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Modo: Corpus Pro

DELITOS BANCARIOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE LA PETICIÓN O QUERELLA CORRESPONDIENTE, INICIA A PARTIR DE QUE RECIBE LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17650
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, , Pág. 71.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito citados, que dieron origen a la denuncia de la posible contradicción de tesis, en lo conducente, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisión 461/98 determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"OCTAVO. Son infundados unos e ineficaces otros de los agravios expresados por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juez de amparo ... Por lo que ve a la afirmación del Ministerio Público recurrente de que para empezar a contar el término a que se refiere el artículo 107 del código punitivo en cita, se necesitaba la exigencia de la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe decirse que no le asiste razón, toda vez que esta opinión es un requisito prejudicial de carácter distinto al de la ‘querella’ y, por ende, no puede quedar supeditado a la externación de aquélla, el cómputo del término de un año para la formulación de la ‘querella’, puesto que aun en el entendido de que la Comisión Nacional Bancaria es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es este organismo quien resiente el daño a virtud de la conducta ilícita imputada en el caso a ... y, por ende, es al titular de la ‘querella’, en la especie, la Secretaría de Hacienda o al titular de la institución bancaria, como lo dispone el propio artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (sic), a que se refiere el recurrente en tratándose de los delitos del artículo 112 de la citada ley, a quien le corre dicho término a partir de su conocimiento del delito y del delincuente, con independencia de la citada opinión, cuanto más que el propio artículo 115 de la ley especial mencionada, señala en su párrafo primero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión, lo cual no debe interpretarse como una condición de procedibilidad, aun admitiendo que ésta en tratándose de la ‘querella’ formulada por la Secretaría de Hacienda, en otras leyes es una exigencia, la misma debe verse desde el punto de vista de la viabilidad de la acción penal, pero no para el cómputo del término de un año para la formulación de la citada querella, pues el propio artículo 115 como ya se dijo tratándose de los delitos a que se refieren los artículos 112 (como los de la orden de aprehensión reclamada) al 114 de la ley especial en cita, también se podrá proceder a petición de la institución de que se trate y, en este caso, no es necesaria tal opinión, y aun en el supuesto de que doctrinalmente se estimara que en el mismo es necesaria también dicha opinión, criterio que este tribunal no comparte, se insiste que tal opinión afectaría la validez y legitimidad del ejercicio de la acción penal, pero no afectaría el término de ese año para la formulación de la ‘querella’. Por analogía es aplicable la tesis que aparece publicada en la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, noviembre de 1993, página 318, que dice: ‘COMISIÓN NACIONAL BANCARIA: SU OPINIÓN NO CONSTITUYE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.’ (se transcribe)." (fojas 197 a 273 del toca).

El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión 497/98, en lo conducente, sostuvo igual criterio que en el amparo en revisión 461/98, arriba transcrito (fojas 274 a 339 del toca).

Por otra parte, el Tribunal Colegiado citado, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el amparo en revisión 589/98 resolvió lo siguiente:

"SEXTO. Son infundados los agravios expresados por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y el agente del Ministerio Público adscrito al Juez de amparo, atento las consideraciones siguientes: ... Ahora bien, en relación con los agravios del Juez recurrente, no es exacto como sostiene que, en el caso, no se surta la hipótesis establecida en el numeral 107 del Código Penal que rige lo relativo a la prescripción, porque se señala que el tiempo transcurrido entre la emisión de la opinión y la petición de quien se encontraba facultado para formularla, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue de un mes veinticuatro días. Deviene infundado el anterior agravio, porque como bien puntualizó el Juez de amparo en la sentencia, el delito por el que se libró orden de aprehensión en contra de ... es el previsto en el artículo 52 bis 1, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, que de conformidad con el 52 bis 3 del propio ordenamiento, se persigue a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derecho a querellarse, que de acuerdo a lo que señala el artículo 107 del Código Penal prescribe en un año, como establece el propio numeral, que dice: ... Así, con acierto el Juez de amparo estimó que las anteriores probanzas que se invocan en la petición o querella y a las que se hace referencia en la orden de aprehensión reclamada, están vinculadas con la comunicación de intervención gerencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asemex-Banpaís (foja 198), donde se señala, que hasta esa fecha, el monto global de las operaciones irregulares ascendía a la cantidad de quinientos setenta y nueve millones de pesos. Atento lo anterior, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fundó los hechos en que apoyó su petición o querella en el cúmulo de las pruebas citadas, ello llevó a concluir correctamente al Juez de amparo, que desde el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó la intervención de Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., estaba enterada de las operaciones irregulares efectuadas en dicha casa de bolsa, así como en el quebranto patrimonial ocasionado a esa institución, como los nombres de los que intervinieron en tales hechos delictivos, entre ellos, el peticionario de garantías, por lo que como bien se asienta debió formularse la ‘querella’ respectiva dentro del término legal que señala el artículo 107 del Código Penal, ante la Procuraduría General de la República para que se iniciara la averiguación previa correspondiente por tratarse de delitos que se persiguen por ‘querella’ de parte ofendida, y si hasta el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores formuló opinión en términos del artículo 52 bis 3 de la Ley General de Mercado de Valores (sic) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló petición o querella hasta el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, en el caso, como acertadamente se expresa; tal petición se presentó de manera extemporánea por haber transcurrido más del año que concede la ley para la presentación de la ‘querella’ aludida y, con ello, se diera inicio a las investigaciones correspondientes del ilícito que prevé el artículo 52 bis 1, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores. Expresa el Juez recurrente que no podía correr el término de la prescripción, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no había emitido la opinión correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al respecto debe decirse que no le asiste razón, toda vez que esta opinión es un requisito prejudicial de carácter distinto al de la ‘querella’ y, por ende, no puede quedar supeditado a la externación de aquélla, el cómputo del término de un año para la formulación de la ‘querella’, puesto que aun en el entendido de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no es dicho organismo quien resiente el daño a virtud de la conducta ilícita en el caso imputada a ... y, por ende, es al titular de la ‘querella’, en la especie, la Secretaría de Hacienda, al único a quien le corre dicho término, a partir de su conocimiento del delito y del delincuente con independencia de la citada opinión, y si bien el artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores señala que: (transcribe). También lo es que tal circunstancia no debe interpretarse como una condición de procedibilidad, aun admitiendo que ésta en tratándose de la ‘querella’ formulada por la Secretaría de Hacienda, en la ley en cita sea una exigencia, pues la misma debe verse desde el punto de vista de la viabilidad de la acción penal, pero no para el cómputo del término de un año para la formulación de la citada ‘querella’ pues, se insiste, tal opinión afectaría la validez y legitimación del ejercicio de la acción penal, pero no afectaría el término de ese año para la formulación de la ‘querella’. El anterior criterio fue sostenido reiteradamente por este tribunal en la revisión 461/98, deducida del amparo 217/98, promovido por ... y en la revisión 497/98, deducida del amparo 725/97, promovido por ... Siendo aplicable, asimismo, por analogía la tesis que aparece publicada en la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, noviembre de 1993, página 318, que dice: ‘COMISIÓN NACIONAL BANCARIA: SU OPINIÓN NO CONSTITUYE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.’ (se transcribe). Expresa el Juez recurrente, que no se podía afirmar, que por el solo hecho de la intervención gerencial de Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuviera conocimiento del delito y del delincuente; al respecto debe decirse que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado pero dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por tal motivo dicha comisión realiza sus actos en representación de esta dependencia, ya que no tiene personalidad jurídica propia y forma parte de ésta, lo que encuentra apoyo en la tesis que aparece publicada en la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, octubre de 1993, página 405, que dice: ‘COMISIÓN NACIONAL BANCARIA. PUEDE SER AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.’ (se transcribe). A mayor abundamiento debe precisarse que las características de la desconcentración administrativa más relevantes son las siguientes: En primer lugar, es una forma que se sitúa dentro de la centralización administrativa y si bien la relación jerárquica se atenúa, no se elimina para limitar su labor o función, pero el poder central se reserva amplias facultades de mando, de decisión, vigilancia y competencia, por ende, tales órganos desconcentrados no ocupan la cúspide de la jerarquía administrativa. En segundo lugar, no gozan de autonomía económica, y es la autonomía técnica la verdadera justificación de la desconcentración. La competencia se ejerce dentro de las facultades del Gobierno Federal y se origina entre órganos superiores de la administración pública y órganos inferiores que ven aumentada su competencia a costa de los anteriores. El órgano desconcentrado se rige por una ley, un decreto, un acuerdo del Ejecutivo Federal o el régimen general de la secretaría de Estado, que por razones técnicas, precisamente, los desconcentra. El ejercicio de facultades exclusivas, no es obstáculo para que las relaciones entre el órgano desconcentrado y el poder central, sean normalmente directas a través del órgano correspondiente. Finalmente, sin necesidad de interferir en la competencia exclusiva del órgano desconcentrado, el poder central está facultado para fijar la política, desarrollo y orientación de los citados órganos, para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración pública. De donde y como ya se dijo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son una misma entidad de derecho y, por tanto, el conocimiento formal de la entidad sobre determinados hechos se genera tanto para una como para la otra, ya que sólo existe autonomía técnica pero, se insiste, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentra subordinada a las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser un órgano desconcentrado de ésta, tal como lo precisa el artículo 1o. del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, que crea dicha comisión y que a la letra dice: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Por lo anterior, resulta evidente que cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene conocimiento de un hecho delictuoso dentro de la esfera de sus atribuciones, a partir de ese momento dicho conocimiento lo tiene también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por formar parte de ella y, porque en razón de dicha subordinación, debe hacer de su conocimiento todo cuanto competa a la vigilancia de las operaciones bancarias y financieras del país; lo que revela como acertadamente lo señala el Juez de amparo, que debe existir una comunicación y coordinación entre ambas dependencias para detectar y clarificar en las instituciones de crédito y sociedades financieras actos que constituyan un probable delito, a fin de que oportunamente se puedan poner en conocimiento de la representación social, con el objeto de que se inicie la averiguación correspondiente para evitar que opere la prescripción de la acción penal como en el caso particular aconteció. En cuanto a los agravios que hace valer el Ministerio Público recurrente, resultan también infundados ... Aduce el Ministerio Público recurrente, que el Juez de Distrito transgredió el contenido del artículo 107, fracción I, del Código Penal, al tener por actualizada la prescripción, ya que el término debe contarse a partir del momento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió su opinión, que fue el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, fecha en que la parte ofendida tuvo conocimiento de los hechos delictivos y de sus autores. Es infundado el anterior agravio porque, como acertadamente sostiene el Juez de amparo en su sentencia, del cúmulo de pruebas existentes en autos se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo conocimiento de los compromisos indebidamente asumidos por las operaciones irregulares realizadas por la citada casa de bolsa a través, entre otros, por el hoy quejoso desde el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, en que se decretó la intervención gerencial de Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., precisamente como consecuencia de las irregularidades advertidas, y ... ejerció el cargo de interventor, fecha en que se determinó un perjuicio patrimonial hasta por la cantidad de quinientos setenta y nueve millones de pesos teniendo, asimismo, conocimiento del delito o delitos cometidos y del nombre de los delincuentes que intervinieron en su comisión, así como su grado de participación, por lo que si fue hasta el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores formuló opinión conforme al artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores y la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, resulta evidente como bien se expresa por el Juez de amparo que transcurrió en exceso el término de un año que señala el párrafo primero del artículo 107 del Código Penal para poner en conocimiento de la representación social el posible ilícito que se le atribuye al peticionario de garantías. Siendo pertinente reiterar lo ya expuesto respecto a la naturaleza jurídica administrativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al darle contestación al concepto de agravio relativo del Juez responsable, pues tratándose esta opinión de un requisito prejudicial de carácter distinto al de la ‘querella’, por ende, no puede quedar supeditado a la externación de aquélla, el cómputo del término de un año para la formulación de la ‘querella’, puesto que aun en el entendido de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es este organismo quien resiente el daño a virtud de la conducta ilícita en el caso imputada a ... y, por ende, es al titular de la querella, en la especie, la Secretaría de Hacienda, la única a quien le corre dicho término, a partir de que tenga conocimiento del delito y del delincuente con independencia de la citada opinión; y si bien el artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores señala que: (se transcribe); también lo es que tal circunstancia no debe interpretarse como una condición de procedibilidad, aun admitiendo que ésta en tratándose de la ‘querella’ formulada por la Secretaría de Hacienda, en la ley en cita sea una exigencia, pues la misma debe apreciarse desde el punto de vista de la viabilidad de la acción penal, pero no para el cómputo del término de un año para la formulación de la citada querella pues, se insiste, tal opinión afectaría la validez y legitimación del ejercicio de la acción penal, pero no afectaría el término de ese año para la formulación de la ‘querella’, la cual por obvias razones de conocimiento de los hechos, así como de política criminal debe quedar a cargo, respectivamente, del ofendido, y por disposición de la ley, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dentro del plazo de un año debe presentarla previa la opinión de la multicitada comisión. Por lo que ve al argumento en el sentido de que dejaron de observarse las reglas de la prescripción en términos del artículo 105 (sic) del Código Penal, en relación con lo que señala el artículo 52 bis 1 de la Ley del Mercado de Valores ... Por lo que ve al argumento que esgrime el Ministerio Público recurrente, en el sentido de que aun cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto no le daba facultades para formular querella, sino que la titular de ese derecho es esta dependencia, y que si la primera no le hizo de su conocimiento la información con que contaba, esta última no pudo ejercer el requisito de procedibilidad; cabe expresar que independientemente de que la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben concurrir en tratándose de delitos previstos en el artículo 52 bis 1, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, por tratarse de delito que se persigue a petición de la citada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la comisión, existe conexión entre ambas dependencias, ya que la Comisión Nacional Bancaria forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realiza actos en representación de ella, lo que revela que al tener conocimiento dicha comisión de la realización de un posible hecho delictuoso también lo tiene la secretaría a nombre de la cual actúa; pues si no simplemente no podría intervenirse como se hizo la casa de bolsa afecta, pues se trata de la misma institución, sin embargo, debe precisarse que el Juez de amparo, no señaló que la multicitada Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuviera facultada para formular querella o su equivalente por lo que este agravio debe desestimarse además de infundado por inoperante. Así, en el caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala, visible a fojas 1026, que aparece publicada en el Tomo LXXIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que invocó el Juez de amparo en la sentencia, que dice: ‘ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA.’ (se transcribe). Consecuentemente, siendo infundados los agravios esgrimidos por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Ministerio Público recurrente, es procedente confirmar, en lo impugnado, la sentencia que se revisa y conceder el amparo al quejoso ..." (fojas 340 a 444 del toca).

El veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión 277/99, en lo conducente, señaló:

"QUINTO. ... Ahora bien, en el caso se observa que el procurador fiscal de la Federación, el doce de agosto de mil novecientos noventa y seis, formuló petición o querella ante el procurador general de la República contra ... para que se procediera penalmente en su contra como probable responsable del delito previsto en la fracción V, incisos c) y d), del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el 13, fracción III, del Código Penal, por haber autorizado y renovado créditos a Mexival Trading, S.A., actualmente Grupo Industrial Date, S.A. de C.V., a sabiendas, según señala en su propio escrito de ‘querella’, que se trataba de una empresa carente de operatividad, misma que no podía solventar los financiamientos que Banpaís, S.A., le había otorgado, sin contar con los elementos mínimos indispensables para ser considerada sujeta de crédito, en contravención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo que se siguieran autorizando otras operaciones eventuales que tenían como finalidad renovar los créditos concedidos, ocasionando, con ello, un quebranto a la institución de crédito, por la suma de cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y un pesos con noventa y tres centavos. En el propio escrito de ‘querella’ se precisa que ... apoderado legal y ... quienes se ostentaron como representantes de la mencionada empresa, y con este carácter suscribieron títulos de crédito a nombre de la acreditada que, asimismo ... en su carácter de presidente del consejo de administración de Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Asemex, Banpaís, S.A. de C.V., mediante actas de asamblea de diecinueve de julio y veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ratificó créditos y adeudos que tenía Mexival Trading, S.A. de C.V., que posteriormente se denominó Grupo Industrial Date, S.A. de C.V., ocasionando, con ello, un quebranto a la referida institución. Cabe expresar que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente en la época del evento en que se emitió la orden de aprehensión reclamada estatuía: (se transcribe). De lo anterior se advierte que los delitos por los que se libró mandato de captura al ahora quejoso, señalaban como requisito de procedibilidad el de la petición o querella, y el término de la prescripción empezaría a contar a partir de que quien podía formularla, en el caso, la institución de crédito de que se trate a través de su representante o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengan conocimiento del delito y del delincuente. Por otra parte, en el propio escrito de querella, se señala que el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se comunicó al licenciado ... que fue designado como interventor gerente de Banpaís, S.A., con las atribuciones previstas por los artículos 138 y 140 de la Ley de Instituciones de Crédito, y este último precepto estatuye: (se transcribe) (obra en autos a foja 928 del tomo VI de pruebas, copia autorizada del oficio 601-I-0007 de tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, expedido por el licenciado ... en su carácter de presidente de la Comisión Nacional Bancaria, por el cual hace constar la designación de ... como interventor gerente de Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Asemex Banpaís, a que se alude en la querella). A su vez el artículo 107 del Código Penal Federal, que establece reglas especiales para los delitos perseguibles por querella o acto equivalente señala: (se transcribe). Ahora bien, el propio procurador fiscal en su escrito de ‘querella’ señala, fojas 4 a 16, tomo II, que el representante legal de Banpaís, S.A., intentó requerir a Mexival Trading, S.A. de C.V., después Grupo Date, S.A. de C.V., el pago de cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y un pesos noventa y tres centavos, más intereses que daba un total de setenta y nueve millones ciento noventa y cinco mil doscientos veinticinco pesos con ochenta y siete centavos, que adeudaba la citada empresa por ‘los créditos quirografarios otorgados’, cantidad inicial, esto es, sin los intereses y conceptos que la generaron, que de acuerdo a la documentación que anexa a fojas 911 a 962, tomo VI, es la misma que originó la citada ‘querella’, asentándose en la escritura mil doscientos veinticuatro, de primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del notario público número doscientos dieciocho ... prueba que el citado titular se constituyó en el domicilio señalado también notarialmente por Mexival Trading, S.A. de C.V., a dar fe de los hechos relacionados con la notificación y requerimiento que el representante legal de Banpaís, S.A., pretendía hacer a la sustituta de la citada Mexival Trading, S.A. de C.V. y Date, S.A. de C.V., contenida en carta también anexa, siendo atendidos (se transcribe). Es pertinente señalar que la citada ... según se advierte de la copia certificada de la escritura 65,767 pasada ante la fe del notario público número 56 cincuenta y seis del Distrito Federal, de diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 839 a 846, tomo VI), fungió como delegada especial en la protocolización del acta de junta del consejo de administración de Mexival Trading, S.A. de C.V., de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en la que se otorgó poder general de ésta a ... en los hechos que se analizan. Acta en la que aparece ... como presidente del consejo de administración Mexival Trading, S.A. de C.V., empresa del Grupo Financiero Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. El examen de los anteriores elementos, mismos en que se funda el propio procurador fiscal de la Federación para formular su ‘querella’, llevan a la convicción de que cuando ésta se emitió, el doce de agosto de mil novecientos noventa y seis, ya estaba prescrito su derecho a formularla. En efecto, los delitos materia de la orden de aprehensión reclamada, previstos en la fracción V, incisos c) y d), del artículo 112, de la Ley de Instituciones de Crédito señala: (se transcribe). Como se advierte, dicho ilícito exige para su configuración un dolo específico al determinar que el activo autorice operaciones a ‘sabiendas’ de que éstas resultaran en quebranto; el ilícito se consuma instantáneamente, esto es, en el momento en que se autorizó la operación con independencia de que se determine concretamente el monto del quebranto. De donde, si la institución bancaria ofendida tuvo conocimiento desde por lo menos el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, de que Mexival Trading, S.A. de C.V., después Grupo Date, había incumplido sus obligaciones, pues no pagó la cantidad de cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y un pesos noventa y tres centavos, monto del pagaré 01165, que como se señala en el escrito de ‘querella’, corresponde al pagaré quirografario, que fue el último de una cadena de renovaciones sucesivas de las que nunca se realizaron pagos reales de capital e intereses, y que según la propia documentación para requerir el pago de dicho documento, cuyo monto y documento fue la base de la citada querella, por estimar en dicha petición que dicha cantidad era el daño patrimonial causado en perjuicio de Banpaís, que dichos créditos quirografarios fueron otorgados fuera de normatividad y sin hacer los estudios de viabilidad, sino simplemente porque según documentación adjunta se aperturó la cuenta de Mexival Trading, S.A. de C.V., porque era empresa del grupo financiero dedicada a los negocios internacionales ‘que traería buenos negocios al banco’; resulta evidente, como ya se dijo, que dicha institución tuvo conocimiento del delito imputado en la ‘querella’, por lo menos desde la fecha señalada, esto es, el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, y se dice esto porque de la propia ‘querella’ se desprende que desde el treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, se inició la visita de inspección correspondiente, y a partir de esa fecha también se inició el análisis de las operaciones celebradas con anterioridad, abocándose a ellas el visitador general supervisor designado, apoyado por visitadores generales, auditores y del inspector auditor ... siendo este último quien firmó la comunicación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativa a las irregularidades encontradas en las operaciones de crédito efectuadas con Mexival Trading, S.A. de C.V. Otro dato que conduce a esta conclusión, esto es, la fecha en que la institución bancaria ofendida, a través de sus representantes legales, estuvo en conocimiento del delito y del delincuente, lo es precisamente el que ante las irregularidades detectadas a Banpaís, S.A., se acordó la intervención gerencial de dicha institución, y el nombramiento el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, del licenciado ... como interventor gerente de la institución, en los términos del artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con las facultades que le otorga el artículo 140 de la propia ley. Siendo de precisarse que es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17650-27e9c95d/delitos-bancarios-el-computo-del-plazo-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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