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Modo: Corpus Pro

SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. ES PROCEDENTE AUN CUANDO CONTRA EL MISMO REO EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO DOLOSO PERSEGUIBLE DE OFICIO, SI ÉSTA SE DICTÓ CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DELITO POR EL QUE SE LE JUZGA (INTERPRETACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20157
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 754.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia penal, esto es, de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. El denunciante, Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se encuentra legitimado para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un juicio de amparo del que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito que preside.

TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario transcribir, en lo conducente, para su posterior análisis, las consideraciones en que apoyaron sus respectivos criterios los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito -denunciante- al resolver el juicio de amparo directo 273/2006, en lo que interesa, son las siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

"...

"Sin embargo, el peticionario se duele de que se violó en su perjuicio el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, referente a la exacta aplicación de la ley en materia penal, al negársele la concesión del beneficio de la sustitución de la pena corporal que prevé el artículo 70 del Código Penal Federal, a pesar de que la pena impuesta no rebasa tres años, bajo el argumento de que contaba con un antecedente penal, cuando éste no existe, ya que la sentencia condenatoria que tomó en cuenta la responsable fue dictada en contra de otro sujeto ... pero aun suponiendo que se trate de la misma persona, el delito de lesiones que dio lugar a esa condena fue cometido después de que sucedieron los hechos a que se refiere el presente asunto, es decir, se trata de un delito cometido con posterioridad al ilícito que se juzga; en sustento a sus argumentos, cita la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que lleva la voz: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. ES INACEPTADA LA SENTENCIA QUE NIEGA ESE BENEFICIO POR EL HECHO DE QUE EXISTA EN CONTRA DEL SENTENCIADO UNA CONDENA DICTADA CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DELITO QUE SE JUZGA.’

"Sus argumentos se consideran infundados, habida cuenta que en relación a que la sentencia condenatoria no se dictó en su contra, sino en perjuicio de ... de las constancias que integran el expediente penal se aprecia que se trata de la misma persona, ya que el propio impetrante en su declaración preparatoria reconoció que también se hacía llamar con el nombre de ... además -como observó el Tribunal Unitario- de la información personal que el implicado proporcionó en ambas causas penales, se advierten datos que confirman que se trata del mismo individuo, pues en ambos procesos refirió que lo apodan ... luego, en la causa criminal 419/2004, se asentó que era la primera vez que se encontraba a disposición de una autoridad judicial, mientras que al rendir preparatoria el diez de junio de dos mil cinco, por los hechos que nos ocupan (75/2003), expresó que era la segunda ocasión que se encontraba a disposición de una autoridad judicial, aspecto que es acorde con la situación de ambas actuaciones judiciales, atento a que en el proceso 419/2004 se dictó sentencia el catorce de octubre de dos mil cuatro, es decir, antes de que compareciera a rendir preparatoria en la causa 75/2003; asimismo, en ambos procesos indicó contar con varios tatuajes, en el que se le sentenció primero, dijo contar con tres tatuajes (uno con el nombre de ‘Rebeca’, otro con el nombre de ‘Cindy’ y el tercero de una letra china), mientras que en la causa 75/2003, aparte de reconocer que tenía esos tres tatuajes, dijo tener otros dos (uno de la letra ‘I’ y otro de una flor incompleta); por ende, es infundado que se le tomó en cuenta en su perjuicio una sentencia condenatoria que no se dictó en su contra; pues aun cuando el delito de lesiones por el que se dictó dicha sentencia se cometió después de que se perpetró el ilícito de portación de arma de fuego sin licencia que se relaciona con la resolución reclamada, sin embargo, ello no constituye un obstáculo para que se tenga en consideración al resolver sobre la procedencia del beneficio de la sustitución de la pena de prisión, previsto en el artículo 70 del Código Penal Federal, como enseguida se explicará.

"Para mejor comprensión de la determinación de este tribunal, se considera oportuno destacar la concepción que hace la doctrina de los sustitutivos de las sanciones.

"La connotación del término sustituir, como el de conmutar, es la de cambiar una cosa por otra y en sentido jurídico, significa el beneficio que se otorga al reo al cambiar una sanción de cierta naturaleza por otra diversa menos perjudicial, en razón de determinadas circunstancias que le favorecen, conforme a las prescripciones de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, que precisan las reglas que el juzgador debe seguir en cuanto a la aplicación de sanciones.

"La sustitución de las sanciones tiene relación con la prevención especial, pues son reiterados los criterios doctrinales y casos prácticos que ponen de manifiesto que la prisión casi carece ya de poder correctivo, principalmente la de corta duración, lo cual ha provocado, en las legislaciones modernas, que se le sustituya por otros medios, bajo ciertos requisitos indicados por el legislador.

"En épocas pasadas, cuando se concebía a la pena sólo como medio de hacer expiar el delito cometido, imponiéndose en sí y por sí misma, normalmente sin un objetivo posterior de prevención especial, es obvio, que no se entendía con claridad cuáles podrían ser los efectos y fines de privar la libertad al individuo.

"Hoy, en cambio, a la prisión se le tolera socialmente sólo cuando sirve a conseguir fines de política criminal como, por ejemplo, recuperar a los hombres y corregir sus conciencias, para reincorporarlos en el seno común del Estado. Sin embargo, hoy también se acepta que la prisión no debe ser el único medio de resocializar al condenado, sino que, con mejor resultado, es posible acudir a otros medios sancionatorios que independientemente de propiciar la prevención especial también motivan al reo para adaptarse mejor nuevamente en sociedad. En tal virtud, actualmente se está acorde de que cuando menos se deben sustituir las penas de poca duración, por la sencilla razón de que éstas no surten tales fines por virtud de no contar con el suficiente tiempo para el tratamiento educativo del reo. Es decir, considerada así desde el punto de vista penitenciario, la prisión se traduce en un tratamiento pedagógico progresivo, constante de etapas planeadas en el mismo, dentro de las cuales en especial se calcula aquella tendiente a impedir que el roce del reo con otros internos de bajas calañas lo contaminen o lo echen a perder; por tanto, si se somete a tal pena a una persona por un periodo corto o insuficiente a cumplir dichas etapas del tratamiento, lo único que seguramente se logrará será su no corrección y sí, en cambio, habrá obtenido el mal ejemplo, la mala escuela y, en síntesis, su no resocialización, además la pena le perjudicará a él y a la sociedad.

"Así pues, en general los sustitutivos penales parten de la idea de que la pena de prisión no cubre ya en múltiples casos las finalidades señaladas por la doctrina, o sea la disminución de la delincuencia por medio de las prevenciones general y especial, ni menos aún, con la reincorporación del delincuente en el seno de la sociedad.

"Se ocupan de la institución de la sustitución de sanciones, los artículos 70, 71, 72 y 74 ubicados en el capítulo VI del título tercero del libro primero del Código Penal Federal (relativo a la aplicación de sanciones). El primero de tales dispositivos faculta al juzgador en el momento de dictar la sentencia para analizar la procedencia del beneficio y sustituir la prisión, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del propio ordenamiento, en los términos siguientes: I. Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años, II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años o III. Por multa, si la prisión no excede de dos años.

"Pero tales beneficios que quedan al arbitrio del juzgador concederlos, no constituyen de manera alguna un derecho incondicionado para el reo, ya que la propia ley exige, para su otorgamiento, que no se trate de infracciones penales que den origen a penas graves de prisión y que desde luego rebasen las señaladas anteriormente. Además, los artículos 71, 72 y 74 del Código Penal Federal complementan el sistema de sustitución, siendo el primero el que faculta al juzgador para dejar sin efecto la sustitución, ordenando se ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le fueron señaladas a tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta se hará efectiva la sanción sustituida o cuando al sentenciado se le concede por otro delito. Si el nuevo delito es imprudencial el Juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión sustituida.

"Sirve de ilustración a lo anterior, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Segunda Parte, Volumen 44, Séptima Época, que se reproduce a continuación:

"‘CONMUTACIÓN DE SANCIONES, ARBITRIO JUDICIAL.’ (se transcribe).

"Luego, se tiene que al quejoso se le negó la concesión del beneficio de la sustitución de la pena de prisión que contempla el artículo 70 del Código Penal Federal, porque al dictar la sentencia, se tuvieron a la vista las copias certificadas de la resolución condenatoria que dictó el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el proceso penal 419/2004, por un delito doloso que se persigue de oficio (lesiones, previsto y sancionado por los artículos 206 y 207, fracción II, del Código Penal para el Estado de Jalisco), así como del auto que la declaró ejecutoriada (fojas 138 a 151 del expediente penal); lo que demuestra que se actualizó la hipótesis que impide la concesión del beneficio, prevista en la parte final del artículo 70 del Código Penal Federal, que dice: ‘La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio ...’; pues no debe perderse de vista que los sustitutivos de las sanciones están comprendidos en el capítulo IV del Código Penal Federal, relativo a la individualización de la pena, por ende, el juzgador analiza la procedencia de su concesión hasta que dicta la sentencia definitiva e individualiza la pena correspondiente, por eso, es en dicho momento cuando debe estar plenamente acreditado que el inculpado fue condenado en sentencia ejecutoriada por un delito doloso perseguible de oficio, sin que interese la fecha en que se cometió el delito que dio lugar a esa condena, ya que en la especie cobra aplicación la máxima del derecho que reza:

"‘Donde el legislador no distingue no lo puede hacer el juzgador’, por tanto, basta con que al dictarse la sentencia definitiva se tenga plena certeza de que el implicado fue condenado en sentencia ejecutoriada por diverso delito, que además sea doloso y perseguible de oficio, para que sea improcedente la concesión de los sustitutivos de la pena que mereció por el ilícito que se le juzga; en el mismo sentido, no se podrá considerar como apto para negarle la sustitución de la pena, aquel proceso penal que aunque emane de hechos cometidos antes del delito por el que se le juzga, empero, aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada, pues lo que interesa es que con anterioridad al momento en el que se resuelve sobre la procedencia de los sustitutivos, se emita sentencia ejecutoriada por un delito doloso perseguible de oficio, circunstancia que se repite, se actualizó en el asunto que nos ocupa; en consecuencia, no se transgredió en perjuicio del solicitante de amparo el artículo 14 constitucional.

"Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 21/2003, que sustentó la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2002-PS, visible en la página 136, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que enseguida se transcribe:

"‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE POR EL JUZGADOR, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ESE PRECEPTO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DEMÁS PREVENCIONES ESPECIALES.’ (se transcribe).

"En consecuencia, este órgano colegiado no comparte el criterio en que se apoyó el quejoso, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1874, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. ES INACEPTADA LA SENTENCIA QUE NIEGA ESE BENEFICIO POR EL HECHO DE QUE EXISTA EN CONTRA DEL SENTENCIADO UNA CONDENA DICTADA CON POSTERIORIDAD A LA COMISIÓN DEL DELITO QUE SE JUZGA.’ (se transcribe).

"El anterior criterio, el que no obliga a este Tribunal Colegiado por no constituir aún jurisprudencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se contrapone con lo que se sustenta en esta resolución, dado que el tribunal que lo sustentó sostiene que el último párrafo del artículo 70 del Código Penal Federal, cuando dice que no se podrá conceder la sustitución a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada, por delito doloso que se persiga de oficio, se refiere a sentencias ejecutoriadas pronunciadas antes de la fecha de la comisión del ilícito por el que es juzgado el inculpado y no a las que se dicten con posterioridad, dado que ello implica darle efecto retroactivo a dicha disposición en perjuicio del reo; mientras que este órgano colegiado considera que dicho numeral no distingue la fecha en que se cometió el delito que dio lugar a esa sentencia ejecutoriada, sino que sólo exige que cuando se dicta la sentencia relativa y se analiza sobre la procedencia de su sustitución de la pena, se tome en cuenta si el inculpado ya fue condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso perseguible de oficio, para que sea improcedente su concesión, puesto que dicha circunstancia es suficiente para demostrar el grado de culpabilidad del reo, es decir, aporta los datos necesarios que evidencian si la concesión de la sustitución de la pena al inculpado cumplirá o no con su función de prevención general de delito, o propiciará que, aprovechando la sustitución de la pena, vuelva a delinquir, siendo esto último lo que quiso evitar el legislador en la reforma de trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, que adicionó al artículo 70 del Código Penal Federal el párrafo que establece dicha limitante, tal como se advierte de la parte conducente de la exposición de motivos relativa:

"‘III. Sustitutivos penales. Los sustitutivos penales que actualmente contiene el artículo 70 del Código Penal, constituyen instrumentos eficaces para la rehabilitación de los delincuentes ocasionales, siempre que las circunstancias de comisión del delito y la gravedad del mismo así lo ameriten y además se trate de penas cortas de duración. Bajo distintos parámetros, dichos sustitutivos se vuelven ineficaces. A través de estos sustitutivos, además de concederse la libertad o semilibertad de los sentenciados, se beneficia a la comunidad por los trabajos que aquéllos realizan a favor de ésta. Los sustitutivos penales han dado resultados satisfactorios por lo que se refiere al tratamiento en libertad o semilibertad de personas a las que se les hubieren impuesto penas de corta duración y a través de los cuales se ha evitado que delincuentes ocasionales, de menor peligrosidad, ingresen a los reclusorios preventivos o centros de compurgación de penas. Sin embargo, la práctica ha demostrado que este beneficio, cuando es otorgado a sujetos que previamente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoria por delito doloso perseguible de oficio, no cumple con su función de prevención general del delito. Esto último deriva de la peligrosidad de esta clase de delincuentes que, por lo general, aprovechan la sustitución de la pena para volver a delinquir. En virtud de lo anterior, la iniciativa propone limitar a la autoridad judicial a conceder los beneficios de la sustitución de la pena bajo nuevos parámetros y siempre y cuando no se trate de delincuentes condenados previamente en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.’

"Por ello, este tribunal no comparte la opinión del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en cuanto a que, al tomar en cuenta las sentencias ejecutoriadas, dictadas con posterioridad a la fecha en que se cometió el delito por el que es juzgado el inculpado, se esté dando efecto retroactivo en perjuicio del reo al último párrafo del artículo 70 del Código Penal Federal, toda vez que la aplicación retroactiva de una ley se actualiza cuando el acto concreto afecta situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mientras que la retroactividad de la ley se refiere al estudio de los efectos que tiene una norma sobre situaciones jurídicas definidas en una ley anterior o sobre derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor, pero en el asunto que nos ocupa no se presentaron esas circunstancias, ya que la aplicación del artículo 70 del Código Penal Federal, no afectó situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el quejoso con anterioridad a la entrada en vigor de la norma; aparte -desde una óptica diferente a la del mencionado Cuarto Tribunal Colegiado- se estima que si el legislador hubiera querido que se tomaran en cuenta únicamente las sentencias ejecutoriadas dictadas antes del hecho punible, sin comprender a aquellas que se pronunciaron después de ese momento (pero durante la etapa de instrucción del proceso respectivo), lo habría especificado así, tal como lo realizó en el artículo 90, fracción I, inciso b), del propio ordenamiento, en el que exigió en forma precisa que: ‘el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible’; asimismo, el comentario que fue plasmado en la exposición de motivos de la reforma al referido artículo 70 ibídem, en torno a que: ‘la práctica ha demostrado que este beneficio, cuando es otorgado a sujetos que previamente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoria por delito doloso perseguible de oficio, no cumple con su función de prevención general del delito. Esto último deriva de la peligrosidad de esta clase de delincuentes que, por lo general, aprovechan la sustitución de la pena para volver a delinquir’ sólo es ejemplificativo, no limitativo, ya que se externó para explicar la razón por la que se restringió la concesión del beneficio de la sustitución de la pena, tratándose de reos que cuenten con sentencia ejecutoria por un delito doloso perseguible de oficio, puesto que el hecho de que se haya condenado al inculpado por la comisión de un ilícito de esa naturaleza, significa que existe mayor posibilidad de que, de concedérsele la sustitución de la pena, la aproveche para volver a delinquir; por lo que si en el caso no hizo esa delimitación, se itera, no es factible que el juzgador distinga si la sentencia ejecutoria se pronunció antes o después del hecho punible.

"Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 415, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’ (se transcribe).

"Además, a mayor abundamiento y con el propósito de confirmar que las condiciones necesarias para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la sustitución de la sanción, se deben reunir cuando se dicta la sentencia y no desde que se comete el delito, basta observar que el artículo 74 del Código Penal Federal, dispone que el reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute del beneficio, pero por inadvertencia del juzgador no se le haya concedido, podrá promover ante él, el incidente relativo, es decir, no es suficiente con que en la fecha de comisión del delito, aún no se haya dictado en su contra sentencia ejecutoriada por un delito doloso perseguible de oficio, para que sea candidato a la concesión de la sustitución de la pena, sino que dicha circunstancia debe prevalecer hasta que es juzgado. ..."

II. Las consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 181/2004, en lo que interesa al presente fallo, son las siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer únicamente van encaminados a atacar la negativa de la responsable a concederle al quejoso los beneficios de sustitución de la pena de prisión y de condena condicional, de los que uno es infundado y el otro es sustancialmente fundado suplido en su deficiencia acorde a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo; sin que en todo lo demás exista motivo para la suplencia referida.

"...

"Precisado lo anterior, se dará contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante.

"En un primer aspecto, en concreto argumenta que no quedó probado de manera contundente que el sentenciado tuviera antecedentes penales, y que por ello cumple con los requisitos exigidos por el artículo 70 del Código Penal Federal apreciando lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de dicho código punitivo.

"Es sustancialmente fundado lo que argumenta, suplido en su deficiencia como se dio noticia, toda vez que si bien es cierto la ad quem hizo el estudio respectivo negando los beneficios de la sustitución de la pena de prisión a que se refiere el artículo 70 del Código Penal Federal, también lo es que no hizo una indebida aplicación de su contenido literal con las constancias de autos.

"En efecto, los hechos imputados al sentenciado ocurrieron entre la noche del veinticuatro para amanecer del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, en esa época estaba vigente el artículo 70 del Código Penal Federal, que era del tenor literal siguiente: (lo transcribe).

"Precepto que en el primer párrafo y sus tres fracciones es similar al actual, aun cuando por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el último párrafo quedó como sigue: (lo transcribe).

"Como se advierte, lo que introdujo la reforma básicamente fue que tampoco se otorgarían los beneficios que concede el numeral en estudio a los que fuesen condenados por alguno de los delitos que señala la fracción I del artículo 85 del mismo Código Penal Federal en consulta. (lo transcribe).

"Por lo tanto, si bien la ad quem determinó que el reo no se encontraba en ninguno de los supuestos del artículo 85 en cita, también es verdad que tanto el artículo 70, vigente en la época de ocurridos los hechos como el actual son claros cuando disponen que los beneficios no pueden ser aplicados a los que anteriormente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. En ello radica lo incorrecto del razonamiento de la responsable.

"En efecto, se sostiene lo anterior, ya que la ad quem estimó que dicho supuesto le resultaba insalvable al sentenciado, para concederle los beneficios que contempla el precepto en análisis, dado que ‘previamente’ había recibido sentencias firmes por haber causado ejecutoria, por delitos dolosos y perseguibles de oficio consistentes en el de contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, en la variante prevista por el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, y robo equiparado de vehículo motor en la modalidad de custodia de vehículo de motor robado y sustracción de partes de vehículo de motor robado, previsto por el artículo 208 Ter, fracciones II y VII, del Código Penal del Estado de Baja California; asimismo que el inculpado no sólo resultó con ‘ingresos anteriores a prisión’ sino con las condenas firmes y ejecutoriadas por dichos ilícitos.

"Sin embargo, nunca explicó a qué se refería cuando dijo previamente a qué, o ingresos anteriores a qué, puesto que de una revisión a los autos de la causa de origen se advierte que el delito contra la salud, lo cometió el veintiuno de julio de dos mil uno (foja 132), como consta de la sentencia de primera y segunda instancia dictadas en la causa penal 120/2001/III, y toca penal 650/2001-II, respectivamente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con sede en Ensenada, y del Cuarto Tribunal Unitario de este circuito, con sede en Tijuana, Baja California (fojas 130 a 161); y en cuanto al diverso ilícito de robo de vehículo de motor en las modalidades referidas, lo llevó a cabo el siete de enero de dos mil tres (foja 186), como consta de la sentencia dictada en la causa penal número 132/03 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, debidamente ejecutoriada (fojas 182 a 205).

"Por lo tanto de una interpretación lógica-jurídica de lo dispuesto por la primera parte del último párrafo del artículo 70 del Código Penal Federal en comento, cuando emplea la frase ‘a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada’, se refiere a sentencias ejecutoriadas antes de la fecha de comisión del ilícito por el que es juzgado, no a las que se dicten con posterioridad, dado que ello implica darle efecto retroactivo a dicha disposición en perjuicio del reo, por consiguiente, el razonamiento para negar lo (sic) beneficios que contempla dicho precepto, como se dijo fue inacertado, puesto que lo que se pretende con esa condicionante es negarle toda posibilidad al sujeto activo que a pesar de haber sido condenado en ocasiones anteriores, insista en reiterar una conducta antisocial reprochable por tratarse de delito doloso perseguible de oficio, mas no por los hechos futuros que vaya o pretenda cometer o cometiere, pues si esa hubiera sido la intención del legislador, así lo habría precisado, asentando tal evento como obstáculo para conceder el beneficio.

"Para corroborar lo expuesto, veamos qué dijo el Constituyente en la exposición de motivos que dio lugar a adicionar el impedimento o limitación en estudio, en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis.

"‘... Los sustitutivos penales que actualmente contiene el artículo 70 del Código Penal, constituyen instrumentos eficaces para la rehabilitación de los delincuentes ocasionales, siempre que las circunstancias de comisión del delito y la gravedad del mismo así lo ameriten y además se trate de penas cortas de duración. Bajo distintos parámetros, dichos sustitutivos se vuelven ineficaces.

"‘A través de estos sustitutivos, además de concederse la libertad o semilibertad de los sentenciados, se beneficia a la comunidad por los trabajos que aquéllos realizan en favor de ésta.

"‘Los sustitutivos penales han dado resultados satisfactorios por lo que se refiere al tratamiento en libertad o semilibertad de personas a las que se les hubieren impuesto penas de corta duración, y a través de los cuales se ha evitado que delincuentes ocasionales, de menor peligrosidad, ingresen a los reclusorios preventivos o centros de compurgación de penas. Sin embargo, la práctica ha demostrado que este beneficio, cuando es otorgado a sujetos que previamente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoria por delito doloso perseguible de oficio, no cumple con su función de prevención general del delito. Esto último deriva de la peligrosidad de esta clase de delincuentes que, por lo general, aprovechan la sustitución de la pena para volver a delinquir.

"‘En virtud de lo anterior, la iniciativa propone limitar a la autoridad judicial a conceder los beneficios de la sustitución de la pena bajo nuevos parámetros y siempre y cuando no se trate de delincuentes condenados previamente en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.’

"Luego entonces, en ese tenor los razonamientos y consideraciones que vertió la ad quem para negar los beneficios que prevé el precepto en estudio, son indebidos, por lo que procede conceder el amparo al quejoso, para q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20157-46204f4e/sustitucion-de-la-pena-de-prision-es-procedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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