ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. NO SE REBASA POR EL HECHO DE MODIFICAR EN LA APELACIÓN LA FORMA DE COMISIÓN DEL DELITO DE DOLOSA A CULPOSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver por mayoría de votos, el diez de junio de dos mil dos, el juicio de amparo directo 156/2002, interpuesto por el quejoso ... sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"OCTAVO. Son fundados los conceptos de violación que formula el quejoso, en cuanto aduce que el tribunal responsable al emitir la sentencia impugnada, violó en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, tal y como se desprende de la simple lectura de la resolución impugnada a través del presente juicio constitucional, el tribunal responsable al resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, declaró parcialmente fundados los agravios propuestos por el recurrente, sustentándose principalmente en que tanto el cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, así como la responsabilidad penal del sentenciado ... se encuentran plenamente acreditados con el material probatorio que arrojó el sumario, sin embargo, la conducta desplegada por el aquí quejoso debe atribuírsele a título de culpa o imprudencia; pues éste causó o produjo el resultado típico, que no previó, siendo previsible, o que previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y sus condiciones personales, en términos del artículo 14 del Código de Defensa Social para el Estado. Ahora bien, los artículos 12, 13 y 14 del Código de Defensa Social para el Estado, disponen que las conductas delictivas pueden ser dolosas o culposas; que el delito es doloso si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley; y que es culposo, si se produce el resultado típico, que no se previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Por tanto, la propia ley establece, en su parte general, una primera clasificación de los delitos, conforme a lo cual se puede infringir la norma en forma dolosa o culposa. Luego, si de autos aparece que el inculpado fue procesado, acusado y sentenciado, en primera instancia, como responsable de un delito doloso y pese a ello, el tribunal de apelación lo sancionó por estimar que había cometido un delito de naturaleza culposa, es claro que con tal determinación varió los términos de la acusación, en cuanto a la forma de comisión del delito imputado, por lo que invadió la función persecutoria que la ley reserva al Ministerio Público, con violación del artículo 21 constitucional. Al caso, resultan aplicables los criterios jurisprudenciales invocados por el propio quejoso bajo los rubros: ‘MINISTERIO PÚBLICO. NO SE PUEDEN SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL.’, ‘CLASIFICACIÓN DEL DELITO, CAMBIO DE LA, EN LA SENTENCIA.’, ‘ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL JUZGADOR DEBE ATENDER A ELLA Y NO AL DIVERSO DELITO POR EL QUE SE SIGUIÓ EL PROCESO.’ y ‘MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES DEFECTUOSAS, TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 279 Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SONORA).’; mismos que aparecen transcritos en los conceptos de violación propuestos por el quejoso, los cuales en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas. Así como la tesis número 100, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo criterio comparte este cuerpo colegiado, visible en la página 373, Tomo IV, diciembre de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘CLASIFICACIÓN DEL DELITO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE HACE EN LA SEGUNDA INSTANCIA. El tribunal de alzada no debe condenar al quejoso por una modalidad diversa por la que no se le siguió proceso alguno, en virtud de que lo deja en completo estado de indefensión al no defenderse de una imputación que viene a aparecer hasta el fallo de segunda instancia, el cual debe ser congruente con la naturaleza de la acusación que concretamente formuló el agente del Ministerio Público Federal en sus conclusiones; por tanto, el proceder del Tribunal Unitario responsable lo agravia al condenarlo por una modalidad distinta al delito por el que se le siguió el proceso y que rebasa los límites de la acusación.’. Por otra parte, debe decirse que de acuerdo a las constancias que integran el sumario, mismas a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierte que el agente del Ministerio Público, al formular sus conclusiones, acusó al hoy quejoso como penalmente responsable de la comisión del delito de daño en propiedad ajena ‘doloso’, la sentencia de primer grado condenó al mismo por el delito antes señalado y, finalmente, la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación propuesto por el sentenciado modificó la sentencia dictada por el Juez de la causa, considerando a ... penalmente responsable del delito de daño en propiedad ajena cometido ‘a título de culpa’. De lo antes expuesto se advierte, que es incorrecto el planteamiento formulado por el tribunal responsable al dictar la sentencia que se analiza, en la que medularmente varió la litis planteada por el agente del Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias y confirmada por el Juez de la causa incurriendo con ello en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual es procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el tribunal responsable, deje insubsistente la sentencia impugnada y en su lugar emita otra en la que atendiendo en forma exclusiva a los hechos que motivaron dicho proceso, en relación a las conclusiones acusatorias formuladas por el representante social, analice los agravios propuestos por el recurrente y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Por las razones antes expuestas, es evidente que tampoco le asiste la razón a los terceros perjudicados, al afirmar en sus alegatos que la resolución materia del presente juicio de garantías, se encuentra apegada a derecho y, por tanto, no conculca las garantías individuales del quejoso. En las condiciones relatadas, este Tribunal Colegiado llega a la conclusión de que la sentencia reclamada no se encuentra apegada a la ley y, por lo mismo, es violatoria de garantías; en consecuencia, lo procedente en el caso es conceder al quejoso el amparo y protección constitucional solicitada, para los efectos precisados en el párrafo precedente."
CUARTO. El Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de dicho Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 3/73, 203/73, 143/74, 233/75 y 320/75, realizó las consideraciones que a continuación se reproducen:
a) Amparo directo 3/73, promovido por ... resuelto el seis de julio de mil novecientos setenta y tres:
"III. Con independencia de los conceptos de violación transcritos y supliendo la deficiencia de la queja en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República y 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado del Noveno Circuito advierte de autos: que al quejoso ... se le instruyó proceso criminal por el delito de homicidio, habiéndosele dictado el seis de noviembre de mil novecientos setenta y uno, auto de bien preso por dicho ilícito ‘en el grado que posteriormente pueda resultar’; que seguida la secuela del procedimiento, el agente del Ministerio Público al concretar la acusación formuló conclusiones, precisando que encontró comprobado el cuerpo del delito de homicidio, y solicitó se le impusiera al ahora sentenciado la pena que previene el artículo 330 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, es decir, la sanción prevista para el delito de homicidio simple-intencional; que el Juez natural al dictar sentencia concluyó condenándolo a sufrir doce años de prisión, al considerarlo responsable del aludido delito cometido en forma intencional; que inconforme el condenado con dicha sentencia, interpuso recurso de apelación, y tramitando éste, el tribunal de alzada dictó sentencia definitiva, modificando la de primer grado, pues condenó al ahora quejoso a sufrir una pena privativa de libertad de cuatro años de prisión al estimarlo responsable del delito de homicidio por culpa. Finalmente, que el peticionario de amparo nuevamente inconforme con la resolución señalada, la combatió mediante el juicio constitucional que ahora se resuelve. Así, resulta que en la especie, si bien es cierto que el Ministerio Público al concretar su acusación penal en su pliego de conclusiones expresó que estaba comprobado en autos el delito de homicidio previsto por el artículo 326 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y solicitó se le impusiera al quejoso la pena prevista por el artículo 330 del mismo cuerpo de leyes invocado, es decir, la señalada para el homicidio simple-intencional, también lo es que el tribunal responsable consideró que la sentencia de primer grado le agraviaba al quejoso al considerarlo responsable del delito de homicidio intencional, pues advirtió dicho tribunal de alzada, que lo que se había demostrado en autos fue el ilícito de homicidio por culpa, y sobre esta base hizo la reducción de la pena correspondiente. Ahora bien, es incorrecto que se hubiese condenado al sentenciado por un delito de imprudencia y para demostrarlo se razona. El artículo 6o. del Código Penal para el Estado de Zacatecas, establece que: ‘Los delitos pueden ser: I. Intencionales. II. No intencionales o culposos; y III. Preterintencionales.’. Y luego agrega que ‘Es intencional o doloso, cuando se ejecuta voluntariamente una acción u omisión queriendo o aceptando el resultado. Es culposo cuando se comete sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado y con el que se cause igual daño que con un delito intencional. ...’; de lo que se advierte, que la ley punitiva para aquella entidad federativa, hace una clasificación de los delitos, en su parte general, conforme a la cual se puede infringir la norma penal, entre otros casos, bien cuando se actúa intencionalmente para producir el resultado querido, o bien cuando se efectúa una acción o se incurre en una omisión, involuntariamente, ocasionando daño como de la imprudencia, imprevisión, impericia, o falta de reflexión o de cuidado del agente del delito. Sentado lo anterior y sobre la base de que a la luz del artículo 21 constitucional la persecución de los delitos es exclusiva del representante social por ser el único titular de la acción penal, debe convenirse en que al órgano jurisdiccional no le está permitido variar la clasificación del delito, dado que ello implicaría rebasar los límites de la acusación e invadir funciones reservadas al fiscal. Y como quiera que esto es lo que hizo la Sala responsable, toda vez que el Ministerio Público acusó al quejoso por un homicidio intencional sin que de autos se desprenda que le imputara algún acto de imprudencia, imprevisión, impericia, falta de reflexión o de cuidado ni por ende, que persiguiera un delito culposo, es obvio que la Sala responsable, al estimar indemostrado el homicidio intencional que persiguió el representante social, debió de absolver al quejoso y no condenarlo por un homicidio imprudencial, como lo hizo, toda vez que con esto varió la clasificación del delito que en cuanto a su forma de comisión señala el citado artículo 6o. del Código Penal de Zacatecas, invadiendo así la función persecutoria de los delitos, la cual no le compete, con la consiguiente violación del artículo 21 constitucional, motivo por el que procede conceder al quejoso el amparo irrestricto de la Justicia Federal, sin que obste en contrario que el artículo 160 de la Ley de Amparo, diga que: ‘En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.’, toda vez que ahí mismo se agrega que: ‘No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal ...’, cuenta habida que, en la especie, no se surte la hipótesis que contempla la segunda parte del dispositivo transcrito, pues aunque al quejoso se le siguió proceso por los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación que realizó el Ministerio Público, éste no varió la clasificación del delito sino que concretó su acusación por un homicidio doloso sin dar oportunidad al peticionario de amparo para defenderse en cuanto al delito de homicidio imprudencial por el que la Sala lo sentenció y siendo ello así, resultaría ocioso conceder un amparo para efectos, máxime si se advierte que la responsable consideró indemostrado el homicidio intencional por el que acusó el fiscal. En este orden de ideas se impone concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, haciendo extensiva tal concesión por lo que respecta a los actos de la autoridad señalada ejecutora que también se reclamaron, conforme a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia No. 51, visible en la página 113, Sexta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación."
b) Amparo directo 203/73, interpuesto por ... resuelto el veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y tres:
"... Así pues, carecen de consistencia los conceptos de violación aducidos por el amparista, los cuales impugnan la consideración de la Sala responsable acerca de la existencia del delito de daño en propiedad ajena por culpa. En cambio, en suplencia de queja, en los términos dispuestos por el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, constitucional y 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que el fallo reclamado lesiona al quejoso por lo que se refiere al diverso delito de homicidio que también se le imputó. Efectivamente, el Ministerio Público al concretar su acusación penal expresó que estaba comprobado en autos el delito de homicidio previsto por el artículo 321 del Código Penal de San Luis Potosí y solicitó se le impusiera al quejoso la pena prevista por el artículo 326 del mismo cuerpo de leyes invocado, es decir, la señalada para el homicidio simple intencional, y el tribunal responsable consideró que la sentencia de primer grado agraviaba al quejoso al considerarlo responsable del delito de homicidio intencional, pues advirtió dicho tribunal de alzada que lo que se había demostrado en autos fue el ilícito de homicidio por culpa y sobre esta base hizo la reducción de pena correspondiente. Sin embargo, tal modificación en la condena resulta incorrecta, pues el artículo 7o. del ordenamiento represivo en mención establece: ‘Los delitos son: I. Intencionales. II. De culpa. Se entiende por culpa la imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que causa igual daño que un delito intencional ...’, dispositivo éste del que obviamente se advierte que la ley penal relativa hace una clasificación de los delitos, en su parte general, conforme a la cual se hace la distinción respecto de que las normas penales se pueden infringir, entre otras cosas, cuando se actúa intencionalmente para producir el resultado querido o cuando se efectúa una acción o se incurre en una omisión, involuntariamente ocasionando daño ya sea por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado del agente del delito. Así, y como quiera que la Sala responsable estimó indemostrado el delito de homicidio intencional en que versó la acusación del Ministerio Público y que en su lugar condenó por el delito de homicidio por culpa, resulta claro que con ello varió la clasificación del delito en cuanto a su forma de comisión, en los términos del citado artículo 7o. del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, invadiendo así la función persecutoria de los delitos, reservada exclusivamente al Ministerio Público, con la consiguiente violación del artículo 21 constitucional, sin que obste que el artículo 160 de la Ley de Amparo establezca: ‘En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.’, toda vez que ahí mismo se agrega que ‘No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiere en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiere a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal ...’, por lo que, en la especie, no se surte la hipótesis que contempla la segunda parte del dispositivo transcrito, pues aunque es cierto que al quejoso se le siguió proceso por los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación que realizó el Ministerio Público y que éste no varió la clasificación del delito, sino que concretó su acusación por un homicidio doloso, no menos verídico resulta que el peticionario del amparo no estuvo en aptitud de defenderse en cuanto al delito de homicidio imprudencial por el que la Sala lo sentenció. En las circunstancias expresadas, es de estimarse que el fallo reclamado es en parte violatorio de las garantías individuales del quejoso y, por ende, cabe concluir que lo procedente es conceder la protección solicitada para el efecto de que la Sala responsable, dejando subsistente lo resuelto a propósito del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena por culpa, y de la responsabilidad penal del quejoso en tal delito, modifique el fallo combatido absolviéndolo del diverso delito de homicidio intencional que se le atribuyó y, con plenitud de jurisdicción, aplique la pena que en derecho corresponde, por cuanto se refiere al delito patrimonial primeramente citado."
c) Amparo directo 143/74, interpuesto por ... resuelto el ocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco:
"II. Sin que sea necesario estudiar los conceptos de violación, en el presente caso procede suplir la deficiencia de la queja con apoyo en el artículo 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones: en el proceso del que emanan los actos reclamados, consta que el mismo se instruyó en contra del ahora quejoso por el delito de homicidio simple intencional en agravio de la menor ... se siguió dicho proceso por el mismo delito, y con fecha veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y tres, el Juez de primera instancia pronunció sentencia definitiva en la que estimó acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, así como la responsabilidad penal del quejoso en su comisión y le impuso una pena de diez años de prisión, absolviéndolo de la reparación del daño. Inconforme el sentenciado con la anterior resolución, interpuso el recurso ordinario de apelación, del cual tocó conocer a la Sala que ahora tiene el carácter de responsable, misma que el diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y tres, pronunció la sentencia que hoy se reclama, en la que modificó la sentencia apelada, estimó que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de homicidio imprudencial, así como la responsabilidad penal del quejoso en su comisión y le impuso una pena de cinco años de prisión. Inconforme nuevamente el apelante con la anterior resolución, promovió el presente juicio de garantías. Así pues, de la anterior relación se desprende que no obstante que el quejoso fue acusado y sentenciado en primera instancia por el delito de homicidio simple intencional, la Sala responsable, al conocer del proceso del que emanan los actos reclamados en segunda instancia, estimó que ‘se estaba en presencia de un caso típico de delito imprudencial y no de un homicidio intencional como lo afirmó el Juez’, y procedió a imponer la pena que creyó justa. Ahora bien, con tal conducta, la Sala responsable rebasó la acción penal ejercitada por el Ministerio Público en contra del quejoso, pues en ningún momento acusó a éste por la comisión de homicidio imprudencial, sino por la comisión de homicidio simple intencional. En tales circunstancias y tomando en cuenta que no se trata de grado del delito sino de forma de comisión, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 3o. y 4o. del Código Penal del Estado de Querétaro, en los que se establece una primera clasificación de los delitos, distinguiéndolos entre intencionales y no intencionales o de imprudencia, debe concluirse que si de autos se desprende que el Ministerio Público le atribuyó al quejoso una actuación delictiva intencional y que, pese a ello, la Sala responsable lo sancionó estimando que había cometido un delito imprudencial, es claro que con ello varió la clasificación del delito que en cuanto a la forma de comisión señala el artículo 3o. antes mencionado, invadiendo así la función persecutoria que la ley le reserva al representante social, por lo que resulta violado el artículo 21 constitucional y, en consecuencia, procede conceder el amparo solicitado. Sobre el particular se invoca la siguiente tesis de este Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: ‘MINISTERIO PÚBLICO. CASO EN QUE SE INVADE SU FUNCIÓN PERSECUTORIA. El artículo 6o. del Código Penal de Zacatecas establece, en su parte general, que los delitos pueden ser intencionales, no intencionales o culposos y preterintencionales, agregando que es intencional o doloso el que se ejecuta voluntariamente mediante una acción u omisión, queriendo o aceptando el resultado y que es culposo el que se comete sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado y que cause un daño igual o un delito intencional. De ello se advierte que la ley punitiva de Zacatecas establece una primera clasificación de los delitos, en su parte general, conforme a la cual se puede infringir la norma, entre otras cosas, bien actuando intencionalmente para producir el resultado querido, o bien involuntariamente pero causando el daño como consecuencia de la imprudencia, imprevisión, impericia o falta de reflexión o de cuidado; y si de autos aparece que el fiscal le imputó al quejoso una actuación delictiva intencional y que pese a ella la responsable lo sancionó estimándolo que había cometido un delito imprudencial, es claro que con ello varió la clasificación del delito que en cuanto a la forma de comisión señala el artículo 6o. antes mencionado, invadiendo así la función persecutoria que la ley le reserva al representante social, por lo que resulta violado el artículo 21 del Pacto Federal y se impone conceder la protección de la Justicia de la Unión. Amparo directo 3/73. ... 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra).’."
d) Amparo directo 233/75, interpuesto por ... resuelto el veinte de junio de mil novecientos setenta y cinco:
"III. Es innecesario el estudio y la transcripción de los conceptos de violación que hace valer el quejoso toda vez que, por diversos motivos a los que alega el sentenciado, debe concederse el amparo en suplencia de la queja en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción II y 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se desprende que a ... se le instruyó proceso criminal por el delito de homicidio, habiéndosele dictado el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y dos, auto de bien preso por dicho ilícito; que seguida la secuela del procedimiento, el agente del Ministerio Público al concretar la acusación formuló conclusiones, precisando que encontró comprobado el cuerpo del delito de homicidio y solicitó se le impusiera al ahora sentenciado la pena que previene el artículo 245 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, es decir, la sanción prevista para el homicidio simple intencional; que el Juez natural al dictar sentencia concluyó condenándolo a sufrir una pena privativa de libertad de diez años de prisión, al considerarlo responsable del aludido delito cometido en forma intencional; que inconforme el condenado con dicha sentencia, interpuso recurso de apelación, y tramitado éste, el tribunal de alzada dictó sentencia definitiva modificando la de primer grado, pues condenó al ahora quejoso a sufrir una pena privativa de libertad de tres años seis meses de prisión al estimarlo responsable del delito de homicidio imprudencial. Finalmente, el peticionario de amparo nuevamente inconforme con la resolución pronunciada por el tribunal de alzada, la combatió mediante el juicio constitucional que ahora se resuelve. Así resulta, en la especie, si bien es cierto que el Ministerio Público al concretar su acusación penal en su pliego de conclusiones expresó que estaba comprobado en autos el delito de homicidio previsto por el artículo 240 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, y solicitó se le impusiera al quejoso la pena prevista por el artículo 245 del mismo cuerpo de leyes invocado, es decir, la señalada para el homicidio simple intencional, no menos verídico lo es también que el tribunal responsable consideró que la sentencia de primer grado le agraviaba al quejoso al considerarlo responsable del delito de homicidio intencional, pues advirtió dicho tribunal de segundo grado que lo que se había demostrado en autos fue el ilícito de homicidio por imprudencia, y sobre esta base hizo la reducción de la pena correspondiente. Ahora bien, es incorrecto que se hubiese condenado al sentenciado por un delito de imprudencia y para demostrarlo se razona. El artículo 4o. del Código Penal para el Estado de Guanajuato, establece que: ‘Los delitos pueden ser: I. Intencionales, y II. No intencionales o de imprudencia ...’, y luego agrega que: ‘Se entiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daño que un delito intencional’, y que: ‘La intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario. La presunción de que un delito es intencional no se destruirá aunque el acusado pruebe alguna de las siguientes circunstancias: I. Que no se propuso ofender a determinada persona, si tuvo en general intención de causar daño. ...’; de lo que se advierte que la ley punitiva para aquella entidad federativa hace una clasificación de los delitos, en su parte general, conforme a la cual se puede infringir la norma penal entre otras cosas, bien cuando actuó intencionalmente para producir el resultado querido, o bien cuando se efectúa una acción o se incurre en una omisión, involuntariamente, ocasionando daño como resultado de la imprudencia, imprevisión, impericia, o falta de reflexión o de cuidado del agente del delito. Es importante destacar lo anterior porque sobre la base de que a la luz del artículo 21 constitucional la persecución de los delitos es exclusiva del representante social por ser el único titular de la acción penal, debe convenirse en que al órgano jurisdiccional no está permitido variar la clasificación del delito, dado que ello implicaría rebasar los límites de la acusación e invadir funciones reservadas al fiscal. Y como quiera que en la especie, esto es lo que hizo la Sala responsable, toda vez que el Ministerio Público acusó al quejoso por un homicidio intencional, sin que de autos se desprenda que le imputara algún acto de imprudencia, imprevisión, impericia, falta de reflexión o de cuidado ni, por ende, que persiguiera un delito culposo, es obvio que la Sala responsable, al estimar indemostrado el homicidio intencional que perseguía el representante social, debió de absolver al quejoso y no condenarlo por un homicidio imprudencial, como lo hizo, toda vez que con esto varió la clasificación del delito que en cuanto a su forma de comisión señala el citado artículo 4o. del Código Penal de Guanajuato, invadiendo así la función persecutoria de los delitos, la cual no le compete, con la consiguiente violación del artículo 21 constitucional, motivo por el que procede conceder al quejoso el amparo irrestricto de la Justicia Federal, sin que obste en contrario que el artículo 160 de la Ley de Amparo, señale que: ‘En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17879-80c9bf42/acusacion-del-ministerio-publico-no-se-rebasa-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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