CONTRABANDO. TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE ACTUALIZAN LOS TIPOS DE CONTRABANDO BÁSICO, CONTRABANDO PRESUNTO O CONTRABANDO EQUIPARADO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 102, 103 FRACCIÓN II O 105, FRACCIÓN VII Y NO EL GENÉRICO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con lo señalado en los puntos segundo, párrafos primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en uso de la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se señalan:
A) El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo número 20/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Luego, es obvio que las constancias de autos acreditan que el inculpado, aquí quejoso, tuvo es (sic) su poder, a título de propietario, mercancía extranjera (un vehículo) que no era para su uso personal, careciendo de documentación que acreditara su legal estancia en la República (incluso sin que durante la instrucción se hubiese presentado documentación que justificara lo último). En sus conceptos de violación el defensor de oficio federal, a favor del quejoso, esencialmente aduce: a) que el parte informativo carece de valor probatorio por cuanto que sus suscriptores (elementos de la Agencia Federal de Investigación) ‘... violaron los artículos mencionados del Código Fiscal de la Federación pues no tenían facultad legal para practicar la verificación de un vehículo extranjero, ni la orden de verificación mencionada expedida por la autoridad fiscal competente ...’; b) que el Magistrado responsable ‘... no tomó en cuenta que las pruebas que existen en el proceso demuestran que las omisiones que determinaron la evasión fiscal dan una cantidad de 28,6134.00 (sic) pesos, cantidad que no excede de la mencionada en el párrafo correspondiente al artículo 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación ...’; c) que el dispositivo que prevé el tipo ‘... establece que comete este injusto quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder, por cualquier título, mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin el permiso previo de la autoridad competente y por su parte el diverso 106 del Código Fiscal de la Federación establece cuáles son las mercancías de uso personal, para los efectos del anterior artículo, entre los cuales no se encuentran los vehículos de fuerza motriz, como en la especie, pues a este rubro se le da un trato distinto ...’; d) que este propio órgano colegiado, al resolver el juicio de amparo directo 136/2004-V sustentó el criterio del mencionado trato distinto; e) que los aprehensores no estaban facultados para privarle de su libertad porque en ese momento no existía instancia de la persona facultada legalmente ante la autoridad indagatoria; f) que el requisito de procedibilidad no está acreditado porque el monto de los impuestos omitidos es inferior al establecido en el numeral 102 del Código Fiscal de la Federación; g) que no se acreditó que el automotor sea de procedencia extranjera porque la clasificación arancelaria no cumple los requisitos de un dictamen; h) que en la especie se actualiza la causa de exclusión de delito prevista por la fracción II del artículo 15 del código punitivo federal; i) que las pruebas que obran en la causa son meros indicios que carecen de eficacia probatoria; j) que la sentencia no corresponde a las constancias que obran en el toca penal; y k) que el Magistrado emite su ejecutoria sin cumplir las formalidades del procedimiento. ... Igualmente se equivoca el mencionado defensor en cuanto alega que no se justificó que el vehículo sea extranjero por que la clasificación arancelaria ‘... no cumple los requisitos de un dictamen ...’, lo anterior atento a lo siguiente: Un dictamen pericial no es otra cosa más que una mera opinión de un técnico en alguna especialidad o rama de la ciencia. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 187, Tomo II, Materia Penal, jurisprudencia del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE.’ (se transcribe)’. De conformidad con el numeral 288 del ordenamiento adjetivo penal federal, el órgano jurisdiccional está facultado para apreciar las opiniones periciales según las circunstancias del caso, obviamente utilizando para ello las reglas de la razón, la lógica y la experiencia. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 188 del tomo y Apéndice mencionados, cuyos rubro y texto son: ‘PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.’ (se transcribe). En la especie, la clasificación arancelaria fue emitida por una licenciada en comercio exterior, servidora pública adscrita a la Subadministración de Operación Aduanera de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, dependiente de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, con categoría verificador de mercancías; su adscripción la justificó con el gafete ... expedido por el Servicio de Administración Tributaria y su preparación profesional con la cédula profesional ... (foja 179). Por ende, el otorgar valor probatorio a la opinión técnica de una profesionista especializada en la materia resulta apegado a derecho máxime en cuanto a que dicha opinión técnica no fue controvertida en modo alguno durante la instrucción, además de que la misma coincide con las constancias de autos, dado que el vehículo presenta placas de circulación del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica (fe ministerial visible a fojas 52 a la 56). Contrario a lo que alega el defensor de oficio federal no se justifica en autos la causa de exclusión de delito prevista por la fracción II del numeral 15 del ordenamiento sustantivo penal federal, pues para ello sería menester que no existiera alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito materia de la incriminación, circunstancias que en la especie no se actualiza dado que, como ya se estableció, la corporeidad del delito se encuentra claramente justificada, sin que tampoco sea acertado el alegar que los indicios que obran en autos no tienen eficacia probatoria o que la sentencia no corresponde a las constancias porque lo cierto es que está fuera de toda duda el que el quejoso, siendo mexicano (según sus propias manifestaciones), en el momento de su detención tenia en su poder (a título de propietario) un vehículo extranjero que no era para su uso personal (la ley de la materia establece las mercancías que deben considerarse para el uso personal de los gobernados, entre las que no se encuentran los vehículos), conducta posesoria que desplegaba careciendo de documentación con la cual justificara la legal estancia del mencionado mueble en la República. Por otra parte, en el juicio de garantías 136/2004 del índice de este tribunal, se concedió al ahí quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, por diversos motivos a los alegado por el defensor de oficio federal y si bien es cierto que en dicho juicio se hizo mención a un ‘trato distinto’ (respecto de los vehículos en relación con las restantes mercancías) ello no tiene el alcance que pretende el mencionado profesionista, como a continuación se precisa: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en su tesis II.2o.P.192 P, visible a foja 2345 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero del 2006, sentó el siguiente criterio: ‘CONTRABANDO EQUIPARADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO SE CONFIGURA ESTA HIPÓTESIS DELICTIVA TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004).’ (se transcribe). Con el debido respeto de los Magistrados que integran el mencionado órgano colegiado, este tribunal no comparte su criterio por las razones que a continuación se expresan: Una de las garantías más trascendentales de todo gobernado es, incuestionablemente, la garantía de legalidad que, a grandes rasgos, se traduce en que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, entendiendo por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Además, todas las normas jurídicas se fincan en una serie de motivos y consideraciones que constituyen su razón de ser, es decir, su ratio legis misma que, a su vez, tiene como base las condiciones fácticas sociales, económicas o políticas, que rigen una determinada sociedad, en un determinado momento. Ahora bien, toda vez que las normas que definen los delitos también establecen las penas o medidas de seguridad a imponer a quienes los cometen, se generan posibles afectaciones a la libertad personal de los gobernados y, en esa tesitura, es obvio que dichas normas deben de ser lo más claras y precisas posibles, de tal manera que el gobernado tenga oportunidad no sólo de conocer en qué consiste la conducta delictiva que una norma establece sino también de reflexionar respecto de las consecuencias jurídicas de desplegar la conducta activa u omisiva que se regula; en otras palabras, los elementos que integran los diversos tipos penales deben de estar pormenorizadamente precisados. Partiendo de dichas premisas, ahora cabe dejar establecido que existen ciertos tipos penales que, para su configuración, es menester acreditar determinadas cualidades que presentan él o los objetos sobre los cuales se despliega la conducta delictiva. En efecto, existen ocasiones en que por situaciones fácticas se produce un cambio en la naturaleza misma de un objeto que obliga a una valoración para, sistemáticamente, reclasificarle. A manera de ejemplo se puede citar una escopeta calibre doce que la ley normalmente clasifica como arma no reservada para el uso exclusivo de las instituciones armadas de la República; empero, si se recorta el cañón de dicha escopeta de tal manera que su longitud sea inferior a los seiscientos treinta y cinco (635) milímetros, se incrementa de tal manera su potencia lesiva que deviene imperativo una nueva clasificación determinándose así que ahora ya es de las reservadas para el uso exclusivo de las mencionadas instituciones. En materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación, en algunos numerales, hace mención a ciertas mercancías que, por condiciones fácticas, requieren ser expresamente determinadas (además de que por formar parte de tipos penales es necesario, como ya se adelantó, precisar pormenorizadamente las características del objeto de que se trate para que el gobernado tenga conocimiento claro de la conducta que regula el dispositivo penal). Así, la fracción II del artículo 103 del mencionado código tributario hace referencia a vehículos extranjeros que deben de ser encontrados fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados ‘en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación aduanera que acredite su legal estancia en la República’. La fracción VI del numeral 105 del propio ordenamiento igualmente hace referencia a vehículos pero los mismos deben estar destinados a permanecer definitivamente en la franja o región fronteriza del país o internados temporalmente al resto del país. La fracción VII del invocado numeral 105 también hace referencia a vehículos e, incluso, señala las mismas conductas que la fracción I, es decir, enajenación, comercio, adquisición o tenencia por cualquier título pero hace referencia a que los vehículos deben de ser importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, o importados o internados temporalmente. Es obvio que se justifica, con claridad, el trato distinto a que se refieren nuestros pares del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; sin embargo, ello no tiene alcance que se pretende dado que la circunstancia de que en ciertos artículos del Código Fiscal de la Federación se hayan establecido diversos tipos penales en los cuales, para cumplir en sus términos con la garantía de legalidad, se precisó no sólo el tipo de mercancías sino también determinadas cualidades fácticas que se constituyen, en su totalidad, los supuestos jurídicos que actualizan las condiciones establecidas en la norma, no puede tener como consecuencia que dichas mercancías ya no lo sean y, por ende, no puedan incidir en las hipótesis que contempla la fracción I del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, pues ello no es sino una mera apreciación subjetiva (no por ello menos respetable). En contra de dicha mera apreciación, que no tiene ningún elemento que la justifique, encontramos que el dispositivo 92, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone; ‘... Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular ...’. Además, en materia de comercio exterior, los vehículos, como todas las mercancías, son sistemáticamente identificados mediante una serie de dígitos denominados ‘fracción arancelaria’ que facilitan los trámites aduanales; dichas fracciones arancelarias, en relación con los vehículos, son determinadas atendiendo a ciertas características (verbigracia, carrocería integral, carrocería montada sobre chasis, número de pasajeros, peso bruto vehicular, tipo de motor, etcétera). En la especie, la licenciada en comercio internacional que formula la clasificación arancelaria que obra en autos determina que el vehículo extranjero que el activo tenía en su poder en el momento de su detención además de requerir de permiso previo de la Secretaria de Economía para su importación incide en la fracción arancelaria 8703.23.01 y dicha fracción arancelaria (que se refiere a vehículos ‘... de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 ...’) es establecida en el ‘Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes veintiséis de marzo de dos mil dos. Luego, es claro que, contrario a lo que se afirma en la tesis que se controvierte, los vehículos extranjeros si; constituyen mercancías y, por ende, las conductas que con ellos se despliegan son susceptibles de incidir en la fracción I del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, máxime en cuanto a que sostener diverso criterio pudiese dejar la economía nacional al afectar no solamente la recaudación tributaria sino también los procesos de producción, distribución y comercialización de la industria automotriz nacional. Por ello y en búsqueda de criterios jurídicos únicos, lo procedente es, en su oportunidad, denunciar la correspondiente contradicción de tesis.
Al resolver el amparo directo 475/2005, el tribunal sostuvo:
"En ese entendido es procedente analizar el citado ilícito previsto en el Código Fiscal de la Federación, cuyos elementos se integran de la siguiente forma: a) La existencia de mercancía extranjera; b) Que el sujeto activo la tenga en su poder y que no sea de su uso personal -lo cual está regulado por el diverso numeral 106 del Código Fiscal de la Federación-; y c) Que lo anterior se lleve a cabo sin contar con la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente. Elementos integradores del delito de tenencia ilegal de mercancía extranjera que se ven reflejados con las probanzas que existen en los autos del juicio natural, destacando la inspección ministerial practicada el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, por el agente del Ministerio Público de la Federación, en la que dio fe de tener a la vista un vehículo marca plymouth, línea voyager, modelo 1994, color verde, modelo mil novecientos noventa y cuatro, número de serie ... placas de cartón ... cuatro llantas, auto estéreo original y sistema de aire acondicionado. Asimismo, se cuenta con un documento redactado en idioma extranjero, relativo a la propiedad del vehículo descrito con antelación (foja 23). También, con la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de veintiocho de octubre de dos mil cuatro, practicada por ... verificador de mercancías de la aduana de Matamoros, relativa al vehículo retenido al ahora quejoso, quien determinó que para su importación y exportación está sujeto al permiso previo de la Secretaría de Economía, así como que los impuestos omitidos ascienden a $17,953.00 (diecisiete mil novecientos cincuenta y tres pesos) (foja 36). De igual forma, se tiene el parte informativo de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, rendido por los elementos de la Armada de México, ... en el que hicieron constar que aproximadamente a la una hora con veinticinco minutos de esa fecha, al efectuar un recorrido de vigilancia a la altura del kilómetro uno de la carretera Carboneras, hacia la brecha que conduce a la población de Enramadas, Municipio de San Fernando, Tamaulipas, encontraron un vehículo marca plymouth, línea voyager, modelo 1994, color verde, modelo mil novecientos noventa y cuatro, número de serie ... placas de cartón ... el cual era conducido por ... originario de San Fernando, Tamaulipas, quien no acreditó ser su propietario, pues exhibió el título de propiedad en el cual se ceden derechos de propiedad a ... que dicho conductor les manifestó voluntariamente que se dedica a la compra y venta de vehículos cada quince o veinte días y que en esta ocasión se dirigía a venderlo a León, Guanajuato; asimismo, que intentó sobornar a los elementos de autoridad para que le permitieran irse. Dicho parte fue debidamente ratificado por sus suscriptores ante la presencia ministerial. También, se cuenta con la declaración del quejoso ... rendida el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, en la que refirió, en lo sustancial, que estaba de acuerdo con el parte informativo, a excepción de lo referente a que pretendió sobornar a los aprehensores, pues efectivamente la camioneta afecta a la causa la compró en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y la pretendía internar al centro del país para venderla y ganarse un dinero extra para mantener a su familia que se desplazaba por la brecha que se utiliza para cruzar las camionetas y llevarlas al centro del país. Probanzas en comento que ponen de relieve la actividad voluntaria final del sujeto activo, es decir, la acción dolosa de tener en su poder la mercancía de origen extranjero fedatada en autos, la cual no es para su uso personal, sin contar con la documentación que comprobara su legal estancia o tenencia en el país, todo ello el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, aproximadamente a la una hora con veinticinco minutos, en el kilómetro uno de la carretera Carboneras, hacia la brecha que conduce a la población Enramadas, Municipio de San Fernando, Tamaulipas, vulnerando con ello el bien jurídico tutelado por la norma que lo es la economía nacional representada por el fisco federal. En otro aspecto, relativo a la responsabilidad penal del ahora quejoso en la comisión del delito de equiparable al contrabando, previsto por el artículo 105, fracción I y sancionado por el artículo 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación se estima acreditada con los elementos de convicción antes aludidos, los cuales resultan aptos para justificar la citada responsabilidad penal del ahora quejoso ... en la comisión del mismo, que es de carácter dolosa, a la luz de lo dispuesto por la fracción II del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que es evidente que fue quien realizó dolosamente la conducta que se le reprocha y que en el caso no se acreditó en su favor alguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad. Así es, de los elementos de convicción existentes en el sumario relacionados entre sí, se puede decir válidamente que se pone de manifestó que el sujeto activo del ilícito de que se trata lo que es el ahora amparista ... en virtud de que se evidencia que el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, aproximadamente a la una hora con veinticinco minutos, en el kilómetro uno de la carretera Carboneras, hacia la brecha que conduce a la población Enramadas, Municipio de San Fernando, Tamaulipas, por sí y dolosamente tuvo consigo la mercancía extranjera consistente en un vehículo marca plymouth, línea voyager, modelo 1994, color verde, modelo mil novecientos noventa y cuatro, número de serie ... placas de cartón ... el cual no es para su uso personal, pues no se encuentra dentro de los que enumera el artículo 106 del Código Fiscal de la Federación que a continuación de transcribe: ‘Artículo 106.’ (se transcribe). De ahí que al llevar a cabo la referida conducta, sin contar con documento que acreditara su legal estancia o tenencia en el país, ... vulneró el bien jurídico tutelado por la norma como es el patrimonio del fisco federal, el cual se vio amenazado con la posesión de dicha mercancía. Ahora bien, el quejoso en sus conceptos de violación argumenta que se violaron en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas, así como exacta aplicación de la ley penal, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que, dice, no se siguieron las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas exactamente aplicables al hecho, así como que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación; de manera particular alega que: a) Su detención fue ilegal por no haber contado los agentes aprehensores con orden de aprehensión o de verificación de vehículo; además que no fue sorprendido en flagrancia de un delito. b) Que se infringe el contenido del artículo 92, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que no se tomó en cuenta que las pruebas que existen en el proceso demuestran que las omisiones que determinaron la evasión fiscal asciende a $17,953.00, que no excede de la mencionada en el párrafo correspondiente al artículo 104, fracción I, del mismo ordenamiento legal. (sic) e) La valoración de pruebas es incorrecta, pues las pruebas existentes en el sumario son insuficientes para tener por demostrado que el quejoso ejecutó los elementos del cuerpo del delito de equiparable al contrabando. (sic) f) Que también se vulneraron los principios reguladores de la prueba, por tanto, indebidamente se le negó el beneficio de la condena condicional. (sic) g.) Que no se tomó en cuenta que los vehículos de fuerza motriz se les da un trato distinto, al de mercancías, lo cual dice, sustentó este Tribunal Colegiado en el amparo directo 136/2004-V. ... Igualmente es infundado que se viole en perjuicio del impetrante de garantías el artículo 16 constitucional, ya que de la lectura integral de la resolución en la que se le consideró responsable en la comisión del delito de equiparable al contrabando, previsto por el artículo 105, fracción I y sancionando por el diverso 104, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación se advierte que no viola lo establecido en el numeral de referencia por encontrarse debidamente fundada y motivada, ya que en ella se citaron los preceptos legales aplicables y se expresaron los argumentos lógicos particulares para que, mediante la adecuación de éstos con aquéllos, concluyera acertadamente como lo hizo; además, porque el Tribunal Unitario responsable basó su resolución en las reglas de valoración de las pruebas establecidas en los artículos 284 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues de la adminiculación lógica y jurídica de los medios de convicción que obran en el sumario, se arriba a la conclusión que resultan aptos y suficientes para demostrar el delito en cuestión, cometido a título doloso, así como la responsabilidad penal de ... en su comisión. Ciertamente, se conviene con el ad quem responsable, quien efectuó un estudio legal sobre ello, que tanto los elementos del delito citado, se encuentran plenamente demostrados con las constancias que obran en autos, como justo lo estimó la autoridad responsable en sus razonamientos, mismos que este órgano colegiado encuentra correctos, ya que de acuerdo con la naturaleza de los hechos, el enlace lógico y natural que existe entre la verdad conocida y la que el Magistrado responsable encontró, claramente se deduce que alrededor de la una con veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cuatro, ... fue detenido en el kilómetro uno de la carretera Carboneras, hacia la brecha que conduce a la población Enramadas, del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, toda vez que fue sorprendido conduciendo el vehículo afecto, el cual es de procedencia extranjera, no es de su uso personal y no demostró contar con la documentación que acreditara su legal estancia en el país. Conclusión a la que se arribó otorgándole el valor pleno que los artículos 284 y 288 de la ley adjetiva penal federal le confieren a las inspecciones y a la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, para tener por demostrada la existencia del vehículo afecto, su origen y clasificación legal, así como el monto de las contribuciones que debieron pagarse con motivo de su importación. Lo anterior corroborado a las manifestaciones vertidas por los elementos de la Armada de México, al tenor de las declaraciones que vertieron el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, fecha en que comparecieron a ratificar el contenido del parte informativo rendido con motivo de los hechos a que se contrae el presente asunto, por lo que al emitir su versión del evento y reunir los requisitos establecidos en el numeral 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, tienen el carácter de testigos, por lo que se estableció en la sentencia de primer grado que se pronunciaron sobre los hechos propios, que conocieron de manera personal y directa emitidos en forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias y sin afectación de parcialidad; todo ello es eficaz para destacar las circunstancias materiales de ejecución del delito, tales como el tiempo, lugar, ocasión y modo, de ejecución del antisocial; por eso, si esas declaraciones fueron emitidas con los requisitos debidos, de acuerdo a la forma en que operan la prueba indiciaria y la circunstancial, no es ilegal que de tales declaraciones se hayan considerado las condiciones objetivas del delito, tales como que en ellas se asegura que el ahora quejoso conducía el vehículo afecto a la causa, del cual no comprobó que tuviera la documentación que demostrara su legal estancia en el país. Atesto que coincide sustancialmente con la confesión del peticionario de garantías, quien reconoció que en el momento de la detención conducía el vehículo de procedencia extranjera, sin contar con la documentación que acreditara su legal estancia en el país. Por ello, es inconcuso que la ejecutoria reclamada no resulta ilegal por haber adoptado la conclusión del Juez de la causa, en el sentido de que base a la prueba indiciaria, contemplada en el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, en autos quedaron debidamente acreditados los elementos del delito de equiparable al contrabando previsto en el artículo 105, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, así como la plena responsabilidad de ... en su comisión, en términos del artículo 95, fracción II, del referido ordenamiento legal y se llegó a esa conclusión infiriéndole de tales indicios, determinación que se ajusta a las reglas previstas por los artículos 284, 285, 287, 288 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales considerándose, por tanto, que la autoridad responsable al resolver aplicó correctamente el principio de valoración contenido en el artículo 286 del citado código adjetivo de la materia. Aquí es importante destacar que la prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados todos los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el juzgador en los términos indicados, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal, porque se valora conforme a la ley aplicable la prueba circunstancial, puede servir para presumir o inferir la materialidad del delito de que se trat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19950-92211889/contrabando-tratandose-de-vehiculos-de-procedencia-extranjera-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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