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Modo: Corpus Pro

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA OMISIÓN DE IDENTIFICAR A LOS TESTIGOS MEDIANTE DOCUMENTO IDÓNEO, EN SÍ MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR PROBATORIO A SU TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizado lo anterior se procede a transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil el amparo directo 392/2000, interpuesto por ... en contra de la sentencia definitiva dictada en el toca penal 349/2000, por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en la parte conducente estableció lo siguiente:

"Como se dice en la demanda de amparo, es cierto que la testigo ... en las dos primeras declaraciones que rindió ante el Ministerio Público, no se identificó, sin embargo, esa circunstancia no le resta valor jurídico a dichas declaraciones, porque en la diligencia en que fue careada con el quejoso (fojas 104 vuelta, 106 y 106 vuelta), la testigo se identificó con su credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, diligencia en la que estuvieron presentes el quejoso, su defensor y la propia deponente, y fueron leídas las anteriores declaraciones de esta última, respecto de las cuales indicó: ‘me es leída la declaración que rendí en primer término ante el Ministerio Público, quiero manifestar ... una vez que me es leída la segunda declaración que rendí ante el Ministerio Público ...’, esto es, aunque en parte se retractó, expresamente reconoció que es la persona a la que se refieren sus dos declaraciones rendidas ante el representante social en la averiguación previa; por otra parte, nadie formuló objeción alguna respecto a que pudiera no ser la misma testigo, circunstancias que permiten determinar que no existe duda de que se trata de la misma persona. Por otra parte, adverso a lo que alega el quejoso, esta testigo aunque no presenció el momento en el que se le hizo el disparo al ahora fallecido, ello no significa que no fue testigo de ningún hecho, porque presenció el momento en que el hoy difunto llegó a su casa y ahí se quedó cuando ella salió a llevar a sus hijas a la escuela; también refirió la ocasión en que regresó, después de la segunda vez que salió de su domicilio, momento en el que su esposo estaba en la calle y le dijo que al parecer había matado a ‘Amín’, y también estuvo presente en el interior de la casa cuando ahí encontró al lesionado, llamó a la Cruz Verde, de lo que se sigue que le constan los hechos de que el hoy difunto llegó a su domicilio a buscar a su esposa, ahí se quedó cuando ella salió, y en la segunda ocasión que regresó también le consta que estaba con las lesiones que le produjeron la muerte, por tanto, es testigo, no de todos pero sí en parte de los hechos relacionados con el delito, por lo que su dicho tiene valor legal, en la parte que hizo la narración en los términos antes apuntados en esta ejecutoria, sin que tampoco se le deba negar valor jurídico porque se trate de un testigo singular, pues ya quedó analizada la forma en que se tuvieron por comprobados el cuerpo del delito y la responsabilidad del disconforme en su comisión. Por las razones apuntadas en el párrafo que precede, no son aplicables en la forma que pretende el demandante de garantías, las tesis bajo los rubros: ‘TESTIGOS EN MATERIA PENAL.’, ‘TESTIGOS DE OÍDAS.’ y ‘TESTIGOS DE OÍDAS.’ (sic). En la demanda de amparo se controvierte el valor legal de los testimonios de Esther Romero Romero (sirvienta) y ... (esposa del quejoso); respecto de la primera porque no se identificó, además de que ... no refirió la presencia de Romero Romero, y por lo que ve a la segunda, en la comparecencia que hizo ante el Ministerio Público, el nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis se pretendió ‘hacerle saber el derecho que la ley le confiere para abstenerse de declarar en contra de su marido y ella renuncia a ese derecho’; asimismo, se alega que existen contradicciones en las declaraciones de ambas personas, por lo que no se deben tomar en cuenta ninguna de ellas. Sobre el particular, se debe señalar que, en efecto, Esther Romero Romero en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la etapa de averiguación previa, no se identificó porque, según dijo, en ese momento no tuvo documento idóneo para hacerlo, motivo por el cual, aunque la identificación de los testigos no está prevista por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, el testimonio de que se trata no merece valor jurídico, pues dárselo al dicho de alguien que no se identifica implicaría la posibilidad de la suplantación de personas o presentación de testigos ficticios que, por lo mismo, podrían mentir ante la eventualidad de que fueran identificados y castigados por su falsedad; sin embargo, si la responsable tuvo en cuenta como prueba de cargo el testimonio de Romero Romero, ello no irroga perjuicio al demandante del amparo, porque con las constancias analizadas en esta ejecutoria quedaron comprobados los elementos del delito de homicidio de que se habla y la responsabilidad del hoy quejoso en su comisión. Por lo que hace al valor del testimonio de Alma Linda Castro de Zerecero, en la declaración que refiere el quejoso, rendida el nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis (fojas 14 y 14 vuelta), la autoridad investigadora hizo de su conocimiento las ‘obligaciones’ contenidas en el artículo 197 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, luego la deponente dijo: ‘Que fue mi voluntad presentarme ante esta autoridad y enterada que fui de las obligaciones contenidas en el artículo 197 del enjuiciamiento penal que nos rige ...’, de lo que se sigue que en la diligencia en mención, el fiscal investigador le hizo saber el derecho que tenía de abstenerse de declarar en contra de su esposo, que le otorga el dispositivo legal señalado, pues aunque señala las ‘obligaciones’ del citado artículo 197, no podía hacérsele saber otra cosa que su contenido, y si depuso en la forma que lo hizo, se estima que fue por su libre voluntad, circunstancia que no es motivo para negarle valor a su dicho porque no obstante que se le hizo saber que podía abstenerse de externarlo, voluntariamente declaró, lo que es permitido por la ley, ya que el artículo en cuestión (197 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco) exime a la esposa de la obligación de declarar en contra de su cónyuge, pero no le impide que lo haga si lo decide, ya que así lo señala ese dispositivo en su párrafo último, que dice: ‘Si alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores tuviere voluntad de declarar, se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración.’; por otro lado, con independencia de que existan o no contradicciones entre el dicho de ... de Zerecero y el de Esther Romero Romero, se debe destacar, en primer lugar, que si el testimonio de la segunda carece de valor, resulta ocioso considerar dichas contradicciones en caso de que las haya y, en segundo, que la versión de la esposa del disconforme es concordante con la de éste, excepto en lo relativo a que su esposa afirmó que él le dijo que pelearon y tuvo que dispararle, y al parecer lo mató, particularidad ésta que el quejoso negó y sólo adujo que forcejearon por el arma y fue el propio agraviado quien se disparó, circunstancia que no es suficiente para restar valor a lo expuesto por ... porque como quedó analizado anteriormente en este fallo, esa parte del dicho del inculpado no se tiene por cierta, razones por las que los hechos narrados por ... en lo esencial, son concordantes con la mecánica de los hechos en general, incluso con lo expuesto por el quejoso en la parte que le perjudica. Los razonamientos concernientes a no dar valor al testimonio de una persona que no se identifica encuentran apoyo, por las razones que la informan, en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 88, Cuarta Parte, página 59, que dice: ‘TESTIGOS, IDENTIFICACIÓN INDISPENSABLE ANTE EL JUEZ DE LOS. Es requisito indispensable para la recepción de la prueba testimonial el que la persona que vaya a declarar se identifique plenamente ante la autoridad judicial, porque, de no ser así, ello daría lugar a múltiples abusos, consistentes en posibles suplantaciones de personas o la presentación de testigos ficticios, los cuales, por lo difícil que sería imponerles una pena como consecuencia de una declaración falsa, es poco creíble que realmente aportaran datos reales para el conocimiento de la verdad, lo que traería como consecuencia la natural desconfianza hacia este medio de prueba y por lo consiguiente su nulificación. Además, si el testigo no puede identificarse y en el acta de la audiencia no existe constancia alguna en el sentido de que se le haya solicitado al Juez que alguna de las personas comparecientes y que conocen a quien dice ser el testigo propuesto lo identifique, ni que se haya solicitado un término perentorio al Juez para acreditar la identidad del testigo, es justa la negativa de dicha autoridad a recibir el testimonio de esa persona.’. El criterio aquí adoptado en el sentido de que no se debe dar valor jurídico al testimonio de una persona que no se identifica, se encuentra en contradicción con lo que sobre este punto sostuvieron los Tribunales Colegiados, del Vigésimo Circuito y en Materia Penal del Sexto Circuito, la primera publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página 756 y, la segunda, tesis VI.P.46 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero del año dos mil, página 1129, del tenor literal siguiente: ‘PRUEBA TESTIMONIAL. LA NO IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA, NO INVALIDA SU DICHO.’ (la transcribe) y ‘TESTIGOS DE CARGO. SU FALTA DE IDENTIFICACIÓN POR SÍ SOLA NO BASTA PARA RESTARLE VALOR PROBATORIO A ESA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (la transcribe); en vista de la contradicción de tesis a que se alude, procede denunciarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para lo cual se ordena remitirle copia certificada de la presente resolución."

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo 686/99, interpuesto por ... en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca penal 336/98 sustentó, en la parte conducente, lo siguiente:

"También manifiesta la quejosa que las declaraciones de María de Lourdes González Oliver, Bertha Díaz Díaz, Silvia Alarcón González y Juan Héctor Rivera Garcés, carecen de valor probatorio por ser testigos falsos, además de que no reúnen los requisitos que establece el artículo 201 del código procesal de la materia, en virtud de que no coinciden en los accidentes, y ni unos ni otros pueden ser considerados para justificar la propiedad, preexistencia y falta posterior de lo robado, aduciendo al respecto que, por lo que se refiere a Bertha Díaz, carece de valor porque no se identificó al momento de rendir su declaración por no contar con credencial, y en lo que se refiere a Silvia Alarcón González, porque no puede tener el doble carácter de agraviada y de testigo de los hechos, y en lo que respecta a María de Lourdes González Oliver, resulta ser suegra de Sergio Carriles Uriarte y madre de Silvia Alarcón González, además de que de sus generales que constan en su declaración ministerial se advierte que ella no habita la casa en donde aconteció el evento, sino que es originaria y vecina del Estado de Veracruz, y por lo que respecta a Juan Héctor Rivera Garcés, éste resulta ser chofer del agraviado, además de que difiere en las fechas de viaje a la Ciudad de México y de los hechos acontecidos en esta ciudad de Puebla. Tales manifestaciones también resultan ser infundadas, pues el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado no exige como requisito de validez de la prueba testimonial el que se identifique la persona que vierte su declaración, sino que únicamente establece que el individuo tenga la edad, capacidad e instrucción suficiente para juzgar el acto; que por su probidad, con independencia de su posición y antecedentes personales, sea completamente imparcial; que el hecho declarado sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo haya hecho por sí mismo y no por inducciones o referencias; que al declarar lo haga de manera clara y precisa, sin ninguna duda ni reticencia, ya sea sobre la sustancia o circunstancias esenciales del hecho; que no hayan sido obligados a declarar, ya sea por fuerza, miedo o impulsados por engaño, error o soborno; que sean uniformes, es decir, que convengan tanto en la sustancia como en los accidentes del hecho o que, aun cuando no convengan en éstos, la discrepancia no modifique la esencia del evento a juicio del Juez o de la Sala, por lo que se puede decir que al no exigirse como requisito de validez, el que la persona que rinde el testimonio se identifique plenamente ante la autoridad que recabó dicha probanza, es claro que esa falta no le resta valor probatorio a la prueba."

Tal resolución dio lugar a la tesis que enseguida se cita:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, febrero de 2000

"Tesis: VI.P.46 P

"Página: 1129

"TESTIGOS DE CARGO. SU FALTA DE IDENTIFICACIÓN POR SÍ SOLA NO BASTA PARA RESTARLE VALOR PROBATORIO A ESA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la prueba testimonial adquirirá valor probatorio en la causa penal, si se desahoga por lo menos a cargo de dos testigos que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tengan completa imparcialidad en relación a los hechos sobre los que declaren, los cuales sean susceptibles de apreciarse a través de los sentidos y que los conozcan por sí mismos y no por inducciones o referencias de otra persona, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que los testigos no se hubieren identificado plenamente ante la autoridad que recabó dicha probanza, ya que además de no ser un requisito necesario, es insuficiente para restarle valor probatorio a sus declaraciones.

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 686/99. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Arturo Gómez Ochoa."

A su vez, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con fecha catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió por unanimidad de tres votos el amparo directo 116/88 interpuesto por Abraham López Chatú, en contra de la sentencia dictada en el toca civil 1166/B/87 el dieciséis de febrero del año mencionado, por la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chiapas, con base en las siguientes consideraciones:

"Por otra parte, asiste la razón al quejoso cuando alega que la Sala Civil responsable incorrectamente desestimó la prueba testimonial que ofreció durante el juicio a cargo de Francisco López Sánchez, Isabel López Chatú y Blanca Esther López Sánchez, por considerar dicha Sala que los testigos no se encuentran identificados con documento alguno, pues con independencia de que la responsable no se funda en ningún precepto legal que apoye ese argumento, cabe señalar que la falta de identificación de los testigos no es suficiente para restarles eficacia probatoria, supuesto que conforme a las reglas reguladoras de dicha prueba son otras las condiciones exigidas por la ley que se requieren para invalidar el dicho de los testigos; por tanto, si éstos no se identificaron, tal deficiencia únicamente pudiera ser imputable al funcionario que levantó la diligencia al no recabar ese dato; sin embargo, no obstante lo anterior, debe decirse que con la referida prueba testimonial no llegaron a justificarse los hechos constitutivos de la acción de divorcio intentada por el actor en relación con la causal de injurias, supuesto que, por una parte, como lo advirtió la Sala responsable, la prueba testimonial aludida carece de eficacia probatoria por haberse producido en términos similares. Efectivamente, teniendo en consideración que una de las expresiones más importantes del arbitrio judicial, al calificar el dicho de los testigos, estriba en tomar en cuenta todas aquellas circunstancias que hagan parcial un testimonio, aunque no hubieren sido planteadas por las partes contendientes, en el caso es correcta la apreciación de la responsable al no otorgarle valor legal a dicha probanza ofrecida por el quejoso durante la secuela del juicio, en virtud de que los términos usados por los deponentes en relación con el acontecimiento de que se trata, son casi idénticos, lo que engendra sospecha sobre su credibilidad, pues si bien es cierto que los testimonios deben ser uniformes, esto se refiere a la sustancia y a los accidentes de los hechos sobre los que declaran, mas no a los términos empleados en las declaraciones, todo lo cual permite establecer cierta parcialidad y, por ende, a concluir que los testigos únicamente fueron narradores de un hecho del que no tuvieron la experiencia por no haberlo presenciado o escuchado, más aún cuando dichos testimonios no se encuentran respaldados con otros elementos de convicción, por lo que resulta conforme a derecho uno de los criterios de la responsable para negarle valor a la testimonial y esto es suficiente para sustentar la sentencia."

El referido órgano jurisdiccional a su vez dictó sentencia el trece de junio de mil novecientos ochenta y nueve en el juicio de amparo directo civil 13/89, interpuesto por Irma Argüello Gordillo, en contra de la sentencia emitida en el toca civil 793-A/1988 el seis de octubre del año de mil novecientos ochenta y ocho, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, reiterando el criterio emitido respecto del tema de la identificación de los testigos en los siguientes términos:

"Por otra parte, es infundado lo argüido en el sentido de que la Sala responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado negó valor probatorio a la prueba documental consistente en la constancia expedida por el presidente municipal sustituto de la ciudad de Palenque, Chiapas, porque con la misma acreditó la posesión que detenta del bien inmueble desde hace más de quince años; sobre el particular cabe decir que las certificaciones expedidas por autoridades municipales sobre la existencia del domicilio de la ahora quejosa, dentro de su jurisdicción territorial, sólo pueden acreditar de manera fehaciente ese hecho cuando se apoye en expedientes o registros que existieron previamente en el Ayuntamiento respectivo, para que pueda ser considerado como constitutivo de documento público y, por ende, pueda atribuírsele valor probatorio pleno, habida cuenta que de la literalidad del documento en cuestión se advierte que fue expedido a solicitud de parte interesada y, por ende, se considera un documento confeccionado, por contener datos que se presume fueron proporcionados por la quejosa; consecuentemente, es correcto el razonamiento de la Sala Civil responsable en el sentido que se trata de una aseveración del funcionario que la expide sin escuchar en modo alguno al que se puedeperjudicar. Por último, es fundado pero inoperante el argumento que aduce la quejosa, en el sentido de que la Sala Civil responsable indebidamente negó valor probatorio a la prueba testimonial a cargo de Antero González González, porque éste no se identificó al momento de desahogarse. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la Sala responsable, la no identidad del testigo no invalida de manera absoluta la declaración, en virtud de que dicha omisión es una causa imputable al juzgador y no al oferente de la prueba, mucho menos al testigo; sin embargo, dicha probanza resulta insuficiente para considerar que la quejosa probó plenamente que se encuentra en posesión del bien inmueble desde el año de 1967, en virtud de que dicho testimonio es singular al no estar adminiculado con otros medios de prueba; por consiguiente, en nada le favorece porque su solo dicho no desvirtúa el derecho de propiedad que le asiste al actor."

Las anteriores ejecutorias originaron la formulación de la tesis cuyos rubro, datos de identificación y texto dicen lo siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989

"Página: 756

"PRUEBA TESTIMONIAL. LA NO IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA, NO INVALIDA SU DICHO. Es incorrecta la desestimación que de la prueba testimonial hace la autoridad responsable cuando ésta se apoya en que éstos no se identificaron con documento alguno, toda vez que la falta de identificación de los mismos no es suficiente para restarles eficacia probatoria.

"Amparo directo 116/88. Abraham López Chatú. 14 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.

"Amparo directo 13/89. Irma Argüello Gordillo. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Reynol Castañón Ríos."

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de las jurisprudencias que a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 72, diciembre de 1993

"Tesis: 3a./J. 38/93

"Página: 45

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.

"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una parte, y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88, 1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.

"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primero y Tercero Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García."

De la anterior transcripción se desprende que para que exista contradicción de criterios, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En otras palabras, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

Establecido lo anterior, por razón de método, a continuación se procederá al estudio de las ejecutorias que emitieron los correspondientes Tribunales Colegiados, a fin de determinar si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.

SEXTO. El criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo civiles 116/88 y 13/89, no entra en contradicción de tesis con la sustentada por el órgano jurisdiccional denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 392/2000, en razón de que las consideraciones legales se producen en sentencias de amparo de naturaleza civil y penal, respectivamente, lo que evidencia que los distintos criterios no provienen del examen de los mismos elementos, ya que si bien es cierto que la valoración de las pruebas atiende a nociones que en apariencia parecen comunes exteriormente a las materias penal y civil, lo cierto es que se ajustan a principios procesales con características propias.

Así, el artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas establece que "la prueba testimonial será valorizada según el prudente arbitrio del Juez", adoptando el sistema de la libre convicción, mientras que la legislación adjetiva penal de los Estados de Jalisco y Puebla, en sus artículos 264 y 201, respectivamente, en principio también estatuyen que "la valorización de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio o criterio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17301-8d788efc/prueba-testimonial-en-el-procedimiento-penal-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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