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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18810
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 16.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito emitió el criterio en la improcedencia 32/2004, promovida por ... que se transcribe en la parte que interesa:

"SEXTO. Los agravios que hace valer el recurrente, son fundados para modificar el acuerdo recurrido. En efecto, el Juez constitucional no estuvo en lo correcto al desechar de plano la demanda de amparo promovida por el peticionario de garantías, respecto del acto reclamado al procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, como se verá a continuación. En primer término, es pertinente recordar que de las autoridades señaladas como responsables, el quejoso, en síntesis, reclamó la abstención del procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, en resolver sobre la consulta que sobre el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la averiguación previa número 012262/2003/039-P11, de la Agencia 11 de Delitos Varios, le hizo el titular de dicha Agencia del Ministerio Público; en tanto, a este último, se le reclama la omisión de girar oficios recordatorios a su superior para que pronuncie la resolución mediante la que confirme o repruebe la opinión de archivo mencionada. Por otra parte, el Juez constitucional, para desechar la demanda de amparo, en síntesis adujo que el inculpado en una averiguación previa, carece de legitimación para promover el juicio de garantías contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, pues si la determinación de inejercicio de la acción penal sólo puede ser impugnada por el denunciante o querellante, ofendido o familiares, entonces la abstención de emitir la resolución respectiva sólo puede impugnarse por éstos, quienes en todo caso, resultarían los únicos afectados en su esfera jurídica en caso de no ejercicio de la acción penal, mas no por el probable responsable. Ahora bien, es cierto como lo afirma el Juez constitucional, que en el caso de que el Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal, la parte ofendida (denunciante, querellante, agraviado o familiares), es la única legitimada para promover el juicio de garantías, como lo disponen expresamente los artículos 10, fracción III y 114, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo; empero, en el caso que nos ocupa, como se indica en el escrito de expresión de agravios, el acto reclamado al procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, no se hace consistir en una resolución de esa naturaleza, sino en la omisión de pronunciarse sobre la consulta de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la averiguación previa número 012262/2003/039-P11, de la Agencia 11 de Delitos Varios, le hizo el titular de dicha Agencia del Ministerio Público. Así las cosas, resulta que contrario a lo expuesto por el Juez constitucional, la falta de pronunciamiento sobre la consulta de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de una indagatoria, además de afectar el interés de la parte ofendida por la comisión de un delito, también lesiona la esfera jurídica del inculpado, toda vez que en tanto el titular de la institución del Ministerio Público se pronuncia sobre el particular, su situación jurídica se encuentra pendiente de resolver (sub júdice), de manera indefinida, situación que desde luego deja en estado de incertidumbre al inculpado. Esto es así, toda vez que la averiguación previa es la primera fase procedimental penal, durante la cual el Ministerio Público realiza todas aquellas diligencias necesarias para acreditar, en su caso, la materialidad de un delito y la probable responsabilidad del inculpado, a fin de optar por el ejercicio o la abstención de ejercitar la acción penal; la indagatoria está conformada por dos momentos o fases esenciales, consistente la primera en la función de investigación propiamente dicha, a través de la cual el Ministerio Público se allega de pruebas y elementos de convicción con respecto a la acreditación de la materialidad del delito y la probable responsabilidad del inculpado, mientras que la segunda se presenta una vez recabados todos los medios de prueba necesarios, momento en el que el Ministerio Público estará en condiciones de fundar y motivar el ejercicio o inejercicio de la acción penal. Por tanto, antes de que el Ministerio Público pueda optar por el ejercicio o no de la acción penal, por enviar a reserva una indagatoria, o bien, acordar lo que en su caso proceda, deberá agotar la investigación de los hechos puestos a su consideración, a fin de calificar si se está en presencia o no de un delito; esto quiere decir que la decisión que adopte será precedida de una investigación o una serie de actuaciones, de tal suerte que si el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad, tanto la parte ofendida como el inculpado quedarán en total y absoluto estado de indefensión, al desconocer si los hechos denunciados realmente constituyen o no delitos, o bien, si le resulta alguna responsabilidad al inculpado por tales conductas. Por lo anterior, sostener que no es procedente el amparo indirecto en contra de la abstención del titular del Ministerio Público de pronunciarse sobre la consulta de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de una indagatoria, implicaría solapar el total y absoluto estado de indefensión e inseguridad jurídica en el que quedaría no sólo la parte ofendida, sino también el inculpado, quien como se apuntó anteriormente, en tanto se resuelve su situación jurídica, queda en estado de incertidumbre. Por consiguiente, cuando el titular del Ministerio Público se abstiene de pronunciarse en la averiguación previa, su proceder debe quedar sujeto a control jurídico constitucional, por una parte, para evitar que el inejercicio de la acción penal resulte injustificado, y por otra, para no dejar indefinidamente en la incertidumbre al inculpado respecto de su situación jurídica. Las anteriores consideraciones, encuentran apoyo en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 16/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 11, aplicable por analogía, toda vez que si bien es cierto que en la misma únicamente se hace referencia a la procedencia del juicio de amparo promovido por la parte ofendida contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, también lo es que en la misma, ni en la ejecutoria que le dio origen, se aprecia que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara esa legitimación al inculpado. La jurisprudencia de referencia es del rubro y texto siguientes: ‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión.’. Consecuentemente, procede revocar el proveído de veintisiete de enero del año dos mil cuatro, dictado en el juicio de amparo número 47/2004, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, y ordenar al titular de ese juzgado federal, que de no encontrar alguna causal de improcedencia notoria e indudable, admita la demanda de amparo promovida por ... le dé el trámite que legalmente corresponda y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda. El criterio sustentado en la presente ejecutoria, se contrapone al sostenido en la tesis número VI.2o.P.26 P, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en que se apoyó el Juez constitucional, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1162, que se transcribe a continuación: ‘ACCIÓN PENAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROBABLE RESPONSABLE, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución dispone que: «Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.», por lo que dada la naturaleza de la determinación, por razón obvia -benéfica al reo-, debe ser impugnada por quien interpuso la denuncia o la querella, el ofendido o sus familiares, pues son quienes resultarían afectados en su esfera de derechos; conclusión que se fortalece si se considera que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 11, de rubro: «ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA.», haciendo extensivo el criterio sustentado por el Pleno de ese Alto Tribunal, relativo a que el juicio de amparo es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional, sostuvo que también es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla, bajo la consideración de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento, y en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión, de todo lo cual puede inferirse entonces, que si la determinación de inejercicio sólo puede ser impugnada por el denunciante o querellante, ofendido o familiares, por lo mismo, la abstención de emitir la resolución respectiva sólo puede impugnarse por éstos, y no por el probable responsable, en la medida de que la garantía de que se trata, prevista en la disposición constitucional acabada de citar, fue instituida a favor de aquéllos, dado que el propósito del Constituyente Permanente consistió en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley.’. Efectivamente, en el caso, existe contradicción entre el criterio sustentado en la tesis transcrita, y el que se sostiene en la presente ejecutoria, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, considera que el juicio de amparo promovido por el inculpado, contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal, es improcedente, en virtud de que ese derecho concierne sólo al denunciante, querellante, ofendido o sus familiares, en términos del artículo 21 constitucional; mientras que este órgano constitucional estima que el amparo promovido en tal caso, sí es susceptible de ser interpuesto por el inculpado, habida cuenta que la abstención en cuestión también lesiona su esfera jurídica, pues en tanto subsiste dicha abstención, su situación jurídica se encuentra pendiente de resolver, indefinidamente, situación que lo deja en estado de incertidumbre, y por tanto, resulta conculcatoria de sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. Por lo anterior, resulta procedente denunciar tal contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo." (fojas 11 vuelta a 15 vuelta).

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión AR. 32/2002, promovido por ... a través de su autorizada ... sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son inoperantes los agravios vertidos y no hay materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, los peticionarios de garantías, en el escrito de agravios, en síntesis afirman que el Juez de Distrito de manera superficial examinó las constancias que integran el juicio de garantías, e indebidamente sobreseyó en el juicio, sosteniendo la inexistencia del acto reclamado al representante social responsable. No tienen razón, ya que de la simple lectura del fallo constitucional sujeto a examen, contrario a lo aseverado por los inconformes, se colige, por un lado, que el resolutor federal consideró que aun cuando la autoridad responsable había negado la existencia del acto reclamado, era el caso que las constancias allegadas al juicio de amparo, patentizaban la existencia de aquél, las cuales, incluso, relacionó identificándolas con los incisos del a) al f), y por el otro, que sobreseyó en el juicio porque consideró que los impetrantes de garantías, aquí inconformes, carecían de interés jurídico para reclamar del fiscal investigador responsable, la abstención de pronunciarse en relación al ejercicio o inejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa número 545/96, la cual continúa integrándose a petición de la parte denunciante, a través de la práctica de diligencias complementarias, dado que al consignarse preliminarmente las diligencias de la averiguación previa aludida, el Juez del proceso respectivo negó la orden de captura solicitada contra los aquí revisionistas, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada. Luego, emerge la inoperancia de los argumentos esgrimidos, dado que se dirigen a cuestionar una argumentación que no fue sostenida en el fallo impugnado, de allí que cobre aplicación la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja.’. Sin embargo, no obstante que la autorizada de los quejosos no combate con ningún argumento los razonamientos que al respecto sustentó la Juez de Distrito en apoyo del sobreseimiento que decretó, y tomando en cuenta que se reclamó por la parte reo la abstención del Ministerio Público para pronunciarse sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 545/96-7, supliendo la deficiencia de la queja en términos de los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano judicial advierte que fue legal la sentencia cuestionada, pues la abstención del fiscal responsable, relativa al ejercicio o inejercicio de la acción penal persecutoria contra los aquí revisionistas, en todo caso, agravia a la parte denunciante o querellante, ofendido o a sus familiares, pero no a quienes fungen como sospechosos o probables responsables, en tanto dicha abstención, lejos de perjudicarles, incluso beneficia a los inconformes, por ejemplo, para efectos de la prescripción del delito. Además, esta conclusión se fortalece si se tiene en cuenta que al disponer el párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución que ‘las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnados por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley’, dada la naturaleza de la determinación, por razón obvia, debe ser impugnada por quien interpuso la denuncia o la querella, el ofendido o sus familiares, pues son quienes resultarían afectados en su esfera de derechos, y si a ello se suma que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 16/2001, que a continuación se transcribirá, haciendo extensivo el criterio del Pleno de ese Alto Tribunal, relativo a que el juicio de amparo es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional, sostuvo que también es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla, bajo la consideración de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento, y en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión, entonces este Tribunal Colegiado infiere que si la determinación de inejercicio sólo puede ser impugnado por el denunciante o querellante, ofendido o familiares, por lo mismo, la abstención de emitir la resolución respectiva, sólo podrá impugnarse por éstos, y no por el probable responsable, en la medida que la garantía de que se trata, prevista en la disposición constitucional acabada de citar, fue instituida a favor de aquéllos, dado que el propósito del Constituyente Permanente, consistió en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley. La tesis referida dice: ‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaria al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 11). En las relatadas condiciones, ante lo inoperante de los agravios esgrimidos, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión." (fojas 37 a 41).

La anterior resolución dio origen a la tesis número VI.2o.P.26 P publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, en las páginas 1162 a 1163, siendo del siguiente tenor:

"ACCIÓN PENAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROBABLE RESPONSABLE, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución dispone que: ‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.’, por lo que dada la naturaleza de la determinación, por razón obvia -benéfica al reo-, debe ser impugnada por quien interpuso la denuncia o la querella, el ofendido o sus familiares, pues son quienes resultarían afectados en su esfera de derechos; conclusión que se fortalece si se considera que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 11, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA.’, haciendo extensivo el criterio sustentado por el Pleno de ese Alto Tribunal, relativo a que el juicio de amparo es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional, sostuvo que también es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla, bajo la consideración de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento, y en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión, de todo lo cual puede inferirse entonces, que si la determinación de inejercicio sólo puede ser impugnada por el denunciante o querellante, ofendido o familiares, por lo mismo, la abstención de emitir la resolución respectiva sólo puede impugnarse por éstos, y no por el probable responsable, en la medida de que la garantía de que se trata, prevista en la disposición constitucional acabada de citar, fue instituida a favor de aquéllos, dado que el propósito del Constituyente Permanente consistió en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley.

"Amparo en revisión 32/2002. 8 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretaria: María del Carmen Carcaño Gómez."

QUINTO. Por cuestión de método, conviene determinar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio debe prevalecer.

Existe contradicción de tesis si se satisfacen los requisitos establecidos por el Pleno de esta Corte:

1. Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o consideraciones discrepantes.

2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas que se realicen en las sentencias respectivas; y,

3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Materia Común, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En este orden de ideas, resulta indispensable hacer una relación de los antecedentes que se advierten en las ejecutorias pronunciadas por los tribunales contendientes para analizar la posible contradicción.

Como antecedentes de la improcedencia 32/2004 tenemos los siguientes:

1) El veintiséis de enero de dos mil cuatro ... por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de los actos del procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, por la abstención de aprobar la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal en contra del quejoso, no obstante haber transcurrido un tiempo excesivo para ello, y del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Número 11 de Delitos Varios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, la omisión de enviar oficios recordatorios al procurador para que se aprobara dicha determinación.

2) El Juez Noveno de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, quien por razón de turno conoció del asunto, desechó de plano la demanda de amparo por considerarla improcedente, sosteniendo que la impugnación de la omisión del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción sólo corresponde a quien formula la denuncia o la querella, ofendido o familiares de éste.

3) El quejoso interpuso recurso de revisión contra el acuerdo del Juez que desechó la demanda de amparo, recurso del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el que esencialmente sostuvo:

a) Que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, la falta de pronunciamiento sobre la consulta de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de una indagatoria, además de afectar el interés de la parte ofendida por la comisión de un delito, también lesiona la esfera jurídica del inculpado, toda vez que en tanto el titular de la institución del Ministerio Público se pronuncia sobre el particular, su situación jurídica se encuentra pendiente de resolver de manera indefinida, cuestión que deja en estado de indefensión al inculpado.

b) Que la averiguación previa tiene dos fases esenciales: la primera consistente en la función de averiguación propiamente dicha en donde el Ministerio Público se allega de pruebas y elementos de convicción respecto de la acreditación de la materialidad del delito y la probable responsabilidad del inculpado, mientras que en la segunda, una vez recabados los medios de prueba necesarios, se funda y motiva el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Por tanto, si el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de la actividad indagatoria, tanto la parte ofendida como el inculpado, quedan en total y absoluto estado de indefensión, al desconocer si los hechos denunciados constituyen o no delitos o si existe responsabilidad del inculpado en alguna de esas conductas.

c) Consecuentemente, sostener que no es procedente el amparo indirecto en contra de la abstención del titular del Ministerio Público s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18810-d35c2f2c/accion-penal-el-presunto-responsable-tiene-interes-juridico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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