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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL (ACTUALMENTE PRIMERO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 427.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL (ACTUALMENTE PRIMERO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (actualmente Primero), al resolver el amparo en revisión 88/73, emitió la siguiente tesis aislada cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor siguiente:

"Séptima Época

"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 66, Sexta Parte

"Página: 48

"PRESCRIPCIÓN, SI NO SE HA NOTIFICADO A LOS OFENDIDOS LA SENTENCIA FIRME QUE ESTABLECE EN SU FAVOR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE LA. LEGISLACIÓN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL. Es verdad que al caso de la prescripción resultan aplicables los artículos 103, 113 y 115 del Código Penal del Distrito, pero no es menos cierto que no puede considerar que en dicho ordenamiento se encuentre agotada y definitivamente resuelta la cuestión sobre la prescripción de las sanciones pecuniarias. En esta materia, como en otras, la ley sustantiva debe aplicarse en relación estrecha con la ley adjetiva, lo cual no riñe, por otra parte, con el principio de la exacta aplicación de la ley, que respecto de los juicios penales consagra el artículo 14 constitucional. Según el artículo 103 del Código Penal, los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y tratándose de sanciones pecuniarias, correrán desde la fecha de la sentencia ejecutoria. Los artículos 79, 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: ‘Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando, notificada la parte, conteste expresamente de conformidad o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda’. ‘Todas las resoluciones apelables deberán ser notificadas al Ministerio Público, al procesado, al querellante, en su caso, y al defensor o cualquiera de los defensores, si hubiera varios’. ‘Todas las personas que por algún motivo legal intervengan en el proceso deberán designar, desde la primera diligencia judicial en que intervengan, casa ubicada en el lugar del proceso para que se les hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedieren e informar de los cambios de domicilio o de la casa designada’. Así, si los ofendidos se constituyeron en coadyuvantes del Ministerio Público y, por lo tanto, como interesados en el proceso, o debieron haber sido notificados de todas las resoluciones recurribles dictadas en el mismo. Sin embargo, si no tuvieron conocimiento de la sentencia de apelación en la que se estableció su derecho al pago de la reparación del daño, así como tampoco fueron informados de que la misma había adquirido autoridad de cosa juzgada, como consecuencia de la denegación del amparo al sentenciado, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado su criterio en el sentido de que el espíritu filosófico que norma la prescripción negativa de las obligaciones de hacer o de dar, es el olvido que se traduce en la falta de ejercicio de las acciones correlativas, durante el transcurso de un determinado tiempo, de modo que si el olvido es absoluto, es decir, no ha habido diligencia alguna tendiente a hacer efectiva la obligación, la prescripción opera, pero si no ha habido olvido total o absoluto y éste no se ha manifestado por hechos evidentes, la prescripción no puede operar. Mientras el interesado desconoce una resolución, no puede lógicamente, en efecto, exigírsele una conducta que presupone precisamente el conocimiento del fallo, y por lo tanto, mientras no haya tenido esa noticia o se haya hecho sabedor de la resolución, no puede considerarse que se olvidó de los derechos que la misma le otorgó, pues no puede olvidarse lo que no se ha conocido. El medio a través del cual los interesados en el proceso tienen conocimiento de las resoluciones, es por antonomasia, la notificación. Dicha institución procesal custodia fundamentalmente el principio de seguridad jurídica, derivado de la necesidad que tiene toda persona, de saber a que atenerse en su vida social. Por la notificación, en efecto, las personas se enteran de los actos procesales que afectan su esfera jurídica y, por lo tanto, gracias a ella están en posibilidad de reaccionar ante esos actos en la forma que estimen pertinente para la defensa de sus intereses. Salvo en el caso de que el interesado se informe por otros medios, la ausencia de notificación, manteniéndolo ajeno a una resolución, anula automáticamente la posibilidad de reaccionar en una forma o en otra, dejándolo a merced de las consecuencias, a veces funestas, que deriven de aquélla y que, de haberla conocido, habría podido tal vez evitar. Los postulados anteriores brotan sin dificultad, de un elemental criterio sobre la justicia y son por ello tan rotundos, que impiden absolutamente aplicar el artículo 103 del Código Penal. Así pues, aunque el precepto en cuestión establece que los términos para la prescripción de las sanciones pecuniarias correrán desde la fecha de la sentencia ejecutoria, debe considerarse que es supuesto irremisible para el transcurso de dichos términos, la notificación a los interesados o que éstos se hagan sabedores de que el fallo ha causado ejecutoria, en su caso.

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

"Amparo en revisión 88/73. Abel Hernández Guevara. 16 de junio de 1974. La publicación no menciona el sentido de la votación del asunto. Ponente: Víctor Manuel Franco."

Igualmente, dicho Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio al resolver el amparo en revisión 793/98, promovido por ... cuyos integrantes al resolver eran los Magistrados ... emitió el criterio, según las consideraciones que a continuación se transcriben:

"QUINTO. Los anteriores agravios son infundados. En efecto, contrario a lo que aduce la recurrente en el sentido de que el día primero de agosto de mil novecientos noventa y siete ya habían transcurrido los dos años que requiere la ley para la prescripción, debe decirse, como lo señala el Juez de Distrito, que en el caso aún no se ha operado la prescripción, pero no por las causas que aduce la autoridad de amparo en la sentencia recurrida, sino por los motivos que más adelante se precisan. Para una mejor comprensión del asunto, debe precisarse que el ocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, la ahora recurrente fue sentenciada en los procesos 134/90, 167/90 y 11/90 acumulados, por los delitos de fraude y asociación delictuosa, en la que fue condenada con diverso sentenciado a la reparación del daño de manera solidaria y mancomunada, dicha resolución fue recurrida por la sentenciada, misma que fue notificada por la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, el diecisiete de mayo del referido año, sentencia en la que se condena a la reparación del daño en favor de los ofendidos y por las cantidades señaladas en el considerando quinto de dicha resolución, la que fue impugnada por la ahora recurrente a través del amparo directo, del que conoció este Tribunal Colegiado y en el que se negó la protección constitucional solicitada. El Juez del proceso con motivo de la ejecutoria de amparo, por auto de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (foja dos cientos noventa y ocho del tomo II), proveyó lo siguiente: ‘México, Distrito Federal, a 30 de mayo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro. Visto el contenido de la certificación y razón que anteceden la C. Juez acordó: Por lo que hace a la certificación y en relación con el tomo IV, fóliese debidamente para checar que no falten actuaciones. Agréguese al mismo los oficios que remite la C. Secretaria de Acuerdos de la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que comunica que el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, de fecha 1o. de mayo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos ... quedando firme la resolución dictada por la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha diecisiete de mayo de 1993 mil novecientos noventa y tres, y a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Y como de autos se advierte que los sentenciados ... no han pagado la multa de N$840.00 ochocientos cuarenta nuevos pesos, cada uno, así como la reparación del daño por la cantidad de N$974,515.00 novecientos setenta y cuatro mil quinientos quince pesos, reparación que deberán pagar en forma solidaria y mancomunada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del Código Penal, procédase a girar oficio al C. Tesorero del Departamento del Distrito Federal, para el efecto de que ordene a quien corresponda, dé inicio al proceso económico coactivo en contra de los mencionados sentenciados en esta causa, con objeto de lograr el pago de la multa y pago de la reparación del daño a que se le concedió en la resolución de segunda instancia; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y cumplido lo anterior remítase la causa al archivo como asunto concluido, notifíquese.’. Ahora bien, de lo antes transcrito se advierte que se omitió ordenar que se notificara la sentencia ejecutoriada a los ofendidos, en favor de quienes se condenó a la reparación del daño, ni existe constancia en autos de que los interesados a dicha reparación tuvieran conocimiento por otros medios. Se dice lo anterior, porque si bien es verdad que al caso de la prescripción resultan aplicables a los artículos 103, 113 y 115 del Código Penal del Distrito Federal, también lo es que no se puede considerar que en dicho ordenamiento se encuentre agotada y definitivamente resuelta la cuestión sobre la prescripción de las sanciones pecuniarias, atendiendo a lo que establecen los artículos 79, 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales, en relación con las notificaciones a las partes; y si de autos se advierte que los ofendidos no tuvieron conocimiento de la sentencia de apelación en la que se estableció su derecho al pago de la reparación del daño, ni fueron informados de que la misma había adquirido autoridad de cosa juzgada como consecuencia de la denegación del amparo a la sentencia de segunda instancia, no es dable aplicar en la especie lo que establece el artículo 103 del Código Penal, precepto que establece que los términos para la prescripción de las sanciones pecuniarias correrán desde la fecha de la sentencia ejecutoria, debe considerarse que es supuesto irremisible que empiecen a correr dichos términos, la notificación a los interesados o que éstos se hicieran sabedores de que la sentencia ha causado ejecutoria, lo que en especie no aconteció, debido a que no puede prescribir un derecho que se ignora se tienen, o lo que es igual, si al titular a la reparación del daño no se le hace saber la existencia del derecho firmemente establecido en su favor, no debe empezar a correr el término para que surta sus efectos extintivos la prescripción del derecho a hacer efectiva la sanción pecuniaria en su forma específica de reparación del daño. En apoyo se cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuarenta y ocho, tomo sesenta y seis, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con los rubro y texto siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN. SI NO SE HA NOTIFICADO A LOS OFENDIDOS LA SENTENCIA FIRME QUE ESTABLECE EN SU FAVOR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE LA. LEGISLACIÓN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). También es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegido en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página ciento veinticuatro, Volumen ciento treinta y tres-ciento treinta y ocho, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, con los rubro y texto siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. EL TÉRMINO PARA SU CONSUMACIÓN NO CORRE A PARTIR DE LA FECHA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE DETERMINE ESA PENA, SINO DESDE AQUELLA EN QUE EL OFENDIDO CONOCE DICHO FALLO.’ (se transcribe). En consecuencia, al ser infundados los agravios y sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer de oficio a favor de la impetrante de garantías, procede confirmar las razones diversas, la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita."

Asimismo, sostuvo idéntico criterio al resolver el amparo en revisión 981/00, que en la parte considerativa que interesa, dice:

"SEXTO. Son fundados los agravios expuestos por el quejoso, ahora recurrente, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expresan: En efecto, este Tribunal Colegiado estima, contrariamente a lo expuesto por el Juez del amparo, que el acto reclamado por el quejoso sí guarda relación directa con su libertad, lo anterior es así, al advertirse que impugna el auto de dieciocho de julio de dos mil, por el que la responsable desecha por notoriamente improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el auto de cuatro de julio del mismo año, en que se determinó que estuviera a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre de de mil novecientos noventa y nueve, además de expresar que no se encontraba en la hipótesis del artículo 113 del Código Penal Federal por haber interrumpido la prescripción de la reparación del daño que solicitaba. Por lo que si el quejoso a través del amparo indirecto que promovió ante el Juez de amparo impugna el desechamiento del recurso de revocación a través del cual se recurre el auto por el que al haber solicitado la prescripción de la reparación del daño interrumpió la misma, es evidente que la prescripción que solicita, según se desprende de su demanda de garantías, es con la finalidad de ‘obtener un beneficio de libertad anticipada’, foja ocho del expediente principal, de ahí como ya se precisó, el acto reclamado por el quejoso sí guarda relación directa con la libertad del ahora recurrente, por lo que la tesis en la que se apoyó el Juez de amparo no es aplicable al caso. Además, se advierte que el acto que constituye el acto reclamado es incongruente, en tanto que, por una parte, la responsable determina desechar por notoriamente improcedente el recurso de revocación que hizo valer el quejoso, y por otra parte, analiza la prescripción de la reparación del daño solicitada por el ahora recurrente, al determinar que en el auto impugnado se ordenó que debería estarse a lo ordenado en el proveído de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, además porque ‘no obstante de no encontrarse en la hipótesis señalada en el numeral 113 del ordenamiento legal en comento con las dos peticiones realizadas mediante escritos presentados en la oficialía de partes de éste órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve y tres de julio de dos mil, interrumpió la prescripción de la reparación del daño que solicita, pues cabe señalar que en el caso la misma es una pena pública, por lo que para su prescripción correrá la misma suerte del tiempo señalado para la prescripción de la pena privativa de libertad, esto es, deberá transcurrir un tiempo igual al de la condena y un (sic) cuarta parte más que para en su caso proceda la reparación de la prescripción del daño que solicita’, luego entonces, contrariamente a lo que expresa el Juez del amparo en el acuerdo que constituye el acto reclamado, sí se analizó lo relativo a la prescripción de la reparación del daño. Consecuentemente, al estimarse fundados, suplidos en su deficiencia los agravios propuestos por el recurrente, se revoca la sentencia recurrida, se levanta el sobreseimiento decretado y, este tribunal, con fundamento en lo previsto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procederá al estudio de los conceptos de violación dejados de analizar por el Juez de Distrito, los cuales se transcriben a continuación: Primer concepto de violación (se transcribe). SÉPTIMO. En síntesis, el recurrente hizo valer los siguientes conceptos de violación: El Juez responsable aplicó inexactamente el artículo 113 del Código Penal Federal, al señalar que para que pudiera prescribir la reparación del daño tendría que transcurrir el total de la pena de prisión impuesta en la causa, sin que en dicho numeral se establezca dicho extremo. Al negarle la prescripción de la reparación del daño, lo condenó a no poder acceder a un beneficio de libertad anticipada con base en su esfuerzo de trabajo y estudio, como lo establece la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados. Que el acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado. OCTAVO. El primer concepto de violación es fundado pero inoperante y los restantes son infundados, atento a las consideraciones siguientes: En efecto, contrariamente a lo expuesto por el quejoso en su tercer alegato, se advierte que la responsable en la resolución impugnada cita los preceptos legales y las pruebas que le sirvieron de apoyo y expresa los razonamientos que la llevaron a concluir como lo hizo, que el auto que nos ocupa encuadra en las normas que se invocan, por tanto, se cumplió con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, al estar fundado y motivo el acto reclamado. Es cierto como expresa el quejoso en su primer motivo de inconformidad, que el artículo 113 del Código Penal Federal, respecto a la reparación del daño, no establece que ‘tendría que transcurrir el total de la pena de prisión impuesta en la causa’, como lo estimó la responsable, sino para que opere la prescripción respecto a esa figura, dicho numeral, en lo conducente, señala: ‘... las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años.’. Ahora bien, del estudio de las constancias que integran el expediente principal 643/2000, se desprende que al ahora quejoso se le instruyó el proceso 129/83, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal (hoy Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal), por los delitos de asociación delictuosa y otros, dictando sentencia en su contra el once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la que se condenó a compurgar una pena de once años seis meses de prisión y multa de ciento cuarenta mil cuatrocientos setenta y tres pesos, así como a la reparación del daño en forma mancomunada y solidariamente del robo de que fue objeto la institución bancaria, el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por la cantidad de doscientos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos con treinta y ocho centavos, conversión monetaria vigente en el momento de los hechos, sentencia que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este Tribunal Colegiado, fue confirmada por el Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, el once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Sin embargo, no consta en autos que se ordenara notificar la sentencia ejecutoriada a la parte ofendida, a favor de quien se condenó a la reparación del daño, ni existe constancia que los interesados a dicha reparación tuvieran conocimientos por otros medios. Se dice lo anterior, porque si bien es verdad que al caso de la prescripción resultan aplicables los artículos 103, 113 y 115 del Código Penal Federal, también lo es que no se puede considerar que en dicho ordenamiento se encuentra agotada y definitivamente resuelta la cuestión sobre la prescripción de las sanciones pecuniarias atendiendo a lo que establecen los artículos 109 y 111 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con las notificaciones a las partes, y si de autos se advierte que los ofendidos no tuvieron conocimiento de la sentencia ejecutoria en la que estableció su derecho para el pago de la reparación del daño, ni fueron informados de que la misma había adquirido autoridad de cosa juzgada, como consecuencia de la resolución que dictó el Tribunal Unitario en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no es dable aplicar en la especie lo que establece el artículo 103 del Código Penal, precepto que establece que los términos para la prescripción de las sanciones pecuniarias correrán desde la fecha de la sentencia ejecutoria, debe considerarse que es supuesto irremisible que empiecen a correr dichos términos a partir de la notificación a los interesados, o que éstos se hicieran sabedores de que la sentencia ha causado ejecutoria, lo que en la especie no aconteció porque no les fue notificado como se expuso, dado que no puede prescribir un derecho que se ignora se tiene o lo que es igual, al titular a la reparación del daño no se le hace saber la existencia del derecho firmemente establecido en su favor, no debe empezar a correr el término para que surta sus efectos extintivos la prescripción del derecho a hacer efectiva la sanción pecuniaria en su forma específica de reparación del daño. En apoyo se cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 48, Tomo sesenta y seis, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN, SI NO SE HA NOTIFICADO A LOS OFENDIDOS LA SENTENCIA FIRME QUE ESTABLECE EN SU FAVOR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE LA. LEGISLACIÓN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). Por tanto, aun cuando por motivos diversos a los señalados por la responsable, debe decirse que no opera a favor del quejoso la prescripción de la reparación del daño que se solicitó y, en consecuencia, no se deja en estado de indefensión como alude en su concepto de violación. En tales condiciones siendo infundados los conceptos expresados, debe negarse el amparo al quejoso."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados ... al resolver el amparo en revisión RP. 732/2003, interpuesto por ... en lo que interesa, sustentó las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Las manifestaciones que en vía de agravio el revisionista aduce, son esencialmente fundadas. En efecto, de autos se desprende que el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, revocó la sentencia absolutoria pronunciada el veinticuatro de julio de ese año por la entonces Juez Décimo Primero Penal del Distrito Federal, para considerar al ahora quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de robo calificado (cometido en contra de una oficina bancaria y a través de la violencia moral), por lo que le impuso las penas de ocho años cuatro meses quince días de prisión y multa de cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, asimismo, lo condenó a la reparación del daño proveniente de la comisión de tal ilícito, por lo que debería ‘restituir a la ofendida ... a través de sus legítimos representantes, la cantidad de $240,000.35 doscientos cuarenta mil pesos con treinta y cinco centavos, suma que en caso de renuncia por parte de dicha ofendida, se enterará en favor del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia en el (sic) Distrito Federal’. De las constancias de la causa 45/98 (foja 695) del índice del Juzgado Décimo Primero Penal del Distrito Federal, se advierte que el licenciado Arturo Cuadros Sánchez, secretario actuario, anotó el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la cédula de notificación de la resolución de dieciséis de noviembre de ese año, que: ‘me constituí en la colonia Campestre Churubusco, en busca de la calzada de Tlalpan No. 2050, para entregarle la presente cédula de notificación a ... apoderado legal de ... y al llegar al número 2050 de la calzada de Tlalpan se encontraba otro banco y al preguntar por el Sr. ... los empleados del banco me contestaron que no lo conocían y que desde hace tiempo ya no era ... lo que se hace constar para todos los ‘efectos a que haya lugar’, sin que posteriormente se haya realizado alguna diligencia tendente a efectuar tal notificación. El seis de septiembre de dos mil dos, el recurrente promovió ‘incidente de prescripción de reparación del daño’, por lo que el diez de ese mes, el a quo tramitó el incidente respectivo y giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que se le informara si existía el ... o en caso de que se hubiera fusionado con otra institución bancaria se señalara cuál era su razón social, así como que proporcionara el domicilio en dónde podía ser notificada por conducto de su apoderado legal; así, el treinta de septiembre, el director general contencioso de dicha comisión, informó que el aludido banco no se había fusionado con ninguna otra institución y citó su domicilio, en tal tenor, el a quo por proveído de uno de octubre, determinó: ‘toda vez que de los mismos se desprende que el ... no ha sido debidamente notificado de la ejecutoria dictada por la antes Octava Sala, ahora Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha 16 dieciséis de noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, notifíquese la misma al referido banco, en virtud de que en la sentencia mencionada se condenó al sentenciado ... al pago de la reparación del daño a favor del multicitado ... a través de sus legítimos representantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el pago de la reparación del daño’; dicha notificación se llevó a cabo el cuatro del último mes citado. Bajo tales antecedentes, el Juez natural resolvió el veinticinco de octubre del año próximo pasado, que el inicio del curso de la prescripción, en la especie, comenzó a correr a partir del día siguiente a aquel en que se notificó al ofendido la existencia de ese derecho a su favor, para tal efecto se sustentó en las tesis emitidas por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la primera consultable en la página 48, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 66, Sexta Parte, denominada: ‘PRESCRIPCIÓN, SI NO SE HA NOTIFICADO A LOS OFENDIDOS LA SENTENCIA FIRME QUE ESTABLECE EN SU FAVOR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE LA. LEGISLACIÓN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). La segunda consultable en la página 124, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 133-138, Sexta Parte, intitulada: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. EL TÉRMINO PARA SU CONSUMACIÓN NO CORRE A PARTIR DE LA FECHA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE DETERMINE ESA PENA, SINO DESDE AQUELLA EN QUE EL OFENDIDO CONOCE DICHO FALLO.’ (se transcribe). Contra dicha resolución el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación y la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, emitió el fallo impugnado en el que confirmó la resolución controvertida, porque también estimó que la prescripción corría a partir del cuatro de octubre de dos mil dos, fecha de la notificación de la sentencia en la que se le condenó a la reparación del daño. Ahora bien, el Juez de amparo concluyó que no había prescrito la sanción pecuniaria relativa a la reparación del daño, pues el plazo prescriptorio comenzó a correr a partir del cuatro de octubre mencionado y para fortalecer el sentido de su resolución citó las tesis sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado del Primer Circuito ya anotadas, por tanto, resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal al ahora recurrente. Sin embargo, este tribunal estima que ello es incorrecto, en virtud de que los artículos 100, 101 y 113 del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los hechos, regulaban lo siguiente: ‘Artículo 100. Por la prescripción se extingue la acción penal y las sanciones, conforme a los siguientes artículos.’. ‘Artículo 101. La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.’. ‘Artículo 113. Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres años; la pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte más sin que pueda ser inferior a dos años, las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años. Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.’. Ciertamente, el primer numeral invocado establece que la prescripción de la acción penal y las sanciones será conforme a los artículos siguientes, es decir, del 101 al 115, que corresponden al capítulo VI, del título cuarto, del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los hechos, por ende, para concluir si se actualiza la prescripción del delito y de las sanciones, se deberá atender las reglas establecidas para tal efecto en el mencionado capítulo. En tal tenor el numeral 113 preanotado, establece terminantemente que las sanciones que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años, así como que los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución, es decir, existe disposición expresa en el caso de que se trata. Por consiguiente, si el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho causó ejecutoria la resolución pronunciada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ello con fundamento en lo que dispone el numeral 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18842-170ddb33/reparacion-del-dano-en-materia-penal-computo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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