SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden penal, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.
TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
También es oportuno recordar el criterio firme de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no es obstáculo para que se surta la contradicción de criterios el que sólo uno de ellos constituya jurisprudencia.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
CUARTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. Este órgano jurisdiccional conoció de cinco amparos en revisión; en todos, el caso que le correspondió examinar fue el siguiente: un sujeto pidió amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión; admitida la demanda por el Juez de Distrito, se requirió a la autoridad judicial ordenadora que rindiese su informe con justificación; al rendirlo, dicha autoridad informó que ya había dictado el auto de formal prisión, del que acompañó constancia fehaciente. Ante esto, acto seguido el Juez de Distrito, con apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", decretó el sobreseimiento del juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo (cambio de situación jurídica).
Inconforme, la parte quejosa interpuso revisión. En sus agravios hizo valer que el Juez de Distrito, en vez de sobreseer, debió dar vista con el informe, a efectos de que pudiera ampliar la demanda.
El Tribunal Colegiado acogió el argumento. Sostuvo que al haberse decretado el auto de formal prisión, se abría para la parte quejosa la posibilidad de 1) formular una nueva demanda de amparo o 2) de ampliar la ya tramitada, cuenta habida de la vinculación entre los dos actos (orden de aprehensión y auto de formal prisión), y en atención a los principios procesales de concentración y economía procesal. Así, concluyó el colegiado, el Juez de Distrito debió dar vista a la quejosa con el informe, a efecto de que si ésta lo deseaba ampliara su demanda de garantías.
Las consideraciones expresas de este tribunal son las siguientes (y se advierte que sólo se citará la primera ejecutoria, por ser las demás reiteración de los mismos argumentos):
"CUARTO. Este Tribunal Colegiado considera que debe revocarse el auto recurrido y ordenarse la reposición del procedimiento del juicio de garantías, ante lo fundado del agravio que se hace valer, suplido en lo conducente, acorde a lo que establece el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en función de que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los agravios formulados en los recursos que establece la invocada ley, puntualizándose en el precepto y fracción invocados, que en materia penal la suplencia opera aun ante la falta de agravios del reo.
"En primer lugar, conviene destacar que la recurrente señaló como acto reclamado en la demanda de amparo, la orden de aprehensión dictada en su contra, misma que, de la lectura de las constancias del juicio de amparo se advierte, fue pronunciada en la causa penal 9/2007, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de domicilio fiscal, previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.
"De igual forma, se aprecia que la Juez señalada como responsable, rindió su informe justificado el veintitrés de marzo de dos mil siete (foja 19 del juicio de amparo), y que el Juez Quinto de Distrito en el Estado, en la precitada ciudad, lo puso a la vista el veintinueve de marzo de dos mil siete (foja 202 ídem).
"También se colige que la Juez responsable, al vencimiento del término constitucional, decretó en contra de la aquí recurrente, auto de formal prisión en la causa antes aludida, el catorce de abril de dos mil siete (fojas 213 a 226 del juicio de amparo), lo que se le comunicó al Juez de control constitucional mediante oficio 1399, de esa fecha, recepcionado el dieciséis de los aludidos mes y año (foja 212 del juicio de garantías).
"Y que, finalmente, mediante acuerdo que aquí se recurre (fojas de la 227 a 228 del juicio de amparo), el a quo, al día siguiente y antes de la celebración de la audiencia constitucional, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, porque, desde su perspectiva, operó un cambio de situación jurídica que actualizó la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, con independencia de que se actualice o no la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de la orden de captura que reclamó la quejosa, como lo entendió el Juez de Distrito, lo cierto es que el sobreseimiento emitido fuera de audiencia, es contrario a derecho, pues perdió de vista que al dictarse el auto de formal prisión en la misma causa penal que se sigue en su contra, la inconforme estuvo en aptitud de ampliar su demanda.
"En efecto, durante la tramitación del juicio de amparo, la Juez señalada como responsable de la emisión de la orden de aprehensión, informó al Juez de Distrito que al vencimiento del término a que se refiere el artículo 19 constitucional, sujetó a la aquí recurrente a formal procesamiento en la causa penal ya mencionada.
"Por tal razón, la quejosa y aquí recurrente, estuvo en aptitud de, en primer lugar, promover otro amparo o, en segundo, ampliar su demanda contra el auto de formal prisión, cuenta habida que éste se encuentra vinculado con la orden de captura reclamada inicialmente por provenir de la misma causa penal y, por ende, que puede analizarse su constitucionalidad en el mismo juicio de amparo, atendiendo a los principios de concentración y economía procesal, aunado a que en acatamiento al artículo 17 de la Carta Magna, es conveniente que así sea. Y más aún, que se trata de un acto que ataca la libertad personal de la quejosa y recurrente, respecto del que no opera el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, según lo prevé el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia.
"Así pues, el Juez de Distrito debió dar vista a la quejosa con el oficio mediante el cual se le informó que se dictó en su contra la formal prisión y la resolución en que se contiene ésta, con el objeto de que, si lo deseaba, ampliara su demanda respecto de ese nuevo acto reclamado, dada su vinculación con la orden de captura previamente impugnada, máxime que, en la fecha en que se hizo tal comunicación, aún no se celebraba la audiencia constitucional, pues ésta se había fijado para las diez horas con veinte minutos del siete de mayo del presente año, según se colige del contexto del acuerdo de once de abril de esta propia anualidad, glosado a foja doscientos ocho y siguiente del juicio de amparo.
"Lo antes considerado encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y texto:
"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.’
"Y en la diversa VI.2o.C. J/240, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en la página mil trescientos treinta y nueve, Tomo XIX, enero de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos.’
"Es cierto que el artículo 30 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, otorga al juzgador una facultad discrecional para ordenar que se haga personalmente determinada notificación ‘cuando lo estime conveniente’; sin embargo, tal decisión tiene que ajustarse a la razón, circunstancias y trascendencia del acuerdo emitido cuyo efecto -en algunos casos- torna indispensable que llegue al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de interponer las defensas procedentes.
"Sirve de fundamento a la anterior consideración, por su sentido, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y uno, volumen cincuenta y cuatro, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de voz y texto:
"‘NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR. Si bien el artículo 30 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para ordenar que se haga personalmente determinada notificación ‘cuando lo estime conveniente’, ese arbitrio judicial no puede quedar sujeto a la voluntad del Juez, sino que tiene que ajustarse a los dictados de la razón, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar y con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia para las partes lleguen a su conocimiento mediante notificación personal, dándoles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales y si ello es así con mayor razón, tiene que ajustarse el juzgador a los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, cuando una de las partes sea precisamente un núcleo de población de los previstos en el artículo 27 constitucional.’
"Por otra parte, debemos puntualizar que esta decisión no impide al Juez de Distrito que, llegado el momento, decrete el sobreseimiento en el juicio respecto de la orden de captura, si advierte que se actualiza plenamente una causa de improcedencia, pues tendrá plena jurisdicción para resolver el juicio de garantías, debido a la reposición del procedimiento que al efecto se impone.
"Así las cosas, lo que procede es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Distrito que reponga el procedimiento en el juicio de amparo, con el objeto de que dé vista a la quejosa con el oficio mediante el cual se le comunicó que se dictó en su contra el auto de formal prisión y, además, la requiera para que manifieste si es su deseo o no ampliar su demanda respecto de dicho acto, dentro del término y requisitos que marca la ley, para lo cual, en el acuerdo que al efecto emita, deberá señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ello, de conformidad con lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo."
QUINTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional conoció del amparo en revisión 293/2004; dictó sentencia el diecinueve de enero de dos mil cinco. El caso concreto que le correspondió examinar fue el siguiente: un sujeto pidió amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión y de los actos tendientes a lograr su ejecución; admitida la demanda por el Juez de Distrito, se requirió a la autoridad judicial ordenadora que rindiese su informe con justificación; al rendirlo, dicha autoridad informó que ya había dictado el auto de formal prisión, del que acompañó constancia fehaciente. Ante esto, acto seguido el Juez de Distrito, con apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", decretó el sobreseimiento del juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo (cambio de situación jurídica).
Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso revisión y en sus agravios hizo valer la cuestión siguiente: al decretar el sobreseimiento sin mediar mayor trámite (como darle vista con el contenido del informe), el Juez de Distrito le había impedido, eventualmente, ampliar su demanda de garantías, en violación a lo dispuesto en los artículos 149 y 151 de la Ley de Amparo.
El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó el argumento. Sus razones fueron que, al tenor de la jurisprudencia de la Segunda Sala ya referida, era imperativo para el Juez de Distrito decretar el sobreseimiento si se actualizaba una causa de improcedencia respecto del acto reclamado, lo que acontecía en la especie; este proceder se confirmaba con la lectura de la ejecutoria de la que nació la tesis jurisprudencial citada, donde se apreciaba que el caso concreto que se examinó allí fue, justamente, el de si procedía o no el sobreseimiento cuando, habiéndose reclamado la orden de aprehensión, con el informe se advertía que ya había sido dictado el auto de formal prisión.
Agregó que no era óbice a lo anterior el contenido de la jurisprudencia plenaria de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", pues ésta exigía para la procedencia de la ampliación que del informe con justificación resultara que había nuevos actos, vinculados con el reclamado; y en el caso ello no acontecía, pues aunque el acto reclamado (orden de aprehensión) y el auto de formal prisión se referían a los mismos hechos delictivos y eran dictados por la misma autoridad en una misma causa, se trataba de resoluciones independientes entre sí y prueba de ello era que sus requisitos constitucionales eran diferentes entre sí, pertenecían a etapas procesales diferentes y estaba reconocido legalmente que el dictado del segundo constituía una hipótesis de cambio de situación jurídica.
Las consideraciones expresas del tribunal son de este tenor:
"IV. Los agravios expuestos por el recurrente son infundados.
"Tal como lo determinó el Juez constitucional, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado por la quejosa ... consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, por el Juez de lo Criminal del Segundo Partido Judicial del Estado, con residencia en Chapala, Jalisco, en el proceso número ... por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, previsto por el artículo 250 del Código Penal para el Estado de Jalisco, habida cuenta que se trata de un acto respecto del cual operó un cambio de situación jurídica, pues como se desprende de las constancias que integran el expediente del juicio de garantías, en la causa penal de referencia se decretó auto de formal prisión contra la peticionaria del amparo, cuya libertad personal ahora se encuentra restringida como consecuencia de este nuevo mandamiento y no de la orden de captura que reclama.
"Esto es así, porque en virtud de la última reforma al texto de la citada fracción X del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, vigente a partir del día siguiente, este precepto literalmente dispone:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.
"‘Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.’
"En esta nueva redacción del precepto transcrito, se suprimieron las violaciones relativas al artículo 16 constitucional, para los efectos de la improcedencia prevista en dicho numeral y, por ende, al decretarse el auto de formal prisión opera un cambio de situación jurídica, que por imperativo legal hace que deban tenerse por consumadas de manera irreparable las violaciones alegadas por la quejosa, que no pueden analizarse sin afectar esa nueva situación legal en que se encuentra.
"Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que este tribunal hace suya, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cuatro del Tomo XVII, marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional.’
"En los agravios el inconforme aduce que el Juez de Distrito no debió decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, porque con ello infringió lo dispuesto por los artículos 149 y 151 de la Ley de Amparo, ya que al admitir el informe complementario rendido por la autoridad responsable ordenadora, estaba obligado a dar vista a la parte quejosa por un término de ocho días, antes de la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, para que tuviera oportunidad de conocerlo y de aportar pruebas que lo desvirtuaran, y cita en apoyo de dichos argumentos la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se titula: ‘INFORME COMPLEMENTARIO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACOMPAÑA A ÉL, RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL COMUNICA EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, DEBE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DE ÉSTE, CUANDO MENOS OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’, y la diversa tesis aislada que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con el epígrafe: ‘SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO DEBE DECRETARSE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’
"Sin embargo, estos criterios han sido superados ya por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, en la jurisprudencia número 10/2003, que puede consultarse en la página trescientos ochenta y seis del Tomo XVII, marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es precisamente la que invoca el Juez del amparo en la resolución que se revisa, la cual establece:
"‘SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.’
"Es muy importante destacar que en la ejecutoria en la que emitió la jurisprudencia antes transcrita, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país de manera expresa se refirió a la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión y durante la tramitación del juicio de garantías, la autoridad responsable informa que ha dictado auto de formal prisión contra el quejoso, ya que en una de las sentencias que formó parte de la controversia, la pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, se sostuvo el criterio de que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia constitucional, por ese cambio de situación jurídica, no agravia al promovente del amparo, por tratarse de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, de orden público y de estudio preferente, que impide ocuparse de las cuestiones de fondo, sin que considerarlo así implique privar de defensa al quejoso, a pesar de que no se le haya dado vista con el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, puesto que ni en la audiencia constitucional ni al pronunciarse la sentencia correspondiente se puede llegar a una convicción diversa, con independencia de las pruebas que se pudieran aportar; y es esta postura con la que coincidió sustancialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de referencia, por lo que ninguna duda hay de la aplicación en el presente asunto de la jurisprudencia que con ese motivo sustentó.
"Además, como en esa ejecutoria la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País estimó que el cambio de situación jurídica específicamente el que se produce cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión y se dicta auto de formal prisión antes de que se resuelva el juicio de amparo-, constituye una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que posibilita decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional ‘ya que en casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene (sic) obligar al Juez de Distrito esperar a que se celebre la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en sentido diverso’, no es dable considerar que en este supuesto el quejoso está en aptitud legal de ampliar su demanda de garantías, como equivocadamente se pretende en los agravios, pues de ser así, el Juez de Distrito imperiosamente tendría que darle vista con el informe rendido por la autoridad responsable, mediante el cual comunica el dictado del auto de formal procesamiento, lo que contraviene los términos en que fue pronunciada la ejecutoria de que se trata, en la que expresamente se analiza el amparo en revisión 430/99, resuelto por el mencionado Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyo criterio fue aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que según el relato que hace la propia Sala ‘el recurrente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el mandamiento de captura emitido en su contra, el once de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 58 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que la audiencia constitucional se fijó para las nueve horas con cincuenta minutos del día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y que por vía telegráfica la responsable comunicó que al recurrente se le decretó auto de formal prisión, por lo que en la fecha en que recibió tal información sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.’
"Como puede advertirse, en ese asunto se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin más trámite, en la misma fecha en que la autoridad respo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21001-6990c18b/sobreseimiento-por-cambio-de-situacion-juridica-procede-decretarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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