PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL REO DE LOS ARTÍCULOS 25, PÁRRAFO SEGUNDO Y 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA MODIFICAR EL QUÁNTUM DE AQUÉLLAS, AUN CUANDO ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal, cuya materia es competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 118/2006, el veintinueve de junio de dos mil seis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, precisó:
"Como ya se dijo, resultan infundados los agravios formulados por la autoridad responsable recurrente, lo que se afirma por lo siguiente. Por cuanto hace a su argumento en el que señala que de acuerdo al criterio novedoso sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la contradicción de tesis 106/2005-PS, registrado bajo el número de jurisprudencia 174/2005, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, de rubro: ‘REDUCCIÓN DE LA PENA. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL REO, AUN CUANDO YA ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL).’, en el que, según la autoridad recurrente, en ese criterio se concluye que una autoridad administrativa carece de competencia legal para pronunciarse sobre la aplicación retroactiva de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal. En primer término, cabe señalar que el artículo 21 constitucional establece que: ‘La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.’. Dicho precepto constitucional establece el principio de reserva judicial, relativo a que la imposición de las sanciones penales o punición, corresponde única y exclusivamente a la autoridad judicial. Esta disposición recoge los principios consistentes en los que no puede haber pena sin juicio y no puede haber pena sin Juez, los cuales constituyen un derecho subjetivo como lo es que ningún individuo, corporación o autoridad estatal que no sea la jurisdiccional puede imponer pena alguna, es decir, ninguna sanción que como tal, esté prevista en el Código Penal. Por lo que se advierte que esa norma constitucional establece que sólo la autoridad jurisdiccional tiene la posibilidad de ‘imponer’ penas, pues la única forma en la que una pena puede ser impuesta a un gobernado, es cuando ésta es consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional desplegada por los órganos competentes, impidiendo así que autoridades no preparadas para ello emitan resoluciones en las que se finquen penas a los reos. De todo lo anterior, se concluye que la imposición de las penas es propia del Poder Judicial y consiste en la fijación de la restricción de los bienes jurídicos del delincuente, lo cual se logra adecuando el grado de culpabilidad a los límites referidos por el legislador para cada pena. Así se tiene que, cuando se solicita la reducción de las penas porque entró en vigor una ley que prevé una punibilidad menor para el delito por el que fue condenado el solicitante, ello tiene una relación directa con la facultad de imponer penas, pues al modificarse los límites establecidos por el legislador (máximos y mínimos de la sanción), esa modificación incide directamente en la fijación de la pena que ya había sido impuesta, lo cual, evidentemente, tiene relación directa con la facultad constitucional de imponer las penas que corresponde sólo a la autoridad judicial. En segundo término, se estima que el acto reclamado en el asunto que se revisa, es inherente a la ejecución de las sanciones impuestas, pues se trata de determinar si son aplicables o no las reformas a los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, para efectos de la compurgación de penas en forma simultánea, como así lo estima el quejoso en el juicio constitucional, lo cual no constituye propiamente la reducción de las penas asignadas. Para determinar que no asiste la razón a la autoridad recurrente, se precisa transcribir los citados preceptos 25 y 64 del Código Penal Federal, los que son del tenor siguiente: ‘Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. La privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea.’. ‘Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito. En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el título segundo del libro primero.’. La exposición de motivos de la Cámara de Diputados que dio origen a las citadas reformas dice: ‘... En nuestro país, los preceptos jurídicos relativos a la ejecución de penas privativas de libertad están contenidos fundamentalmente en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, en las leyes estatales sobre ejecución de sanciones privativas de la libertad y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La mayoría de los instrumentos internacionales en materia penitenciaria no es convencional sino, desde nuestro punto de vista, de naturaleza declarativa. No obstante, en ellos se enuncian principios éticos fundamentales reconocidos universalmente que, si bien no imponen obligaciones jurídicas, son un imperativo ético para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellas México. De acuerdo con las cifras presentadas en el tercer informe de gobierno, para julio de 2003 el sistema nacional penitenciario reportó una sobrepoblación de 27.9 por ciento, 4.8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2002. Esas cifras muestran que, en menos de 20 años, la población penitenciaria se ha triplicado. La solución que propone el Gobierno Federal para abatir la sobrepoblación consiste en crear nuevos espacios, pero no va al fondo del problema. Nuestra perspectiva es tratar de abatir la sobrepoblación, disminuyendo el número de internos y no aumentando los espacios de reclusión. Para obtener ese resultado, podría haber diversas soluciones, pero las más simples son disminuir la prisión preventiva y aplicar penas sustitutivas de prisión. La prisión preventiva debe ser totalmente excepcional y responder a motivos muy justificados. No obstante, la legislación mexicana permite aplicarla en forma demasiado extensa y prolongada. Resulta aberrante que más del 25 por ciento de los internos sean procesados y que permanezcan en esa situación durante meses y -en ocasiones- años. Los procesados gozan de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales. Sin embargo, en la mayoría de los centros y reclusorios preventivos se les trata como culpables. No todos los sentenciados deben ser condenados a penas de prisión. Los Códigos Penales de la mayoría de los Estados establecen para los delitos de menor importancia, y que tienen penas más bajas, la posibilidad de que el Juez reemplace la pena de prisión por una sustitutiva que se cumple en libertad y consiste generalmente en trabajos en favor de la comunidad u otras similares. Si se aplicaran esas penas sustitutivas en forma general y sin excepciones, disminuiría en gran parte la sobrepoblación de los reclusorios y se resolverían muchos de los graves problemas del sistema penitenciario. Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su informe sobre nuestro país correspondiente a 1998, recomendó: ‘Que amplíe el ámbito de aplicación de las penas alternativas a la prisión, se adopten las medidas necesarias a fin de acelerar los procesos y se aumente la capacidad locativa de los centros penitenciarios. ...’. Por su parte, el dictamen de la Cámara de Origen, sostuvo lo siguiente: ‘... La iniciativa en estudio toca aspectos cruciales para la impartición de justicia en materia del fuero federal. Dos son las vertientes: La que se refiere a la prisión preventiva y a la aplicación de penas sustitutivas de prisión’. La propuesta de fondo está dirigida de manera directa al abatimiento de la sobrepoblación existente en las cárceles de nuestro país, al disminuir el número de internos y no creando y aumentando, consecuentemente, los centros de reclusión. Por lo tanto, una alternativa efectiva es la aplicación de penas sustitutivas así como la consideración de la prisión preventiva en los casos de delitos cometidos, por hechos anteriores al ingreso a prisión. De acuerdo con la cifras presentadas en el tercer informe de gobierno para el mes de julio de 2003, el sistema nacional penitenciario reportó una sobrepoblación de 27.9%, 4.8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2003, estas cifras muestran que en menos de 20 años, la población penitenciaria se ha triplicado. En este contexto, la prisión preventiva debe ser totalmente excepcional y responder a motivos muy justificados. Los procesados gozan de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales. Sin embargo, en la mayoría de los centros y reclusorios se les trata como culpables. Por otra parte, no todos los sentenciados deben ser condenados a penas de prisión. Los códigos penales de la mayoría de las entidades federativas establecen para los delitos de menor importancia, y que tienen las penas más bajas, la posibilidad de que el Juez reemplace la pena de prisión por una pena sustitutiva que se cumple en libertad y consiste generalmente en trabajos a favor de la comunidad u otras similares. Si se aplicaran estas penas sustitutivas en forma general y sin excepciones disminuiría en gran parte la sobrepoblación de los reclusorios y se resolverían muchos de los graves problemas del sistema penitenciario. Sin embargo, esta comisión ha considerado conveniente realizar algunos cambios en la redacción propuesta en dos de los artículos que se pretenden modificar o adicionar a través de la iniciativa analizada, que aclaramos, no tocan el fondo de los mismos, sino que precisan sus contenidos con la sintaxis propuesta. Por ejemplo, en el artículo 25, la iniciativa dice: «El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena o penas impuestas, en la causa en que dicha privación haya sido acordada, o en su defecto de las que pudieran imponerse contra el reo en otras ...». Esta comisión propuso que quedara de la siguiente manera: «La privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas ...». Asimismo, en relación al artículo 55, la iniciativa propone «Cuando el mandato de captura solicitado por el Ministerio Público se dicte en contra de una persona mayor de 78 años de edad, el Juez ordenará que la prisión preventiva se lleve a cabo ...». ... La propuesta de esta comisión quedó de la siguiente forma: «Cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 78 años de edad, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo. ...». También el segundo párrafo, del mismo artículo, recibió modificaciones, al eliminarlo y proponer una nueva redacción, pues se hacía referencia a los delitos graves y los enumeraba, cuando bastaba con señalar la presunta peligrosidad o su presumible sustracción a la acción de la justicia. Por último, se respetó la redacción propuesta en el artículo 64. Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideran que el objeto de la minuta en comento es el de perfeccionar el marco jurídico en la materia penal federal con el fin de fortalecer la impartición de justicia. ...’. En este sentido, debe decirse que las consideraciones plasmadas en la minuta de la Cámara de Diputados e incluso el dictamen del Senado de la República, respecto de las reformas de los artículos que han quedado transcritos, son las consideraciones generales que alimentaron el espíritu de esas reformas, consisten en dos vertientes, por una parte, la que se refiere a la prisión preventiva, y por otra, la aplicación de penas sustitutivas de prisión. La propuesta de fondo está dirigida de manera directa al abatimiento de la sobrepoblación existente en las cárceles de nuestro país, al disminuir el número de internos y no creando y aumentando, consecuentemente, los centros de reclusión. Por tanto, concluyeron que una alternativa efectiva es la aplicación de penas sustitutivas así como la consideración de la prisión preventiva en los casos de delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Analizadas en su conjunto esas consideraciones, así como los preceptos legales reformados que quedaron transcritos en párrafos precedentes, se desprende que las reformas en comento no se refieren a modificación de sanción de ilícitos en cuanto a los máximos y mínimos, sino a la aplicación de beneficios de penas sustitutivas así como al cómputo de la prisión preventiva en los casos de delitos cometidos, por hechos anteriores al ingreso a prisión; por lo que la finalidad de esas reformas, es abatir la sobrepoblación penitenciaria, razón por la cual, la mejor medida para ello -determinaron las Cámaras Legislativas- era otorgarle la libertad a los sentenciados que, contando con varias sentencias privativas de libertad, pudieran compurgarlas a partir de la misma fecha; repercutiendo así en la disminución de la población penitenciaria. Dicho en otras palabras, de acuerdo a las características materiales del beneficio que la nueva norma concede, se desprende que es un aspecto que no deriva directamente de la imposición de las sanciones penales (actividad jurisdiccional), sino de la ejecución de la pena, lo cual propiamente es tarea del Poder Ejecutivo, toda vez que no se trata de imponer ninguna penalidad o de reducir o modificar la misma, y las reformas en comento no fueron realizadas para disminuir las penalidades respecto de los ilícitos imputados al quejoso. Por tanto, se concluye que fue correcta la determinación a la que arribó el Juez de Distrito, en el sentido de que la autoridad responsable comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, residente en México, Distrito Federal, para que esa autoridad se pronuncie sobre la aplicación o no de esas reformas en virtud de que se trata de ejecución de sanciones y no de imponer o reducir las ya impuestas; amén de que la intención del legislador respecto de las reformas a los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal -como ya se dijo-, lo fue precisamente con la intención de abatir la sobrepoblación en los centros de readaptación social mediante la reducción del número de internos, ofreciendo como solución la disminución de la prisión preventiva en caso de delitos cometidos antes del ingreso a prisión. Por las razones antes apuntadas, este Tribunal Colegiado estima que no asiste la razón a la autoridad responsable recurrente, pues del criterio jurisprudencial que invoca, claramente se advierte que es aplicable cuando se trata de imposición o reducción de las penas que hayan sido impuestas a las personas sujetas a procesos o sentenciados, al entrar en vigor una nueva disposición que prevé una punibilidad menor para el delito por el que fue condenado el solicitante, lo que tiene una relación directa con la facultad de aplicar penas, porque al modificarse los límites establecidos por el legislador para determinada conducta delictiva, esa modificación incide directamente en la fijación de la sanción que ya había sido impuesta, lo cual, evidentemente, tiene relación directa con la facultad constitucional de imponer las penas que corresponde sólo a la autoridad judicial. Sin embargo, como ya se dijo, la autoridad competente para decidir sobre la procedencia o no del beneficio, con motivo de las reformas de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, a favor del quejoso, es el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, puesto que no se trata de una imposición, reducción o modificación de las penas que le fueron aplicadas en los procesos instruidos en su contra al solicitante del amparo. Amén de que el referido artículo 56 del Código Penal Federal, señala: ‘Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.’. Por lo que con acierto el Juez Federal, con apoyo en el citado precepto legal, determinó que la autoridad responsable recurrente, debe pronunciarse respecto a la aplicación o no de las reformas a los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, respecto de los procesos por los cuales se encuentra el quejoso a su disposición, ya que esas reformas sólo se refieren a la aplicación de beneficios de penas sustitutivas así como al cómputo de la prisión preventiva en los casos de delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión; por lo que la finalidad de esas reformas, es abatir la sobrepoblación penitenciaria. Por las consideraciones antes expuestas, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en México, Distrito Federal, en el amparo en revisión número 101/2006, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ... en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil cinco, dictada por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 2269/2005-IV, que invoca la autoridad recurrente como base de sus argumentos. Para mayor claridad del criterio que invoca la autoridad recurrente, y que este órgano colegiado considera que no es aplicable al caso, por las consideraciones que han quedado expuestas, sin que ello signifique que este tribunal vaya en contra de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, tesis 1a./J. 174/2005, Materia Penal, visible en la página 455, de rubro y contenido siguientes: ‘REDUCCIÓN DE LA PENA. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL REO, AUN CUANDO YA ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). Al interpretar la jurisprudencia antes transcrita, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que el órgano administrativo responsable carece de competencia para pronunciarse sobre la aplicación de las reformas de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, por tratarse de una reducción de sanciones, y que el único facultado para ello es el juzgador del proceso; mientras que este tribunal no arriba a la misma conclusión, pues se estima que dichas reformas fueron realizadas para el solo efecto de la aplicación de beneficios de penas sustitutivas y para el cómputo de la prisión preventiva en los casos de delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión, y así disminuir la sobrepoblación penitenciaria. Por ello, es necesario denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios existentes entre este órgano de control constitucional y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, residente en México, Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En esas condiciones, ante lo infundado de los agravios formulados por la autoridad recurrente, sin que proceda suplir en su favor la queja deficiente, lo que procede, es confirmar la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión, y conceder la protección constitucional solicitada por el impetrante de garantías ... respecto del acto reclamado al comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, residente en México, Distrito Federal."
2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que no redactó tesis, sostuvo al resolver el juicio de amparo en revisión penal número 101/2006, promovido por ... en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios para considerarlos fundados deben ser suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, en este asunto la problemática a dilucidar consiste en establecer sobre la aplicación de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, reformados por publicación del Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de dos mil cuatro, dado que el quejoso considera que con base en esta normatividad, las penas que se le impusieron por la comisión de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, deben compurgarse en forma simultánea. Previamente al estudio de fondo, y para una mejor intelección del presente asunto, es necesario hacer relación de algunos antecedentes, que se desprenden de las constancias enviadas por el Juez de Distrito para resolver este asunto, consistentes en que: ... g) En resolución de catorce de diciembre del dos mil cinco, el titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al estimar que resultaba imposible aplicar las reformas aludidas por el quejoso, pues consideró que: I. Conforme lo dispuesto por el artículo 25 citado, las penas se compurgan de manera simultánea, únicamente por el tiempo de la privación de la libertad preventiva, la cual se tomará en consideración en todas las causas en las que estuviere inodado el procesado, es decir, la parte correspondiente de la pena impuesta relativa al quántum de la prisión preventiva es la que debe darse por compurgada de manera simultánea en todas las causas, aunque haya tenido por objeto hechos anteriores, y para apoyar esta decisión, citó la jurisprudencia identificada con el número I.2o.P. J/25 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: ‘PRISIÓN, CUMPLIMIENTO SIMULTÁNEO DE ESA PENA.’. II. Respecto del artículo 64 aludido, indicó que la sanción impuesta a ... se trataba de una sola pena, puesto que según el a quo federal se fijó aplicando la correspondiente al delito de mayor entidad, a la cual se le agregó la correspondiente al restante y con base en que le atribuyó un grado de culpabilidad entre el mínimo y la media le impuso un gran total de veintiséis años, tres meses de prisión y tres mil trescientos ochenta y siete días multa, equivalente a ochenta y nueve mil quinientos ochenta y seis pesos con quince centavos, sustituible por tres mil trescientos ochenta y siete jornadas de trabajo, no remunerados a favor de la comunidad, insistiendo que se trataba de una sola pena, y continuó mencionando que consideraba que se trataba de una sola sanción, porque en la época de los hechos imperaba la teoría de la acumulación jurídica, que considera a la sanción del concurso real de delito, como una pena total, de ahí que ahora no podía hablarse de que al ahora agraviado se le impuso una pena por delito, sino una por el concurso real de delitos, de ahí que no aplicaba la última reforma del artículo 64 del Código Penal Federal; y, III. Que cuando se habla de aplicación de la pena en caso de concurso real, no puede imponerla la autoridad ejecutora. De lo relacionado se aprecia que los agravios son fundados en su suplencia, porque este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el Juez de Distrito violó el principio de congruencia interna al dictar la resolución impugnada, entendiendo por esta como aquella característica de que el fallo no tenga afirmaciones que se contradigan entre sí. Ello es así, porque, en la sentencia impugnada, si el a quo federal, por un lado, deficientemente pudo mencionar que la autoridad responsable carecía de competencia para la aplicación de la pena en caso de concurso real, debió concluir siendo exhaustivo, que lo mismo ocurre en aquellos casos en que se pretende la aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 y 64 del Código Penal Federal vigente, en virtud de que es facultad del juzgador la aplicación y modificación de la pena, pero no convalidar la inconstitucionalidad, porque esto equivale a sostener la competencia de la responsable, en franca violación del artículo 16 constitucional, que exige que todo acto de autoridad debe estar emitido por una competente. Efectivamente, la negativa de la protección federal, el Juez recurrido la apoyó en tres consideraciones torales, de las cuales, para solucionar este asunto, interesa resaltar la última, en la cual, como ya se mencionó, vagamente indicó que la autoridad ejecutora carecía de facultades, puesto que en caso de concurso real aquella no puede imponer las penas, dado que esta facultad es propia de la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, por tratarse de una facultad reservada, conclusión que es acertada a pesar de que el Juez no logró desentrañar sus premisas y los efectos que provocaba sobre el acto reclamado. Esto se afirma, porque el a quo incorrectamente aplicó la jurisprudencia número 1a./J. 5/93, dado que la tesis refiere que el juzgador tiene el deber de sancionar cuando está en presencia de un concurso real de delitos, a pesar de que el Ministerio Público no haya acusado por el concurso, supuesto que no se actualiza en el caso, ya que no versa sobre la ausencia de acusación. Por otro lado, respecto del problema que se atiende, este Tribunal Colegiado, en algunos asuntos que resolvió con antelación, implícitamente reconoció la facultad del órgano administrativo responsable para aplicar las reformas de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal vigente, empero recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 106/2005-PS, fijó la jurisprudencia 174/2005 con el siguiente rubro y texto: ‘REDUCCIÓN DE LA PENA. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL REO, AUN CUANDO YA ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). Razón por la cual, en observancia de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano ahora ajusta su criterio a la precitada jurisprudencia. Del contenido de la tesis, se observa que el Máximo Tribunal actuando en Sala, fijó con carácter obligatorio que la aplicación de la ley más favorable al reo, aun en etapa de ejecución de la sentencia corresponde a la autoridad judicial, dado que el artículo 21 constitucional, establece el principio de reserva judicial, respecto de la imposición de las penas, el cual constituye una garantía a favor de los gobernados, en tanto que la restricción de los bienes jur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20310-ef406f96/penas-privativas-de-la-libertad-corresponde-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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