SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO LOS TRIBUNALES MILITARES EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA CONOCEN DE DELITOS PREVISTOS EN LOS CÓDIGOS PENALES LOCALES O EL FEDERAL, DEBEN APLICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A ÉSTOS, PUES COMPARTEN LA NATURALEZA SUSTANTIVA DE LA PENA QUE SUSTITUYEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho el amparo directo 734/87 son, en lo que interesa, las siguientes:
"TERCERO. ... Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal estima que la sustitución de la multa por días de prisión, en caso de insolvencia, resulta incorrecta, atendiendo a las siguientes consideraciones: El Supremo Tribunal de Justicia Militar conoció de un delito del orden federal, motivo por el que conforme al artículo 58 del código castrense, aplicó el Código Penal Federal tanto para la descripción del tipo como para la imposición de la pena; en consecuencia y atendiendo a la métrica señalada por el precepto legal infringido, también debe atenderse a los beneficios que la propia ley federal estipula, como son, en la especie, la sustitución de la pena de prisión por tratamiento en libertad o semilibertad, o bien, la pecuniaria, por jornadas de trabajo a favor de la comunidad; ello por ser consecuente y congruente con el principio de ubi idem ratio ibi idem jus. Así pues, la sustitución que la autoridad responsable hizo de la multa de $10,000.00 (diez mil pesos) por diez días de prisión, en caso de insolvencia, se estima incorrecta, dado que en la época en que acaecieron los hechos (veinte de agosto de mil novecientos ochenta y cinco), esa sustitución se debió hacer por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en términos de los artículos 27 y 29 del Código Penal Federal, en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo."
La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988
"Página: 471
"PENAS Y BENEFICIOS QUE DEBEN APLICARSE POR LOS TRIBUNALES MILITARES. Partiendo del principio de que donde priva la misma razón debe privar el mismo derecho; cuando el artículo 58 del Código de Justicia Militar, en forma expresa y para sancionar el hecho, remita al Código Penal en vigor en el lugar donde se comete el delito, o en el caso de que éste fuera del orden federal al código de dicho fuero, tanto para el procedimiento a seguir como para la imposición de las penas o la aplicación de los beneficios que se establezcan en los citados cuerpos legales, corresponderá a los propios tribunales castrenses cumplir con las normas especiales de esas codificaciones.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 734/87. Saúl Vergara Rodríguez. 28 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Vicente Arenas Ochoa."
CUARTO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el cuatro de julio de dos mil tres, el recurso de revisión 78/2003, en lo que interesa, son las siguientes:
"VI. Los agravios expuestos por el quejoso son infundados en una parte, inoperantes en otra y fundados pero inoperantes el resto ...
"En otro aspecto, el recurrente, en resumen, esgrime que le causa agravio el párrafo dieciocho del considerando quinto de la resolución impugnada, pues el Juez Federal no tomó en cuenta que el artículo 14 constitucional previene que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y al incoarle un proceso bajo una ley adjetiva que no corresponde a la sustantiva, existe una violación en su perjuicio, dado que se le está sometiendo a un procedimiento penal que no es el adecuado, de subsistir el criterio del Juez Federal, se estaría aplicando para efectos del proceso una ley adjetiva como es el procedimiento penal militar, que no corresponde a la ley sustantiva, consistente en el Código Penal Federal, lo cual lo deja en estado de indefensión. Al caso invocó la tesis con el texto: ‘PENAS Y BENEFICIOS QUE DEBEN APLICARSE POR LOS TRIBUNALES MILITARES.’
"Lo infundado de ese planteamiento radica en que el Juez de control constitucional estuvo acertado en señalar que como en el caso concreto se trata de un aspecto relativo a la competencia, el Juez instructor estuvo en lo correcto, al determinar que, en la especie, es aplicable en forma supletoria a la ley marcial, el Código Penal Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Código de Justicia Militar, que dispone: ‘Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere del orden federal, el Código Penal que rija en el Distrito y Territorios Federales.’
"En segundo, el Juez Federal dijo que todo lo anterior pone de manifiesto que el Juez militar responsable sí tiene competencia legal para conocer y resolver el proceso del que emana el acto reclamado, y que el ordenamiento aplicable supletoriamente al código castrense es la ley punitiva federal, la cual prevé y sanciona la conducta ilícita atribuida al disconforme, de ahí que la resolución combatida no es violatoria del artículo 13 de la Constitución General de la República que, en su parte conducente, dispone: ‘... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército ...’, razonamientos con los que este Tribunal Colegiado está de acuerdo.
"Por lo demás, el Juez Federal estuvo acertado en decir que resultaba infundado el motivo de inconformidad del promovente, en el sentido de que la resolución reclamada transgrede las garantías individuales tuteladas por el artículo 14 constitucional, por no haber cumplido con las formalidades del procedimiento pues, en la especie, con el acto combatido no se ha dado efecto retroactivo a la ley, pues durante el término constitucional ampliado se observaron las formalidades esenciales del procedimiento penal, dado que se fijó día y hora para que el quejoso rindiera su declaración preparatoria en términos de ley, lo cual así se verificó; se le informó el motivo por el que fue puesto a disposición del Juez militar responsable, el nombre de las personas que declararon en su contra y se le permitió designar defensor particular, quien lo asistió en dicha actuación. En apoyo a lo anterior, citó la tesis consultable en las páginas 496 y 497, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 1999, que a la letra dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.’ (la transcribe). El recurrente alega que le agravia el párrafo veinte del considerando quinto del fallo recurrido, pues el Juez Federal dijo que la responsable citó en el acto reclamado diversos artículos del Código de Justicia Militar e indicó el precepto que sanciona el delito que injustamente se le atribuye; el Juez de Distrito se concretó a citar diversos aspectos y la norma que sanciona la conducta delictiva que se le imputa, y que por eso el auto de formal prisión está fundado y motivado, sin establecer cómo es que cada uno de esos numerales surte sus efectos jurídicos dentro de los autos de origen.
"Lo anterior es infundado, cuenta habida que el Juez de control constitucional estuvo en lo justo, al sostener que en el acto reclamado no existe violación a la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, ya que contrario a lo aducido por el disconforme, en los autos de origen aparece que la responsable apreció cada una de las probanzas que tomó en cuenta para la acreditación del cuerpo del delito que se imputa al quejoso, así como su probable responsabilidad, citó los numerales concernientes a dichas pruebas y el valor de las mismas (artículos 522, 533, 541, 545, 546, 555, 560, 562, 586, 609, 610 y 611 del Código de Justicia Militar), indicó el precepto legal que tipifica y sanciona la conducta ilícita atribuida al impetrante (artículo 260 de la ley sustantiva penal federal), así como las circunstancias especiales del hecho para la adecuación del caso concreto a la hipótesis normativa, y con base en ello dictó el auto de prisión preventiva contra ... por lo que es claro que la resolución materia del amparo está fundada y motivada, de ahí que no transgrede el precepto constitucional en cita, razonamientos que este Tribunal Colegiado considera adecuados, pues en ese apartado, adverso a lo esgrimido por el recurrente, el Juez Federal no entró al fondo del asunto, ya que sólo se concretó a exponer los requisitos que señala el artículo 16 constitucional, que se deben tomar en cuenta para dictar las resoluciones por parte de las autoridades competentes en sus respectivas materias, y sobre el contenido de las pruebas de autos y el valor que adquieren conforme a los preceptos aplicables a cada una, esto lo hizo el Juez de Distrito al entrar al fondo del asunto, como luego se verá. ...
"Por otro lado, contrariamente a lo que aduce el quejoso, el Juez militar estuvo en lo correcto al valorar las pruebas de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, y no de conformidad con lo señalado por el Código Federal de Procedimientos Penales, como erróneamente aduce el peticionario de garantías.
"Para la mejor comprensión de las razones por las cuales no es aplicable una legislación procesal distinta a la prevista por el Código de Justicia Militar, en los casos en que un militar comete un delito del orden común o federal y el juzgador debe sujetarse, de acuerdo al artículo 58 de ese ordenamiento, a lo dispuesto por el Código Penal Estatal o Federal correspondiente, primeramente debe entenderse lo relativo al fuero de guerra.
"Nuestra Constitución Federal en su numeral 13, como garantía de igualdad prohíbe que alguna persona o corporación tenga fuero, pero excepcionalmente dispone que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, fuero que exclusivamente es aplicable a miembros del Ejército a través de los tribunales militares respectivos, apartando de él a quienes se denomina como paisanos en el propio texto constitucional.
"Para corroborar lo anterior, a continuación se transcribe el precepto constitucional citado: (lo transcribe).
"Comúnmente se denomina fuero, en el ámbito del derecho punitivo, a ciertos privilegios que frente a la ley penal amparan a la persona en razón de la función que las leyes le otorgan por el cargo que desempeña. La palabra fuero tiene diversos significados, de entre los cuales conviene mencionar precisamente al que se refiere a los privilegios o excepciones que se conceden a una provincia, ciudad o persona, toda vez que es al que alude el artículo constitucional mencionado.
"La razón por la que la Constitución Federal prohíbe los fueros estriba en que han constituido clara expresión de la desigualdad de clases, en virtud de los privilegios creados a favor de ciertos grupos sociales, lo que rompía con el principio de igualdad frente a la ley.
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el precepto constitucional señalado en la tesis P. CXXXVI/97, publicada en la página 204 del Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente forma: ‘FUERO. SU PROHIBICIÓN EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL IMPLICA LA PROSCRIPCIÓN DE JURISDICCIONES O ESFERAS COMPETENCIALES DISTINTAS, EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE DETERMINADA PERSONA O CORPORACIÓN.’ (la transcribe).
"Al respecto, se comparte lo que sostiene el autor Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra denominada Las Garantías Individuales, de Editorial Porrúa, en el sentido de que concurren dos especies de fuero: el personal y el real o material; al respecto, el autor considera lo siguiente: ‘El fuero personal está constituido por un conjunto de privilegios y prerrogativas que se acuerdan a favor de una o varias personas determinadas. Dichos privilegios y prerrogativas se establecen intuitu personae, esto es, pueden traducirse en una serie de exenciones y favores o ventajas para sus titulares, viven y mueren con las personas por ellos beneficiadas, por lo que se dice que el fuero que los comprende es personal o subjetivo. Este fuero excluye para sus titulares la imperatividad de la norma jurídica general; el sujeto de un fuero personal se sustrae de la esfera jurídica establecida para todos los individuos. Así, el que goza de un fuero de tal naturaleza no puede ser juzgado por los tribunales ordinarios que conocen de los juicios que se susciten entre las personas que son privilegiadas; tampoco está obligado a pagar ciertos impuestos, gabelas, etc., al Estado. En síntesis, el fuero personal o subjetivo es un conjunto de privilegios, prerrogativas o ventajas que se acuerdan en beneficio exclusivo de una o de varias personas, con la circunstancia de que éstas se colocan en una situación jurídica particular, sui generis, diversa de aquella en que se encuentran los demás individuos. Dicha situación es invariable en cuanto que no se altera por la posición jurídica individual de los no privilegiados frente a la competencia de los tribunales, a sus semejantes y al Estado. Así un sujeto titular de un fuero personal no puede ser sometido a la jurisdicción del tribunal que conocería de un determinado proceso por razón de la naturaleza del delito cometido, de la índole del negocio jurídico, del grado en la instancia, etc.; tampoco está colocado dicho sujeto en una situación igualitaria con las demás personas puesto que disfruta de ventajas respecto de éstas; carece asimismo en algunos casos de la obligación pública individual de contribuir a los gastos estatales mediante el pago de un impuesto, de prestar ciertos servicios sociales, etc. Por el contrario, el fuero real, material u objetivo, no se refiere a una persona determinada o a un número también determinado de sujetos. Dicho fuero no implica un conjunto de ventajas o favores personales acordados para uno o varios sujetos o un grupo de personas, sino que propiamente se traduce en una situación de competencia jurisdiccional determinada por la índole o naturaleza del hecho, acto o negocio que da origen a un juicio. Así, en nuestro régimen jurídico existen los fueros federales y local que significan sendas esferas de competencia entre los tribunales de la Federación y los de los Estados, fijadas en razón de la naturaleza formal (federal o local) de los actos, hechos o negocios que se someten a su conocimiento o que dan origen al procedimiento que ante ellos debe ventilarse. Al fuero que se traduce en órbitas de competencia jurisdiccional se le da el nombre de real o material, porque para su existencia se toma en consideración un elemento ontológico, pudiéramos decir, constituido por hechos, actos o situaciones que son extrapersonales y que pueden tener lugar en relación con cualquier sujeto, independientemente de la condición especial de éste. Por tal motivo al fuero real o material puede llamársele objetivo, porque se establece atendiendo a circunstancias, fenómenos, elementos, etc., trascendentes e independientes de la índole intrínseca de la persona.’
"Adicionalmente, el propio Pacto Federal prevé como excepción a la proscripción antes referida, al fuero militar o fuero de guerra, el cual subsiste, como ya se dijo, para los delitos y faltas contra la disciplina castrense cometidos por los miembros de las fuerzas armadas.
"Se puede definir al fuero militar como el status o condición jurídico-legal de carácter especial, relativa a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas armadas del país y bajo cuyo imperio se encuentran; dentro de él, se considera al conjunto de leyes, decretos, reglamentos, circulares, etcétera, de esa índole, entre ellos, el Código de Justicia Militar, el cual amalgama cuestiones orgánicas, sustantivas y adjetivas, relativas principalmente a la integración de los juzgados, consejos de guerra ordinarios y extraordinarios y el Supremo Tribunal, correspondientes al ámbito castrense, así como al Ministerio Público, la defensoría de oficio y demás dependencias del servicio de justicia respectivo; igualmente, tal ordenamiento jurídico prevé los delitos considerados como típicamente militares y el cúmulo de normas procesales para la tramitación de los juicios respectivos.
"Técnicamente, el fuero militar o de guerra es la jurisdicción o potestad autónoma y exclusiva de juzgar por medio de los tribunales castrenses y conforme a las leyes del Ejército, Fuerza Área y de la Armada Nacional, únicamente a los miembros de dichas instituciones por las faltas o delitos que cometan en actos o hechos del servicio, así como la facultad de ejecutar sus sentencias; igualmente, todo aquello que es propio o relativo a la organización y funcionamiento de los institutos armados mencionados a través de las jurisdicciones administrativa y gubernativa en que se considera desdoblada la jurisdicción marcial.
"También se comparte la conclusión del autor aludido en cuanto a que el fuero de guerra tiene un carácter mixto, esto es, de tipos personal o subjetivo y material u objetivo, al respecto dice lo siguiente: ‘El fuero de guerra es primordialmente un fuero de carácter real o material, implicando la competencia de los tribunales militares para conocer de los delitos y faltas de tipo militar. Sin embargo, dicho fuero no deja de ser, paralelamente, de índole personal, pues para que se surta dicha competencia se requiere que el autor de un delito o falta militar sea miembro del Ejército. Por tanto, debe concluirse que el fuero de guerra es mixto, o sea, real, desde el punto de vista de la naturaleza del hecho que lo sustenta, y personal en cuanto que sólo es operante respecto de los militares por los delitos y faltas que cometan contra la disciplina militar.’
"Debe estimarse que al dejarse subsistente el fuero de guerra para los delitos y faltas cometidas contra la disciplina militar, no se pretende privilegiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que, por el contrario, obedece a razones de orden público y de especial disciplina, que tiende a garantizar la paz y el bienestar nacional, y que exige una violenta y rápida intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad para su preparación adecuada, para juzgar a los que rige la ley militar; por tanto, el fuero y el tribunal militares no son en favor del acusado, sino en bien de las instituciones y de la sociedad perturbadas por el acto transgresor.
"Así puede advertirse de lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en la página 3760 del Tomo LXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a continuación se transcribe: ‘FUERO DE GUERRA.’ (la transcribe).
"En ese orden de ideas, el artículo 13 de la Constitución Federal, más que establecer un fuero a favor de los militares, fija la competencia de los tribunales castrenses atendiendo a un criterio personal (miembros del Ejército) y material (los delitos y faltas cometidos por los miembros del Ejército contra la disciplina militar), pues la razón de tales tribunales no se sustenta en el beneficio o perjuicio de su jurisdicción para los miembros del Ejército, sino en la especialidad de la materia, por lo que es innegable que los tribunales militares propiamente no constituyen un fuero, sino una jurisdicción especializada.
"Cobra aplicación al respecto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1393 del Tomo XL de la Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, que expresa: ‘FUERO DE GUERRA.’ (la transcribe).
"En el criterio transcrito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la comparación entre los preceptos concordantes de las Constituciones de 1857 y 1917, ponen de relieve la marcada tendencia a restringir, hasta casi hacerlo desaparecer, el fuero de guerra, y si se le tolera en la actualidad, es porque se juzga necesario para mantener la disciplina en el Ejército; que de acuerdo con el texto del artículo 13 de la Constitución vigente, para que el fuero de guerra subsista, se necesitan dos condiciones: que se haya cometido un delito militar, según características que la ley señala, y que lo haya cometido un miembro del Ejército, pero en el caso de que en un delito militar estén complicados paisanos, son las autoridades civiles las que deben conocer del proceso militar.
"Así las cosas, para poder establecer cuándo debe conocer de determinados hechos delictivos un tribunal militar, el Código de Justicia Militar prevé las disposiciones que a continuación se transcriben:
"‘Artículo 57.’ (lo transcribe). El anterior precepto, por un lado, dispone que son delitos contra la disciplina militar los señalados en el libro segundo del Código de Justicia Militar, entre los cuales se prevén los ilícitos considerados como típicamente militares; igualmente, el numeral señala que contravienen la disciplina marcial los ilícitos del orden común o federal cuando en su comisión hayan concurrido cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo; b) Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar; c) que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra; d) que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera; e) que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.
"‘Artículo 58’ (lo transcribe). El precepto citado alude a que tratándose de delitos del orden común, se aplicará el Código Penal vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito, y si el injusto fuera de orden federal, el Código Penal Federal.
"Partiendo de esas premisas, opuesto a lo que alega el quejoso, en la especie, al momento de valorar las pruebas, el Juez militar no tenía la obligación de atender lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, porque no resultaba aplicable, si se tiene presente que ningún precepto del Código de Justicia Militar permite al juzgador castrense remitirse a ese ordenamiento, sino sólo a la legislación penal sustantiva en los términos de lo señalado por el artículo 58 de la legislación castrense; de tal forma que para los aspectos procesales el juzgador marcial debe estarse a lo dispuesto por el libro tercero del ordenamiento militar referido, el cual regula el procedimiento penal en ese ámbito, pues de lo contrario, se trastocaría el orden público y de especial disciplina a que está sujeta la milicia, la que tiende a garantizar la paz y el bienestar nacionales, y que exige una violenta y rápida intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad para juzgar a los que rige la ley militar, dado que el fuero y el tribunal militar no son a favor del inculpado, sino de las instituciones y de la sociedad perturbadas por el acto transgresor.
"La inaplicabilidad del código procesal federal se justifica porque además obedece, principalmente, a una cuestión de competencia, porque el juzgador marcial no se encuentra legalmente facultado para aplicar, en la materia adjetiva, una legislación distinta al Código de Justicia Militar, máxime que a este ordenamiento se encuentran sujetos los miembros de las Fuerzas Armadas del país, en virtud de las razones personales y materiales que se prevén por la Constitución Federal para que sean objeto de dicha legislación militar y no de otra distinta.
"Ello se entiende así, porque las disposiciones procesales contenidas en el Código de Justicia Militar son acordes con el régimen disciplinario al que están sometidos los miembros de las Fuerzas Armadas del país y con la jurisdicción especializada prevista para los militares por el artículo 13 de la Constitución Federal, lo que no sucede con las legislaciones procesales aplicables a los civiles.
"Asimismo, en los procesos militares, como en el asunto que nos ocupa, no es aplicable la legislación procesal federal, porque podría darse el supuesto de que a un miembro del Ejército se le siguiera la causa tanto por un delito previsto expresamente por el Código de Justicia Militar, como por uno del fuero común o federal, este último de acuerdo a lo señalado por el artículo 57, fracción II, del ordenamiento mencionado; luego, jurídicamente el órgano jurisdiccional castrense no podría aplicar simultáneamente para un ilícito un ordenamiento procesal, y para el restante otro distinto, puesto que ello equivaldría a que de alguna forma se dividiera la continencia de la causa.
"A mayor abundamiento, es oportuno precisar que los criterios invocados y la doctrina transcrita llevan a considerar que la interpretación sistemática del artículo 58 del Código de Justicia Militar, esto es, la remisión que hace a los Códigos Penales de los fueros común y federal, comprende únicamente la aplicación de la legislación sustantiva, ya sea del fuero común o del federal, es decir, se encuentra limitada al delito y a las penas contempladas, sin que se tenga que acudir a la ley adjetiva correspondiente u otras figuras de índole sustantivo que igualmente pudieran estar contenidas en las legislaciones ordinarias, como lo podrían ser los beneficios para sustituir o suspender la pena de prisión, entre otros.
"Para arribar a esa conclusión, primeramente conviene hacer la aclaración de que la aplicación de la legislación sustantiva, ya sea del ámbito común o federal, de acuerdo al artículo 58 del Código de Justicia Militar, con motivo de la comisión de ilícitos de esos órdenes por miembros de la milicia, no obedece a una supletoriedad de la norma, sino en virtud de una competencia atrayente.
"Esto es así, puesto que, como ya se dijo, el artículo 13 constitucional establece la jurisdicción especializada instituida a favor de los tribunales castrenses para que conozcan de los delitos cometidos contra la disciplina militar, entre los que se encuentran los previstos en los Códigos Penales de los fueros común y federal, cuando sean perpetrados por un miembro de las Fuerzas Armadas del país en las circunstancias que dispone el propio precepto legal.
"Por tanto, los delitos del orden común o federal, fuera de su descripción legal y de sus penas que se prevén en los Códigos Penales respectivos, deben ser tratados según lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, en virtud de que sólo éste es acorde con el régimen disciplinario a que debe estar sujeto el miembro de la milicia al que se le instruya la causa y que es objeto de la jurisdicción especializada a que alude el precepto constitucional, lo que no sucede con las legislaciones ordinarias expedidas para los civiles. ..."
La anterior ejecutoria no dio lugar a tesis formalmente expuesta.
QUINTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas, se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los sigu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18517-b600294d/sustitutivos-de-la-pena-cuando-los-tribunales-militares · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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