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Modo: Corpus Pro

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA PRESCINDIR DE ELLA O SUSTITUIRLA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD DEBEN SOLICITARSE POR EL ACUSADO A LA AUTORIDAD JUDICIAL ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18267
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 259.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesión de diez de diciembre de dos mil dos, el recurso de revisión 1072/2002, interpuesto por la quejosa ... por conducto de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son infundados los agravios que hace valer la inconforme a través de su autorizado. Ello es así en virtud de que, contra lo que se sostiene en los mismos, se observa que la sentencia recurrida en revisión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo ya que el tribunal de amparo apreció el acto reclamado tal como aparece probado ante la responsable. En efecto, el tribunal de amparo basó su determinación en esencia, en lo siguiente: a) La autoridad responsable en forma correcta consideró como cosa juzgada lo que constituía la materia de la solicitud hecha a través del incidente no especificado, porque la autoridad judicial ya había emitido resolución acerca de ese tópico, al haber realizado con anterioridad un pronunciamiento hacia la misma parte hoy quejosa, sobre la misma acción y la misma causa de pedir. Por tanto, la institución de la cosa juzgada constituyó un acto de voluntad de la soberanía del Estado; siempre debe tenerse presente el motivo de la existencia de la perentoria, consistente en el interés jurídico que hay de que los juicios no se hagan interminables; y por otro lado, el de dar firmeza a las relaciones jurídicas, además de la majestad de que deben estar investidas las resoluciones que se dictan. De ahí que la institución de cosa juzgada tiende a impedir la existencia de juicios sucesivos para resolver sobre la misma cosa, el mismo objeto jurídico, sobre lo que se ha tenido oportunidad de contradecir y de justificar; en conclusión ‘la cosa juzgada operará cuando de existir un segundo fallo, éste pueda destruir o modificar en todo o en parte lo que ya ha sido discutido y resuelto en un primer juicio y no podrá darse tal excepción cuando el primer fallo, sentencia (sic) no se contradiga con el segundo y además, éste deja subsistente en todas sus partes el primero’. b) Los supuestos a que se contrae el artículo 55 del Código Penal Federal operan hasta antes de que se pronuncie la sentencia ejecutoria. Este Tribunal Colegiado considera que son atingentes los razonamientos destacados por la autoridad de amparo en virtud de que en efecto, del contenido del artículo 55 del Código Penal Federal se advierte lo siguiente: (se transcribe). En esa tesitura, se tiene que los supuestos a que se refiere dicho precepto deben analizarse hasta antes de la imposición de la pena privativa de la libertad, pues precisamente de advertirse consecuencias graves en la persona del sentenciado, o por su senilidad o precario estado de salud, ello es lo que torna notoriamente innecesaria e irracional esa imposición. Es decir, esos supuestos deben aparecer antes de la imposición de esa pena dado que, una vez impuesta, cesa la jurisdicción de la autoridad judicial y tal sanción será materia de la ejecución de la sentencia. Ello ocurrió en la especie ya que en su momento, al pronunciarse la sentencia de segundo grado se analizó si se surtían los supuestos a que se refiere el artículo 55 del Código Penal Federal y al considerarse que no era así, se declaró que resultaba improcedente la aplicación de ese precepto legal y, por ende, no era el caso de prescindir de la pena de prisión o de sustituirla por una medida de seguridad, por lo que la sanción restrictiva de la libertad quedó impuesta e incólume y, por ende, la petición formulada en tal sentido, tuvo una respuesta que constituyó cosa juzgada; máxime que esa resolución fue analizada en amparo directo. Así, el artículo 55 del Código Penal contiene cierta oportunidad para su análisis; de ahí que efectivamente se trate de una cuestión que ya fue examinada y que como tal torna por demás improcedente la pretensión de la amparista. En esas condiciones, no trasciende lo que esgrime la inconforme en el sentido de que la autoridad de amparo incurrió en imprecisiones puesto que la quejosa en su escrito inicial de demanda arguyó que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pero ello lo enderezó claramente al hecho de que, cuando se desechó su petición de abrir el incidente se consideró notoriamente improcedente el mismo con base en lo dispuesto en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin tomar en cuenta que el trámite y procedimiento a seguir en los incidentes no especificados se encuentra regulado en el artículo 494 del código adjetivo federal y que, asimismo, la responsable no señaló en qué consistió la improcedencia que advirtió. Sin embargo, conforme a lo expuesto, en virtud de que se trata de una petición improcedente por sí misma, lo cierto es que no tenían porqué seguirse las formalidades a que alude la segunda parte del artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales; para el trámite de incidentes no especificados si de por sí, de su petición se advertía que no concurrían los presupuestos de hecho que la justificaran al carecer del derecho subjetivo correspondiente. De ahí que tácitamente se observó lo dispuesto en la primera parte del precitado artículo 494 porque resolvió de plano el incidente planteado. Esa interpretación así se desprende de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, Tomo XII, septiembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (se transcribe). Por ende, es correcta la determinación del tribunal de amparo al considerar que no se transgredió lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Asimismo, la inconforme esgrime que señaló: ‘que en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil ... la autoridad que lo emitió no plasmó en su resolución en qué consistía la improcedencia que advertía y no como lo apreció el a quo en el sentido de que la ley procesal de la materia sí contiene artículo expreso respecto de las promociones notoriamente frívolas e improcedentes, ya que en el caso no se reclama la falta de existencia de fundamento legal sino la falta de expresión de los motivos tomados en consideración por la autoridad para estimar la promoción como improcedente ...’. No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte de la lectura integral de la sentencia sujeta a revisión que el Tribunal Unitario del amparo aludió en forma correcta a ese análisis, ya que consideró que la responsable ‘fundó y motivó su resolución en el precepto legal aplicable al caso y que es el artículo 41, párrafo segundo, del código adjetivo de la materia, que otorga al juzgador la facultad de rechazar de plano, sin necesidad de sustanciar artículo, pero notificando a las partes, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos e improcedentes, por lo que con fundamento en dicho numeral no acordó de conformidad su petición y desechó por notoriamente improcedente el incidente no especificado, remitiendo a la sentencia dictada por ese resolutor el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que ya se había pronunciado sobre la solicitud planteada, la cual era cosa juzgada ...’. Por consiguiente, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, lo cierto es que sí se insertaron en el acto reclamado tanto el precepto legal aplicable como los motivos por los que se consideró que no prosperaba su petición, pues se aludió a que ya había resolución al respecto. En el segundo agravio se arguye que fue errónea la consideración de que se trataba de cosa juzgada ‘la sentencia pronunciada por el a quo el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete en los autos del proceso 51/97 al dejar de apreciar que dicha sentencia no causó ejecutoria, sino que fue recurrida mediante la interposición del recurso de apelación, es evidente que lo anterior es lo que se encuentra probado en autos y el hecho de que ahora el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito señale que la autoridad responsable consideró como cosa juzgada lo que constituyó la materia de la solicitud hecha a través del incidente no especificado, es una apreciación subjetiva, pues en el acto reclamado, la responsable ordenadora no se refirió a lo resuelto, sino específicamente señaló como cosa juzgada una resolución que no causó ejecutoria al haber sido impugnada mediante el recurso correspondiente ...’. Pese a lo anterior, no debe pasar inadvertido que los fallos judiciales deben ser interpretados en su integridad y lo cierto es que en el acto reclamado se tomó en cuenta (considerando cuarto) que en los autos de la causa penal 51/97 existía la sentencia condenatoria de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, la cual fue confirmada en sus términos por el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, y que mediante auto de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete el entonces Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal declaró que había causado ejecutoria dicha sentencia; además, consideró que en el juicio de amparo DP. 162/98 del índice de este Tribunal Colegiado se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado por ... En esas condiciones aunque la autoridad responsable (Tribunal Unitario que conoció la apelación), en lo conducente hubiese expresado que fue legal la determinación del Juez a quo contenida en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil, porque se fundó en el artículo 41, párrafo segundo, del código adjetivo de la materia remitiéndose ‘a la sentencia dictada por ese resolutor el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que ya se había pronunciado sobre la solicitud planteada, la cual era cosa juzgada ...’; ello no trasciende en la esfera de los derechos públicos subjetivos de la quejosa, si el tribunal de alzada responsable fue contundente al referir que tal resolución (de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete) constituía cosa juzgada, lo que evidentemente así fue, conforme se desprende de los datos informantes. De ahí que, de una forma u otra, lo cierto es que lo analizado en esa multirreferida sentencia del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete respecto a la aplicación del artículo 55 del Código Penal Federal ya había adquirido firmeza, por lo que fue legal que la responsable se apoyara en esa determinación para considerar que resultaba improcedente la petición de la ahora amparista. A la vez la recurrente esgrime en sus agravios que en el caso no es la misma causa de pedir, puesto que las condiciones resueltas el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete para no prescindir de la pena impuesta, no son las mismas condiciones de salud que imperaban en el año dos mil al hacerse de nueva cuenta la solicitud; condiciones que se dice no tuvo oportunidad de probar al no haberse dado trámite al incidente solicitado. A pesar de ese alegato, debe advertirse que, conforme lo expuesto, sí se trata de la misma solicitud que se planteó con anterioridad y, se reitera, el artículo 55 del código sustantivo federal contiene cierta temporalidad para su aplicación: hasta antes de la imposición de la pena privativa de libertad. Por ende, si ya con antelación se declaró improcedente esa aplicación ello trajo como consecuencia la imposición de la pena de prisión; tan es así que la ahora quejosa la está compurgando y, por tanto, quedó sujeta a las reglas para el cumplimiento de esa resolución. Sin que ello impida que la ahora quejosa proceda en términos del artículo 75 del Código Penal Federal. Por las mismas razones, es de desestimarse lo que se esgrime en el sentido de que ‘nuestra legislación de ejecución de sanciones, sólo autoriza a la autoridad ejecutora a realizar modificaciones no esenciales de la pena de prisión, pero no autoriza a prescindir de la pena impuesta, autorización que sólo se establece como facultad potestativa de la autoridad judicial ...’. Pues al respecto debe decirse una vez más que conforme lo dispuesto en el multicitado artículo 55 del Código Penal, la oportunidad para prescindir de la pena o sustituirla por una medida de seguridad es precisamente al momento de su imposición y no después; por consiguiente, si existen circunstancias posteriores que modifiquen las condiciones del sentenciado, el conocimiento de ello corresponde a las autoridades encargadas del cumplimiento de las sanciones; pues de admitir lo contrario, todos los sentenciados que a lo largo de su condena estimaran que han avanzado desfavorablemente en su senilidad o en su estado de salud, acudirían a la autoridad judicial para que conociera de esas circunstancias, lo que no es dable ya que dichos sentenciados quedan ubicados en otra fase ajena al juzgador. Al respecto el artículo 77 del Código Penal Federal señala que: ‘Corresponde al Ejecutivo Federal la ejecución de las sanciones con consulta del órgano técnico que señale la ley.’. Asimismo el artículo 529 de ese ordenamiento legal indica: (se transcribe). El artículo 531 ibídem expresa que: (se transcribe). Por su parte, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en su artículo 7o. indica: (se transcribe). No pasa inadvertido el alegato de la inconforme relativo a que el actual sistema penitenciario se basa en la readaptación social que tiene como fin procurar que la imposición de las penas dejara de ser inhumana y que en las declaraciones de los derechos humanos internacionales se consagra el derecho a la salud y a la vida; derechos que no se pierden por encontrarse en prisión por lo que se dice que la autoridad judicial debe otorgarle la oportunidad de demostrar su precario estado de salud para decidir si debe continuar con el cumplimiento de la pena privativa de libertad o puede hacerlo en externación bajo el cuidado y vigilancia de la autoridad ejecutora. Sobre ese tópico es de decirse una vez más que, precisamente por tratarse de cuestiones inherentes a la ejecución de las sanciones impuestas, ello atañe a las autoridades ejecutoras. Tampoco pasa inadvertido que en relación con la concesión de la condena condicional, el artículo 90, último párrafo, del Código Penal Federal señala: (se transcribe). Sin embargo, aun cuando alude a la sustitución de penas impuestas, en ese caso sí hay precepto específico que contempla tal posibilidad, lo que no ocurre en tratándose de lo dispuesto en el artículo 55 del código sustantivo que contiene implícito, un régimen de temporalidad para su aplicación. Por consiguiente, al no advertirse que se deba suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado."

En virtud del anterior criterio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sustentó la tesis visible en la página 1059 del Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÉSTA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. El prescindir de la pena de prisión o sustituirla por una medida de seguridad es facultad exclusiva del juzgador, en términos del artículo 55 del Código Penal Federal, que procede de oficio o a petición de parte, hasta antes de dictar sentencia ejecutoria, dado que se trata de cuestiones de punición, al hallarse comprendida tal disposición en el título de ‘Aplicación de las sanciones’; por tanto, si después de pronunciada la sentencia ejecutoria surgen circunstancias que modifican las condiciones del sentenciado, ya no concierne a la individualización de las penas y su estudio no compete al órgano jurisdiccional sino que, en su caso, sería materia de análisis por parte de la autoridad ejecutora, conforme al artículo 75 del código supraindicado."

QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 169/2002, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dos, relativo al juicio de garantías 2/2002, promovido por ... en la parte que interesa sostuvo en lo conducente lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados los agravios expresados. En efecto, es infundado lo expresado por el recurrente, en el sentido de que el tribunal de amparo partió de una premisa falsa al estimar que aquél no abordó el estudio del incidente planteado y de los agravios hechos valer, toda vez que contrariamente a lo esgrimido por aquél, lo expresado por el referido tribunal constitucional debe entenderse en el sentido de que atribuye al tribunal de alzada no haber entrado al fondo de la cuestión incidental, es decir, haber omitido pronunciarse sobre los agravios del defensor, por lo que, si bien es verdad el tribunal de apelación abordó el estudio del incidente de que se trata y lo declaró improcedente, con base en los motivos contenidos en su sentencia, también es cierto lo considerado por el tribunal de amparo en lo atinente a que no analizó el fondo de la cuestión planteada, por haber estimado el tribunal de alzada que el beneficio contenido en el artículo 55 del Código Penal Federal debía haberse tramitado durante el proceso penal respectivo y no después de éste, lo que se encuentra corroborado con lo expresado por el propio tribunal recurrente, quien manifestó en su escrito de agravios que al resolver el incidente mencionado soslayó tanto los argumentos del Juez como los agravios propuestos al haber considerado improcedente el incidente planteado. Asimismo, contrario a lo sostenido por el inconforme, en lo tocante a que ‘si bien es verdad que el estado de salud fue posterior a la sentencia definitiva, no por esa razón cabría conceder el beneficio solicitado, dado que las reglas que la rigen son claras en ese sentido, tal como se sostuvo en la resolución pronunciada por este tribunal de apelación’, debe manifestarse que de ninguna de las consideraciones de la sentencia de amparo recurrida, ni de los efectos del fallo protector se desprende, como parece interpretarlo el recurrente, que deba concederse el beneficio solicitado en el incidente planteado, sino que el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, examinara y resolviera las cuestiones puestas a su consideración y determinara si eran o no fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista. Tampoco le asiste la razón a la parte inconforme al manifestar que la tesis que invoca el tribunal de amparo intitulada: ‘PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, SUSTITUCIÓN DE LA, EN CASO DE SENILIDAD O PRECARIO ESTADO DE SALUD.’, es inaplicable, ya que, aduce, la hipótesis a que dicho criterio se refiere (contenida en el artículo 55 del Código Penal Federal, en vigor) es dable únicamente cuando está en trámite la sustanciación del recurso de apelación contra la sentencia de apelación de primer grado y que el tribunal de apelación no puede dejar de analizar las pruebas ofrecidas para probar el precario estado de salud y, asimismo, que resultan inaplicables los artículos 74 y 90, fracción X, del Código Penal Federal, para hacer valer en la vía incidental los beneficios contemplados en el artículo 55 preinvocado, pues, contrariamente a lo argumentado, el beneficio contemplado en dicho precepto puede promoverse no sólo durante la tramitación del proceso penal, sino, inclusive, después de concluido éste, pues, haciendo un análisis sistemático de los preceptos legales relativos a los diversos beneficios susceptibles de otorgarse por los órganos jurisdiccionales en materia penal federal, consistentes en la sustitución de la pena y condena condicional, en los términos previstos en los artículos 74 y 90, fracción X, ambos del Código Penal Federal, respectivamente, se advierte que éstos pueden tramitarse incidentalmente, aun después de que se haya concluido el proceso, es decir, aunque exista sentencia que haya causado estado; por lo que, por razones de identidad, el beneficio de prescindir de la pena o de sustitución de ésta por una medida de seguridad, previsto en el precepto número 55 de la codificación precitada y aunque éste no lo contemple de manera expresa, dada la similitud de la hipótesis contenida en éste, con la prevista en aquéllos, debe admitirse su tramitación en la vía incidental. Sin que se oponga lo anterior, lo esgrimido por el tribunal impugnante, en el sentido de que en la especie no son aplicables los artículos 74 y 90, fracción X, antes mencionados, toda vez que si bien es cierto no lo son de manera expresa, tales preceptos sirven de parangón para establecer que procede, por analogía con aquéllos, la tramitación en la vía incidental del diverso beneficio contenido en el numeral 55 de que se viene hablando. Independientemente de lo anterior, no está por demás mencionar, que la facultad de prescindir de la pena o de substituir ésta por una medida de seguridad, es propia y exclusiva de la autoridad judicial, la cual no puede delegarse a la autoridad administrativa, ya que, admitir lo contrario, equivaldría a autorizar a ésta a revocar las resoluciones dictadas por aquélla. Asimismo, opuestamente a lo aducido por el disconforme, siendo diverso el incidente fallado el veintiséis de junio de dos mil, del resuelto el diez de diciembre de dos mil uno, el tribunal de apelación responsable debió haber estudiado y resuelto éste, atendiendo a las nuevas pruebas ofrecidas y desahogadas, estudiando los agravios y declarando lo fundado o infundado de éstos, independientemente de que el incidente se haya tramitado después de concluido el proceso penal, toda vez que el artículo 55 que se analiza, no establece limitación alguna en cuanto al tiempo en que puede solicitarse el beneficio que prevé, puesto que, en el caso concreto, el tercer supuesto a que aquél se contrae (relativo al precario estado de salud) puede sobrevenir después de concluido el proceso. En relación con lo expresado por el recurrente, en lo atinente a que una vez promovido un incidente, sea cual sea su naturaleza, el pronunciamiento posterior (se entiende que aquí se refiere al recaído en un incidente posterior) debe ser congruente con lo resuelto en aquél, también es verdad que la congruencia no debe entenderse en el sentido de que en el segundo fallo se deba resolver lo mismo que en el anterior, ni que el primero adquiera la autoridad de cosa juzgada, sino en el sentido de que lo resuelto debe ser acorde con la pretensión del promovente, fundada en el artículo 55 del Código Penal Federal, su escrito de agravios, las pruebas aportadas y los hechos con éstas probados y, en su caso, lo manifestado por el Ministerio Público Federal. Por lo que hace a lo expresado por el recurrente, en el sentido de que si bien en la resolución que constituyó el acto reclamado se habló de cosa juzgada, que ello fue en relación con la sentencia de primer grado del treinta y uno de enero de dos mil uno, dictada en la causa penal número 213/99-3, en contra de ... la cual quedó firme al no haber sido impugnada por éste, debe decirse que resulta inoperante porque no ataca con dicho argumento, jurídicamente, ninguna de las consideraciones que sirven de sustento al fallo combatido. En consecuencia, siendo infundados los agravios y al no existir deficiencia que suplir de oficio, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia sometida a revisión."

El anterior criterio dio origen a la tesis visible en la página 813 del Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"PENA. LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CONSISTENTES EN PRESCINDIR DE ELLA O SUSTITUIRLA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD, EN LOS CASOS QUE SEÑALA DICHO PRECEPTO, PUEDEN SOLICITARSE ANTE EL JUZGADOR NATURAL, AUNQUE YA EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA. Los beneficios contemplados en el artículo 55 del Código Penal Federal, consistentes en prescindir de la pena o sustituirla por una medida de seguridad, en los casos y bajo las condiciones que el propio numeral prevé, pueden solicitarse ante el juzgador natural, no sólo durante la tramitación del proceso penal, sino, inclusive, después de concluido, pues del análisis sistemático de los preceptos legales relativos a los diversos beneficios susceptibles de otorgarse en otros casos, como son la sustitución de la pena y la condena condicional, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 90, fracción X, ambos del Código Penal Federal, se concluye que por igualdad de razón y de justicia aquéllos pueden tramitarse incidentalmente ante el Juez de la causa, aun cuando exista sentencia ejecutoriada."

SEXTO. Precisado lo anterior, por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de revisión 1072/2002 y 169/2002, respectivamente, cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, aun cuando los órganos jurisdiccionales no hayan formulado tesis al respecto.

En efecto, se da la contradicción de criterios, cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas;

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia que apoya lo anterior es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.".

Igualmente, tiene aplicación la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres."

SÉPTIMO. Tomando en cuenta lo anterior, se estima necesario mencionar los antecedentes que se advierten de los recursos de revisión que motivaron la presente contradicción.

1. El antecedente del recurso de revisión 1072/2002 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se constituye en la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dos, pronunciada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de garantías 27/2002-II, promovido por la quejosa ... .

En dicho asunto la quejosa ... solicitó la protección constitucional en contra de la resolución emitida el veintioc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18267-27244410/pena-privativa-de-libertad-los-beneficios-que-senala · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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