DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mediante oficio 1/2007-T de veintitrés de febrero de dos mil siete, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver en sesión de quince de febrero de este año, el amparo en revisión 280/2006, en la parte conducente de sus consideraciones señaló lo siguiente:
"TERCERO. ... Precisado que se encuentran demostrados los elementos que integran el cuerpo del delito contra la salud, en las modalidades de posesión agravada de clorhidrato de cocaína y comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por los artículos 195, primer párrafo, 194, fracción I, en relación con el 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal, en concordancia con los artículos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, en términos del 13, fracción II, del Código Penal Federal, procede determinar si los derechos políticos del encausado, por constituir prerrogativas del ciudadano, deben ser suspendidos en forma provisional, porque su naturaleza es accesoria, pues deriva de la posible sanción privativa de libertad con que se pune el injusto por el que se le seguirá proceso. Como punto de partida, debe precisarse cuáles son los derechos de los individuos que se encuentran en la República Mexicana y si pueden ser suspendidos. El artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: (se transcribe). De la cita, se desprende que en la República mexicana, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Federal, ya que se reconocen por parte del Estado mexicano los derechos inherentes a la persona y, en lo general, no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que la propia Carta Magna establece. Esto es, las garantías constitucionales sólo pueden ser suspendidas en las hipótesis y acorde con la forma establecida en la misma Norma Fundamental. Ahora, del Texto Supremo se desprende que la garantía de mayor rango axiológico después de la vida es la libertad, pues así quedó definido por el Constituyente Originario y Permanente en los párrafos segundo y tercero del artículo 14 del Código Supremo, cuya interpretación ha sido definida por nuestro Máximo Tribunal, funcionando en Pleno y Salas, al pronunciarse sobre los actos que afectan los derechos sustantivos del ser humano. Refiriéndonos a la última, la libertad es un derecho sustantivo fundamental de la persona, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en cualquiera de sus manifestaciones es un derecho inherente a la naturaleza del ser humano, que, entre otros, se tutela a través de las garantías en materia penal. Sin embargo, la libertad puede ser restringida provisionalmente o suspendida definitivamente durante el tiempo que dure la condena, tratándose de la materia penal federal, en la forma prevista en la Constitución Federal. Esto es así porque del artículo 18 constitucional surgen los siguientes conceptos: a) La prisión preventiva y b) La prisión relativa a la extinción de las penas. En el caso concreto, por virtud de que esta resolución constituye el inicio formal de la instrucción, se aludirá a la prisión preventiva. Existen delitos que por su impacto en el bien jurídico protegido y en la sociedad, requieren del tratamiento que el artículo 18, primer párrafo, de la Constitución denomina prisión preventiva. Conforme a este precepto constitucional, sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. La forma en que la libertad puede ser restringida surge del texto del numeral aludido en el párrafo anterior, interpretado sistemáticamente y funcional con los diversos 16, 19 y 20, apartado A, constitucionales, en relación con el 4o., del Código Federal de Procedimientos Penales; de donde se colige que tiene lugar durante las etapas de averiguación previa, preinstrucción, instrucción y primera instancia, y cuando la sentencia definitiva es impugnada, la prisión preventiva concluye cuando el resolutor de apelación confirma las penas impuestas por el Juez de primer grado, denominada segunda instancia. Así, la medida provisional o cautelar, instituida por la Constitución Federal, tiene como finalidad preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad, en caso de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. La detención precautoria de la persona se justifica, cuando se trata de delitos considerados en la ley como graves, ante la presunción de que la generalidad de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una averiguación criminal en su contra, propendan a ocultarse o a huir para que no se les detenga. Por tanto, con el fin de impedir las demoras y posibles contingencias en el curso del proceso, al encausado, presunto responsable, se le restringe provisionalmente de su libertad personal, con carácter preventivo, con motivo del proceso penal y hasta el pronunciamiento del fallo definitivo. Como contrapartida, para evitar al individuo las molestias que trae consigo la prisión preventiva, se ha establecido, en las hipótesis correspondientes, como garantía del inculpado, que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional, con la salvedad de que tal solicitud puede ser negada, pues de la reforma publicada el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se advierte que con el propósito de facilitar el combate a la delincuencia respecto de los delitos considerados como no graves, pero que producen una gran irritación social, el legislador federal introdujo la posibilidad de que a petición del Ministerio Público, el Juez de la causa niegue el beneficio en atención a que el inculpado haya sido condenado con anterioridad por delito grave o cuando la representación social presente pruebas de las que se advierta la conducta precedente o cuando por las características del delito cometido, represente un riesgo para el ofendido o la sociedad. Cuando no se justifica la hipótesis planteada, la libertad en estos casos se concede bajo determinadas condiciones, con el aseguramiento de la subordinación del procesado a la justicia mediante el otorgamiento de una garantía con valor material, a efecto de que sin perjuicio de que el procedimiento continúe, el inculpado pueda disfrutar de libertad, aunque sujeto a determinadas restricciones, y se encuentre en mejores condiciones para atender a su defensa. De los razonamientos anteriores, se puede concluir que la libertad personal constituye una garantía inherente al ser humano, como lo define el numeral 1 de la Norma Fundamental, la cual dentro del marco jurídico que nace de ésta puede ser restringida provisionalmente, atento a lo que dispone el párrafo primero del propio numeral, en relación con el arábigo 18 del mismo ordenamiento, cuando el gobernado comete un delito que merece pena privativa de libertad. Así, la libertad del procesado será restringida preventivamente a virtud de esta determinación, con independencia de que goce o no de libertad provisional, pues ello es consecuencia del auto de formal prisión que se pronuncia en su contra por un delito que merezca pena de prisión. En este contexto, habremos de referirnos a las demás consecuencias del auto cabeza de proceso, con independencia de la restricción temporal de libertad de quien esté sujeto a éste, como ya hemos hablado. Se plasmó por el legislador originario que todo individuo que se encuentre en México gozará de las garantías que la Constitución establece, las cuales podrán suspenderse o restringirse sólo en la forma que la misma prevé. Así, aunado a la tutela que recae sobre la vida y la libertad, el Texto Magno en el título primero, capítulo IV, de los ciudadanos mexicanos, protege otros derechos o prerrogativas de los individuos considerados nacionales. En congruencia con el precepto 1 de la redacción fundamental, el Constituyente Originario como el Permanente han determinado cuándo los derechos de que se viene hablando pueden ser suspendidos. Sobre el tópico, los artículos 35 y 38 de la Constitución Federal disponen: ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). El primero de los artículos reproducidos establece cuáles son los derechos o prerrogativas del ciudadano, a saber: votar, ser votado, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. El segundo de los preceptos constitucionales, antes transcrito, establece las hipótesis en las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, dentro de las que destacan: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, durante la extinción de una pena corporal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. De acuerdo a la fracción II del artículo 38 citado, la sujeción a un proceso penal por delito que merezca pena corporal es causa de suspensión de los derechos políticos, computándose dicho plazo a partir de la fecha del auto de formal prisión y hasta que se pronuncie sentencia absolutoria; en el caso de ser condenatoria, de conformidad con la fracción III del numeral que se analiza, la suspensión se prolongará durante el tiempo de extinción de la pena privativa de libertad. No obstante que en la parte inicial del precepto de mérito se alude a la suspensión de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, en su parte final se establece que la ley fijará los casos en que se pierden o suspenden los derechos o prerrogativas de referencia, autorizando de esta manera al legislador para que fije los casos respectivos. Los preceptos anteriores forman parte del capítulo segundo del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el régimen político de los mexicanos, constituyendo de esta manera la base de las instituciones políticas, en razón de su estructura y finalidad del ejercicio de ese poder soberano que se ejerce o debe ejercerse, en el interés general de la nación mexicana. La suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos significa que es una privación temporal de los que corresponden a la categoría política, durante el tiempo que la ley establece, y los ciudadanos suspensos en sus derechos quedan excluidos del electorado y de la posibilidad de ser elegidos, esto es, de participar en la organización política nacional. El momento en que se pierden, el legislador federal lo describió en los artículos 24, inciso 12, 45 y 46 del Código Penal Federal son del tenor siguiente: (se transcriben). Como se puede advertir, los preceptos reproducidos establecen dos clases de suspensión de derechos: a) La que por ministerio de la ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta y b) La que por sentencia formal se impone como sanción. En ambos se dispone que la pena de prisión produce la suspensión, entre otros, de los derechos políticos, así como la forma en que comienza y concluye dicha suspensión, todo esto sucede cuando se ha dictado sentencia. Es importante destacar que el Código Supremo permite la restricción preventiva de los derechos políticos del ciudadano por ser una consecuencia accesoria del delito que merece pena privativa de libertad, por disposición expresa del artículo 1o. del máximo libro del país, permitiendo a la vez el artículo 38, del Pacto Federal, que la ley regule el momento en que serán perdidos, entendiendo esto último como el tiempo que dure la condena, lo que deja en claro los dos momentos en que el juzgador de procesos penales federales debe
ctuar. En relación con el momento preventivo a partir del cual deben suspenderse los derechos políticos de un ciudadano sujeto a proceso penal, basta imponerse de las normas en cita, suprema y ordinaria, para advertir que la última, en apariencia, otorga un mayor beneficio al gobernado que está sujeto al juicio de reproche, pues establece que la suspensión de derechos políticos iniciará a partir de que la sentencia cause ejecutoria, en oposición al precepto constitucional, también de aparente severidad, que tajantemente ordena suspender aquéllos al pronunciar el auto de bien preso. Así, para determinar el precepto que en la especie cobra aplicación en el dictado del auto de formal prisión, debe atenderse a los principios de supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, inmersos en el precepto 133 del Pacto Federal, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 80/2004, publicada en la página 264, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.’, pues no debe soslayarse que la Constitución Federal, las leyes que de ella emanen y los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el titular del Ejecutivo Federal con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de la Unión, por lo que los Jueces deben ajustar su actuar a esos ordenamientos. De lo anterior podría a simple vista concluirse que, en el caso concreto, para determinar el momento a partir del cual deben suspenderse los derechos políticos del procesado se debe atender a lo preceptuado por el ordinario 46 de la legislación secundaria, pues, en principio, emana de la Constitución General de la República y, además, también en apariencia, evidencia un trato más favorable al gobernado. Empero, lo anteriormente precisado pone de manifiesto que para determinar el verdadero sentido de la ley, es necesario remontarse a la intención que tuvo el legislador al elaborar la norma secundaria al tenor de la Constitución Federal, pues sólo de esa manera el juzgador podrá otorgar certeza jurídica a los actos que realice y no contravenir la Carta Magna, específicamente el precepto 133, en cuya parte que interesa, previene ‘... Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Así, cabe resaltar que el precepto a aplicar da la pauta tajante a seguir en el caso de la suspensión de derechos políticos. Para ilustrar lo anterior, se estima necesario retomar el contenido del artículo 38, fracción II, de la Carta Magna: (se transcribe). Se afirma que la disposición transcrita establece sin lugar a dudas el momento en que se deben suspender los derechos políticos de una persona, pues, para fijar su alcance basta atender al análisis literal de ésta, que es de los métodos a los que el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede acudirse, cuando se pretende aplicar una norma constitucional en su justo alcance, sin soslayar, claro está, el sistemático, causal o teleológico progresivo. Es por lo expuesto, que atendiendo al principio de supremacía constitucional que, con fundamento en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 162, punto 3, y 163, punto 7, última parte, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue correcto el proceder de la responsable al suspender los derechos políticos del procesado, porque el sistema jurídico que nace de los artículos 18, 19, 20, apartado A, y 38, fracción II, de la Constitución Federal en materia penal permiten restringir en forma provisional esa prerrogativa cuando se instruye un proceso penal a determinada persona, cuyo delito contempla pena privativa de libertad, por ser una consecuencia accesoria, con independencia de que durante el juicio el encausado alcance o no libertad provisional, atendiendo a si el delito es considerado como grave, pues no debe soslayarse que la restricción no sólo abarca la libertad, sino todos aquellos derechos que el ciudadano tenía antes de cometer la infracción de la ley, en relación con el delito que merezca pena corporal, atentas las consideraciones expresadas con antelación. No se desconoce que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.10o.P. J/8, publicada en la página 1525 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció el criterio de rubro: ‘DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, entre cuyas consideraciones se aprecia que la suspensión de derechos políticos debe iniciar cuando la sentencia que a esa pena condene al reo cause ejecutoria, atento a lo preceptuado por el artículo 46 del Código Penal Federal, atendiendo a que esa norma resulta más benéfica que el ordinario 38, fracción II, constitucional, en función al principio de presunción de inocencia y que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo resulta obligatoria, empero, al ser esta última emanada del Congreso de la Unión, con jerarquía inferior al Pacto Federal, debe ser soslayada en atención a que además pugna con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una ley ordinaria aun cuando en apariencia tenga mayores beneficios, al resultar contraria a los preceptos constitucionales, se debe atender al mandato constitucional. Se dice lo anterior porque, como ha quedado establecido, es obligatorio acatar el principio de supremacía constitucional, sin que éste se traduzca en un perjuicio para el encausado al determinar suspenderle los derechos políticos desde el auto de formal prisión y no a partir de que la sentencia cause ejecutoria, porque, como se dijo, debe atenderse a la intención del Constituyente Originario y Permanente, que con claridad lo ha determinado así al redactar la Norma Suprema. Máxime que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.6o.P.87 P, visible en la página 1563, Tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, (sic) Novena Época, registro 178295, en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal, estableció que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde el auto de formal prisión, criterio que contradice lo sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del citado circuito. Tampoco se deja de lado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXXV/2002, publicada en la página 14, Tomo XVI, agosto de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, estableció que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 19, párrafo primero, constitucional, particularmente, cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar ‘los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; del diverso 21, al disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público’; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos’. Empero, lo anterior pone en evidencia que la presunción de inocencia rige en cuanto al ejercicio de la acción penal que sobre el justiciable enderece el órgano técnico, esto es, cuando concretiza su pretensión punitiva al atribuirle una conducta contraria a las normas de convivencia social, con base en las pruebas recabadas durante la fase de averiguación, de las que se deben justificar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, para someter a formal procesamiento al encausado, aspectos jurídicos que pueden ser acreditados del conjunto de circunstancias y pruebas recabadas por el ente investigador, lo que desvirtúa la presunción de inocencia en la fase de preinstrucción y se retorna en el momento de la acusación en primera instancia, porque surge la obligación del juzgador de examinar en forma racional las pruebas y las que ofrezcan en la etapa de instrucción las partes para dictar una sentencia de condena, o bien, de absolución. Y esto es así, porque en los numerales 17 y 23, in fine, de la Constitución, se impone como deber del juzgador administrar justicia completa, la cual se entiende como la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna, así como el impedimento de absolver de la instancia, o sea, el absolver temporalmente al reo en una causa criminal, en tanto los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultaron suficientes para acreditar su culpabilidad, postergando su resolución definitiva hasta que se encuentren nuevos y mejores medios de convicción sobre la responsabilidad del enjuiciado. En efecto, proscrita la absolución de la instancia y siendo obligatorio juzgar en definitiva, si del material probatorio no se desvirtúa la presunción de inocencia del procesado, no cabe otro proceder sino el de dictar sentencia absolutoria susceptible de adquirir fuerza de cosa juzgada. Luego, darle un alcance distinto al de su origen es como retorcer el espíritu del Constituyente Originario y Permanente, para definir un sentido que no quisieron expresar en la creación del principio de presunción de inocencia. Es por lo anterior que se estima que la suspensión de derechos políticos del encausado debe decretarse desde el auto de formal prisión, a modo provisional y preventivo, mas no a partir de que la sentencia definitiva cause ejecutoria, pues en ese momento la suspensión adquiere el carácter de definitivo, por el tiempo que en la sentencia se establezca. Además, afirmar que la suspensión de derechos políticos de una persona debe acontecer a partir de que la sentencia causa ejecutoria y no desde el auto de formal procesamiento, llevaría al absurdo de que un procesado, que se encuentra privado de libertad con motivo de que se le instruya causa por un delito considerado grave por la ley, y que por ese motivo no pueda gozar de libertad provisional bajo caución durante la instrucción, pueda exigir que se le excarcele para, de ser el caso, ejercer su derecho a emitir sufragio, o más aún, que desde su lugar de reclusión se postule para ocupar un cargo de elección popular, lo que la Norma Suprema ha querido restringir en la redacción de la fracción II del artículo 38 del Código Supremo. En relación con la aplicación preferente del artículo 38, fracción II, del Pacto Federal sobre el 46, del Código Penal Federal, por las razones que informan, cobran vigencia las jurisprudencias 86/2002 y 24/2005, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 47 y 274, Tomo XVII, febrero de 2003 y XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe); y ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NO SE HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS JUECES PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE ESTE ÚLTIMO Y NEGAR AQUEL BENEFICIO, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Los criterios anteriores si bien, resolvieron puntos jurídicos diversos al que en este apartado se plantea, no menos verídico resulta que dejan ver contundentemente que el actuar de las autoridades judiciales, federales como locales, deben siempre, ajustar sus resoluciones a las disposiciones que surgen de la Carta Magna, conforme al principio de supremacía que distingue a ésta de cualquier otro ordenamiento que de ella nazca, todo lo anterior deja en claro la obligatoriedad de suspender como prerrogativas del procesado los derechos políticos a partir del auto de formal prisión, y será en sentencia definitiva cuando se determine sobre el tiempo en que se cancelen las prerrogativas que la ley ordinaria señala, así como el momento en que éstas deben empezar a computarse, pues incluso la parte final del artículo 38 del Pacto Federal, sólo delega esa facultad a la ley ordinaria, al precisar que ésta fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación, puntos sobre los que se pronunció el legislador federal en el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En mérito de lo expuesto, esta autoridad federal también considera ajustada a derecho la sentencia reclamada en la que se confirmó en su integridad el auto de formal prisión recurrido ..." (énfasis añadido).
CUARTO. Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 1020/2005, 1570/2005, 1470/2005, 70/2006 y 480/2006, de los cuales sólo se transcribe el primero de ellos por ser el más representativo de su criterio, y porque los demás contienen similares consideraciones.
Así pues, en la ejecutoria emitida dentro del amparo en revisión 1020/2005, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"OCTAVO. ... Ahora bien, respecto a la suspensión de derechos políticos del quejoso, no obstante que la autoridad responsable precisó los fundamentos y motivos legales que sustentaron dicha determinación; esto es, citó los artículos 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 162.3 y 162.5 del Código Federal de Instituciones Electorales y destacó que acorde con el auto de formal prisión dictado contra el inculpado Hugo Fernando Lagunas Trujillo y/o Hugo Fernando Lagunes Trujillo se le suspendían sus derechos o prerrogativas políticas, ordenando enviar oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, adjuntándole copia certificada de la hoja inicial y puntos resolutivos del acto reclamado; sin embargo, lo resuelto por la responsable, viola en perjuicio del quejoso lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues con su proceder disminuye un derecho subjetivo del amparista, toda vez que si bien es cierto que la fracción II del artículo 38 constitucional prevé la suspensión de derechos del gobernado en los siguientes términos: ‘Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: ... II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.’, también es verdad que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad, hasta que no se demuestre lo contrario y esto vendría a ser en el proceso penal, que terminará con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, lo cual sustentaría la suspensión de los derechos políticos del ahora amparista, pues así lo determina el artículo 46 del Código Penal Federal, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). De lo transcrito en la fracción II del artículo 38 constitucional, así como del numeral 46 del Código Penal Federal, válidamente se infiere que existe una antinomia o conflicto aparente de normas, el cual podría ser resuelto de acuerdo al principio de supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, en el sentido de que si la legislación ordinaria resulta contraria a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias; empero, si aquella primera disposición es nugatoria de los derechos subjetivos de los procesados puesto que prevé la suspensión de derechos por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal, contando desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; y la segunda es más benéfica para ellos, porque establece que la suspensión de sus derechos políticos comenzará a partir de la fecha en que la sentencia emitida se convierta en ejecutoria; es inconcuso que la responsable como Juez ordinario estaba obligado,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20742-8f30d178/derechos-politicos-deben-declararse-suspendidos-desde-el-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL REO DE LOS ARTÍCULOS 25, PÁRRAFO SEGUNDO Y 64, PÁRRAFO SEGUNDO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2007-PS)
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 153, DE LA LEY ADUA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2007-SS)
- ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2007-PS)
- SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DIC (CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2007-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. (2284)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis