ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS. EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE REFIERE A LOS SUJETOS ACTIVOS QUE CONTANDO CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD IMPUESTAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que si bien fue advertida por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, la presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo suya dicha denuncia, mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil cinco.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo número 5/2002 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo este órgano colegiado advierte que la conducta atribuida al quejoso, consistente en manejar un taller dedicado a la fabricación de artificios pirotécnicos, sin el permiso correspondiente, no configura el delito previsto y sancionado en el artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se le atribuyó, con advertencia de que mención que se haga en esta ejecutoria de la citada legislación deberá entenderse referida a las disposiciones vigentes en la época del evento (mil novecientos noventa y seis). Veamos: La figura delictiva prevista en el citado precepto, es como sigue: (se transcribe). De la transcripción anterior se llega al conocimiento que los elementos destacados del delito, lo constituyen la acción de manejar fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos que estén dedicados a una actividad regulada por la ley especial en consulta, y que tal actividad se realice sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que aquéllos queden obligados. Desde luego, conviene precisar que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, en términos del artículo 37, párrafo II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas. En estrecha vinculación con ese numeral, el diverso 41 precisa que las disposiciones del título tercero de esa ley, denominado ‘fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas’, son aplicables a todas las actividades relacionadas con las armas, objetos y materiales cuyo listado a continuación señala, destacando allí, en la fracción IV, qué clases de artificios son los que guardan relación con dichas actividades y operaciones comerciales, mientras que el precepto 38 del reglamento de la citada ley, prevé los requisitos que deben satisfacer las personas que pretendan establecer talleres de fabricación de artificios pirotécnicos. Los citados numerales son del tenor siguiente: ‘Artículo 37.’ (se transcribe). ‘Artículo 41.’ (se transcribe). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Al margen de las disposiciones anteriores, la ley en consulta trata de los permisos para realizar las actividades que regula, precisando que éstos no eximen a los interesados de satisfacer los requisitos que señalen otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades; patentiza que las actividades industriales y comerciales (amparadas bajo los permisos), que guarden relación con las armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula, estarán sujetas a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional (y cuando el material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades estarán sujetas a disposiciones de la Secretaría de Marina); especifica las clases de permisos: generales, ordinarios y extraordinarios, que la Secretaría de la Defensa Nacional, podrá conceder, como la suspensión o cancelación de éstos cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad de las personas e instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el orden público; prevé que las fábricas, plantas industriales, talleres, comercios y demás establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas en el título tercero de la ley, deberán reunir las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y producción que determine el reglamento de la citada ley, como también que la Secretaría de la Defensa Nacional, realizará inspección de las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere el mencionado título, cuando lo considere necesario. Sobre el particular, los artículos 38, 40, 42, 43, 45 y 72 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establecen lo siguiente: (se transcribe). Específicamente, en relación con los permisos para el establecimiento de talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, el artículo 40 del reglamento de la ley en cita, precisa que en ellos se señalarán como medidas de seguridad las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas destinadas a su producción, el diverso precepto 80 del referido reglamento, previene la obligación de quienes tengan permiso o autorización, de cumplir con las medidas de seguridad que dicten las autoridades competentes, como a rendir los informes técnicos y generales que les soliciten. Por su parte, el 89 desarrolla la forma en que la Secretaría de la Defensa Nacional, practicará las visitas de inspección a los establecimientos, instalaciones o negociaciones que funjan con permisos generales o extraordinarios, a efecto de comprobar el cumplimiento de la ley y su reglamento, señalando que el personal que labore en tales establecimientos, instalaciones o negociaciones, tienen la obligación de facilitar la práctica de dichas visitas de inspección, mientras el 90 fija la materia a que se contraerá la visita y cómo quedará sujetado el personal designado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el desarrollo de aquélla. Los referidos preceptos dicen: ‘Artículo 40.’ (se transcribe). ‘Artículo 80.’ (se transcribe). ‘Artículo 89.’ (se transcribe). ‘Artículo 90.’ (se transcribe). De lo que hasta aquí se ha dicho, queda en relieve que no basta obtener el permiso para realizar las actividades reglamentadas por la ley, sino que quienes lo obtienen deben sujetarse a las disposiciones de seguridad que al caso imponga la autoridad. Ejemplos de esas disposiciones lo constituye la obligación de rendir informes a la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre las actividades que se han realizado, dar facilidades al personal de dicha secretaría, para la práctica de visitas de inspección y, en caso de guerra o alteración del orden público, previo acuerdo del presidente, dejar la fábrica, planta industrial, taller, almacén o establecimientos, bajo la dirección y control de la citada secretaría. En ese sentido, los artículos 68, 69, 71, 72 y 89 dicen lo siguiente: (se transcribe). Cabe agregar, que la inobservancia a las condiciones de seguridad, de parte de quienes tienen permiso de realizar las actividades reglamentadas por la ley, traerá como consecuencia en la esfera administrativa que resientan la suspensión o cancelación de dicho permiso, por resultar que la actividad amparada con éste entraña peligro para la seguridad de las personas o instalaciones. Ahora bien, el artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su fracción I, tipifica la conducta de los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia de los mismos, mientras que la subsecuente fracción (II) considera como acreedores de la misma sanción (de uno a ocho años de prisión y de veinte a quinientos días multa), a quienes fabriquen o exporten dichos objetos sin el permiso correspondiente, en la fracción III a los comerciantes en armas que sin dicho permiso vendan, donen o permuten los objetos a que se refiere la fracción I; incluso, en el siguiente numeral (86), señala que se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a trescientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo, compren explosivos, transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esa ley. Conviene transcribir los dispositivos referidos: ‘Artículo 85.’ (se transcribe). ‘Artículo 86.’ (se transcribe). Hasta aquí se advierte que el legislador, a diferencia del elemento normativo exigido en el tipo penal atribuido al quejoso (sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que están obligados), en los numerales 85 y 86 estatuyó como tal a quien ‘sin el permiso correspondiente’, es decir, hay una diferencia importante entre actuar el agente del delito sin el permiso respectivo, a hacerlo sin cumplir las condiciones de seguridad, en la inteligencia que aun cuando en la fracción I del artículo 85 el legislador aludió a quienes sin el permiso correspondiente, fabriquen armas, municiones y explosivos, allí no encuadraría la de pirotécnicos dado que éstos, atendiendo a la clasificación del artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde a los artificios, de modo, pues, que el tipo penal previsto en el artículo 87, fracción I, debe entenderse referido a quienes contando con el permiso, no cumplen con las condiciones de seguridad impuestas, pues de haber sido otra la intención del legislador, hubiera hecho cualquiera de dos cosas, una, incluir expresamente en la fracción II del artículo 85, la fabricación de artificios o de pirotécnicos, o la otra, en la fracción I del 87 contemplar la locución ‘sin el permiso’, en lugar de ‘no ajustarse a las condiciones de seguridad’. Incluso, la propia exigencia de la ley, acerca de que el agente del delito no se ajuste a las condiciones de seguridad a que está obligado, lleva implícito juicio de razón en el sentido de que aquél debe saber cuál o cuáles medidas de seguridad no cumplió y que además le impuso la autoridad, a fin de que pueda contradecirlas, y por lo mismo se justifica, precisamente, el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, como obligada a realizar visitas de inspección en las instalaciones de fábricas, plantas industriales, talleres o almacenes, destinados a las actividades reglamentadas por la ley, a efecto de constatar que se han acatado las disposiciones de seguridad, de todo lo cual levantará acta circunstanciada, pudiendo incluso solicitar los informes detallados sobre las actividades realizadas. Esta situación indica, que fue incorrecto se condenara al impetrante en términos del artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues no contempla a quien fabrique artificios pirotécnicos, sin contar con el permiso respectivo, sino a quienes teniendo establecido fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos, cuenten con el permiso para realizar alguna de las actividades que están reguladas por la ley, sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados por tales actividades. De ahí que se imponía absolver al quejoso ya que la conducta que desplegó no está contemplada por el citado precepto y, en todo caso, de haber infringido la ley, pudo ser sancionado en términos del diverso artículo 90 que contempla penas por infracciones a la ley que no están expresamente previstas en ella, mismo numeral que indica: (se transcribe). Como en la especie el Tribunal Unitario responsable, no lo consideró así, y en cambio acudió a la prueba circunstancial prevista en el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, para sostener que en el caso se configuraban las hipótesis normativas ya que de la denuncia presentada por el elemento del Ejército Mexicano, capitán ... y de la versión que dio el propio quejoso, se conoció la existencia del taller dedicado a la elaboración de artificios pirotécnicos y que éste es propiedad del quejoso, quien no contaba con el permiso correspondiente para el establecimiento del taller, para cuyo fin ponderó que el primero de los citados mencionó la existencia de un taller cercano a la población de ... donde se localizaron diversas herramientas para fabricar artificios pirotécnicos y, por otra parte, que el segundo (quejoso), reconoció que el taller donde se localizaron aquellas herramientas es de su propiedad y que tenía aproximadamente treinta años de dedicarse al oficio de fabricar artificios pirotécnicos, sin contar con el permiso respectivo, mismo del cual ha realizado los trámites correspondientes, sin conseguir dicho permiso, debe convenirse entonces en la inconstitucionalidad del acto reclamado, que debe ser reparado a través de la concesión del amparo impetrado, pues según se advirtió, el artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no sanciona a quien fabrique artificios pirotécnicos sin contar con el permiso respectivo."
Las consideraciones transcritas, dieron origen al criterio siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
"Fuente: Apéndice 2002
"Tomo: II, Penal, P.R. TCC
"Tesis: 68
"Página: 169
"ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, FABRICACIÓN DE, SIN PERMISO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. El citado numeral previene: ‘Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de dos a cien días de multa, a quienes: I. Manejen fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas por esta ley, sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados.’. Así, el elemento normativo ‘sin ajustarse a las condiciones de seguridad’, lleva a determinar que el tipo allí establecido está referido a quienes contando con el permiso correspondiente no cumplen con las condiciones de seguridad impuestas, pues de haber sido otra la intención del legislador, hubiera incluido en el tipo la locución ‘sin permiso’ en vez de ‘sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados’. Esta consideración encuentra apoyo en el contenido del tipo previsto en el artículo 85, fracción I, en su anterior redacción, al prever la conducta de los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia de los mismos, mientras que la subsecuente fracción (II) considera como acreedores de la misma sanción (de uno a ocho años de prisión y de veinte a quinientos días multa), a quienes fabriquen o exporten dichos objetos sin el permiso correspondiente; en la fracción III a los comerciantes en armas que sin dicho permiso vendan, donen o permuten los objetos a que se refiere la fracción I; incluso, el siguiente numeral (86), señala que se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a trescientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo compren explosivos, transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esa ley, de lo que se sigue que el legislador, a diferencia del elemento normativo exigido en el tipo penal previsto en el artículo 87, fracción I (sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados), en los numerales 85 y 86 estatuyó como tal a quien ‘sin el permiso correspondiente’, es decir, hay una distinción importante entre el actuar del agente del delito sin el permiso respectivo, a hacerlo sin cumplir las condiciones de seguridad, en la inteligencia de que aun cuando en la fracción I del artículo 85, el legislador aludió a quienes sin el permiso correspondiente fabriquen armas, municiones y explosivos, allí no encuadraría la de pirotécnicos, dado que éstos, atendiendo a la clasificación del artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde a los artificios; de modo pues, que el tipo penal previsto en el artículo 87, fracción I, debe entenderse referido a quienes contando con el permiso no cumplen con las condiciones de seguridad impuestas, pues de haber sido otra la intención del legislador, hubiera hecho cualquiera de dos cosas, una, incluir expresamente en la fracción II del artículo 85 la fabricación de artificios o de pirotécnicos, o la otra, en la fracción I del diverso 87 contemplar la locución ‘sin permiso’, en lugar de ‘sin ajustarse a las condiciones de seguridad’. Incluso, la propia exigencia de este último dispositivo, acerca de que el agente del delito no se ajuste a las condiciones de seguridad a que está obligado, lleva implícito juicio de razón en el sentido de que aquél debe saber cuál o cuáles medidas de seguridad no cumplió, y que además le impuso la autoridad, a fin de que pueda contradecirlas y, por ello, se justifica el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional de realizar visitas de inspección en las instalaciones de fábricas, plantas industriales, talleres o almacenes destinados a las actividades reguladas por la ley, a efecto de constatar que se han acatado las disposiciones de seguridad.
"Amparo directo 5/2002. 8 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Sergio Guzmán Marín."
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo número 816/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Ahora bien, como lo determinó el Tribunal Unitario responsable, contrariamente a lo discutido por el hoy accionante, el enlace de las pruebas existentes en autos son eficientes y bastantes para que en términos de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, se tenga por comprobado el cuerpo del ilícito nominado por el tribunal de alzada como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de almacenamiento de sustancias químicas relacionadas con explosivos, previsto por el artículo 41, fracción V y penado por el 87, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que la relación de tales datos convictivos conducen a poner de manifiesto: que el treinta de noviembre de dos mil uno, a las dieciséis horas, aproximadamente, en el ... el ahora quejoso ... sin ajustarse a las mínimas condiciones de seguridad y sin contar con permiso alguno para el uso, manejo o almacenamiento de sustancias químicas reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, puso en peligro la seguridad pública, pues se verificó la explosión de un ‘polvorín’ del que aparece en autos como responsable; acción dolosa que el quejoso desplegó en contravención a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Para así determinarlo, adecuadamente el Tribunal Unitario responsable tuvo en consideración: la declaración ministerial de ... quienes imputaron al quejoso ... de manera firme, sostenida y directa ser el propietario del ‘polvorín’ ubicado en el ... a un costado de la ... donde perdieron la vida ... el día treinta de noviembre de dos mil uno, lo anterior se concatenó al parte informativo de los policías ministeriales de nombres ... los que al constituirse en el lugar de los hechos corroboraron que el ahora quejoso ... era señalado por los vecinos del lugar como propietario del ‘polvorín’ donde ocurrió el siniestro el día y en el lugar antes citados; lo que a su vez se enlazó a los testimonios de identidad a cargo de ... respecto del occiso ... de los mismos apellidos; así como de los atestes de ... se identificó a quien en vida llevó el nombre de ... estas probanzas se adminicularon también a la inspección ministerial del fuero común realizada el día del evento, en la que se dio fe de la existencia de varios ‘polvorines’, así como de una persona muerta y otra lesionada, ambos por quemaduras; después se dio fe ministerial de cadáver el tres de diciembre de dos mil uno, respecto de ... prueba ésta que de la misma manera se concatenó con la inspección practicada por el agente del Ministerio Público de la Federación, de la que se obtuvo que en el lugar conocido como zona federal ... existen varios ‘polvorines’ de estructura de concreto, de veinticinco metros cuadrados cada uno, aproximadamente, en color blanco, cada ‘polvorín’ evidenció contar con una pileta para agua, elaborada también de concreto, de un metro con veinte centímetros de largo por un metro de ancho y otro de altura; del lado poniente se dio fe de tener a la vista una estructura de concreto dividida en dos partes y en la de en medio se observó una polea, así como una caja de control de luz eléctrica con la leyenda ‘polvorín A’, por el lado noroeste un segundo ‘polvorín B’, sin paredes y sólo con castillos de concreto y piso de tierra; a una distancia de cincuenta metros, aproximadamente, se observó un tercer ‘polvorín’ denominado ‘C’, con piso de concreto y en cada polvorín se encontró impresa la leyenda ‘peligro, no fumar’, se adicionó a lo anterior la documental pública consistente en el oficio 22581 suscrito por el comandante de la Trigésima Séptima Zona Militar de nombre ... en el que informó a la representación social investigadora que el impetrante de amparo ... no contaba con el permiso para el uso, manejo o almacenamiento de sustancias químicas reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, se tuvieron en cuenta copias certificadas de la averiguación previa ZUM/III/2006/2001, relativa al delito de homicidio, de las que se obtuvieron como datos periciales en materia de necroscopía y criminalística que los occisos ... fallecieron a consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras como resultado de una explosión. No obstante, como la negativa expresada por el quejoso respecto a que era ajeno a dicho taller clandestino, como bien lo destacó la emisora, no se corroboró con prueba de fehaciente convicción pues resultaron insuficientes e inidóneos los testimonios de descargo emitidos por ... los que si bien fueron uniformes y contestes al declarar que el quejoso ... no era propietario del ‘polvorín’ que explotó el día de los hechos, no menos cierto resulta que tampoco precisaron quién era el propietario y la circunstancia de haber señalado a ... como el posible dueño del referido ‘polvorín’, dicho aspecto no lo afirmaron categóricamente ni lo demostraron con prueba alguna, pero sobre todo fue atinada la autoridad responsable al sostener que tales atestes no reunían la calidad de fidedignos por haber obtenido la información que refirieron a través de otras personas. En este tenor, es claro que si los testigos de descargo no conocieron los hechos por sí mismos, el actuar de la emisora del acto es correcto porque de acuerdo con el artículo 289, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales se exige para los testigos que los hechos los conozcan por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros y, al no estar actualizada la hipótesis en comento, es evidente que el testimonio se reduce a un mero indicio; por el contrario, sí quedó demostrado con las imputaciones que señalan ... en relación con el parte informativo de los agentes ministeriales investigadores ... que el ahora quejoso ... era la persona que se encontraba al frente como propietario del almacén donde ocurrió el siniestro, el treinta de noviembre de dos mil uno, en el que se reitera, perdieron la vida ... Además, del oficio 22581 signado por el comandante de la Trigésima Séptima Zona Militar de nombre ... del que se obtuvo que en los archivos de esa dependencia el referido quejoso no contaba con permiso alguno para el uso, manejo o almacenamiento de sustancias químicas reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo que con los anteriores medios de prueba y convicción, el tribunal de segunda instancia, correctamente tuvo por comprobado el cuerpo del delito a estudio, pues, se insiste, los atestes de cargo desde inicio fueron unánimes y espontáneos al proporcionar el nombre del quejoso como el responsable del almacén clandestino, sin que en ese momento se haya advertido alguna circunstancia de querer perjudicar al quejoso. Idéntico material probatorio fue considerado por el Tribunal Unitario responsable para tener por demostrada la plena responsabilidad penal de ... en la comisión del delito cuya corporeidad se ha comprobado, lo que es adecuado en razón de que las pruebas reseñadas y que en obsequio a la brevedad se tienen en este apartado como absolutamente insertas, apreciadas de manera lógica, natural y jurídicamente razonadas tanto en lo individual como en su conjunto, así como valoradas en términos de lo dispuesto en los numerales 279 a 281 y 285 a 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues, permite arribar a la convicción de que en las precisadas circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ... almacenó sustancias químicas sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estaba obligado, entre ellas, las de contar con el permiso de la autoridad correspondiente a efecto de que las autoridades inspeccionaran las demás medidas de seguridad requeridas para un establecimiento donde se cuenta con sustancias explosivas, hechos que quedaron constatados con el oficio 22581 signado por el comandante de la Trigésima Séptima Zona Militar de nombre ... del que se obtuvo que en los archivos de esa dependencia el referido quejoso no contaba con permiso alguno para el uso, manejo o almacenamiento de sustancias químicas reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y con la inspección ministerial tanto del fuero común como del federal, de las que en razón a las condiciones de seguridad que se implementaron en el polvorín donde acaeció el evento, sólo se contaba con una pileta para contener agua, así como un letrero con la leyenda ‘peligro, no fumar’, lo cual pone de manifiesto que el quejoso como responsable del taller de artificios pirotécnicos además de clandestino, no se ajustó a ninguna condición de seguridad, dada la exigencia que para tal establecimiento se requiere. Comportamiento antisocial que el accionante llevó a cabo, de conformidad con el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, es decir, por sí mismo con conocimiento y voluntad, de manera dolosa y sin advertir en aquél causa de licitud o excluyente de culpabilidad. Es en mérito de lo anterior, que deviene infundado el argumento del quejoso en el sentido de que no reúne la calidad de sujeto activo, a que se contrae el artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ni tuvo dominio del hecho porque demostró que no era fabricante de fuegos artificiales, que era chofer, lo anterior es así pues, como se ha visto, la calidad de sujeto activo quedó demostrada en su carácter de empleador de las personas que murieron en el ‘polvorín’ el día de los hechos, como ya antes se dijo, con los testimonios oportunos de ... a cuyo efecto, el dominio del hecho que el quejoso tuvo, resulta porque sabiendo que contaba con un almacenamiento de pólvora, en el que se elaboraban artificios pirotécnicos tenía la obligación de acudir ante la autoridad correspondiente para que le otorgaran el permiso respectivo y de esa forma ajustarse a las condiciones de seguridad que le impone contar con el almacén de la naturaleza en cita, por lo que al no verificarse este presupuesto y haber ocurrido una explosión sin que se tuvieran las condiciones de seguridad mínimas para evitar el siniestro, tal como de autos aparece ocurrió, es claro que su responsabilidad es dolosa a título de autor material en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal y la circunstancia de que los testigos de descargo que propuso en la causa, hayan manifestado que era chofer, ese solo hecho no lo releva de responsabilidad ni mucho menos el ser conductor de vehículos se contrapone a ser propietario del ‘polvorín’ donde tuvo verificativo el hecho que nos ocupa. No sobra decir también, sobre este argumento, que las imputaciones que realizan los testigos de cargo antes citados, no perdieron fuerza probatoria en ningún momento, ya que desde sus versiones ministeriales, dada la cercanía con los hechos, virtud al principio de inmediatez necesaria para confiar en su autenticidad, fueron puntuales al externar que el propietario del ‘polvorín’ donde acaeció el siniestro era ... dato éste que no resultó inverosímil y por el contrario sí fue acorde a la verdad histórica de los hechos, merced a que el quejoso no demostró fidedignamente no ser el propietario del referido almacén clandestino. Por otra parte, se reitera, que los testimonios de descargo aportados por el quejoso, se advierte con nitidez que se introducen al sumario como testigos de coartada defensiva, sin embargo, tales atestes no reunieron lo exigido por el artículo 289, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales al tratarse de testigos de oídas. En este orden, carece de razón el solicitante de amparo cuando afirma que existe una incorrecta valoración de pruebas. Bajo ese panorama, adversamente a lo señalado por el expositor de los conceptos, es evidente que el tribunal responsable al ceñirse a los elementos probatorios existen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19599-ceb2fafa/artificios-pirotecnicos-el-tipo-penal-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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