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Modo: Corpus Pro

MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 220, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER UNA SANCIÓN PECUNIARIA DE CUATROCIENTOS "O" SEISCIENTOS DÍAS MULTA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20893
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 197.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo señalado en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados que integran el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en uso de la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se señalan:

A) El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DP. 171/2007, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Por lo que corresponde a la aplicación de la pena, atento al valor del vehículo afecto a la causa, que de acuerdo con el dictamen oficial en materia de valuación que obra en autos que es de ciento diez mil pesos, la autoridad de alzada de manera correcta determinó que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 220, fracción IV, en relación con el 224, párrafo primero y 78 del Código Penal, con las directrices señaladas por los artículos 70, 71 y 72 del mismo ordenamiento, como potestad del juzgador, porque éstos son los preceptos legales que establecen la sanción para punir la TENTATIVA DE ROBO AGRAVADO (respecto del vehículo automotriz) que es la correcta en este caso, por lo que en primer lugar el marco penal que la ley establece para el tipo consumado de ROBO, es de cuatro a diez años de prisión y cuatrocientos o seiscientos días multa, y por lo que se refiere a la agravante de vehículo automotriz, el artículo 224, primer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal, establece que además de las penas establecidas en el artículo 220, fracción IV, del propio código sustantivo, se impondrá sanción de dos a seis años de prisión, parámetros que sumados arrojan un marco de punición de seis años como mínimo y hasta dieciséis años como máximo de pena privativa de libertad, y en multa de cuatrocientos o seiscientos días; y tomando en consideración que se trata de un delito tentado, el artículo 78 del ordenamiento sustantivo en cita, establece que la punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar; de ahí que la tercera parte de seis años que es el mínimo, equivalente a dos años, y las dos terceras partes de dieciséis años que es el máximo, equivalen a diez años, ocho meses, por lo que de la operación aritmética se obtiene que la pena de prisión a imponer por dicho delito corresponde a la que legalmente determinó la autoridad de alzada en DOS AÑOS, UN MES Y DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN, que corresponde al grado de culpabilidad apreciado por la autoridad responsable de UNA SESENTA Y CUATROAVA PARTE DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LAS PENAS DE PRISIÓN ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 220, FRACCIÓN IV, Y 224, PÁRRAFO PRIMERO, YA DISMINUIDAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Asimismo, la autoridad de alzada estuvo en lo correcto al señalar que la pena privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el lugar que al efecto señale la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal y se contará a partir del siete de enero de dos mil siete, en que fue privado de su libertad, quedando a cargo de la autoridad ejecutora el cómputo respectivo, con lo cual se ajustó a lo dispuesto por el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución General de la República. Ahora bien, por lo que se refiere a la sanción pecuniaria que por ciento treinta y tres días multa equivalente a seis mil setecientos veinticinco pesos con ochenta y un centavos, se impuso al enjuiciado, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor del enjuiciado en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado considera improcedente imponer dicha sanción por tratarse de una pena fija que impide cuantificarla de acuerdo al grado de culpabilidad apreciado al enjuiciado, en razón de que la fracción IV del numeral 220 del Código Penal para el Distrito Federal, no establece límites mínimo y máximo de la sanción pecuniaria, lo cual impide que al cuantificar dicha pena se pueda imponer conforme al grado de culpabilidad apreciado al enjuiciado, lo cual es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley establecido en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, por las consideraciones que a continuación se expresan. En efecto, el artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, establece: ‘Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: ... IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.’. Asimismo, en razón de que en la especie se trata de un delito tentado, cuyas penas se deben imponer en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, es necesario tener presente lo que al efecto establecen los artículos 71 y 78 del mismo ordenamiento sustantivo antes mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Artículo 71 (Fijación de la disminución o aumento de la pena). En los casos en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres meses. Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, se fijará con relación a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia. En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando como base el nuevo marco de referencia que resulte del aumento o disminución. En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en este código. Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la reparación del daño ni la sanción económica.’. ‘Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En la aplicación de la penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 72 de este código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido.’. En ese orden de ideas y sentadas las premisas anteriores, es fácil advertir de la simple lectura del invocado artículo 220, fracción IV, que el mismo establece sanción pecuniaria de cuatrocientos o seiscientos días multa, esto es, no establece un mínimo y máximo a imponer para el evento de que la conducta del sujeto activo encuadre en dicha hipótesis, en razón de que la conjunción disyuntiva o, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, por lo que en el caso dicha vocal hace alusión a que se puede imponer una u otra pena, pero no significa que el límite mínimo sean cuatrocientos y el máximo sea de seiscientos días multa, de donde se obtiene que se trata de multas fijas, declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impiden cuantificarlas para los efectos de la individualización de las sanciones conforme al grado de culpabilidad de los sentenciados. Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 70, 71, 72 y 78 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que el legislador claramente estableció las reglas para la imposición de las penas en los delitos tentados, determinando precisamente la disminución de las sanciones en proporción a los delitos dolosos consumados, estableciendo reglas para fijar los límites mínimo y máximo de las penas a imponer para el caso de delitos de esa naturaleza, sin embargo, al establecer las penas señaladas en la fracción IV del artículo 220 antes mencionado, fue omiso en señalar esos límites (mínimo y máximo) de la sanción pecuniaria, lo cual impide jurídicamente establecer por el juzgador el límite mínimo y máximo de la sanción pecuniaria a imponer al justiciable, por lo que tal omisión impide la aplicación de dicha sanción pecuniaria en los términos precisados en el artículo 71, en relación con el 78, antes transcritos. En tales condiciones, es dable concluir que la multa establecida en el artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, es inconstitucional y, por ende, la sentencia reclamada que impuso al quejoso dicha pena pecuniaria por el delito de robo en grado de tentativa en los términos antes mencionados, resulta ser violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional."

Del citado criterio derivó la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes:

"No. Registro: 171.426

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, septiembre de 2007

"Tesis: I.9o.P. J/7

"Página: 2398

"MULTA POR ROBO. LA SENTENCIA POR LA QUE SE IMPONEN AL INCULPADO CUATROCIENTOS DÍAS COMO SANCIÓN PECUNIARIA APLICANDO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal (reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de junio de dos mil seis, en vigor al día siguiente de su publicación) se advierte que no se determina un mínimo y un máximo de la sanción pecuniaria que debe imponerse a quien se ubique en el supuesto de la hipótesis ahí descrita, al señalar que se impondrá prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo. Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la conjunción disyuntiva ‘o’, denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más cosas o ideas, de ahí que en el caso dicha vocal hace alusión a que se puede imponer una u otra pena, pero no que el límite mínimo sean cuatrocientos y el máximo seiscientos días multa, de lo que se obtiene que se trata de multas fijas, cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues impiden su cuantificación para los efectos de la individualización de las sanciones conforme al grado de culpabilidad de los enjuiciados. Por tanto, la sentencia por la que se imponen cuatrocientos días multa como sanción pecuniaria, bajo el argumento de que, de la citada fracción IV, se advierte que es la pena más benéfica para el sentenciado, en virtud de que el grado de culpabilidad que le fue apreciado es ligeramente superior al mínimo, viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el hecho de que la pena impuesta sea la de menor cuantía y por ello ‘benéfica’ para el enjuiciado, no quiere decir que sea constitucional."

B) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 70/2007, sostuvo:

"En diverso aspecto, se observa, para sancionar el robo en su forma simple, la autoridad de alzada aplicó el artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal. Al respecto es pertinente mencionar, el artículo en cita fue reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de junio de dos mil seis, que textualmente dice: ‘Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: ... IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.’. Como se puede observar, la fracción IV sólo indica límites mínimo y máximo respecto de la sanción pecuniaria, pues establece sólo ‘cuatrocientos o seiscientos días multa’, por ende, la sanción pecuniaria debe ser una u otra y desde luego el órgano jurisdiccional debe aplicar la que proceda de acuerdo con el grado de culpabilidad determinado, o en su caso la más benéfica al sentenciado, siendo ésta la primera de ellas, en cumplimiento al artículo 14 constitucional, mientras no se reforme la legislación ordinaria en el aspecto indicado, porque de considerar que la fracción IV del precepto en cuestión, establece una sanción pecuniaria de cuatrocientos a seiscientos días multa, como lo hizo la Sala sentenciadora, se estaría creando un nuevo precepto de punibilidad diferente al que el legislador estableció."

De la cual derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, julio de 2007

"Tesis: I.3o.P.83 P

"Página: 2707

"ROBO. SANCIÓN PECUNIARIA A IMPONER POR EL DELITO CONFORME AL ARTÍCULO 220, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con la reforma al citado precepto legal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de junio de dos mil seis, en vigor a partir del nueve de agosto del mismo año, el legislador estableció como sanción pecuniaria para el delito de robo, previsto en el artículo 220, fracción IV, ‘cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo’; disposición en la que sólo se indican límites mínimo y máximo, en atención a la disyuntiva ‘o’. Así, en cumplimiento al artículo 14 constitucional, relativo a la exacta aplicación de la ley, el órgano jurisdiccional debe sancionar con una u otra y, desde luego, con base en el grado de culpabilidad, o de la más benéfica al sentenciado, mientras no se reforme la legislación ordinaria en el aspecto indicado, porque de considerar, como lo hizo la autoridad responsable, que la fracción IV del precepto en cuestión, señala una sanción pecuniaria de cuatrocientos a seiscientos días multa, se estaría creando un precepto en cuanto a la punibilidad que el legislador no estableció.

"Amparo directo 70/2007. 27 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Secretaria: María del Carmen Clavellina Rodríguez."

CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, y que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Por lo que procede examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DP. 171/2007, determinó conceder el amparo solicitado en contra de la sentencia dictada en el toca de apelación, en la que se condenó al entonces quejoso, por el delito de robo en grado de tentativa agravado (por cometerse respecto de un vehículo automotriz), previsto y sancionado por los artículos 220, fracción IV, en relación con el 224, párrafo primero y 78 del Código Penal para el Distrito Federal, imponiéndole una pena de dos años, un mes y dieciocho días de prisión y ciento treinta y tres días multa.

Debemos decir, que respecto de la punibilidad la Sala responsable estimó que la sanción pecuniaria que correspondía al inculpado, de acuerdo con la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, era de cuatrocientos o seiscientos días multa, por lo que le aplicó la de cuatrocientos días por ser la más benéfica, misma que disminuyó en términos del artículo 78 del propio código, por tratarse de tentativa y no de delito consumado.

Ahora, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estimó respecto de esta aplicación de la sanción pecuniaria lo siguiente:

- Que el marco penal que la ley establece para el tipo consumado de robo, de acuerdo a la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, es de cuatrocientos o seiscientos días multa.

- Que tal sanción es inconstitucional, puesto que se trata de multas fijas, lo que impide cuantificarla de acuerdo al grado de culpabilidad apreciado al enjuiciado, pues el artículo 220, fracción IV, no establece límites mínimo y máximo.

- Que lo anterior es así, pues la conjunción "o" denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, por lo que la vocal hace alusión a que se puede imponer una u otra pena.

- Pero que esto no significa que el límite mínimo de la multa sean cuatrocientos y el máximo seiscientos días multa, de ahí que se trata de multas fijas, declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se corrobora si se advierte que el artículo 220, fracción IV, en estudio, al no establecer mínimos y máximos, impide la aplicación de dicha sanción pecuniaria en términos de lo establecido en el artículo 71, en relación con el 78, ambos del Código Penal para el Distrito Federal.

- Que al ser inconstitucional la multa establecida en el artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, por ende, la sentencia reclamada es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley establecida en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, y cita la tesis del Pleno 10/95, de rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES."

- Que por tanto, es improcedente imponer dicha sanción.

- Que por ende, se concedía el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y dictara otra, en la que, dejando intocados los demás aspectos de la sentencia reclamada, eliminara la sanción pecuniaria de ciento treinta y tres días multa.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo penal 70/2007, determinó conceder el amparo en contra de la sentencia dictada en el toca de apelación, en la que se condenó a los entonces quejosos por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por el artículo 220, fracción IV, en relación con los artículos 224, fracción III y VIII, 225, fracción I y 252 del Código Penal para el Distrito Federal, por haberlo cometido respecto de vehículo automotriz, con violencia y en pandilla, imponiéndole a cada uno doce años, un mes, quince días de prisión y multa de seiscientos treinta y siete días.

La Sala responsable estimó respecto de la punibilidad y en específico de la sanción pecuniaria, que para tales efectos se debía estar a la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal; por lo que confirmó la imposición a los acusados por el delito de robo básico, la multa de cuatrocientos veinticinco días multa, misma que incrementó por la concurrencia de la pandilla en doscientos doce días multa, dando un total de seiscientos treinta y siete días multa.

El Tercer Tribunal Colegiado determinó respecto de la sanción pecuniaria lo siguiente:

- Que como se puede observar de la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, la sanción pecuniaria debe ser de cuatrocientos o seiscientos días multa.

- Que por tanto, el órgano jurisdiccional debe aplicar la que proceda de acuerdo al grado de culpabilidad, o la más benéfica, ello en cumplimiento al artículo 14 constitucional.

- Pues mientras no se reforme la legislación ordinaria, no se puede considerar, como lo hizo la Sala responsable, que la fracción IV establece una sanción pecuniaria de cuatrocientos a seiscientos días multa, pues se estaría creando un nuevo precepto.

- Por lo que concedió el amparo para que la Sala responsable, dejando insubsistentes los demás aspectos de la sentencia reclamada, dictara una nueva individualización de las penas, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución.

De la anterior reseña de los asuntos en conflicto, se llega a la conclusión de que en el caso sí existe contradicción de tesis, en virtud de que:

a) En ambos asuntos se examinaron cuestiones esencialmente iguales, consistentes en el análisis del artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, en la parte relativa a la sanción pecuniaria que establece, de cuyo estudio coincidieron en afirmar, que en virtud de lo dispuesto por el precepto en mención, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, la multa a imponer debe ser de cuatrocientos o seiscientos días multa.

No obstante la coincidencia en el reseñado pronunciamiento de legalidad, los tribunales emiten criterios opuestos respecto de la cuestión de constitucionalidad.

En efecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que la sanción pecuniaria a que se refiere el multicitado artículo 220, en su fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, es inconstitucional, puesto que se trata de multas fijas, declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impiden cuantificarlas conforme al grado de culpabilidad; por lo que, concluye, al ser inconstitucionales resulta improcedente su aplicación y, en esa virtud, concede el amparo para que la autoridad responsable elimine la sanción pecuniaria.

Por su parte, si bien se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, no realiza pronunciamiento destacado respecto de la constitucionalidad de tal ley, sino que únicamente analiza el precepto desde la perspectiva de la legalidad; lo cierto es que al tratarse de un asunto en materia penal, donde opera la suplencia de la queja, estuvo en posibilidad de pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad del numeral en comento, y al no hacerlo, implícitamente acepta su constitucionalidad.

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, que de hecho la consideración de inconstitucionalidad emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se realizó en suplencia de la queja deficiente, como se puede advertir de la foja 58 del amparo directo penal 171/2007; por lo que al no existir pronunciamiento de inconstitucionalidad, por parte del Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, significa que éste considera al artículo 220, fracción IV, referido, apegado al Texto Fundamental.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, agosto de 2006

"Tesis: P./J. 93/2006

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

b) La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones de la sentencia que resuelve el amparo directo 171/2007, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y en las del diverso amparo directo 70/2007, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.

c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, ya que:

i) En ambos asuntos se condenó a los quejosos como responsables del delito de robo agravado, cuya sanción pecuniaria, en virtud del monto de lo robado, correspondía la señalada en la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, sin que sea óbice, el hecho de que en un asunto se trate de la tentativa de robo agravado, y en otro del delito consumado y también agravado, así como que en uno se haya actualizado la agravante por cometerse respecto de un vehículo automotriz, y en el otro además de ésta, las relativas a la violencia moral y en pandilla; puesto que en ambos casos, para determinar la punibilidad, fue necesario aplicar la fracción IV del artículo 220, por excede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20893-dc0c4e25/multa-fija-el-articulo-220-fraccion-iv-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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