Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENA
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 74.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (denunciante), al resolver, entre otros, el amparo directo 372/2005, sostuvo en lo medular el siguiente criterio:

"CUARTO. Es innecesario reseñar las pruebas que el tribunal de apelación tomó en consideración para emitir la resolución reclamada y los conceptos de violación formulados al respecto, dado que se advierte una causal de improcedencia cuyo estudio exige atenderse de manera preferente y oficiosa, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, el motivo de improcedencia que se actualiza es el previsto en la fracción XI del numeral y legislación invocados, cuyo texto dice: (se transcribe). Para estar en oportunidad de exponer las consideraciones por las que se llega a tal conclusión, es necesario precisar lo siguiente: a) La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución de siete de febrero de dos mil tres, en el toca 1572/2002, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor de oficio del impetrante de garantías, modificó la resolución de primera instancia y en su lugar le impuso al quejoso las penas de cuatro años seis meses veintidós días de prisión y noventa y tres días multa, equivalentes a tres mil novecientos diecinueve pesos con noventa y cinco centavos, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de robo calificado y lesiones agravadas; entre otras cuestiones, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena mediante la garantía de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, previo pago de la reparación del daño. b) El impetrante de amparo, por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil tres en la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Tercero Penal del Distrito Federal, exhibió las garantías exigidas para cubrir la reparación del daño y garantizar el monto fijado para acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fojas 365-367 de la causa). c) El veintinueve del citado mes, el Juez de la causa tuvo al peticionario de garantías acogiéndose a la citada suspensión condicional y ordenó su inmediata libertad (fojas 372 y 373 de la causa). Como se observa de las constancias reseñadas, el amparista se acogió a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que implica su consentimiento con la sentencia reclamada, ya que manifiesta su aceptación y sometimiento a ésta; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el precepto 74, fracción III, de la citada legislación."

El Tribunal Colegiado de referencia, con anterioridad al asunto transcrito, ya había sustentado dicho criterio, lo que originó la emisión de la jurisprudencia siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VII, abril de 1991

"Tesis: I.2o.P. J/23

"Página: 87

"CONDENA CONDICIONAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO EL SENTENCIADO SE ACOGE A LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El que el acusado se haya acogido al beneficio de la condena condicional concedido en sentencia, implica su consentimiento total con el fallo de la que el mismo emana, puesto que para que el juzgador esté en aptitud de suspender las penas restrictivas de libertad y de multa (artículo 90 fracción III del Código Penal aplicable), es menester que el fallo emitido cause ejecutoria y adquiera el carácter de ejecutable y de cosa juzgada (artículo 443 fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) para todos los efectos legales a que hubiera lugar; pues en forma alguna se podría dividir ese fallo para que, por una parte tuviera el carácter de ejecutoria a fin de que el sentenciado se acogiera al beneficio, y otra, que careciera de esos efectos para que al mismo tiempo acudiera al juicio de amparo y se examinara su constitucionalidad, no obstante que por lógica, aquella sentencia que impone penas, éstas sólo son suspendibles cuando son ejecutables, no antes; por lo que el quejoso, al manifestar expresamente su anuencia con la resolución definitiva, resulta improcedente el juicio de amparo contra la misma, acorde a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y por tanto debe sobreseerse, conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 74 del preindicado ordenamiento legal.

"Amparo directo 704/89. Salomón Kababie Sacal. 11 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.

"Amparo directo 84/90. Esteban Jesús Hurtado Zúñiga. 14 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.

"Amparo directo 144/90. Javier Vázquez Barrón. 28 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Rubén Arturo Sánchez Valencia.

"Amparo directo 948/90. Pedro Rodríguez Rodríguez. 15 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar Ángeles.

"Amparo directo 108/91. Emilio Castillo Cadenas. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: José Luis González Cahuantzin."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por su parte, al resolver el amparo directo 266/2004, consideró lo siguiente:

"SEXTO. Previo al estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, a criterio de este órgano colegiado, resulta conveniente realizar de oficio el estudio correspondiente a una causal de improcedencia que podría ser aplicable en este asunto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2003-PS, en lo conducente estimó: (se transcribe). Asimismo, dicha Primera Sala emitió la tesis número 15, visible a foja 157, Tomo XIX, mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCIÓN PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBIÉN FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.’ (se transcribe). De las consideraciones antes transcritas se desprende que la Primera Sala sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que el hecho de que un sentenciado dé cumplimiento a la sanción pecuniaria impuesta en la sentencia reclamada, no implica un sometimiento general a los términos, consideraciones y demás puntos resolutivos de que consta la resolución definitiva, dado que ello es solamente un cumplimiento parcial de la sentencia. b) Que cada una de las penas afectan bienes jurídicos de importancia y trascendencia, la libertad personal y el patrimonio del activo. c) Que el cumplimiento parcial de la sentencia no lleva a considerar su consentimiento en relación con el acto reclamado en un juicio de amparo directo, sin que se actualice la causal de improcedencia consagrada en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. d) Que los bienes jurídicos afectados por una y otra sanción pública son de gran trascendencia e importancia, y aun cuando la sentencia combatida constituye un solo acto reclamado, las afectaciones diversas e independientes que ésta produce en la esfera jurídica del quejoso, deben legitimarlo también para que acuda en protección de la Justicia de la Unión, en relación con la que estime le causa agravio, aun en el supuesto de que se haya mostrado conformidad parcial con dicha resolución. e) Que respecto de ambas garantías, la libertad personal es de mayor importancia y trascendencia en nuestro sistema jurídico penal mexicano, por ello se justifica plenamente el derecho de todo procesado, de agotar todos y cada uno de los recursos y medios de impugnación que la ley ponga a su alcance y que tiendan a obtener el logro de tan preciado bien. f) Que al interpretar una ley, en tratándose de procesos de carácter penal, la interpretación y aplicación de la ley se debe estar a lo más favorable al reo. g) Que cuando al sentenciado por haber sido sentenciado con una pena corporal no mayor de tres años de prisión, se le sustituya la misma, tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jurídica del impetrante de garantías y, por tanto, también en este supuesto debe ser conservado expedito el derecho del sentenciado para poder acudir al juicio de garantías en demanda de la protección de la Justicia de la Unión, impugnando dicha sentencia condenatoria. h) Que tratándose de defender su libertad, el inculpado puede hacer uso de todos los medios que la ley pone a su alcance. Expuesto lo anterior, este tribunal hace suyas las referidas consideraciones, y con base en las mismas estima que no obstante que el ahora quejoso haya consentido parcialmente la sentencia, acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena, mediante escrito presentado ante el Juez del proceso, el cual obra a foja 336, ello no hace improcedente su derecho a accionar el juicio de amparo, porque el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomado como una manifestación de voluntad que involucre su consentimiento tácito con todas las consideraciones y determinaciones concedidas en tal sentencia, acreditándose de esta manera su no sometimiento al acto reclamado, y dado que la interpretación penal debe ser en beneficio del reo, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco consideró como excepción a la procedencia del juicio de amparo, los casos en que el reo obtiene, en razón de la pena privativa de libertad impuesta, el derecho a sustituirla mediante una condena condicional; dado que tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jurídica del solicitante de garantías, se estima que, también en este supuesto debe ser conservado expedito el derecho del sentenciado para poder acudir en demanda de protección de la Justicia Federal, contra la sentencia que considera violatoria de garantías, por ello no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo."

El criterio anterior originó la emisión de la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: VI.1o.P.233 P

"Página: 1065

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HAYA ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2003-PS, emitió el criterio jurisprudencial de rubro: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCIÓN PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBIÉN FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.’, en cuya ejecutoria expuso, entre otras consideraciones, las siguientes: a) que las penas de prisión y pecuniaria afectan los bienes jurídicos de libertad personal y patrimonio, respectivamente; b) que entre ambos bienes, el de libertad personal es de mayor importancia y trascendencia, y por ello se justifica plenamente el derecho de todo procesado de agotar cada uno de los recursos y medios de impugnación que la ley ponga a su alcance y que tiendan a obtener el logro de tan preciado bien; c) que el hecho de que un sentenciado dé cumplimiento a la sanción pecuniaria impuesta en la sentencia reclamada, no implica un sometimiento general a los términos, consideraciones y demás puntos resolutivos de que consta la sentencia definitiva, dado que ello es solamente un cumplimiento parcial de la sentencia; d) que el cumplimiento parcial de la sentencia no lleva a considerar su consentimiento en relación con el acto reclamado en un juicio de amparo directo, sin que se actualice la causal de improcedencia consagrada en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo; e) que si el reo obtiene, en razón de la pena privativa de la libertad impuesta, el derecho a sustituirla mediante una condena condicional, reemplazando el cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta, ello de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jurídica del impetrante de garantías. Ahora bien, con base en dichas consideraciones, es de estimarse que no obstante que el sentenciado se hubiera acogido al beneficio de la conmutación de la pena, ello no hace improcedente su derecho a accionar el juicio de amparo, porque el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomada como una manifestación de voluntad que involucre su consentimiento tácito con todas las consideraciones y determinaciones contenidas en tal sentencia, y dado que la interpretación penal debe ser en beneficio del reo, y que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco consideró como excepción para la procedencia del juicio de amparo cuando el reo obtiene, en razón de la pena privativa de libertad impuesta, el derecho de sustituirla mediante una condena condicional, dado que tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jurídica del impetrante de garantías, se estima que también en el supuesto de que el sentenciado se acoja al beneficio de la conmutación de la pena debe ser conservado expedito su derecho para poder acudir en demanda de garantías contra la sentencia que se considera violatoria de éstas y, por ello, no se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.

"Amparo directo 266/2004. 11 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secretaria: Rocío Villalobos Ventura."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 127/2004, estimó lo siguiente:

"V. Previo al estudio del caso, procede mencionar que mediante oficio número 5030, de fecha primero de octubre de dos mil cuatro, la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima remitió copia certificada de la interlocutoria en la que se concedió al quejoso el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por tratamiento en libertad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción II, del Código Penal Federal, por haberlo solicitado el quejoso mediante escrito de fecha primero de septiembre del mismo año, según se especifica en la propia interlocutoria. Empero, aun cuando el quejoso solicitó el beneficio mencionado después de la emisión de la sentencia reclamada, ello no implica una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la misma, de acuerdo con lo establecido por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, como al que se acogió el inculpado, procura su libertad cuando éste satisface los requisitos legales para su procedencia y el juzgador, con base en su arbitrio, estima oportuno otorgárselo, de tal forma que a pesar de que se le hubiere considerado responsable de un ilícito, el reo puede evitar un estado de reclusión. Por tanto, es injusto estimar que el hecho de que el quejoso hubiere solicitado un beneficio de esa naturaleza o se hubiere acogido a uno ya otorgado oficiosamente por el juzgador, inclusive hasta otorgando la garantía condigna o pagando la multa sustitutiva, implique una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la sentencia de segunda instancia contra la que se promueve amparo directo; porque con ese proceder lo que el inculpado hace es únicamente salvaguardar su libertad o incluso, recuperarla. Cierto, se afirma lo anterior porque si el quejoso se encuentra gozando de la libertad bajo caución al concluir su proceso, si no se acoge a algún beneficio cuando reúna los requisitos de ley, el juzgador puede revocarle la libertad caucional y ordenar su reaprehensión. En otro supuesto, si por alguna razón el quejoso durante todo el proceso estuvo recluido, esto es, no pudo gozar de su libertad caucional, y a la postre satisface los requisitos para gozar de un beneficio sustitutivo de la pena de prisión, no sería lógico considerar que la solicitud o acogimiento a ese beneficio entraña el consentimiento de la sentencia reclamada, cuando es evidente que formularía tal promoción con la clara intención de obtener su libertad de forma inmediata, independientemente de que puede subsistir su inconformidad contra ella. Luego, un criterio contrario impediría a los quejosos que estuvieran en este último supuesto, es decir, detenidos durante todo el proceso y que en la sentencia definitiva alcanzaran un beneficio sustitutivo, extender su derecho de defensa hasta el juicio de amparo directo, porque es razonable estimar que aunque no estuvieran de acuerdo con la condena, les sería más favorable inmediatamente promover lo conducente para que se les otorgara ese beneficio y gozar de su libertad lo antes posible, a abstenerse de solicitarlo hasta que se resuelva la instancia constitucional, con tal de no incurrir en la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, dado que es obvio que esto último sería en su perjuicio, pues tendrían que permanecer recluidos mientras se resuelve. Además, el criterio del que ahora este Tribunal Colegiado se aparta, al limitar el derecho de defensa del quejoso, quien busca salvaguardar su libertad haciendo uso de los beneficios sustitutivos de la pena, resulta opuesto a las bases que la Ley de Amparo establece para proteger ese alto valor en el juicio constitucional, las que se caracterizan en otorgar una amplitud en su defensa al gobernado cuya libertad se ve afectada por un acto de autoridad, en virtud de que puede promoverlo en cualquier tiempo, cualquier persona distinta al quejoso puede presentar la demanda a su favor cuando está detenido e incomunicado, opera la suplencia absoluta de sus agravios y conceptos de violación y la no exigencia de agotar los recursos ordinarios previo al juicio constitucional en determinados supuestos, por ejemplo. Así las cosas, es injusto considerar que el quejoso consiente la sentencia de condena reclamada cuando solicita o se acoge a algún beneficio sustitutivo de la pena de prisión, dado que en ese caso sólo hace lo necesario para conservar su libertad o, incluso, para recuperarla y como se ve, no constituye una manifestación inequívoca de tener la voluntad de aceptar las consecuencias del fallo condenatorio; de ahí que esa circunstancia no sea apta para actualizar la causal de improcedencia de que se trata. Así lo sustentó este tribunal en el diverso amparo directo número 127/2004, resuelto por mayoría de votos en sesión de fecha veintiuno de mayo de dos mil cuatro; de ahí que no se esté en el caso de decretar el sobreseimiento en el presente asunto."

El Tribunal Colegiado de referencia emitió la tesis que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: III.2o.P.143 P

"Página: 1143

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSTITUIR O SUSPENDER LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, PORQUE NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA MANIFESTACIÓN INEQUÍVOCA QUE ENTRAÑE EL CONSENTIMIENTO DEL ACTO. La legislación penal sustantiva, en aras de equilibrar la facultad que el Estado tiene de sancionar a una persona que comete un delito, con la pena de esa especie y la tutela de ese alto valor como lo es la libertad, instituye beneficios que sustituyen, suspenden o, incluso, prescinden de dicha sanción, con esto el Estado busca una política criminal flexible, además de justa para dejar en reclusión a quien lo amerita, así como que un sujeto goce de libertad o semilibertad aunque se le condene por reunir determinadas condiciones que le favorecen, pues dichos beneficios tienen por objeto procurar la libertad del inculpado cuando éste satisface los requisitos legales para su procedencia y el juzgador, con base en su arbitrio, estima oportuno otorgarlos, lo que significa que a pesar de que se le considere responsable de un ilícito, el reo puede evitar un estado de reclusión para el cumplimiento de la sanción corporal; de tal suerte que debe estimarse que para efectos de la procedencia del amparo, el hecho de que el quejoso solicite un beneficio de esa naturaleza o se acoja a uno ya concedido oficiosamente por el juzgador, inclusive aunque otorgue la garantía condigna o pague la multa sustitutiva, no implica una manifestación de voluntad inequívoca que entrañe el consentimiento de la sentencia reclamada, porque en el supuesto de que el quejoso goce de la libertad caucional durante el proceso, al acogerse al beneficio, evita una posible reaprehensión; en cambio, si durante todo el proceso está recluido y promueve lo conducente para gozar de alguno de esos beneficios, es obvio que lo único que procura es que su detención cese de forma inmediata, por lo que en ambos supuestos, con la aplicación del beneficio, lo único que hace el quejoso es apartarse de un perjuicio mayor, como lo es el que se provoca con su reclusión, pues aun, como en el asunto, si el Juez de la causa declara suspendida la pena privativa de libertad, no implica que quede sin efectos ésta o se hubiere consumado, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 71 del Código Penal para el Estado de Jalisco, la suspensión tiene una duración igual a la de la pena, la cual se considera extinguida si durante el término de la sanción, contado a partir de la fecha en que se conceda en definitiva el beneficio, el reo no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; en caso contrario, según establece el precepto, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que al reo se le considera reincidente, lo que se traduce en que los efectos de la pena de prisión es que sólo se encuentre en suspenso y pueda reactivarse si el reo diere lugar a otra condena por delito doloso, lo anterior patentiza que el sentenciado, no obstante de solicitar o acogerse a un beneficio, debe conservar expedito el derecho de inconformarse contra la sentencia reclamada, pues tratándose de la materia penal, bajo los supuestos precisados, debe prevalecer la garantía de acceso efectivo a la justicia, la cual se vería violentada al hacer nugatoria la posibilidad del quejoso a que se resuelva en definitiva sobre su responsabilidad en la comisión del ilícito que se le atribuye mediante la promoción del juicio de amparo directo, ello en atención a los valores fundamentales que se encuentran en juego, entre otros, la libertad.

"Amparo directo 127/2004. 21 de mayo de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz."

SEXTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada.

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si el acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustitución o conmutación o suspensión de sanciones constituye o no el consentimiento del reo con la sentencia definitiva que hace improcedente el juicio de amparo directo en contra de ésta.

Al respecto, los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes; pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que lo anterior implica el consentimiento total con el fallo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo; mientras que, por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito emitieron posición contraria, considerando, respectivamente, que el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomado como una manifestación de voluntad que involucre su consentimiento tácito con todas las consideraciones y determinaciones contenidas en la sentencia, asimismo, que lo anterior no puede considerarse como una manifestación inequívoca que entrañe el consentimiento del acto, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia de mérito.

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios, plasmados en las propias tesis que emitieron.

Por último, también se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, pues el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió del mismo acto reclamado, sentencia definitiva condenatoria en materia penal.

Asimismo, los órganos colegiados partieron del análisis del mismo ordenamiento legal, pues para sustentar sus posturas se basaron en lo que dispone el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Ello permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.

SÉPTIMO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:

Como una cuestión previa, debe destacarse que la base jurídica que sustenta el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, requiere una precisión por parte de esta Primera Sala.

Dicho Tribunal Colegiado, al resolver el asunto sometido a su consideración, hizo referencia a la contradicción de tesis 102/2003-PS, resuelta por esta Primera Sala el diecisiete de marzo de dos mil cuatro, de la que emanó la jurisprudencia que quedó registrada con el número 15/2004.

En la mencionada contradicción de tesis se precisó el punto de contradicción en el sentido siguiente:

"En esas condiciones se concluye que en este asunto se configura la contradicción de tesis denunciada y que la problemática a dilucidar por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se circunscribe a determinar: Si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando se acude al juicio de garantías reclamando únicamente la pena de prisión impuesta como sanción principal en la causa penal natural, no obstante que el promovente hubiese cumplido parcialmente dicha resolución por haber cubierto el monto de la sanción pecuniaria (la reparación del daño y la multa) a que también fue condenado."

No obstante, además de resolver el ca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19228-6b410982/amparo-directo-en-materia-penal-cuando-el-quejoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.