado por el tipo del delito hacia el cual se dirige.-Y si se toma en cuenta que las figuras calificativas que agravan la pena, atienden a la protección de bienes jurídicos específicos, distintos del tutelado por el tipo básico, es claro entonces que cuando se comete una tentativa de delito calificada, debe entenderse que la voluntad delictiva manifestada por el agente, expresada a través de los actos ejecutivos que deberían producir el resultado deseado, abarca todos los elementos integradores del delito, incluidas las circunstancias especificas que lo agravan las cuales, en ocasiones, constituyen precisamente el principio de ejecución del delito tentado.-Por tanto, esta Primera Sala considera que d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20016-e850cb8b/individualizacion-de-la-pena-tratandose-de-delitos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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