PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, mediante oficio 2769/2007 de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver en sesión del quince de marzo de dos mil siete, el amparo en revisión 520/2006, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"El artículo 114 del Código Penal del Estado de Baja California, establece lo siguiente: (se transcribe). La formula que el legislador contempló en esa disposición, se traduce en que la prescripción de la acción penal depende de la individualización de la pena prevista para el delito básico o fundamental, sin considerar agravantes o atenuantes. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son: Localización: Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 151-156 Segunda Parte, página: 90, tesis aislada, Materia(s): Penal. ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.’ (se transcribe). Dicho criterio fue reiterado por la propia Primera Sala para aquellos casos en los que el análisis de la prescripción se realiza (como en el caso concreto) cuando no existe pronunciamiento firme respecto de la concurrencia de tal o cual modalidad en el delito por el que se le sigue el proceso, ni es posible individualizar la pena que correspondería al infractor de la norma penal por ser materia de la sentencia, razón por la cual, ante esa imposibilidad el legislador adoptó la fórmula en la que considera el término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, teniendo en cuenta únicamente el tipo fundamental o básico, sin las modalidades atenuantes o agravantes. La tesis a la que se hace referencia es la del tenor siguiente (subrayado añadido): ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITO DE HOMICIDIO, CUANDO EN SENTENCIA SE DETERMINA LA CONCURRENCIA DE ALGUNA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.’ (se transcribe). En ese orden, este Tribunal Colegiado adopta el criterio que sostuvo la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, para considerar que la fórmula contenida en el artículo 114 del Código Penal del Estado de Baja California, que establece que ‘la pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad señalada para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años ni mayor de quince ...’, debe considerarse únicamente la pena privativa de libertad correspondiente al delito básico o fundamental, sin considerar agravantes ni atenuantes. Resolver lo contrario implicaría que el término de prescripción dependiera del arbitrio del Ministerio Público o de la decisión del Juez que emitió la orden de aprehensión y que se prejuzgara sobre la actualización de tal o cual agravante, en perjuicio del indiciado. Por esas razones, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado en la tesis de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE ROBO. PARA QUE OPERE DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LA PENA CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO LAS CALIFICATIVAS O MODIFICATIVAS QUE SE ADVIERTAN DE LOS HECHOS CONSIGNADOS, NO OBSTANTE QUE CON POSTERIORIDAD SE HAYA RECLASIFICADO EL DELITO A SIMPLE.’. En dicho criterio se sostiene que para obtener el término de prescripción deben considerarse las modalidades que durante el transcurso de la averiguación aparezcan probadas; sin embargo, este órgano colegiado no comparte el criterio en cita, habida cuenta que, como se sostiene en la presente ejecutoria, la fórmula utilizada por el legislador cuando, como en el caso, la figura de prescripción se analiza antes de sentencia, es que únicamente se considere para determinar el término medio aritmético en que operará, la pena aplicable para el delito básico o fundamental. En el caso y salvo la opinión de nuestro Alto Tribunal, sí existe identidad entre la legislación del Estado de Jalisco y la de Baja California, respecto a la forma en que se determina el término de prescripción, pues en ambos casos señala que resulta del término medio aritmético del delito de que se trate, como puede advertirse del artículo 82 del Código Penal del Estado de Jalisco, que establece: ‘La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, aumentada en una cuarta parte más de ese término ...’; mientras que en el numeral 114, primer párrafo, del código sustantivo penal del Estado de Baja California, dispone: ‘Prescripción de la pretensión punitiva. La pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad, señalada para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años ni mayor de quince.’. Así las cosas, toda vez que este tribunal no comparte el criterio contenido en la tesis citada, en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta resuelva lo que en derecho corresponda. Por tanto, en el caso particular la Juez responsable para resolver la solicitud del quejoso debió considerar que el término de prescripción por el delito de robo es de diez años contados a partir de que fue notificado el representante social de la orden de aprehensión el veintiocho de agosto de dos mil."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 190/2004, en sesión del veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"... La prescripción de la acción penal está en función de la pena correspondiente al delito concreto cometido por el infractor, siempre que aparezcan probadas en la averiguación o en el proceso, todas sus modalidades y no en función de la pena señalada para el delito considerado en un modo genérico; es decir, la intención de que la pena que debe considerarse, es la del delito configurado con todas sus circunstancias y características, tal como puede imputársele al reo; pues no debe perderse de vista, que el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estatuye que: ‘No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado’. Dentro de este contexto normativo, es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir una orden de aprehensión, determinar cuáles son, según el delito de que se trate, los datos que acreditan los elementos del tipo penal, a fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva básica, sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que el dictado de la orden de captura, como consecuencia del ejercicio de la acción penal realizada por el Ministerio Público, surte el efecto procesal de poner a disposición del Juez al indiciado en relación con determinado delito; por tanto, deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la consignación. Sentado lo anterior, es preciso señalar que el Código Penal para el Estado de Jalisco, vigente en la época de los hechos y en el actual, la figura jurídica de la prescripción se encuentra regulada genéricamente, en el artículo 80, tratándose del derecho de querella, en los numerales del 81 al 86, para la acción penal y en los dispositivos 87 a 93, para las sanciones. En el caso particular, es importante transcribir lo establecido en los artículos 81 y 82 del citado código (se transcribe). Establecido lo anterior, se tiene que es infundado el concepto de violación referente a que ha prescrito la acción penal ejercitada contra el sentenciado; se alega en la demanda de garantías que al caso resulta aplicable la sanción para el delito de robo contemplada en la fracción II del artículo 235 del Código Penal para el Estado de Jalisco, que establece una pena de dos a seis años de prisión, cuyo término medio aritmético es de cuatro años y que aumentada en una cuarta parte más, asciende a cinco años, que resulta ser el límite establecido por la regla general para que opere la prescripción de la acción persecutoria, si se toma en cuenta que los hechos delictuosos tuvieron lugar el siete de octubre de mil novecientos noventa y siete y el diez del mismo mes y año, el quejoso fue puesto en libertad al no ratificar el Juez del proceso, la detención que hiciera la representación social, quien posteriormente solicitó la correspondiente orden de aprehensión que le fue concedida el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, y cumplimentada, esto es, el ahora quejoso fue puesto a disposición del Juez de primera instancia el día veintiséis de mayo del año dos mil tres, y bajo estas premisas, el día diez de octubre del año dos mil dos, habría quedado prescrita la acción penal. Datos y operaciones aritméticas que resultan correctas, en tratándose del delito de robo simple por el que se le dictó auto de formal prisión y posteriormente se le sentenció, y que se tuvo por acreditado en esta ejecutoria; mas sin embargo, escapa a la vista del defensor particular, que la acción penal que inicialmente ejercitó el Ministerio Público fue por el ilícito de robo calificado, en razón de que estimó que se actualizaban tanto los elementos constitutivos como calificativas de éste, bajo el argumento de que al momento de cometerlo se habían empleado armas y fue por esa misma conducta (robo calificado), que solicitó la respectiva orden de aprehensión después de haber quedado en libertad el ahora quejoso, orden de captura como ya se dijo, fue obsequiada por el Juez el día veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, al considerar probable responsable a ********** en la comisión del delito de robo calificado, y fue bajo esta conducta punible que el indiciado quedó sub judice a la autoridad judicial, conducta que fue reclasificada a robo simple al momento de resolverse dentro del término constitucional la situación jurídica del ahora sentenciado. De lo que se advierte, que al momento de que es capturado y de nuevo entra a la potestad del Estado, en este caso del Juez del proceso, su situación jurídica estaba regida bajo la figura del robo calificado, independientemente de que posteriormente se haya reclasificado el delito a simple; esto es, si desde un inicio hubiese estado vigente el ilícito de robo sin agravantes, sería acertada la apreciación del defensor particular al alegar la prescripción de la acción penal, ya que resultaría evidente que desde el año de mil novecientos noventa y siete en que se consumó el delito de que se trata, al dos mil tres, año en que el quejoso fue capturado, habría transcurrido el plazo de cinco años que menciona en su demanda; sin embargo, se reitera, desde el día que la representación social consignó la averiguación previa y hasta el momento incluso, en que se tomó al sentenciado su declaración preparatoria, se encontraba sujeto al antisocial de robo calificado, el que a todas luces no ha prescrito, si se toma en cuenta que el artículo 236 Bis, inciso c), fracción II, del Código Penal para el Estado de Jalisco, vigente en la época de los hechos, que era donde se encontraba establecida la calificativa consignada por el personero de la sociedad y confirmada al momento de obsequiar la orden de aprehensión por el Juez de la causa, contemplaba una pena de cinco años seis meses a once años de prisión, entonces pues, resulta obvio que la acción penal aún no prescribiría en el caso de que no hubiese sentencia definitiva, pues a la fecha ya se encuentra pronunciada; entonces, se itera, para los efectos de la prescripción de la acción penal, debe atenderse a la penalidad asignada, en abstracto, al delito, y debe atenderse a los términos de la acción persecutoria ejercitada por el Ministerio Público y a la orden de aprehensión librada por la autoridad judicial, si la sustracción del inculpado a la acción de la justicia ocurre antes del auto de formal prisión, como en la especie, aconteció. Al caso, resultan aplicables, las siguientes tesis, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido y datos de localización son los siguientes: Quinta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página 1792, ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’. Asimismo, resulta inatendible el argumento que hace valer el defensor particular del quejoso, relativo a que el término de la prescripción que alega, debió computarse en el último de los casos, a partir del día en que fue puesto en libertad con motivo del auto dictado por el Juez de la causa, en el que no ratificó la detención del indiciado, lo anterior en razón, de que aun cuando el aludido término iniciara a partir de esta fecha (diez de octubre de mil novecientos noventa y siete), no excedería del cómputo a que está sujeta la prescripción respecto del delito de robo calificado, pues de este momento al en que fue reaprehendido el inculpado (veintiséis de mayo del año dos mil tres), transcurrieron cinco años, siete meses y dieciséis días, de lo que se aprecia, que aún no transcurría el cómputo a que está sujeto el delito en mención, que es el de diez años, tres meses, mismo que se consideró, imperaba al momento en que fue detenido el quejoso. Así también, no está por demás señalar que el término para la prescripción del injusto de robo calificado, que fue el delito por el que la representación social ejercitó acción penal, y el que regía la situación jurídica del indiciado al momento en que fue aprehendido, es el de diez años tres meses, si se tiene en cuenta que el artículo 236 Bis, inciso c), fracción II, del Código Penal para el Estado de Jalisco, vigente en la época de los hechos, señalaba una pena privativa de libertad de cinco años seis meses a once años de prisión, de lo que resulta que el término medio aritmético de esta penalidad son ocho años tres meses aumentada en dos años, que es la cuarta parte de ese término medio aritmético; lo que pone de relieve que el delito que este órgano colegiado estima es al que está sujeto la prescripción, aún no prescribe."
QUINTO. Derivado de las transcripciones anteriores, debe precisarse que no obsta para resolver la presente contradicción de tesis, la circunstancia de que los Tribunales Colegiados no hayan formado tesis jurisprudencial, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito; sino que para considerar la existencia de criterios contradictorios basta con que así se advierta de las consideraciones vertidas en las ejecutorias de los asuntos que fueron sometidos a su escrutinio.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresamente señala:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
SEXTO. Por razón de orden, precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas son en efecto divergentes; esto es, determinar si en la especie existe o no contradicción de tesis y para ello, es conveniente establecer que los presupuestos para la procedencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados son los que se especifican a continuación:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
b) Que respecto de esas cuestiones, los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; y
c) Que la divergencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos.
Lo precedente así se encuentra establecido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se precisan a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para lograr un mejor entendimiento del asunto, y estar en aptitud de establecer si efectivamente existe divergencia entre los criterios sustentados por los órganos colegiados, es menester destacar los sucesos y antecedentes relevantes de los asuntos que se sometieron a su jurisdicción, destacando el criterio que adoptó cada uno de ellos, para determinar si examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a la luz de los mismos elementos.
Los antecedentes del amparo en revisión 520/2006, sometido al escrutinio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, son los siguientes:
El tribunal en cita conoció del amparo en revisión promovido por el quejoso ********** en contra de la resolución interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, de veintiséis de mayo de dos mil seis, dentro de la causa penal 335/2000, seguida por el delito de robo con violencia, previsto y sancionado por los artículos 198 y 203 del Código Penal del Estado de Baja California.
Como quedó precisado en líneas anteriores, en el referido amparo sostuvo el criterio en el sentido de que, para establecer el término en que opera la prescripción de la acción penal, debe tomarse en cuenta únicamente la pena correspondiente al delito básico o fundamental, sin agravantes cuando se analiza antes de que haya dictado sentencia; ello, puesto que si se analiza la prescripción, cuando aún no existe pronunciamiento firme respecto de la pena individualizada que corresponde al infractor, y se toman en consideración las agravantes, el término de prescripción dependería del Ministerio Público o del Juez, con elementos probatorios preliminares, como son los contenidos en la consignación o en una orden de aprehensión, e implicaría que se prejuzgara respecto de la actualización de alguna agravante, en perjuicio del indiciado.
Por su parte, los antecedentes del amparo directo 190/2004, del que tuvo conocimiento el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito son los siguientes:
El tribunal de referencia conoció del amparo promovido por el quejoso ********** en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, en el toca de apelación número 1864/2003, por el delito de robo simple, previsto por el Código Penal de Estado de Jalisco.
En el asunto en cita, el tribunal del conocimiento sostuvo que la prescripción de la acción penal está en función a la pena correspondiente al delito concreto cometido por el infractor, siempre que aparezcan probadas en la averiguación o en el proceso, todas sus modalidades y no en función de la pena señalada para el delito considerado en un modo genérico.
Así, de los antecedentes narrados y de las resumidas consideraciones podemos advertir que sí existe la contradicción de tesis denunciada en relación con los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que el tema específico abordado por ambos órganos jurisdiccionales es el mismo, la divergencia de los criterios se presenta en las consideraciones jurídicas de las ejecutorias y los criterios que cada uno de ellos adopta provienen del examen de los mismos elementos.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sostiene que para establecer el término en que opera la prescripción de la acción penal debe tomarse en cuenta únicamente la pena correspondiente al delito básico o fundamental, sin agravantes, cuando se analiza antes de que se haya dictado sentencia.
En contrapartida, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito sostiene que la prescripción de la acción penal está en función a la pena correspondiente al delito concreto cometido por el infractor, siempre que aparezcan probadas en la averiguación o en el proceso todas sus modalidades y no en función de la pena señalada para el delito considerado en un modo genérico.
En mérito de lo anterior, es dable concluir que ambos órganos colegiados abordaron la misma cuestión jurídica a la luz de los mismos elementos y adoptaron criterios opuestos en las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión citados, pues el tema que abordaron los tribunales al emitir sus ejecutorias consistió en determinar, si en tratándose de prescripción de la acción penal debe tomarse en cuenta la pena correspondiente al delito básico o debe atenderse a la penalidad asignada en abstracto atendiendo a sus modalidades.
En tal razón, lo conducente es determinar que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito referidos.
SÉPTIMO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el criterio que se plasma en la presente resolución, en atención a las siguientes consideraciones:
Como se adelantó, la materia de esta contradicción radica en determinar si en tratándose de prescripción de la acción penal debe tomarse en cuenta la pena correspondiente al delito básico o debe atenderse a la penalidad asignada en abstracto atendiendo a sus modalidades.
En esa tesitura, a fin de determinar el criterio que debe prevalecer, es menester traer a colación el contenido de los preceptos legales analizados por los órganos colegiados, que son del tenor siguiente:
El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al estudiar el Código Penal del Estado de Baja California, precisó que el artículo 114, vigente hasta el veinticuatro de febrero de dos mil seis, establecía:
"Artículo 114. Prescripción de la pretensión punitiva.
"La pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad, señalada para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años ni mayor de quince.
"Si el delito sólo mereciere multa, la pretensión punitiva prescribirá en un año.
"Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o una alternativa, se atenderá a la prescripción de la pretensión punitiva de la pena privativa de libertad.
"En los demás casos, la pretensión punitiva prescribirá en dos años."
No obstante, el tribunal del conocimiento interpretó el precepto antes transcrito a la luz del resto de los artículos que regulan la figura de la prescripción en estudio, los cuales son del tenor siguiente:
"Capítulo IX
"Prescripción
"Disposiciones generales
"Artículo 110. Efectos y características de la prescripción.
"La prescripción extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.
"La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte."
"Artículo 111. Prescripción en caso de medidas para inimputables.
"En el caso de las medidas para inimputables permanentes, la prescripción de la pretensión punitiva se regirá por lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114, mientras que la potestad para ejecutarla prescribirá en un plazo igual al que debería durar, sin que pueda ser inferior a dos años. En todo caso se observará lo dispuesto por el artículo 102 de este código."
"Artículo 112. Impedimento legal para correr los plazos.
"No correrán los plazos para la prescripción cuando exista algún impedimento legal para el ejercicio de la pretensión punitiva o para ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas."
"Capítulo X
"Prescripción de la pretensión punitiva
"Artículo 113. Plazos de la prescripción de la pretensión punitiva.
"Los plazos de la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos y se contarán:
"I. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo;
"II. A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;
"III. Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado y;
"IV. Desde la cesación de la consumación en el delito permanente."
"Artículo 115. Prescripción de la pretensión punitiva en los delitos de querella.
"La pretensión punitiva que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año de que el ofendido tenga conocimiento del delito, y en tres, independientemente de esta circunstancia.
"Llenado el requisito procesal de la querella o del acto equivalente, se aplicarán las reglas de los delitos perseguibles de oficio."
"Artículo 116. Prescripción en caso de concurso de delitos.
"En los casos de concurso real o ideal de delitos, los plazos de prescripción de la pretensión punitiva se computarán separadamente para cada delito."
"Artículo 117. Necesidad de la declaración o resolución previa a la prescripción.
"Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la pretensión punitiva sea necesaria una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no comenzará a correr sino hasta que sea satisfecho ese requisito."
"Artículo 118. Interrupción de la prescripción.
"La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quien o quienes sean los inculpados, las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas.
"Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última actuación.
"Se interrumpirá igualmente la prescripción cuando el inculpado cometiere nuevo delito.
"Lo prevenido en los párrafos anteriores de este artículo no comprende el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces ésta continuará corriendo y no se interrumpirá sino por la aprehensión del inculpado."
Al respecto, el tribunal en cita consideró que el legislador contempló una fórmula que se traduce en que la acción penal depende de la individualización de la pena prevista para el delito básico o fundamental, sin considerar agravantes o atenuantes.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al estudiar el Código Penal para el Estado de Jalisco, señaló que los artículos 81 y 82, vigentes hasta el doce de junio de dos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21239-6492185e/prescripcion-de-la-accion-penal-para-su-computo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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