CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema en materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para efectuar dicha denuncia de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los cuales establecen que éstos podrán realizar la respectiva denuncia.
TERCERO. Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues si dicho funcionario no ejerció la facultad que le concede el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, precluyó su derecho para hacerlo de conformidad con la siguiente tesis jurisprudencial.
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 1a./J. 107/2001
"Página: 8
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
"Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 84/2000. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz Mora.
"Contradicción de tesis 20/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del referido circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 63/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López.
"Contradicción de tesis 100/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.
"Tesis de jurisprudencia 107/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Humberto Román Palacios."
CUARTO. Precisado lo anterior, procede analizar las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo número 227/2001, interpuesto por ... aun cuando no formula tesis específica, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Por último, resultan infundadas las alegaciones atinentes a que se violaron los artículos 20, 146, 265 y 388 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que según el impetrante se debió ordenar la reposición del procedimiento de manera oficiosa al existir declaraciones contradictorias entre él y la testigo Bertha Alicia Bermejo Lara, las cuales no fueron aclaradas, lo que lleva a considerar que debieron haber sido careados para dirimir tales cuestiones, violándose así sus posibilidades de defenderse de manera adecuada. Son infundadas las manifestaciones antes indicadas y, para justificar lo anterior, deviene imperioso transcribir los artículos 206 y 265 del Código Federal de Procedimientos Penales: ‘Artículo 206. Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del Juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro medio de prueba, establecer su autenticidad.’. ‘Artículo 265. Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.’. En esa tesitura, de la interpretación estructural de los artículos antes expuestos se puede concluir que los careos procesales sólo pueden celebrarse siempre que sean ofrecidos por el procesado, su abogado defensor o el agente del Ministerio Público Federal, al tenor de que el artículo 206 del código adjetivo penal federal indica que durante el procedimiento se admitirán como pruebas todas aquellas que se ofrezcan como tales, por tanto, ese precepto al ser adminiculado con el diverso numeral 265 del mismo cuerpo normativo, lleva a la conclusión de que el Juez de la causa no está obligado a celebrar los careos procesales de oficio, pues la regla general establecida en el primero de los numerales transcritos consigna claramente que el juzgador está obligado a admitir como pruebas todas aquellas que se ofrezcan, siempre que sean conducentes y no vayan contra el derecho; en tal virtud, de la redacción de ambos preceptos no logra desprenderse la obligación del juzgador de la causa para celebrar los careos oficiosamente, y mucho menos puede sostenerse que la consecuencia de no efectuarlos traiga aparejada la reposición del procedimiento pues, se insiste, en la especie el quejoso no solicitó su celebración y como consecuencia de esa omisión, el Juez del proceso no estaba obligado a desahogar dicha probanza; bajo ese orden de ideas, resulta improcedente reponer el procedimiento en los términos que indica el peticionario de garantías. No pasa desapercibido para este cuerpo colegiado la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en las fojas 1209 y 1210 del Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor literal siguiente: ‘CAREOS PROCESALES. LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO, ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento «III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él.», se refiere a los careos constitucionales a que alude el artículo 20 constitucional, también lo es que el artículo 14 de la Carta Magna consagra la garantía del debido proceso legal, al estimar que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con «las formalidades esenciales del procedimiento», lo que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a las garantías de que se trata; en tal virtud, si en el caso existe disposición expresa en el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga a celebrar los careos procesales cuando exista contradicción sustancial en el dicho de dos personas, es claro que al encontrarse en tal hipótesis y no desahogarse dichos careos, ello implica violación a las referidas garantías de legalidad y seguridad jurídica y, por tanto, se actualiza la existencia de una violación procedimental que deja sin defensa al quejoso, análoga a la referida en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo.’; toda vez que de conformidad con las consideraciones precedentemente expuestas, en concepto de este tribunal, la falta de celebración de careos procesales que no fueron ofrecidos por el encausado ni su defensor no implica violación de garantías que conlleve la reposición del procedimiento, habida cuenta de que para ello era preciso que tal medio de convicción hubiese sido ofrecido expresamente, lo que en la especie no aconteció. En esa tesitura, al advertirse oposición entre el criterio sustentado en esta ejecutoria y la tesis antes transcrita, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la existencia de una posible contradicción de tesis."
La reposición del procedimiento oficiosa que solicitó el quejoso ... en esta ejecutoria, se sustentó en las declaraciones contradictorias entre éste y la testigo Bertha Alicia Bermejo Lara, en la causa penal 254/98, instruida en contra del procesado por un delito contra la salud.
En efecto, sobre los hechos que interesan al presente estudio, el procesado ... dijo:
"... que el tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho, aproximadamente a las once horas, fue detenido en compañía de su esposa Nancy Okhuysen Yanez y sus menores hijos Joy y Jacob, de apellidos Arreola Okhuysen, cuando viajaban a bordo de un vehículo marca Tsuru, Nissan, color tinto, con placas del Estado de Puebla, conducido por el emitente y propiedad de María Concepción González Hernández, persona a quien en otras ocasiones ya había visto, por haberle llevado juicios mercantiles, dado que al llegar al punto de revisión carretero Precos, les marcaron el alto unas personas que se identificaron como elementos de la Policía Judicial Federal, quienes les solicitaron autorización para llevar a cabo una revisión al vehículo de mérito, sacando del interior de la parte donde se encuentra la guantera, por la zona de arriba, unos paquetes con cinta masking-tape, color beige y que dichos elementos le dijeron que se trataba de heroína; que en presencia del de la voz le pusieron el taladro, extrayendo del interior una sustancia pastosa de color negro, razón por la cual fue detenido y trasladado junto con su esposa hacia una segunda planta que sirve como oficina del punto de revisión de que se trata; que el treinta de septiembre del presente año, cuando se encontraba en su oficina atendiendo a unas personas, llegó la señora María Concepción González Hernández, quien le dijo a su secretaria, de nombre Bertha, que iba a dejar las llaves del vehículo Tsuru relacionado, que había quedado de prestarle al declarante y que dicho automotor se encontraba en buenas condiciones para sacarlo a carretera, que ella luego iba a ver al emitente a la ciudad de Hermosillo, Sonora, que le dejara las llaves del vehículo en el hotel Holliday Inn de esa ciudad; que María Concepción, el sábado tres de octubre por la tarde noche, iba a pasar por el referido automotor o, en su caso, su hermana Ana sería la que recogería la mencionada unidad motriz ... que su secretaria Bertha le informó al declarante que la señora María Concepción le dejaba las llaves del vehículo afecto, como a las diez de la mañana del viernes dos de octubre del año en curso ..."
La testigo Bertha Alicia Bermejo Lara manifestó:
"... Que no le consta si el señor ... le atendía los asuntos personales a la señora María Concepción González Hernández; que ignora totalmente que la referida señora contrató los servicios de ... para una cobranza de carácter mercantil en la ciudad de Hermosillo, Sonora; que ignora si con anticipación ... le hubiese efectuado cobranzas de carácter mercantil en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la señora González Hernández, porque la declarante sólo era recepcionista en general de todas las oficinas del edificio, que en total son ocho y que la de la voz no era secretaria de éstas, únicamente se desempeñaba como secretaria personal del licenciado Jorge Luis Arriaga Mendoza; que no le consta que María Concepción González Hernández le haya entregado personalmente a ... unas llaves de vehículo; que no conoce a González Hernández y que no recuerda que en alguna ocasión le haya dejado llaves de algún vehículo, por lo que ignora las características de dicho automotor; que jamás dicha persona le dio llave alguna, ni recuerda que en alguna ocasión le hubiera entregado llaves de vehículo, ni para dicho abogado ... ni para otra persona."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el cinco de abril de dos mil uno, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo número 60/2001, promovido por ... consideró, en la materia que interesa, lo siguiente:
"IV. Es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo, el concepto de violación en el que se aduce que se viola en perjuicio del peticionario de amparo la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, al no cumplirse las formalidades esenciales en el procedimiento penal del que deriva la sentencia ahora reclamada. Previo a toda consideración, conviene aclarar que los careos constitucionales previstos en el artículo 20, fracción IV, de la Constitución Federal, sólo pueden decretarse cuando lo pida el inculpado o su defensa, pues dicho precepto establece: ‘En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: ... IV. Siempre que lo solicite, será careado en presencia del Juez con quienes depongan en su contra.’; en cambio, los careos procesales previstos por el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando procedan se ordenarán de oficio por el juzgador, ya que este artículo señala: ‘Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.’; luego, los careos constitucionales difieren de los careos desde el punto de vista procesal, porque los primeros tienen por objeto que el inculpado vea y conozca a las personas que declaran en su contra, para estar en posibilidad jurídica de defenderse en el proceso; mientras que los segundos persiguen la finalidad de aclarar los puntos de contradicción sustancial que existan entre las declaraciones respectivas de dos personas, para que el juzgador cuente con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad. Ahora bien, en el caso se advierte que en el proceso penal seguido en contra del ahora quejoso debió ordenarse de oficio la celebración de careos procesales, por lo siguiente: De las constancias que integran el juicio natural de primer grado se advierte, por una parte, que obra el dicho de tres personas (agentes aprehensores), quienes coinciden en lo sustancial, en el sentido de que vieron que el aquí quejoso traía el arma; y, por la otra, también existe el dicho del quejoso ... quien negó haber traído consigo dicha arma de fuego, aduciendo que la traía un individuo apodado ‘El Loco’, así como los diversos testimonios de sus codetenidos Edel Enrique Ramírez Velasco y Raúl Saldaña Sánchez, quienes al igual que el anterior, dijeron que el arma la traía el individuo identificado como ‘El Loco’. En efecto, los policías Silverio Muñoz Loza, Alberto Suárez Vélez y Luis López Miramontes, ante el agente del Ministerio Público Federal (fojas de la 33 a la 41) expusieron, en síntesis, lo siguiente: Silverio Muñoz Loza dijo: ‘... con el respectivo permiso del dueño nos introducimos al bar logrando avistar a dos sujetos del sexo masculino que empezaron a correr y alcanzaron a saltar por una de las ventanas que da a un patio, introduciéndose a una casa habitación aledaña al billar, motivo por el que empezamos una persecución a pie sobre las dos personas y los compañeros policiacos Alberto Suárez Vélez y Luis López Miramontes, pidieron permiso a los dueños de la casa para poder lograr la captura de los «chavos» por lo que alcancé a ver que el compañero Alberto Suárez logró alcanzar a uno de los «chavos» que ahora sé responde al nombre de ... el cual portaba en su mano derecha una pistola, tipo revólver, calibre .22, marca Llama, la cual traía tres cartuchos útiles y dos tiros más percutidos ... para corroborar la detención al momento que los estábamos subiendo a la patrulla, varias personas que estaban en el bar los señalaron como los sujetos que los habían robado y reconociendo a quien dijo llamarse ... como el sujeto que traía el arma de fuego ...’. Alberto Suárez Vélez, al igual que el anterior, manifestó textualmente: ‘... con el respectivo permiso del dueño nos introducimos al bar logrando avistar a dos sujetos del sexo masculino que empezaron a correr y alcanzaron a saltar por una de las ventanas que da a un patio, introduciéndose a una casa habitación aledaña al billar, motivo por el que empezamos una persecución a pie sobrelas dos personas y mi compañero Luis López Miramontes y el de la voz pedimos permiso a los dueños de la casa para poder lograr la captura de los «chavos» por lo que al introducirnos a la casa alcancé a ver que a uno de los «chavos», que ahora sé responde al nombre de ... el cual portaba en su mano derecha una pistola, tipo revólver, calibre .22, marca Llama, la cual traía tres cartuchos útiles y dos tiros más percutidos ... para corroborar la detención al momento que los estábamos subiendo a la patrulla, varias personas que estaban en el bar los señalaron como los sujetos que los habían robado y reconociendo a quien dijo llamarse ... como el sujeto que traía el arma de fuego ...’. Luis López Miramontes dijo: ‘... con el respectivo permiso del dueño nos introducimos al bar logrando avistar a dos sujetos del sexo masculino que empezaron a correr y alcanzaron a saltar por una de las ventanas que da a un patio, introduciéndose a una casa habitación aledaña al billar, motivo por el que empezamos una persecución a pie sobre las dos personas y mi compañero Alberto Suárez Vélez y el de la voz pedimos permiso a los dueños de la casa para poder lograr la captura de los «chavos» por lo que al introducirnos a la casa alcancé a ver a uno de los «chavos», que ahora sé responde al nombre de ... logrando su captura y al momento de revisarlo traía varios objetos como carteras, teléfonos celulares y efectivo, y mi compañero Alberto Suárez logró la captura del otro «chavo» que traía en la mano una pistola, motivo por el cual procedimos a su detención y para corroborar la detención al momento que los estábamos subiendo a la patrulla, varias personas que estaban en el bar los señalaron como los sujetos que los habían robado y reconociendo a quien dijo llamarse ... y ser el mismo que detuvo mi compañero ...’. A su vez, el aquí quejoso, ante el fiscal federal (fojas 44 a 47), refirió que cuando ingresaron al lugar donde cometieron el robo, un sujeto de quien sólo sabía que le decían ‘El Loco’, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en dos ocasiones, y al tener a la vista la pistola tipo revólver, calibre .22, marca Llama, con tres cartuchos útiles y dos percutidos, la reconocía como la que portaba el mencionado ‘Loco’ al momento del robo; ante el Juez de la causa (folios 90 a 93) mencionó que estaba de acuerdo con su declaración ministerial, aclarando que estando en el lugar ‘El Loco’ se introdujo para efectuar los disparos, diciéndole al declarante que entrara, por lo que éste al verle la pistola tuvo miedo y se metió; que no era verdad que el quejoso portara el arma; que pensaba que como ‘El Loco’ se les fugó a los policías, éstos de coraje dijeron que le quitaron el arma al declarante. Por otro lado, ... (codetenido del quejoso) declaró, en lo que interesa (folios 47 a 50), lo siguiente: ‘... a los pocos minutos vi que traían arrestados a mis otros dos amigos ... pero no vi que viniera «El Loco» por lo que me imagino que a él no lo pudieron arrestar, agregando que yo desconozco qué haya pasado en el billar cuando yo me salí, además de que desconocía de que «El Loco» trajera la pistola hasta que vi que la sacó adentro del billar; la media filiación de «El Loco» es la siguiente: alto, güero, de ojos cafés, pelo oscuro, nariz chata y flaquillo, y del que desconozco dónde viva, ya que siempre él nos visitaba; acto continuo se me pone a la vista una pistola revólver, calibre .22, marca Llama, con tres cartuchos útiles y la reconozco como la que vi que sacó «El Loco» al momento que estábamos adentro del negocio ...’. ... expuso (fojas 52 a 54) lo que a continuación se transcribe: ‘... es el caso que al introducirnos al billar «El Loco» sacó un arma e hizo dos disparos al aire diciéndole a la gente que estaba ahí que se tiraran al suelo, cuando de pronto escuché que dijo Enrique que había llegado la policía, por lo que todos empezamos a correr y «El Loco» con la pistola que traía rompió un vidrio y por ahí nos salimos ... «El Loco» y yo ... y yo nos escondimos en el patio de una casa y «El Loco» no quiso y siguió corriendo, a los pocos momentos vi que entraron unos policías a la casa donde estábamos y nos detuvieron a ... y a mí, y al momento que nos llevaban a la patrulla vi que tenían detenido a Enrique, pero no vi detenido al «Loco» ...’. Como puede verse, en el caso existe contradicción en lo sustancial entre las declaraciones referidas, pues mientras que los elementos aprehensores hacen imputaciones al aquí quejoso, en el sentido de que él era quien el día de los hechos traía el arma de fuego, el quejoso y sus codetenidos mencionaron que quien traía la pistola fedatada era un individuo apodado ‘El Loco’; en tales condiciones, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 265 de la ley sustantiva penal federal, consistente en la obligación de llevar a cabo careos directos entre los citados agentes aprehensores y el ahora quejoso, así como entre los codetenidos del promovente del amparo y los policías antes mencionados, con la finalidad de aclarar los puntos de contradicción existentes entre dichas declaraciones, dirimir discrepancias y llegar al debido esclarecimiento de los hechos que permita conocer la verdad que se busca. De acuerdo con lo anterior, se actualiza lo que establece el diverso numeral 387 del Código Federal de Procedimientos Penales, que estatuye: ‘No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga dicho procedimiento.’, pues, en la especie, debe tenerse en cuenta que se trata de una omisión en que incurrió el Juez del proceso, consistente en no llevar a cabo el desahogo de los careos procesales, no obstante tener obligación de hacerlo conforme al citado artículo 265 del enjuiciamiento penal federal, lo que sin duda afectó las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, por lo que se estima que se violó en perjuicio del quejoso sus garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el artículo 14 constitucional que, en lo conducente, dice: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’; por tanto, debe reponerse el procedimiento. En tales condiciones, este tribunal estima que se actualiza una causa análoga a la prevista por el artículo 160, fracción III, en relación con la fracción XVII, de la Ley de Amparo, que respectivamente dicen: ‘Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él; ... XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.’, puesto que, como se estableció, no se ordenaron los careos procesales antes relatados, y la falta de éstos al igual que la de los constitucionales a los que se refiere la transcrita fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo, dejaron sin defensa al procesado. Consecuentemente, debe concederse al quejoso ... el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y ordene al Juez de la causa la reposición del procedimiento en el juicio criminal de primer grado, a fin de que exclusivamente se desahoguen los careos procesales antes mencionados, previstos en el artículo 265 del enjuiciamiento penal federal, y hecho que sea lo anterior, y seguido el proceso por sus etapas procedimentales correspondientes, dicte con plenitud de jurisdicción la sentencia que estime pertinente, en la inteligencia de que la nueva resolución no podrá agravar la actual situación jurídica del solicitante de amparo. No pasa desapercibido para este tribunal, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, cuyos rubro y texto dicen: ‘CAREOS PROCESALES. SU FALTA DE DESAHOGO NO ESTÁ COMPRENDIDA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. La falta de celebración de careos procesales que no fueron ofrecidos ni por el encausado ni por su defensor no implica violación de garantías si se toma en cuenta que los mismos no son de aquellos a los que se contrae la fracción IV del artículo 20 constitucional, cuya omisión pueda dar origen a que se reponga el procedimiento, puesto que no están comprendidos en la hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo.’; porque si bien es cierto que la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo, se refiere a los careos constitucionales a que alude el artículo 20 constitucional, también lo es que el artículo 14 constitucional consagra la garantía de debido proceso legal, al establecer que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con ‘... las formalidades esenciales del procedimiento ...’; lo que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a las garantías de que se trata; en tal virtud, si en el caso existe disposición expresa en el artículo 265 del Código Fede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17323-b171f1f8/careos-procesales-el-juzgador-debe-ordenar-su-desahogo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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