CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el doce de diciembre de dos mil, el amparo en revisión penal 209/2000, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Ahora bien, en lo que respecta a los motivos de inconformidad relativos a la incompatibilidad de las normas que rigen el delito de robo calificado, con las que rigen el delito de asalto, el mismo deviene del todo inoperante según se explicará a continuación. Es necesario determinar que el concurso de normas incompatibles entre sí, entraña tres aspectos: 1. La existencia de por lo menos dos disposiciones legales; 2. Que esas disposiciones sean coetáneamente aplicables al mismo hecho o materia; y 3. Que el aplicador de la ley deba escoger alguna de las disposiciones legales antes referidas para aplicarla, y sacrificar las demás, aunque también sean aplicables. Para dilucidar en qué momento dicho sujeto aplicador ha de encargarse de determinar si en el caso sometido a su potestad opera o no tal concurrencia normativa, hay que considerar la naturaleza jurídica del ámbito en el que debe hacerse el pronunciamiento respectivo. El procedimiento penal se compone por una pluralidad de etapas sucesivas cuya finalidad última es el encuentro de la verdad histórica, mediante la determinación del acreditamiento de los elementos del tipo y la correlativa responsabilidad del encausado. En el proceso se distinguen dos resoluciones de suma importancia que reflejan el principio de congruencia consagrado como garantía individual en el artículo 19 constitucional: El auto de formal prisión y la sentencia. La primera tiene como razón de ser el establecer el delito por el cual se ha de seguir la causa, mientras que la segunda posee como razón el determinar en definitiva la existencia de un delito, la responsabilidad de su autor y, en su caso, la aplicación de la pena. La primera constituye una verdad relativa, pues desde el punto de vista probatorio sólo se alimenta de lo que al respecto haya arrojado la averiguación previa, y en su caso, de las probanzas desahogadas dentro del término constitucional, amén de que para su dictado basta con que se acredite el cuerpo del delito y se cuente con indicios en ocasión de la participación probable del consignado; en tanto que la segunda entraña una verdad histórica definitiva que se apoya en todas y cada una de las pruebas desahogadas a lo largo de la secuela procesal, al tiempo en que el análisis que de ellas ha de hacer el juzgador estará encaminado a determinar la plenitud probatoria de los elementos del tipo y de la responsabilidad penal. Ahora bien, cuando el ámbito en el que se impone precisar la operatividad del concurso aparente de normas estriba en un procedimiento penal, y dicha concurrencia incide en el acreditamiento de la existencia del delito (como acontece cuando se pretende la subsunción del delito de asalto en el diverso de robo con violencia), el juzgador válidamente no puede, por lógica jurídica, pronunciarse sobre el particular apoyado exclusivamente en una verdad relativa, como la ofrecida por un auto de formal prisión, donde se maneja la expresión ‘cuerpo del delito’ y la diversa de ‘probable responsable’, sobre todo si se considera que mediante él se precisa la materia del proceso y se marca el punto de arranque para el encuentro de la verdad histórica; y aceptablemente sí puede, dicho juzgador, encargarse de establecer la operatividad en comento en base a esta última verdad, fincada ya en una plenitud probatoria, propia de la sentencia definitiva, en la que el empleo de las dos expresiones en cita se sustituyen con las diversas de ‘elementos del tipo’ y ‘responsabilidad’, para dar un firme soporte a la resolución que, en su caso, habrá de producir un acto de privación en perjuicio del encausado. En suma, el momento procesal oportuno para que el juzgador se pronuncie, dentro de un procedimiento penal en torno al concurso aparente de tipos, es precisamente al dictar sentencia, porque ofrece la verdad histórica definitiva de los hechos sometidos a su potestad. Y es que si, como se ha dicho, el segundo aspecto indispensable para la configuración del concurso incompatible de leyes consiste en que las disposiciones concurrentes sean aplicables coetáneamente al mismo hecho o materia, debe convenirse en que cuando ese conflicto normativo se genera en un procedimiento judicial de índole penal, cuya sustanciación tiene como base fundamental la prueba de los hechos delictuosos, es requisito sine qua non, para determinar la aplicabilidad de las disposiciones convergentes, que los hechos concretos objeto de regulación de éstas, se encuentren plenamente probados y no simplemente presumidos. Lo anterior se corrobora al tomar en cuenta que la prohibición para recalificar un delito, obedece esencialmente en evitar que una misma conducta delictiva, al considerarse bajo dos o más perspectivas normativas, sea sancionada pluralmente conforme al número de disposiciones legales que concurran. De manera que si es hasta la sentencia en que el juzgador ha de definir lo relativo a la imposición de la pena, es en tal resolución donde debe abordar el estudio del concurso incompatible de leyes. En base a lo antes expuesto, es que se tornan inoperantes los motivos de inconformidad en que se aborda el tema relativo a la incompatibilidad de las normas que rigen el ilícito penal de robo calificado, con las que rigen el delito de asalto."
El Tribunal Colegiado de referencia, similares consideraciones sostuvo al resolver el amparo en revisión penal 263/2004, el veinticinco de octubre de dos mil cuatro.
El criterio transcrito, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, mayo de 2001
"Tesis: XXII.2o.8 P
"Página: 1106
"CONCURSO APARENTE DE TIPOS. SU ESTUDIO ES PROPIO DE LA SENTENCIA Y NO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. El concurso de normas incompatibles entre sí, entraña tres aspectos: 1. La existencia de por lo menos dos disposiciones legales; 2. Que esas disposiciones sean coetáneamente aplicables al mismo hecho o materia; y 3. Que el aplicador de la ley deba escoger alguna de las disposiciones legales antes referidas para aplicarla, y sacrificar las demás, aunque también sean aplicables. Para dilucidar en qué momento dicho sujeto aplicador ha de encargarse de determinar si en el caso sometido a su potestad opera o no tal concurrencia normativa, hay que considerar la naturaleza jurídica del ámbito en el que debe hacerse el pronunciamiento respectivo. El procedimiento penal se compone por una pluralidad de etapas sucesivas cuya finalidad última es el encuentro de la verdad histórica, mediante la determinación del acreditamiento de los elementos del tipo y la correlativa responsabilidad del encausado. En el proceso se distinguen dos resoluciones de suma importancia que reflejan el principio de congruencia consagrado como garantía individual en el artículo 19 constitucional: El auto de formal prisión y la sentencia. La primera tiene como razón de ser el establecer el delito por el cual se ha de seguir la causa, mientras que la segunda posee como razón el determinar en definitiva la existencia de un delito, la responsabilidad de su autor y, en su caso, la aplicación de la pena. La primera constituye una verdad relativa, pues desde el punto de vista probatorio sólo se alimenta de lo que al respecto haya arrojado la averiguación previa y, en su caso, de las probanzas desahogadas dentro del término constitucional, amén de que para su dictado basta con que se acredite el cuerpo del delito y se cuente con indicios en ocasión de la participación probable del consignado; en tanto que la segunda entraña una verdad histórica definitiva que se apoya en todas y cada una de las pruebas desahogadas a lo largo de la secuela procesal, al tiempo en que el análisis que de ellas ha de hacer el juzgador estará encaminado a determinar la plenitud probatoria de los elementos del tipo y de la responsabilidad penal. Ahora bien, cuando el ámbito en el que se impone precisar la operatividad del concurso aparente de normas estriba en un procedimiento penal, y dicha concurrencia incide en el acreditamiento de la existencia del delito (como acontece cuando se pretende la subsunción del delito de asalto en el diverso de robo con violencia), el juzgador válidamente no puede, por lógica jurídica, pronunciarse sobre el particular apoyado exclusivamente en una verdad relativa, como la ofrecida por un auto de formal prisión, donde se maneja la expresión ‘cuerpo del delito’ y la diversa de ‘probable responsable’, sobre todo si se considera que mediante él se precisa la materia del proceso y se marca el punto de arranque para el encuentro de la verdad histórica; y aceptablemente sí puede, dicho juzgador, encargarse de establecer la operatividad en comento en base a esta última verdad, fincada ya en una plenitud probatoria, propia de la sentencia definitiva, en la que el empleo de las dos expresiones en cita se sustituyen con las diversas de ‘elementos del tipo’ y ‘responsabilidad’, para dar un firme soporte a la resolución que, en su caso, habrá de producir un acto de privación en perjuicio del encausado. En suma, el momento procesal oportuno para que el juzgador se pronuncie, dentro de un procedimiento penal en torno al concurso aparente de tipos, es precisamente al dictar sentencia, porque ofrece la verdad histórica definitiva de los hechos sometidos a su potestad. Y es que si, como se ha dicho, el segundo aspecto indispensable para la configuración del concurso incompatible de leyes consiste en que las disposiciones concurrentes sean aplicables coetáneamente al mismo hecho o materia, debe convenirse en que cuando ese conflicto normativo se genera en un procedimiento judicial de índole penal, cuya sustanciación tiene como base fundamental la prueba de los hechos delictuosos, es requisito sine qua non, para determinar la aplicabilidad de las disposiciones convergentes, que los hechos concretos objeto de regulación de éstas, se encuentren plenamente probados y no simplemente presumidos. Lo anterior se corrobora al tomar en cuenta que la prohibición para recalificar un delito, obedece esencialmente en evitar que una misma conducta delictiva, al considerarse bajo dos o más perspectivas normativas, sea sancionada pluralmente conforme al número de disposiciones legales que concurran. De manera que si es hasta la sentencia en que el juzgador ha de definir lo relativo a la imposición de la pena, es en tal resolución donde debe abordar el estudio del concurso incompatible de leyes.
"Amparo en revisión 209/2000. 12 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Hanz Eduardo López Muñoz. Secretaria: Araceli Cuéllar Avendaño."
B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el veintitrés de febrero de dos mil siete, la revisión principal 318/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. En cambio, en suplencia de la queja deficiente, al tenor del numeral 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación, en cuanto a que no se le debió decretar formal prisión respecto del delito de lesiones, previsto en el numeral 206 en relación con el 219, fracción I, incisos c) y e), así como fracción VII, del Código Penal para el Estado de Jalisco, dado que se subsume al diverso de robo calificado, tal como enseguida se explicará. Para una mejor comprensión de lo anterior, conviene señalar que la subsunción es una figura jurídica relacionada con lo que la doctrina ha denominado ‘concurso aparente de leyes’ o ‘concurso aparente de normas’, que se diferencia del concurso ideal de delitos, en que en este último sí existe un encuadramiento múltiple de dos o más ilícitos, cometidos con una sola conducta, mientras que en el conflicto aparente de dispositivos penales, al existir una sola infracción penal y una sola lesión jurídica, únicamente se trata de decidir cuál norma es la realmente aplicable, con exclusión de las demás, lo que constituye propiamente, la subsunción de tipos penales. Para dilucidar las cuestiones relativas al concurso aparente de normas, la legislación penal recurre, entre otros, a los principios de ‘especialidad’ y ‘consunción’. El principio de especialidad, postula que en el caso de que una misma materia sea regulada por diversas leyes o disposiciones legales, la ley o disposición especiales serán las aplicables. Se dice que dos leyes o normas se hallan en relación de general y especial, cuando los requisitos del tipo general están contenidos en el especial, en el que figuran además otras condiciones en virtud de las cuales la norma especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. Las dos disposiciones en conflicto pueden ser integrantes de la misma ley o de leyes distintas, pueden haber sido promulgadas al mismo tiempo o en épocas distintas, y en este último caso puede ser posterior tanto la norma general como la especial, pero lo trascendente es que ambas estén vigentes contemporáneamente en el instante de cometerse la conducta cuya correcta tipificación se trata de desentrañar. Por otra parte, el principio de consunción o absorción, establece que la norma de más amplio alcance debe absorber a la de menor alcance, porque aquélla incluye o consume el desvalor que supone la de menor alcance. Es decir que, para que opere la subsunción por consunción o absorción, se requiere que los medios comisivos exigidos en un tipo penal (el de mayor amplitud), correspondan a alguna otra figura delictiva autónoma (la de menor amplitud); así, por ejemplo, en el caso del delito de robo, cometido con la calificativa conocida como ‘fractura’, al ilícito en comento se subsumen los delitos autónomos de daños en las cosas y allanamiento de morada, puesto que los elementos materiales de tales delitos constituyeron los medios comisivos para efectuar el robo. Por la misma razón, en el presente caso, al delito de robo, se subsume el delito autónomo de lesiones, dado que dicha conducta integra la calificativa de violencia en las personas del propio delito de robo. Existe consunción cuando una conducta absorbe a la otra, porque los valores que contienen no son equivalentes como en la alternatividad, ni auxiliar una de otra como en la subsidiariedad, sino superior el de una de ellas, cuya superioridad es tan clara que al aplicar el artículo absorbente se realiza de modo completo por la mayor importancia del tipo y de la pena, la misión sancionadora que se efectúa en nombre de las dos disposiciones: la que consume y la consumida. La mayor amplitud de la ley o de la disposición legal puede derivar del bien jurídico tutelado, el que comprende también el protegido por la otra ley, o de la naturaleza de los medios adoptados o de los efectos producidos, o bien de que aquélla asuma como elemento constitutivo o circunstancia calificativa del hecho previsto por la otra ley. Además, tanto la subsidiariedad como la consunción, para su actualización, se caracterizan de lo siguiente: (se transcribe). De lo expuesto con anterioridad, deviene claro que en el caso que nos ocupa, la conducta atribuida al quejoso consistente en causar el menoscabo en la salud de los ofendidos, al darles a ingerir las sustancias que previamente había preparado para producirles sueño (Rivotril y Lexotan), lo que realizó para lograr el apoderamiento de bienes que le eran ajenos, conforme a los criterios de especialidad y consunción, constituye la figura típica de robo, con la calificativa de violencia en las personas, prevista en la fracción XI del artículo 236 del Código Penal para el Estado de Jalisco, que dice: (transcribe), a la que se subsume la figura típica de lesiones, prevista por el diverso artículo 206 en relación con el 219, fracción I, incisos c) y e), y fracción VII del ordenamiento legal en cita, que señala: (transcribe); toda vez que el tipo penal mencionado en primer término, es especial en relación al segundo, pues en él se establecen otras condiciones adicionales a las requeridas por la figura típica de lesiones, pues para que este delito se integre, sólo se requiere que se cause un menoscabo en la salud de una persona, que se realice con premeditación, ventaja, alevosía o traición, mediante el uso de psicotrópicos; en cambio, el tipo penal de robo con la calificativa de violencia en las personas, puede configurarse con los mismos elementos materiales anteriores, pero además requiere que se ocasione dicho menoscabo en la salud del pasivo, pero para lograr el apoderamiento ilícito del bien mueble ajeno; esa especificidad hace especial al tipo penal de robo con la calificativa de violencia en las personas, sobre el de lesiones, por lo que en esa virtud, conforme al principio de especialidad, tiene preferencia en su aplicación. Por tanto, si se aplica el principio de consunción, se surten los presupuestos lógicos jurídicos para que opere la subsunción del delito de lesiones en el de robo con la calificativa de violencia en las personas, puesto que si el quejoso para lograr su propósito delictivo de apoderamiento, ejerció violencia en la persona de los ofendidos al darles a beber líquidos que de antemano había preparado con Rivotril y Lexotan para producirles sueño y lograr el apoderamiento de sus bienes, pero a consecuencia de la ingesta de esas sustancias, les ocasionó un menoscabo en su salud (la intoxicación), entonces, con el medio comisivo para realizar el apoderamiento que se le reprocha, actualizó la figura típica de lesiones, por lo que en esa tesitura, el tipo penal de menor amplitud, es el de lesiones, por ser un delito autónomo que contempla el medio comisivo para integrar el de robo con la calificativa de violencia en las cosas, que resulta ser el de mayor amplitud, y que por ende, consume o absorbe al diverso delito al que se ha hecho referencia. Al respecto, resulta exactamente aplicable, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Volúmenes 187-192, Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que enseguida se transcribe: ‘ABSORCIÓN O CONSUNCIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE. ROBO CON VIOLENCIA Y LESIONES.’ (se transcribe). También tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo 49, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘ROBO CON VIOLENCIA CUANDO ÉSTA CONSTITUYE OTRO DELITO.’ (se transcribe). En relación con lo que se afirma, este Tribunal emitió la tesis que se encuentra publicada en la página 1908, Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ROBO CON VIOLENCIA Y LESIONES. SE SUBSUME EL SEGUNDO DELITO EN EL PRIMERO CUANDO LA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ESTE ÚLTIMO REPRESENTA EL MEDIO COMISIVO PARA LOGRAR EL APODERAMIENTO VIOLENTO DEL BIEN SIN IMPORTAR LA FUERZA MATERIAL EMPLEADA PARA ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Por otro lado, no escapa a la consideración de este tribunal, la existencia de la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la cual se apoyó el Juez de amparo para declarar infundados los conceptos de violación que al respecto esgrimió el quejoso, visible en la página 1106, del Tomo XIII, mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que lleva la voz: ‘CONCURSO APARENTE DE TIPOS. SU ESTUDIO ES PROPIO DE LA SENTENCIA Y NO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe). El anterior criterio, el que no obliga a este Tribunal Colegiado por no constituir aún jurisprudencia, se contrapone con lo que se sustenta en esta sentencia, dado que el tribunal que lo sustentó sostiene que el Juez del proceso, en el auto de formal prisión no puede pronunciarse respecto de la operatividad del concurso aparente de normas, aunque dicha concurrencia incida en el acreditamiento de la existencia del delito, puesto que el auto de plazo constituye el punto de arranque para el encuentro de la verdad histórica, por lo que podrá decidirse en torno a ello, con base en la última verdad fincada en una plenitud probatoria, propia de la sentencia definitiva, para dar un firme soporte a la resolución que, en su caso, habrá de producir un acto de privación en perjuicio del inculpado; mientras que este órgano colegiado considera que el juzgador sí debe analizarlo en el auto de formal prisión, para dar al inculpado certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, en virtud de que sobre dicho auto de plazo se finca el proceso penal, de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, aparte que durante la instrucción se tiene que brindar al procesado el legítimo derecho de defensa, es decir, permitirle la oportunidad de ofrecer las pruebas y defensas relativas al delito que se tuvo por acreditado en el auto de formal prisión, sin que ello impida que durante el proceso se desahoguen pruebas para conocer la verdad histórica, pues el Ministerio Público, al formular sus conclusiones puede cambiar la clasificación del delito y acusar por el que se cometió realmente, lo que no causará agravio al encausado si no se aparta de acusar por los mismos hechos que se analizaron en el auto de formal prisión. En lo conducente, tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis número 114/2001-PS que se publicó en la página 9, Tomo XVII, abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE.’ (se transcribe). También es aplicable en lo que interesa, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, del Apéndice 2000, Quinta Época que a la letra dice: ‘CLASIFICACIÓN DEL DELITO.’ (se transcribe). En torno a que se puede determinar que un delito se subsume en otro por constituir una agravante de aquél (en el caso de lesiones al robo con violencia), antes de la sentencia definitiva e incluso desde la orden de aprehensión, aun cuando no se haya tenido por acreditada esa calificativa, este Tribunal Colegiado emitió la tesis que se localiza en la página 1907, Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe a continuación: ‘ROBO CON VIOLENCIA Y LESIONES. EL PRINCIPIO DE ABSORCIÓN O CONSUNCIÓN NO IMPIDE AL JUEZ DECRETAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN SÓLO POR EL DELITO BÁSICO Y POSTERIORMENTE ACREDITAR LA AGRAVANTE EN LA QUE SE SUBSUMEN AQUÉLLAS COMO MEDIO COMISIVO PARA LOGRAR EL APODERAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SANCIONE POR ESTE OTRO ILÍCITO DE FORMA INDEPENDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Por tanto, al advertirse la contraposición de criterios mencionada, lo que procede es denunciar dicha contradicción de tesis, por lo que se ordena remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia autorizada de esta resolución y el disquete respectivo, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo; sin que obste a lo anterior, que este Tribunal Colegiado aún no haya emitido tesis que aborde exactamente el tema, pues basta con que se hayan externado argumentos discrepantes en relación con un mismo tema, para que sea procedente denunciar la contradicción existente entre los mismos. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, Tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que enseguida se reproduce: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.’ (se transcribe)."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
a) En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar en qué momento se debe analizar el tema relativo al concurso aparente de leyes, normas o tipos penales, en el momento en que se dicta el auto de procesamiento, o bien, hasta el dictado de la sentencia definitiva; siendo que al respecto los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios discrepantes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la tesis que emitió y que es en donde se ve reflejado su criterio, consideró que el momento procesal oportuno para que el juzgador se pronuncie, dentro de un procedimiento penal en torno al concurso aparente de tipos, es precisamente al dictar sentencia, porque ofrece la verdad histórica definitiva de los hechos sometidos a su potestad.
Sigue considerando, que si el segundo aspecto indispensable para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20660-739b756c/concurso-aparente-de-tipos-penales-el-estudio-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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