COMISIÓN INVESTIGADORA DE DELITOS COMETIDOS POR NOTARIOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SUS DETERMINACIONES RELATIVAS AL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que la materia de la misma es penal, la cual es de su exclusiva competencia.
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión número 97/2005, el día ocho de junio de dos mil cinco, en la parte que interesa a la presente contradicción de tesis, señaló lo siguiente:
"IV. Resulta innecesario el estudio y análisis, tanto de la resolución combatida como de los motivos de agravio expuestos por la parte disconforme, en virtud de que este órgano colegiado advierte la existencia de causales de improcedencia cuyo estudio debe ser preferente, de conformidad con la jurisprudencia número 814, que aparece publicada en la página quinientos cincuenta y tres del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.’. Por consiguiente, conforme al principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia, es obligatorio para este tribunal analizar previamente la existencia de causas de las que resulte la improcedencia del juicio de garantías que nos ocupa, con independencia de que dichas causales no hayan sido invocadas por el Juez de amparo, o alegadas o no por las partes. Para comprensión del asunto, conviene precisar que los actos reclamados por el quejoso, de la Comisión Investigadora de los Presuntos Delitos de Falsedad de los Servidores Públicos y Falsificación y Uso de Documento Falso, se hicieron consistir en: ‘... reclamo su resolución del 6 (seis) del mes en curso, y que me fuera notificada el día 10 (diez) del mismo mes en curso, mediante la cual sobresee mi denuncia penal en contra del notario público ... por los presuntos delitos de falsedad de los servidores públicos y falsificación y uso de documentos’ y que el Juez constitucional negó al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, por estimar que los conceptos de violación formulados por éste contra lo resuelto por la citada comisión, eran infundados. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el motivo de queja por parte del inconforme, lo hizo consistir en la resolución de la comisión antes citada en la que determinó que no había lugar a continuar con la averiguación, en virtud de no haberse demostrado de manera indiciaria la presunta responsabilidad penal del titular de la Notaría Pública Número ... de la demarcación de Colima en los hechos que se le atribuyen, lo que el quejoso equipara en una determinación de no ejercicio de dicha acción persecutoria. Luego, con base en la tesis de jurisprudencia transcrita con antelación y en la última parte del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente ... las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’. Las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio y respecto de las cuestiones planteadas. En esa tesitura, debe señalarse que en el caso se actualiza la improcedencia del juicio de garantías por no tener el carácter de definitivo el acto que se reclama, es decir, esto último quedó como un supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, mediante la adición de la fracción VII que el legislador hizo al artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio del año dos mil y que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto, del artículo 21 constitucional.’. Con base en lo anterior, resulta evidente que el no ejercicio y/o el desistimiento de la acción penal por parte de la institución del Ministerio Público, pueden ser combatidos a través del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, por disposición expresa de la ley, el juicio de amparo será procedente única y exclusivamente contra la confirmación de la propuesta de no ejercer o de desistir de la acción penal, por ser éste el acto definitivo en esa determinación, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, cuenta habida que de las constancias que en vía de informe fueron allegadas al juicio de garantías, se aprecia que la determinación de seis de septiembre del año dos mil cuatro, emitida por la comisión investigadora creada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima para la investigación de las posibles faltas cometidas por notario público en ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 141 de la Ley del Notariado para el Estado de Colima, no es un acto definitivo. En efecto, los artículos 140, 141, 146 y 147 de la Ley del Notariado, señalan: ‘Artículo 140. Son delitos oficiales de los notarios del Estado, aquellos del orden común que se les atribuyan en el ejercicio de sus funciones.’. ‘Artículo 141. Las acusaciones, denuncias o querellas por delitos oficiales atribuidos a los notarios en ejercicio de su función, se presentarán ante el procurador general de Justicia del Estado, quien llevará el asunto al acuerdo del Ejecutivo a efecto de que éste integre una comisión investigadora compuesta por el procurador general de Justicia del Estado o por un agente del Ministerio Público que el Ejecutivo designe; por un abogado o licenciado en derecho que designe el propio Ejecutivo; por el presidente del Consejo de Notarios del Estado o por quien haga sus veces y por el notario que designe el Consejo de Notarios.’. ‘Artículo 146. Transcurridos los términos que señala el artículo anterior, presentados o no los alegatos, la comisión instructora formulará su dictamen, con vista de las constancias de la averiguación; en su parte expositiva analizará clara y metódicamente los hechos ocurridos; formulará consideraciones jurídicas que demuestren plenamente la existencia o inexistencia del delito, expondrá las circunstancias que hubieren ocurrido y que deban influir para determinar la consignación o no al Juez competente.’. ‘Artículo 147. La comisión instructora tomará sus decisiones por mayoría de votos; si hubiere empate, cada integrante de la misma formulará su voto particular y el expediente se enviará a la Procuraduría General del Estado, a fin de que el Ejecutivo dicte la resolución que a su juicio corresponda, en la que declare que no ha lugar a proceder contra el notario o que debe consignársele a las autoridades comunes.’. De los artículos antes transcritos, se advierte que una vez que la comisión nombrada por el Ejecutivo para determinar si existe o no responsabilidad de un notario público denunciado por presunto actuar ilícito en el ejercicio de sus funciones emita su dictamen, se enviará el expediente a la Procuraduría General del Estado para que se dicte la resolución que corresponda, esto es, del no ejercicio de la acción penal o de la consignación a las autoridades judiciales. Como puede verse, esa determinación de la comisión no constituye la confirmación del no ejercicio de la acción penal, sino la opinión que emitió la comisión antes señalada y que debe someterse precisamente a la consideración de la Procuraduría General del Estado, autoridad esta última que es la legalmente facultada para decidir en definitiva respecto del no ejercicio de la acción persecutoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 32, 46 y 100 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, que prevén: ‘Artículo 29. El procurador general de Justicia es el titular de la institución del Ministerio Público y sus atribuciones son: I. Acordar con el titular del Ejecutivo del Estado, los asuntos de la institución; II. Intervenir por sí mismo, cuando lo juzgue necesario o por acuerdo del Ejecutivo Estatal en los asuntos de orden penal, civil o familiar, en que el Ministerio Público, conforme a la ley deba ser oído; III. Promover las acciones pertinentes para una eficaz procuración de la justicia en los términos de la ley; IV. Dar al personal de la procuraduría las instrucciones generales o especiales que estime convenientes para el cumplimiento de sus atribuciones o funciones; V. Investigar las detenciones arbitrarias que se cometan, hacerlas cesar, y promover el castigo de los responsables; VI. Poner en conocimiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los abusos o irregularidades que se adviertan en los juzgados o dependencias judiciales para que sean corregidos o para los efectos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial; VII. Encomendar a cualquiera de los agentes del Ministerio Público independientemente de sus funciones el estudio de los asuntos de la institución que estime convenientes; VIII. Pedir que se haga efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios y empleados del Ministerio Público y de la administración de justicia del Estado por los delitos oficiales que cometieren en el desempeño de sus cargos; IX. Conocer y sancionar las faltas cometidas por los agentes del Ministerio Público y en las que incurran los demás miembros del personal de la procuraduría, en el desempeño de sus funciones; X. Resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, cuando se consulte sobre el desistimiento de la misma; cuando se formulen conclusiones no acusatorias y cuando al formularse conclusiones no se comprenda algún delito que se haya probado plenamente durante la instrucción o fueren incongruentes o estuvieren en desacuerdo con las constancias procesales o no se cumpliere con los requisitos señalados en la ley de la materia; XI. Practicar visitas a los reclusorios del Estado, que le permitan conocer su funcionamiento. Esta facultad podrá ejercerla el procurador por sí o por representante que designe al efecto; XII. Promover ante el titular del Ejecutivo del Estado la iniciación de leyes, reformas y expedición de reglamentos que estime necesario; XIII. Representar al Estado ante los tribunales federales y ejercer sus funciones y la misma representación de la sociedad ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y ante los jurados a que se refiere el artículo 122 de la Constitución del Estado; XIV. Constituirse por sí o por medio del agente del Ministerio Público en las causas por delitos contra el Estado; XV. Residir en el lugar en que tengan su asiento los Poderes del Estado; XVI. Rendir dictámenes ante el titular del Ejecutivo del Estado cuando lo solicite este alto funcionario, en todos los negocios y contratos relativos a la hacienda pública y derechos del Estado; XVII. Ordenar las visitas e inspecciones conducentes a los hospitales y asilos, o hacer personalmente las visitas para cerciorarse de que se cumpla con la ley; XVIII. Asesorar a la Secretaría de Finanzas en los negocios en que solicite sus dictámenes; XIX. Asignar a las dependencias de la institución y dejar sin efecto esa asignación cuando las necesidades del servicio lo hagan indispensables, las atribuciones y funciones que corresponden a la procuraduría conforme a lo establecido en esta ley; XX. En caso de urgencia, y excepcionalmente, habilitar como agentes del Ministerio Público o agentes de la policía de procuración de justicia a pasantes en derecho o empleados de la dependencia, respectivamente; XXI. Promover y acordar con instituciones, convenios de colaboración a fin de alcanzar los fines de la institución social; XXII. Dispensar las necropsias cuando no exista delito; XXIII. Desistirse de la acción penal, acusación o de los recursos intentados por el Ministerio Público, cuando hubiere causa legítima; XXIV. Recabar de cualquier oficina pública, sea local o federal, los informes, datos, actos, copias simples o certificadas que creyere necesarias para el ejercicio de sus funciones; XXV. Formular el proyecto de presupuesto de la procuraduría y someterlo a la consideración del Ejecutivo Estatal y formar la memoria anual de labores de la institución; y XXVI. Las demás que le asigne ésta y otras leyes o reglamentos.’. ‘Artículo 32. Corresponde al Ministerio Público: I. Recibir denuncias y querellas sobre hechos que puedan constituir delito; ... III. Iniciar la averiguación que corresponda con la denuncia o querella que se le presente incorporando a ella las pruebas tendientes a demostrar la existencia de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de quienes hubieren participado en su comisión; ... VIII. Dictar las determinaciones procedentes, los acuerdos de reserva, incompetencia y acumulación en las averiguaciones a que se refiere la fracción III de este artículo; debiendo someter al procurador los casos en que no proceda el ejercicio de la acción penal; ... X. Ejercitar acción penal pidiendo las órdenes de aprehensión, presentación y cateos, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poner a disposición del Juez competente, a las personas detenidas en flagrante delito o en casos urgentes; ...’. ‘Artículo 100. Cuando en vista de la averiguación previa el agente del Ministerio Público determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado, como delitos, o por los que se hubieren presentado querella, enviará las diligencias a la Dirección General de Averiguaciones Previas, para los efectos prevenidos en esta ley.’. ‘Artículo 46. Son atribuciones de la Dirección General de Averiguaciones Previas: I. Supervisar técnicamente las averiguaciones previas que practiquen los agentes investigadores del Ministerio Público del Estado; II. Revisar y acordar el trámite de las averiguaciones previas que remitan en consulta los agentes del Ministerio Público y dictar los acuerdos de reserva, incompetencias y acumulación de dichas averiguaciones, así como dar curso a los exhortos que les remitan; III. Investigar los delitos cometidos por servidores públicos del Estado, recabando y ejercitando en su contra la acción penal cuando se reúnan los requisitos de ley; ... X. Desahogar las consultas que le turnen los agentes investigadores del Ministerio Público, para incorporar a las averiguaciones previas las pruebas de la existencia de los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido; XI. Desahogar las consultas de los agentes investigadores sobre el ejercicio de la acción penal, turnando al procurador las que no la justifiquen; ... XIV. Turnar al procurador las averiguaciones en que se consulte determinación de reserva o archivo; ... XVII. Las demás que las leyes y reglamentos les señalen.’. En esa tesitura, se concluye que debe revocarse la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal y decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado, ya que como se dijo, ciertamente el juicio de amparo resulta improcedente, con base en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en tratándose del no ejercicio o desistimiento de la acción penal, el juicio de garantías únicamente es procedente contra la resolución que confirme esa inacción o desistimiento, lo que en el Estado de Colima, como ya se vio, es una de las facultades que sólo puede ejercer el procurador general de Justicia, requisito que no quedó satisfecho, por lo que con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio sin que sea dable la suplencia de la deficiencia de la queja, en virtud de que el ahora quejoso al comparecer como ofendido en la causa penal no tiene la calidad de reo ni tampoco reclama actos que atenten contra su libertad personal, por lo que el asunto es de estricto derecho. Asimismo, no escapa a la consideración de este tribunal, que de cualquier manera se señaló en el juicio de garantías como autoridad responsable a la Comisión Investigadora de los Delitos de Falsedad de Servidores Públicos y Falsificación y Uso de Documento Falso, sin que tuviera dicho carácter de autoridad responsable, por ende, el juicio de garantías tampoco sería procedente respecto de sus actos. Se concluye lo anterior, en virtud de que, como ya se vio, sus actos carecen de definitividad, pero además adolecen de las características que deben tener los emitidos por una autoridad para los efectos del amparo. Así es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, estableció la tesis que aparece publicada en la página 39, Tomo XIV, correspondiente a noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que expresó: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efecto del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’. Ahora bien, confrontadas las notas distintivas mencionadas con la actuación y el fundamento legal de la comisión de referencia, se puede concluir que si bien la esencia de la comisión nace de una ley, no existe esa relación de supra a subordinación con el particular, en este caso con el ofendido, porque no le impone ninguna carga u obligación y menos aún dicta resoluciones que imperiosamente obliguen a dicho ofendido a acatarlas, tampoco crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y finalmente, sus resoluciones son una opinión que deberá hacerse llegar a quien tiene la facultad monopólica del ejercicio de la acción penal, para que éste en última instancia sea quien decida si actúa o no ejercitando la acción penal, de ahí que no puede entonces señalarse que los actos de la comisión tengan las características de unilateralidad, imperatividad o coercitividad necesarios para que se pueda estimar como autoridad para los efectos de poder intentar la acción constitucional en su contra. En virtud de todo lo anterior, lo procedente es revocar, como ya se dijo, la resolución combatida mediante la cual se negó al quejoso el amparo solicitado, y en su lugar sobreseer en el juicio. Resulta necesario precisar que el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha sostenido el criterio contrario, en la tesis aislada que se publicó en la página novecientos noventa y seis del Tomo VII, Novena Época, correspondiente a mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. LO ES LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE LA ACTUACIÓN DE UN NOTARIO PÚBLICO, CUANDO DETERMINA QUE NO HA LUGAR LA CONSIGNACIÓN DEL FEDATARIO POR DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con los artículos 174 a 180 de esa legislación, como requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda iniciar una averiguación previa contra un notario, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se requiere que la comisión instructora designada por el Ejecutivo del Estado, formule dictamen positivo a la consignación, de donde se sigue que cuando una comisión de esa clase determina que no ha lugar a ello, no cabe duda que esa resolución modifica una situación jurídica, y afecta la esfera legal del gobernado que interpuso la acusación dado que le impide el acceso efectivo a la justicia, en tanto que la falta de esa declaración limita a que ese particular pueda ocurrir directamente ante el Ministerio Público a denunciar los hechos que estima delictuosos, por lo que en esos casos la comisión respectiva debe ser considerada como autoridad para los efectos del amparo, con independencia de la disposición directa que llegase a tener o no de la fuerza pública, como rasgo característico de la imperatividad y coercitividad que generalmente distingue a las autoridades, máxime que el dictamen negativo a la consignación de una comisión instructora se equipara al relativo a cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, en cuya hipótesis el artículo 21 de la Constitución establece que esas decisiones pueden ser impugnadas por la vía jurisdiccional.’. Sin embargo, se difiere de dicho criterio, pues a juicio de este tribunal y por las razones que ya se han expuesto, la comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar la posible existencia de delitos cometidos por los notarios públicos en ejercicio de sus funciones, según lo establecen los artículos del 141 al 147 de la Ley del Notariado del Estado de Colima, similar a la del Estado de Puebla, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en virtud de que sus actos carecen de definitividad, además de que adolece de las características que deben tener los emitidos por una autoridad para los efectos del amparo, dado que, como ya se dijo, no existe esa relación de supra a subordinación con el particular, en este caso con el ofendido, porque no le impone ninguna carga u obligación y menos aún dicta resoluciones que imperiosamente obliguen a dicho particular a acatarlas, tampoco crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y porque sus resoluciones son una opinión que deberá hacerse llegar a quien tiene la facultad monopólica del ejercicio de la acción penal, para que éste en última instancia sea quien decida si actúa o no ejercitando la acción penal, de ahí que no puede entonces señalarse que los actos de la comisión tengan las características de unilateralidad, imperatividad o coercitividad necesarios para que se pueda estimar como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Por ende, como la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito antes transcrita, efectivamente se opone a lo sustentado por este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria, lo que procede es denunciar la contradicción de tesis de que se trata y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y del diskette que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."
TERCERO. Por su parte, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente único en materia laboral del propio circuito, al resolver la improcedencia en revisión 798/97, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer. En efecto, en principio conviene precisar que los artículos 174 a 180 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla establecen que para proceder contra los notarios del Estado por los delitos que se les imputen en el ejercicio de sus funciones, se practicará una investigación de la que conocerá una comisión investigadora designada por el Ejecutivo del Estado e integrada por el secretario de Gobernación, el presidente del Consejo de Notarios y el notario que designe el propio consejo; la comisión, previa ratificación de la denuncia, instruye una averiguación con la intervención del notario inculpado, quien además de acusador está en aptitud de ofrecer pruebas y formar alegatos, y concluidos tales términos, la comisión instructora formula un dictamen fundado y motivado, en el que expresa las circunstancias que ameriten o no la consignación del notario. Cabe transcribir, para una mejor comprensión, los dispositivos señalados: ‘Artículo 174. Para proceder contra los notarios del Estado por los delitos que se les imputen en el ejercicio de sus funciones, se practicará previamente una investigación en los términos de las siguientes disposiciones.’. ‘Artículo 175. Las acusaciones a que se refiere el artículo anterior, se presentarán ante el secretario de Gobernación, quien llevará el asunto al acuerdo del jefe del Ejecutivo, a efecto de que éste designe una comisión investigadora integrada por el propio secretario de Gobernación o quien lo represente: por el presidente del Consejo de Notarios del Estado, o por quien haga sus veces, y por el notario que designe el propio consejo.’. ‘Artículo 176. La comisión procederá de inmediato previa ratificación de la acusación, a instruir la averiguación en la forma siguiente: I. Practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación del delito que se impute, describiendo minuciosamente las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el notario en el delito que se le atribuye; y II. Hecho lo anterior, se citará al inculpado para tomarle declaración, se le hará saber el motivo del procedimiento, el nombre de su acusador, los datos y elementos de prueba que obren en la investigación y se harán constar íntegramente sus declaraciones en la diligencia, las contestaciones que diere a las preguntas que le formule la comisión con relación a los hechos denunciados, sin perjuicio de que pueda ampliar posteriormente sus declaraciones, cuando la comisión lo estime necesario o lo solicite el notario inculpado, quien podrá nombrar asesor o asesores o bien manifestar que no desea hacer el nombramiento o la manifestación, el Consejo de Notarios le designará asesor.’. ‘Artículo 177. Después de ser oído el notario, la comisión instructora abrirá un término de prueba de 30 días dentro del cual recibirá las que ofrezcan acusador y acusado, así como la que la comisión estime necesarias, si al vencer el término no se hubieren podido recibir las pruebas promovidas oportunamente, la comisión instructora lo ampliará por el plazo necesario.’. ‘Artículo 178. Rendidas las pruebas ofrecidas, se pondrá el expediente a la vista del acusador por 3 días y por otros 3 días a la del acusado y sus asesores a fin de que formulen alegatos que presentarán dentro de los 6 días siguientes.’. ‘Artículo 179. Transcurridos los términos que señala el artículo anterior, presentados o no los alegatos, la comisión instructora formulará su dictamen, debidamente fundado y motivado, con vista de las constancias con expresión de las circunstancias que ameriten o no la consignación.’. ‘Artículo 180. La comisión instructora tomará sus decisiones por mayoría de votos: si hubiere empate, cada integrante de la misma formulará su voto particular y el expediente se enviará a la Secretaría de Gobernación, a fin de que el Ejecutivo dicte la resolución que a su juicio corresponda.’. Sentado lo anterior, es prudente recordar que de la demanda de garantías se advierte que ... por su propio derecho, reclamó de la comisión investigadora III, el dictamen de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en donde determinó la inexistencia de responsabilidad penal, en la actuación, con motivo de sus funciones, del notario número siete de esta capital, y el Juez de Distrito sustentó el acuerdo recurrido que desechó la demanda, en que esa comisión no era autoridad para efecto del juicio de amparo, porque el acto que de ella emanaba carecía de la imperatividad y coercitividad que caracteriza a todo acto de autoridad. Ahora, si de acuerdo con los preceptos transcritos, se requiere como requisito de procedibilidad, para que el Ministerio Público pueda iniciar una averiguación previa contra un notario, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, que la comisión instructora respectiva formule dictamen positivo a su consignación, entonces contrariamente a la actitud del Juez de Distrito, cuando una comisión de esa clase determina que no ha lugar a la consignación del notario, no cabe duda que esa resolución modifica una situación jurídica y afecta la esfera legal del gobernado que interpuso la acusación, dado que le impide el acceso efectivo a la justicia, en tanto que la falta de esa declaración de parte de la comisión respectiva, limita a que ese particular pueda ocurrir directamente ante el Ministerio Público a denunciar los hechos que estima delictuosos, de allí que en esos casos dicha comisión deba ser considerada como autoridad para los efectos del amparo, con independencia de la disposición directa que llegase a tener o no de la fuerza pública, como rasgo característico de la imperatividad y coercitividad que generalmente distingue a las autoridades, máxime que el acto aquí reclamado se equipara al relativo a cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, en cuyo caso el artículo 21 de la Con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19466-88450c58/comision-investigadora-de-delitos-cometidos-por-notarios-publicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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