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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 153, DE LA LEY ADUANERA, INCLUSO CUANDO SE ORDENÓ SU REPOSICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20174
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, AHORA TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1023.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, AHORA TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito es en asuntos en materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichos criterios fueron sustentados, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió una de las sentencias motivo de la denuncia indicada y que tiene facultad para ello, de conformidad con el precepto antes indicado.

TERCERO. Antes de proceder a determinar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario mencionar que el artículo 197-A de la Ley de Amparo pareciera instituir que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, sólo es jurídicamente posible respecto de criterios provenientes de asuntos fallados en juicios de amparo y en sus instancias integrantes, excluyendo los pronunciamientos efectuados en otra clase de juicios que no sea el de garantías. De ser así, esta situación provocaría que en el presente caso, sin efectuar mayor examen, se tuviera que estimar improcedente la denuncia de contradicción de tesis en obvio que una de las sentencias que aquí se someten a análisis proviene de la solución de un recurso de revisión fiscal en términos de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos y 248 del Código Fiscal de la Federación. Para ilustrar esta aseveración, conviene insertar el texto del numeral 197-A antes referido:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los mismos términos previstos por el artículo 195."

Incluso durante la Octava Época, la Segunda Sala llegó a sustentar el criterio consistente en que sólo en asuntos de amparo (recursos de revisión, queja o reclamación, o bien en amparo directo) era posible la contradicción de tesis, excluyendo que ésta pudiera presentarse en ejecutorias emanadas en procedimientos de otra naturaleza, como por ejemplo ocurre con la revisión fiscal. Dicho criterio es el siguiente:

"REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades legales para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia es la que debe prevalecer. En efecto, el artículo 107; fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución General de la República establece: ‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer’. Por su parte, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo preceptúa: ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días’. De una correcta interpretación de las hipótesis jurídicas con anterioridad transcritas, se desprende que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de contradicción de tesis pronunciadas por Tribunales Colegiados, únicamente se encuentran facultadas para resolver cuál debe prevalecer, cuando tales tesis hayan sido emitidas en juicios de amparo. Por otra parte, no existe precepto alguno que justifique la intervención de la Suprema Corte en juicios de nulidad fiscal para el efecto precisado. En el caso, las tesis que motivaron la denuncia fueron sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto del Primer Circuito en Materia Administrativa en las revisiones fiscales número 333/88 y 296/88, respectivamente, y no en juicios de amparo y, por ello, esta Sala no puede legalmente emitir criterio alguno respecto de la contradicción a que este expediente se refiere." (Octava Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis 2a./J. 10, página 197).

No obstante, el criterio de la actual integración de esta Segunda Sala, abandonando el anterior, consiste en reconocer la posibilidad de que exista contradicción de tesis en asuntos distintos al juicio de amparo como puede ocurrir entre ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito provenientes de la solución de recursos de revisión fiscal cuya nota distintiva es que constituyen una última instancia jurisdiccional; lo que debe ser así estimado si se atiende a la teleología de estos mecanismos procesales que se caracterizan por tender a determinar la regencia de criterio entre posturas judiciales contrapuestas o antagónicas, provenientes de distintos órganos jurisdiccionales terminales, en la inteligencia de que esos criterios pueden ser aplicables para resolver un punto jurídico determinado, a más de que con la sentencia que resuelve el fondo de una contradicción de tesis, se establece una tesis que regirá con carácter jurisprudencial produciendo un estado de certidumbre y seguridad jurídica.

En efecto, lo anterior fue sustentado en la tesis aislada de esta Segunda Sala, número 2a. XVIII/2000, que aparece publicada en la página 379 del Tomo XI, marzo de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El contenido de dicho criterio es el siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior, toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación."

Sin embargo, dado que en el asunto que se resuelve la contradicción proviene de criterios sustentados en una revisión fiscal y en un juicio de amparo directo, resulta aplicable el criterio inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 12/93 de la anterior integración de la Segunda Sala, consultable en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 75, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y cuatro, página 17, que lleva por rubro y texto los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISIÓN FISCAL. El régimen que establecen los artículos 197 y 197 A de la Ley de Amparo, para decidir cuál es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso de contradicción entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino también cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, debe tomarse en cuenta la íntima conexión que en ciertas hipótesis puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados en el juicio de garantías."

Cobra aplicación al caso la tesis 2a. CCXVII/2001, de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 42, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. El artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene que ‘la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido’, sin que esto último ocurra respecto de la hipótesis que se examina. Del texto literal anterior se sigue que se refiere directamente sólo a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando son órganos competentes para sustentar jurisprudencia lo que podrán hacer no sólo en juicios de amparo sino en cualquier asunto del que deban conocer, aplicando en éstos la Ley de Amparo. Sin embargo, la regla debe extenderse, por analogía, a aquellos casos en que la situación se presenta, no respecto del órgano que debe resolver el conflicto de criterios, definiéndolo jurisprudencialmente, sino en cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis divergentes, debiendo interpretarse, por consiguiente, que procederá resolver la contradicción no sólo cuando los hayan establecido en juicios de amparo sino en todos los asuntos de su competencia. Por otra parte, si bien es cierto que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia, también lo es que no debe hacerse una interpretación y una aplicación literal de esas normas para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provenga de los mencionados juicios. Ello, porque si el sistema de denuncia de contradicción de tesis tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sustentación de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto de él los mencionados tribunales actúen como órganos terminales, debe estimarse procedente la que derive de criterios opuestos que se hayan sustentado al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer, entre ellos los conflictos competenciales y no sólo juicios de amparo, ya que de lo contrario no se cumpliría con el propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia. Lo anterior se robustece si se toma en consideración, además, que desde la emisión del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, se determinó en el punto tercero, fracción V, que de los asuntos iniciados con posterioridad a la publicación del acuerdo, de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirían para su resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito, los conflictos de competencia, con excepción de los que se suscitaran entre los Tribunales Colegiados, los cuales serían resueltos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, de suerte tal que respecto de los conflictos competenciales que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados, éstos actúan como órganos terminales."

Hechas las acotaciones anteriores, a continuación se procederá a determinar si en el caso existe o no contradicción de tesis.

CUARTO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las resoluciones respectivas.

El entonces Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 22/2005, promovida por el administrador local jurídico de Ciudad Obregón, Sonora, del Servicio de Administración Tributaria, determinó revocar la sentencia recurrida, apoyándose en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. ... En cambio, resulta fundado el restante agravio que plantea la recurrente, en la medida en que aduce, en síntesis, que no se ajusta a derecho la sentencia recurrida, en virtud de que la Sala Fiscal en forma indebida aplica lo dispuesto por los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, sin tomar en consideración que la resolución impugnada era la recaída a un recurso de revocación, no la que culminaba el procedimiento administrativo en materia aduanera, por lo cual no se encontraba sujeta a los plazos previstos en los citados numerales, toda vez que en el caso era aplicable lo establecido por el último párrafo del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, que es el que señala el plazo para emitir el acto respectivo en caso de que así se ordene en la resolución del recurso de revocación, cuyo desacato no ocasiona la ilegalidad del acto, en caso de que la autoridad se extienda en ese término al cumplimentar, pues se daría un efecto similar al de la caducidad, que sólo puede operar conforme a lo señalado en el precepto 67 del código en comento.

"Lo anterior es así, ya que resulta desacertada la determinación asumida por la Sala Fiscal, en el sentido de que la resolución impugnada se había emitido fuera del plazo de cuatro meses previsto en los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, para la conclusión del procedimiento administrativo en materia aduanera, y que tampoco se atendió el plazo previsto en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación; pues como lo sostiene la inconforme, en el caso no resultaban aplicables los numerales citados en primer término y, en cuanto al segundo, la inobservancia al plazo que prevé no ocasiona la ilegalidad del acto por ese solo motivo.

"Para una mayor precisión de lo expuesto, resulta importante citar los antecedentes del caso.

"Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil tres, ante la Administración Local Jurídica de Hermosillo, Mario Alberto Martínez Rivera, actor en el juicio de nulidad, promovió recurso de revocación en contra de la resolución contenida en el oficio número 8151, emitida por la Aduana de Nogales, el diecinueve de diciembre de dos mil dos, a través de la cual se le determinó un crédito fiscal en cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos, por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, multas y recargos, derivado de la ilegal tenencia y estancia en el país de un tracto camión de procedencia extranjera.

"El citado recurso de revocación fue resuelto por la Administración Local Jurídica de Hermosillo, mediante la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-26-I-935, de veinticuatro de febrero de dos mil tres, en el sentido de revocar la resolución recurrida para el efecto de que se emitiera otra debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad fiscal había sido omisa en analizar adecuadamente el pedimento de importación y la tarjeta de circulación exhibidos, pues se había concretado a señalar que carecían de eficacia probatoria, sin exponer los razonamientos lógico jurídicos que sustentaban esa conclusión, además de que se había omitido precisar el método de valoración utilizado.

"En cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revocación, la Aduana de Nogales emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, en la que se determinó al particular un crédito fiscal en cantidad de cuarenta y un mil doscientos doce pesos, por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, multas y recargos.

"Una vez precisado lo anterior, se puede colegir que la conclusión del procedimiento administrativo en materia aduanera, aconteció con la emisión de la resolución liquidatoria que se revocó mediante el recurso de revocación, pues ésta fue la culminación a dicha secuela que inició con el acta de embargo del vehículo extranjero.

"Asimismo, debe precisarse que al haber sido la ejecución de un procedimiento administrativo en materia aduanera, la facultad ejercida por la autoridad fiscal, sólo le sería aplicable lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley Aduanera, no así lo establecido en el diverso 152 del propio ordenamiento legal, ya que dicho numeral regula una atribución distinta de la que fue llevada a cabo por la autoridad, relativa al reconocimiento aduanero de las mercancías extranjeras y la verificación de documentos durante su despacho en la aduana, lo cual difiere a la tramitación del aludido procedimiento administrativo, que se inicia con la verificación y embargo de las mercancías o, en concreto, de vehículos de procedencia extranjera, como sucedió en el caso.

"En ese tenor, el plazo de cuatro meses previsto en el tercer párrafo del artículo 153 de la Ley Aduanera, para que la autoridad aduanera dictara la resolución en la que determinara las contribuciones omitidas e impusiera las sanciones que correspondieran, derivadas del procedimiento administrativo en materia aduanera; únicamente podía computarse en los términos indicados en el párrafo anterior, esto es, en lo que fue el inicio y la conclusión del aludido procedimiento administrativo, pues éste es el que en dado caso se encuentra sujeto al indicado término legal, por lo tanto, al culminarse con la notificación de liquidación del crédito fiscal, es inconcuso que el cómputo de los cuatro meses debe considerarse sólo con base en esos actos, el acta de inicio y la resolución definitiva, con lo que queda agotado ese imperativo legal, no obstante que ésta se impugnara mediante el recurso de revocación, y que en éste se ordenara dictar una nueva resolución, pues, se reitera, el cálculo del plazo en comento finalizó con la liquidación y su conteo no podía continuar con posterioridad a ésta; ya que sostener lo contrario, como lo estimó la a quo, implicaría seguir computando el plazo respecto de una facultad que ya fue ejercida, lo cual es incorrecto, toda vez que el cálculo de la temporalidad para que se extingan las atribuciones de las autoridades, sólo puede efectuarse hasta que se dicta el acto que culmina con ese procedimiento, no con posterioridad a ello.

"Efectivamente, el cálculo del plazo para que se concluya el procedimiento administrativo en materia aduanera, se realiza durante el tiempo en que se emitió el acta de inicio y la emisión de la liquidación respectiva, a fin de verificar si se excede o no del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera, pues excederse de éste implica la ilegalidad de tal determinación; por lo que es de reiterarse que el cómputo en cuestión, sólo puede operar sobre el lapso en que se hayan verificado las aludidas actuaciones, al ser las que pueden determinar su oportunidad, mas no como lo sostuvo la a quo, que una vez ejercidas siguen quedando sujetas a ese plazo, puesto que éste se deja de contar desde el momento en que se notifica la resolución respectiva, aun cuando en la resolución recaída al recurso de revocación, se haya ordenado que se dictara una nueva liquidación, pues ello obedece al análisis de la legalidad del acto primigenio y, por ende, la temporalidad en su emisión ya no queda sujeta al plazo del procedimiento administrativo en materia aduanera, sino al del cumplimiento del citado medio de defensa.

"En esa línea de pensamiento, si una vez notificada la liquidación del crédito fiscal al causante, éste interpuso recurso de revocación en su contra, es incorrecto pensar que se continúa computando el plazo de la caducidad, pues éste dejó de correr con la emisión de aquélla; de ahí que resulta desacertado lo ponderado por la Sala Fiscal, en el sentido de que el tiempo transcurrido desde el momento en que se dictó la resolución del recurso de revocación, a la fecha en que se emitió la resolución que la cumplimentó, deba sujetarse al plazo señalado en el artículo 153 de la Ley Aduanera, que regula el tiempo máximo de duración del procedimiento administrativo en materia aduanera, el cual, se reitera, termina con la liquidación respectiva; máxime que, como quedó precisado en los párrafos precedentes, el cómputo relativo sólo se efectúa mientras se encuentre en trámite el citado procedimiento, mismo que una vez concluido, no puede seguir verificándose ese cálculo, precisamente porque la atribución regulada en cuanto a duración se encontraba previamente ejercida.

"Sobre el particular, resultan ilustrativas las consideraciones expresadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 100/2002-SS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 850, en cuya parte conducente dice: (se transcribe).

"En ese contexto, es dable concluir que el artículo 153 de la Ley Aduanera vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, regula la tramitación del procedimiento administrativo en materia aduanera, derivado del embargo de mercancías de procedencia extranjera por las autoridades fiscales y aduaneras, y establece que éstas cuentan con un plazo de cuatro meses para emitir y notificar la resolución en la que se determinen las contribuciones, cuotas compensatorias y sanciones que sean procedentes, pues de lo contrario, dicha determinación extemporánea se tornaría ilegal, de ahí que las autoridades deben sujetarse al mencionado plazo, contado a partir de que se levantó el acta de inició del citado procedimiento administrativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números 2a./J. 140/2002 y 2a./J. 82/2003, bajo los rubros: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.’ y ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE SE DICTE CONFORME AL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN 1999 Y 2001, DEBE NOTIFICARSE ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO DE CUATRO MESES CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLA.’; publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 247 y Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 441.

"Sin embargo, cuando se controvierte mediante el recurso de revocación una liquidación emitida con fundamento en el citado artículo 153, esto es, derivada de un procedimiento administrativo en materia aduanera, y si en dicho medio de defensa se ordena la reposición del procedimiento por una violación acontecida en él, es inconcuso que el cómputo del aludido plazo no puede reiniciarse ni continuarse a partir de que se ordena la reanudación de esa secuela administrativa, pues su conteo se extinguió con la emisión de la liquidación respectiva, con la que culminó la actuación de la autoridad, que es la que en ese momento se encontraba regulada por tal temporalidad, mas no así la que debe realizarse en cumplimiento al recurso en comento, máxime que el término en cuestión, regula el ejercicio de una atribución que corresponde a una naturaleza diversa de aquélla relativa al cumplimiento de la resolución de carácter jurisdiccional.

"Por esas razones, resulta evidente que no se ajusta a derecho la consideración expresada por la Sala Fiscal, en cuanto a que en el caso era aplicable lo dispuesto por los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, pues la resolución impugnada en esa instancia no se dictó con motivo de una facultad de comprobación, ni en culminación del procedimiento administrativo en materia aduanera, sino que se emitió en cumplimiento a la diversa dictada en un recurso de revocación, la cual no se encontraba sujeta al plazo indicado por los citados numerales; de ahí que sea inaplicable la jurisprudencia en que se apoyó la a quo para apoyar la sentencia que se revisa.

"Ahora bien, para determinar cuál era el plazo aplicable a la emisión de dicho acto en cumplimiento a (sic) resolución recaída a un recurso de revocación, es importante tomar en cuenta la fecha en que ésta se dictó, lo cual aconteció en dos mil tres, tal como se precisó en líneas precedentes; por consiguiente, el dictado del acto de cumplimentación estaba regulado por lo dispuesto en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación vigente en dicho año, que establecía lo siguiente: (se transcribe).

"Del último párrafo del numeral transcrito, que es el que en el caso interesa, se colige que cuando se dictara una resolución en el recurso de revocación, en la que se ordenara emitir un nuevo acto o reponer el procedimiento, la autoridad fiscal debería acatar tal determinación en un plazo que no excediera de cuatro meses, contados a partir de que se encontrara firme aquélla.

"Sin embargo, aun cuando se pudiera considerar que la resolución de cumplimiento se emitió fuera del aludido plazo de cuatro meses, no por ese motivo puede considerarse ilegal, como en forma desacertada concluyó la Sala Fiscal, ya que tal temporalidad establecida en la norma no tiene como finalidad impedir el dictado del acto que acate lo resuelto en el medio de defensa, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 8/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 277, que dice:

"‘REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIEN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20174-73431ee5/procedimiento-administrativo-en-materia-aduanera-la-autoridad-correspondiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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