AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo penal en revisión 1036/2002, promovido por ... en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dos, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Este Tribunal Colegiado considera que los agravios expresados son infundados e inoperantes por las siguientes razones jurídicas. Previo al análisis y contestación de aquellos que esencialmente conciernen al fondo del acto reclamado, es pertinente establecer que este Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no comparte el criterio jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 993, que dice: ‘AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO PROCEDE NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS POR LA MISMA CAUSA.’ (se transcribe), en que se apoya la Juez a quo para sostener que si en el juicio de garantías se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra un acto que carece de fundamentación y motivación, si el nuevo acto que emite la autoridad responsable incide en los mismos vicios, no es mediante un nuevo juicio de garantías en que deben estudiarse y repararse dichas violaciones, sino mediante el recurso relativo al cumplimiento de dicha ejecutoria, que es la queja, pues de no ser así se caería en el absurdo de propiciar la promoción de diversos juicios de amparo indirecto cuantas veces la autoridad responsable dejara de motivar y fundar las posteriores resoluciones que emitiera en cumplimiento de cada una de las ejecutorias en que se concediera la protección constitucional. En virtud de que los efectos de la concesión de un amparo y el cumplimiento de la ejecutoria contra un auto de formal prisión por carecer éste de los requisitos formales de fundamentación y motivación, por su propia naturaleza que evidentemente no incide en las cuestiones de fondo, consisten en que el Juez responsable, dejando sin efectos aquel auto dicte otro, con lo que debe entenderse que no está impedido por la ejecutoria de amparo de ejercer sus facultades legales, dado que sólo se concedió el amparo por omisiones del acto reclamado que afectaron a la forma del mismo, situación distinta resulta cuando se concede el amparo por vicios de fondo, supuesto en que no se puede, sin violar la ejecutoria de amparo, dictar resolución alguna que afectara al procesado; en ese sentido, en el caso que nos ocupa, cualquier resolución que se dicte debe estar enteramente desligada del auto de formal prisión contra el cual se concedió el amparo y el nuevo auto debe ser formulado como si el nulificado por el amparo no hubiere existido. De esta postura argumentativa si, en el caso, con la concesión del amparo se devolvió a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para que en uso de su arbitrio judicial emitiera uno nuevo en que purgara los vicios de forma, no hay inexacto cumplimiento por exceso o defecto en la ejecutoria, como lo sostiene la Juez de amparo, dado que por su naturaleza no se hace un apunte preciso o términos en que debe dictarse el nuevo acto, pues se le regresa jurisdicción a la autoridad responsable para que lo haga libremente, lo que no acontece cuando el amparo es concedido sobre cuestiones de fondo, o que se precise la cuestión concreta sobre la que debe ajustarse la autoridad responsable. Criterio que es coincidente y que concuerda con el asentado en la tesis aislada cuyo registro en el IUS 2002 es 251,183, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, amparo en revisión 139/79, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, criterio que ha integrado la jurisprudencia I.1o. P. J/1, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 467, genealogía Informe de 1980, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 5, página 16, que dice: ‘FORMAL PRISIÓN, LÍMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE.’ (se transcribe). Asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia 276, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, contenida en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, que dice: ‘QUEJA IMPROCEDENTE. SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.’ (se transcribe). Dicho lo anterior y en relación con la litis de fondo del presente asunto ..."
Dicha ejecutora dio origen a la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, enero de 2003
"Tesis: I.6o.P.49 P
"Página: 1732
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL. PROCEDE NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA POSTERIOR AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO ASÍ EL RECURSO DE QUEJA, TODA VEZ QUE EL JUEZ RESPONSABLE ASUME PLENA JURISDICCIÓN Y LA NUEVA RESOLUCIÓN CONSTITUYE DIVERSO ACTO DE AUTORIDAD. Los efectos de la concesión de un amparo contra auto de formal prisión por carecer éste de los requisitos formales de fundamentación y motivación, consisten en que el Juez responsable deje sin efectos aquel auto y asuma plena jurisdicción para que, en uso de su arbitrio judicial, emita uno nuevo, en el cual purgue los vicios de forma, o bien, decrete libertad por falta de elementos para procesar, según proceda, en la inteligencia de que si dicta nuevamente la formal prisión, lo deberá hacer con estricto apego al artículo 16 constitucional; de donde si dicta nueva resolución, ésta quedará desligada del auto de formal prisión contra el cual se concedió el amparo, es decir, como si el nulificado por el amparo no hubiere existido; esto es así, toda vez que en el amparo concedido no se hace un apunte preciso o se establecen los términos en que debe dictarse el nuevo acto, pues se le regresa jurisdicción a la autoridad responsable para que lo haga libremente, lo que no acontece cuando el amparo es concedido para que se subsanen deficiencias que sólo determinen modificar el auto de formal procesamiento reclamado. De lo anterior se concluye que el posterior auto de formal prisión no es impugnable vía recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso, como lo prevé la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez responsable, al asumir plena jurisdicción, emite un nuevo acto de autoridad que, en su caso, podría violar garantías, lo que se traduce en que el mismo debe ser materia de nuevo juicio de amparo.
"Amparo en revisión 1036/2002. 27 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza."
QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo en revisión penal 63/2001, promovido por ... en sesión de fecha cuatro de abril de dos mil uno sostuvo, esencialmente, lo siguiente:
"El acto reclamado por el quejoso ... en el amparo que se revisa, se hace consistir en: ‘IV. Reclamo de la autoridad señalada como responsable, el auto motivado dictado dentro del proceso penal número 138/98, que a nuestro representado se le instruye por la supuesta comisión del delito de homicidio ...’. De donde se sigue que si la protección constitucional que se otorgó primeramente fue para que la autoridad emisora dejara insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción emitiera otro en el que purgara los vicios formales que le afectaban, es inconcuso que si el Juez responsable, en uso de sus facultades, pronunció una nueva resolución carente otra vez de motivación, ésta ya no podía ser impugnada mediante otro juicio de amparo, sino a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, como correctamente lo advirtió el Juez Federal en la sentencia que se revisa, y así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado al resolver el veintitrés de agosto del año dos mil el amparo en revisión penal número 253/2000, promovido por el quejoso ... Dicho en otras palabras, cuando la sentencia que concede la protección constitucional contra un acto que carece de fundamentación y motivación, tiene por efecto que la autoridad responsable dicte otra resolución que satisfaga correcta y legalmente esos requisitos, razón por la cual, si en el nuevo acto que emite la responsable incide en omitir fundada y motivadamente los nuevos razonamientos o la determinación a la que arribe, no es mediante la promoción de un nuevo juicio de garantías en que deben estudiarse y repararse las violaciones, sino mediante el recurso de queja, pues de no ser así se caería en el absurdo de propiciar que se promovieran diversos juicios de amparo indirecto, cuantas veces la autoridad responsable dejara de motivar y fundar las nuevas resoluciones que emitiera, en cumplimiento de cada una de las ejecutorias en que se concediera la protección constitucional por violación a esa garantía, la cual vincula a las autoridades a apreciar todos los hechos que originan el conflicto, a valorar cada una de las pruebas que obran en el expediente en donde pronuncia el acto reclamado y, al ponderarlas, determinar si las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que con precisión deben tenerse en cuenta para emitir el acto, configuran las específicas hipótesis normativas de los preceptos que se invoquen como fundamento, pues sólo así puede entenderse la necesaria adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables que requiere el debido y legal cumplimiento de la aludida garantía. En las relatadas condiciones, lo procedente es confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito recurrido, mas no con base en la causal de improcedencia que invocó, prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino en la diversa ubicada en la fracción II del propio numeral y con apoyo también en el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal; porque aun cuando aquélla establece el principio de definitividad para los efectos del amparo relativo a que deben agotarse los recursos ordinarios antes de acudir al amparo; sin embargo, por tratarse de un auto de prisión preventiva el impugnado, no estaba obligado el quejoso a agotarlos, tal como lo dispone el artículo 107, fracción XII, de la Carta Magna; de ahí que no sea aplicable la precisada fracción XIII y sí en cambio la II, en virtud de que el auto de formal prisión fue pronunciado en ejecución de una sentencia de amparo que ordenó se subsanaran omisiones, como ya se dijo, y si éstas subsisten no puede calificarse en un nuevo juicio de garantías. No obsta a lo anterior lo alegado en el sentido de que en la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito que se cumplimentó mediante el acto que ahora se reclama, se le dejó al Juez responsable jurisdicción plena y total, toda vez que como el propio recurrente lo advierte si se dictaba un nuevo auto de prisión preventiva debía purgar el vicio formal por el cual se otorgó al quejoso la protección constitucional, y al actualizarse en la especie esa hipótesis, es indudable que no hubo plena jurisdicción por estar constreñido a ya no incurrir en la omisión de motivación y fundamentación apuntada. Dada la procedencia de sobreseer en el juicio de garantías que se revisa, este órgano de control de legalidad se encuentra impedido para analizar la inconformidad que se plantea acerca de que el auto de prisión preventiva viola garantías individuales en perjuicio del quejoso, porque a juicio de éste no se encuentra demostrada en la causa su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio, toda vez que esa cuestión versa sobre el fondo de la litis constitucional planteada. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335 del Tomo VI, Materia Común, compilación 1917-1995, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe)."
El mismo Tribunal Colegiado en sesión de fecha seis de junio de dos mil uno, resolvió el amparo en revisión 130/2001, cuyo recurrente fue el presidente municipal de Zamora, Michoacán y otras en su carácter de autoridades responsables, ejecutoria que en la parte conducente dice:
"TERCERO. Son fundados pero ineficaces los anteriores agravios. A pesar de que le asiste la razón a los recurrentes, cuando aducen que la Juez de Distrito equivocó el apoyo jurídico que le dio sustento a la determinación a la cual arribó, concerniente a sobreseer en el juicio de garantías de donde emerge la resolución recurrida, cabe referir que ningún perjuicio les ocasiona a aquéllos con dicha manera de proceder. En efecto, las constancias de autos, primordialmente las visibles a fojas 409 a 483, entre otras cosas, revelan que por escrito presentado en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ... presentó demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades: (lo transcribe). De quienes reclamó los siguientes actos: ‘De las autoridades a quienes señalo como responsables se les reclama: A. El acuerdo número 132 obtenido en la sesión de Cabildo Municipal de Zamora, Michoacán, y emitido por ellos, celebrada el día siete de junio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), así como todos los trámites y procedimientos seguidos por las responsables, dentro de los que se encuentra la comunicación que forma parte integral del mismo acuerdo emitida por el director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal de fecha 28 de junio del año de 1999 (mil novecientos noventa y nueve). B. La resolución de fecha 8 (ocho) de octubre de mil novecientos noventa y nueve, recaída a los recursos de revocación ...’. Que seguido el juicio por sus cauces legales, el treinta de marzo del año dos mil, el Juez de Distrito emitió el fallo correspondiente en el que, en lo que interesa, determinó lo que sigue: ‘lo transcribe’. Que inconforme con tal resolución, el presidente, síndico, secretario y director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, interpusieron en su contra recurso de revisión, del cual tocó conocer a este órgano colegiado, quien mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil determinó confirmar el fallo sujeto a revisión. Esto es, la lectura de lo anterior pone de manifiesto que por lo que concernió al acto reclamado, consistente en la resolución de ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, medularmente fue concedida la protección constitucional por su falta de motivación y fundamentación, lo cual trajo como consecuencia la determinación de que se dejara insubsistente la misma y, con plenitud de jurisdicción, se resolviera lo que en derecho correspondiera. De donde se sigue que si el amparo que se otorgó fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción considerara lo que en derecho correspondiera, en el que naturalmente debería purgar los vicios formales que le afectaban, es inconcuso que si aquélla pronunció una nueva resolución carente otra vez de motivación y fundamentación, como así lo determinó la Juez de Distrito, y no fue controvertido por los recurrentes, ésta ya no podía ser impugnada mediante otro juicio de amparo, sino a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, como correctamente lo advirtió el Juez Federal en la sentencia que se revisa. Lo que es de esa forma, porque si la sentencia que concede la protección constitucional contra un acto que carece de fundamentación y motivación tiene por efecto que la autoridad responsable dicte otra resolución que satisfaga correcta y legalmente esos requisitos, es evidente que si en el nuevo acto que emite incide en omitir fundar y motivar los nuevos razonamientos o la determinación a la que arribe, no es mediante la promoción de un nuevo juicio de garantías en que deben estudiarse y repararse las violaciones, sino a través del recurso de queja, pues de no ser así se caería en el absurdo de propiciar que se promovieran diversos juicios de amparo indirecto cuantas veces la autoridad responsable dejara de motivar y fundar las nuevas resoluciones que emitiera en cumplimiento de cada una de las ejecutorias en que se concediera la protección constitucional por violación a esa garantía, la cual vincula a las autoridades a apreciar todos los hechos que originan el conflicto, a valorar cada una de las pruebas que obran en el expediente en donde pronuncia el acto reclamado y, al ponderarlas, determinar si las circunstancias o causas inmediatas que con precisión deben tenerse en cuenta para emitir el acto, configuran las específicas hipótesis normativas de los preceptos que se invoquen como fundamento, pues sólo así puede entenderse la necesaria adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables que requiere el debido y legal cumplimiento de la aludida garantía. En ese sentido, se pronunció este órgano colegiado dentro de los amparos en revisión números 253/2000 y 63/2001, promovidos por ... respectivamente, que dieron origen a la tesis que a continuación se transcribe: ‘AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO PROCEDE NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS POR LA MISMA CAUSA.’ (se transcribe). Sin que lo anterior implique, como lo aducen los recurrentes, que se le dio asesoramiento al quejoso por haberse establecido en la sentencia recurrida, cuál era el medio legal por el que podía combatirse el acto reclamado. Lo que es de esa manera, porque al haber determinado la improcedencia del juicio de garantías, evidentemente que la potestad federal tenía la obligación ineludible de otorgar las razones para ello, y si dentro de éstas se encuentra el haber establecido que el recurso de queja era el conducente para rebatir el acto reclamado, inconcuso resulta que con eso no actuó con ilegalidad, pues únicamente dio los motivos por los cuales no era procedente el juicio constitucional. En las relatadas condiciones, debe decirse que aun cuando es fundado el agravio en el que se aduce que la Juez de Distrito debió sobreseer el juicio de garantías con fundamento en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y no en la XVIII, como lo hizo, en virtud de que la resolución reclamada fue pronunciada en ejecución de una sentencia de amparo que ordenó se subsanaran omisiones; sin embargo, ningún perjuicio le ocasiona ese proceder a los recurrentes, puesto que de la lectura del fallo reclamado se desprende que contiene los razonamientos apegados a la norma legal a la que, en realidad, le corresponde al sobreseimiento del juicio de garantías, como lo es el artículo 73, fracción II y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Otro tanto debe decirse por lo que se refiere a lo considerado por la a quo, tocante a que el acto reclamado se encuentra carente de motivación y fundamentación. En ese sentido expuso: (se transcribe). Esto es, lo transcrito pone de manifiesto la incongruencia que privó en la autoridad federal al pronunciarse en el amparo sobre que el acto reclamado se encuentra carente de motivación y fundamentación, y es que si ya con anterioridad había determinado que éste debía ser combatido a través del recurso de queja que en su caso se promoviera, indiscutible resulta que no tenía por qué hacer un análisis en la resolución materia de la revisión sobre aquel tema, porque con ello abordó el examen de la cuestión a esclarecer precisamente dentro del enunciado medio de impugnación. En vía de orientación, es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, de rubro: ‘SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’. No obstante que la evidenciada irregularidad no les ocasiona agravio alguno a los recurrentes, cuenta habida que el estudio generador de la misma no surte efectos legales en atención a que deberá ser en el recurso de queja que llegue a promoverse en donde la potestad federal podrá reiterarlo o determinará lo que considere legal y ajustado a derecho. En congruencia, al resultar fundados pero ineficaces los agravios esgrimidos por los recurrentes, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa."
En el amparo en revisión 2/2002, resuelto en sesión de trece de febrero de dos mil dos, promovido por ... el citado Tribunal Colegiado, en lo que interesa, sostuvo:
"CUARTO. Son parcialmente fundados los transcritos agravios. La afirmación del recurrente de que el Juez de Distrito viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que la Constitución consagra en los artículos 14 y 16 deviene jurídicamente inoperante. En efecto, si el fallo motivo del recurso lo emitió el Juez de Distrito al dictar sentencia en el juicio de amparo 412/2001-III, que promovió contra actos del Juez de Primera Instancia Penal de Los Reyes, Michoacán, es evidente que el Juez Federal recurrido no actuó como tribunal de instancia, sino en cuanto órgano de control constitucional; razón que conduce a concluir que los agravios en los que se afirma que el Juez de Distrito vulneró garantías individuales en perjuicio del aquí recurrente, devienen inoperantes para revocar la resolución impugnada, toda vez que contra las determinaciones que se pronuncien en los juicios de amparo, es improcedente el control constitucional y ellas sólo pueden ser revisadas a la luz de los recursos ordinarios que las rigen, que se prevén en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, si en la revisión sólo debe examinarse la legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida con base en las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, resulta incuestionable que el agravio de que se trata debe declararse inoperante. Sobre el particular se invoca la aplicación del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, que se contiene en la jurisprudencia que se publica en la página 5 del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que es del rubro siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’. Son fundados y suficientes para revocar el fallo que se recurre, los agravios en los que se aduce que el Juez de Distrito procedió ilegalmente, cuando desapercibió que el quejoso combatió el auto de formal prisión, afirmando que la autoridad responsable incurrió en las mismas deficiencias en las que incidió al dictar el anterior auto de formal prisión; que la responsable al pronunciar ese acto reclamado omitió mencionar cuáles eran los elementos estructurales del delito que se atribuyó y que: (se transcribe). En efecto, las consideraciones del auto de formal prisión reclamado, que reiteradamente controvierte el aquí recurrente, son las relativas a que: (se transcribe). Los que afirma el recurrente carecen de fundamentación y motivación, porque dice, entre el fundamento que la responsable invoca (artículo 325, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán) y el supuesto jurídico a que alude (al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido) no existe coincidencia; además porque el texto del criterio que invoca, de rubro: ‘FRAUDE ESPECÍFICO. SE CONFIGURA CUANDO SE REALIZA CUALQUIERA DE LAS CONDUCTAS A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 325, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN.’, no coincide con los argumentos que el Juez vertió en torno a la conducta que dice desplegó el inculpado, argumentando que: (se transcribe). En esas condiciones, si lo que el quejoso controvierte tanto en los conceptos de violación como en los agravios, lo es el que la responsable al dictar el auto de formal prisión combatido haya incurrido en los mismos defectos de no fundar y motivar conforme a derecho el auto en que le decretó formalmente preso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude que prevé el artículo 325, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, porque el supuesto jurídico en el que la autoridad responsable trató de encuadrar su conducta, no coincide con el fundamento ni el criterio que invocó para apoyar su determinación; que la referida incongruencia le impide conocer cuáles son los hechos por los que se seguirá el proceso y cuál es el verdadero tipo penal en que se ubicó su conducta; innegable resulta que lo que el quejoso en realidad ha venido controvirtiendo lo es un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria dictada por el mismo Juez en el juicio de amparo 317/2001-III, en la que le fue otorgada la protección constitucional para que la responsable dictara otra resolución que podría ser en el mismo sentido, pero en la que purgara los vicios que se puntualizaron. Así las cosas, si el mismo Juez de Distrito en el considerando tercero del fallo que se revisa señaló: (se transcribe), es innegable que incorrectamente emprendió el examen del acto reclamado en cuanto al fondo pues, se repite, los motivos de desacuerdo expresados en los conceptos de violación tienden a combatir un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria de amparo en la que se constriñó a la responsable a que purgara los vicios formales de que adolecía el auto de formal prisión. Lo anterior torna incontrovertible que no era el juicio de garantías el medio idóneo para combatir el auto de formal prisión que se emitió por segunda ocasión, sino que el mismo debió impugnarse a través de los medios que prevé la Ley de Amparo, como lo son el recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, o por repetición del acto reclamado, en términos de los artículos 95, fracción IV y 105 de la Ley de Amparo; pues de lo contrario se propiciaría la promoción de tantos juicios de amparo indirecto cuantas veces la autoridad dejara de fundar y motivar las resoluciones que de nueva cuenta emitiera en cumplimiento a cada una de las ejecutorias de amparo en que se concediera la protección constitucional por violaciones a la garantía de fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional y, por ende, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, que amerita se revoque el fallo recurrido, y con apoyo en lo dispuesto por el precepto 74, fracción III, del mismo ordenamiento, se sobresea en el juicio de garantías. Sobre el particular se invoca la aplicación del criterio que sustenta este Tribunal Colegiado, que se contiene en la tesis que se originó por la resolución de los amparos en revisión 63/2001 y 130/2001, promovidos por ... que por su orden se resolvieron con fechas cuatro de abril de dos mil uno y seis de junio del mismo año, criterio que literalmente dice: ‘AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO PROCEDE NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS POR LA MISMA CAUSA.’ (se transcribe)."
En el amparo en revisión 13/2002 promovido por ... el Tribunal Colegiado de mérito sostuvo, en la parte medular, lo siguiente:
"TERCERO. Supliendo su deficiencia en los términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, son fundados los anteriores agravios. Es inoperante el agravio en donde se establece que se transgredieron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Así es, porque de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación en los términos del artículo 94 del mismo cuerpo de leyes, lo es el juicio de amparo. Por tanto, es evidente que este órgano colegiado no puede analizar el agravio en comento, pues de lo contrario desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. En vía de orientación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia 12/96, que bajo la clave 2a./J. 12/96, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 507, de rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Es infundado lo esgrimido, concerniente a que el a quo sobreseyó en el juicio de garantías por advertir actualizada una causal de improcedencia, en concreto, porque el acto reclamado ya había sido materia de un diverso amparo. De esa manera resulta, porque tal aseveración carece de consistencia jurídica, tan es así que la potestad federal sostuvo lo que sigue: (se transcribe). Esto es, la lectura de lo anterior revela que el Juez de Distrito en ningún momento sobreseyó el juicio de amparo que aquí se trata y, menos aún, que lo haya hecho por la causal señalada por la recurrente, o sea, porque el acto reclamado ya hubiera sido objeto de otro diverso, por lo que es evidente que no pudo actuar con ilegalidad al no ser verídico lo que se le atribuyó. También es infundado el agravio en el que se afirma que la potestad federal actuó incorrectamente al sostener su imposibilidad jurídica para dilucida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18035-81c96201/auto-de-formal-prision-la-resolucion-que-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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