GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO (AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se emitieron en la materia civil cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el tres de julio de dos mil siete el incidente en revisión RC. 173/2007 sustentó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. En la medida que se suple la queja deficiente en términos de la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente será revocar la resolución que se revisa para quedar en los términos que este tribunal determinará. En las constancias que integran el cuaderno original relativo al incidente de suspensión del amparo 382/2007-I, remitido por el juzgador federal, para la tramitación del presente recurso de revisión, a las que se les confiere eficacia probatoria plena de acuerdo a lo que previenen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de garantías en términos del artículo 2o. Ley de Amparo, obra agregada copia simple de la demanda de garantías formulada por la recurrente, de la que se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: Que ********** la declaración judicial de cumplimiento forzoso de un contrato de compraventa de catalizadores gastados H-Oil (Mo/V), que celebró el uno de abril del dos mil tres, con la recurrente. Al dar contestación a la demanda aquí recurrente, (sic) la recurrente opuso la excepción de falta de personalidad que fue declarada improcedente por el Juez natural, en interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil seis. Inconforme la entonces demandada aquí recurrente, con esa determinación, promovió recurso de apelación en su contra, del que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el toca 106/2007, que resolvió el dos de febrero de dos mil siete, declarando procedente y fundada dicha excepción de falta de personalidad, por lo cual, se modificó la interlocutoria apelada para conceder a la sociedad accionante, un término de diez días para subsanar la omisión contenida en el poder notarial mediante el cual pretendió acreditar su personalidad en juicio. La omisión que tenía el poder contenido en la escritura pública 18,345 (dieciocho mil trescientos cuarenta y cinco), de veinticuatro de mayo de dos mil seis, que se ordenó subsanar, consistió en que Janette Randon notario público para y en el Condado de Brazoria, Estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, ante quien se protocolizó el acta mediante la cual la tercera perjudicada ********** confirió poderes de representación a diversas personas, entre ellas a **********, promovente del juicio natural en su nombre, no especificaba el documento que le permitió aseverar que el compareciente y otorgante de tales poderes el señor ********** tenía la capacidad legal para otorgar el poder en nombre de esa sociedad. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil siete, el a quo tuvo por desahogada oportunamente la aludida prevención hecha a la actora, y se le tuvo por acreditada la personalidad de ********** promovente de la acción en nombre y representación de ********** toda vez que estimó que con el poder protocolizado en la escritura pública 4,101 (cuatro mil ciento uno), otorgada el veinte de febrero de dos mil siete, ante el notario público doscientos treinta y nueve del Distrito Federal, ********** que presentó la sociedad actora, quedó subsanada la omisión por la cual se le previno. Esa determinación fue apelada por la recurrente, correspondiendo conocer del recurso a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el toca de apelación 956/2007, que en resolución de veintisiete de abril de dos mil siete, se resolvió confirmando el auto apelado de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido en el juicio natural. En este contexto, el acto reclamado en el juicio de garantías del que deriva el incidente de suspensión cuya interlocutoria se revisa, consiste en la sentencia de veintisiete de abril de dos mil siete, emitida en el toca de apelación 956/2007, por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirmó el auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, que tuvo por cumplida la prevención efectuada a la accionante y que reconoció la personalidad del promovente de la acción ********** en nombre de **********. Asimismo, la aquí recurrente, formuló ampliación de su demanda de garantías, en la que señaló que además reclamaba del Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal, señalado como autoridad responsable ejecutora, todas y cada una de las actuaciones judiciales, resoluciones, acuerdos, mandamientos, decretos, apercibimientos, multas, arrestos o sentencias interlocutorias o definitivas, que se dictaren en el juicio natural, con motivo de la sentencia reclamada de veintisiete de abril de dos mil siete, emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 956/2007, que confirmó el auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido por el juzgador de primera instancia. Por otra parte, el recurrente medularmente aduce que el Juez de Distrito contravino en su perjuicio los artículos 124, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, en virtud de que sin emitir motivación ni fundamentación alguna, tomó como base para establecer la garantía, la cantidad de ********** que señaló eran equivalentes a ********** y sobre esa cantidad calculó el interés legal en materia mercantil a razón del 6% (seis por ciento) anual, proporcional a seis meses. Que el juzgador federal de manera arbitraria, sin indicar los elementos, razones, ni motivos legales, por los cuales estimó que la garantía para las posibles pérdidas que se pudieran ocasionar a la tercera perjudicada, podrían ascender a la cantidad que fijó, sin explicar ni justificar el motivo por el cual se tomó como base la cantidad de ********** Que aun cuando el Juez de Distrito, goza de cierta discrecionalidad para fijar la garantía, esta facultad no tiene los alcances para determinar de manera arbitraria un monto sobre el cual pueden radicar los posibles daños y perjuicios, sino que era su obligación señalar los parámetros por los cuales llegó a ese cálculo. Que el artículo 125 de la Ley de Amparo establece la facultad discrecional al Juez de Distrito de señalar el monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva solicitada, siempre y cuando se someta a las siguientes reglas: 1. Motivar su determinación. Que el juzgador federal, no señaló los motivos por los cuales tomó como punto de partida la cantidad de ********** y le aplicó el interés legal en materia mercantil correspondiente al 6% (seis por ciento) anual proporcional a seis meses; sin señalar qué se entendía por daños y perjuicios, ni las consideraciones por las cuales estimaba que éstos se le podían causar a la tercera perjudicada con la suspensión decretada, ya que el amparo versa sobre un incidente de falta de personalidad. 2. Ponderar la naturaleza de los actos reclamados. Que el a quo federal, fijó como garantía una cantidad totalmente desproporcionada con la naturaleza de los actos reclamados, ya que éstos se refieren a cuestiones de falta de personalidad, actos que no causan perjuicio económico a la tercera perjudicada. 3. Tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado. Que el Juez de amparo, no tomó en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que de la lectura de los antecedentes de la demanda y de las constancias que obran en autos, se aprecia con meridiana claridad que la tercera perjudicada es la actora en el juicio natural y que la prestación que reclama consiste en la declaración judicial de cumplimiento forzoso de un contrato de compraventa de catalizadores gastados H-Oil (Mo/V), supuestamente celebrado el uno de abril del dos mil tres. 4. Tomar en cuenta los datos que arrojen las pruebas rendidas para calcular aproximadamente los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y sus efectos pudiera resentir el tercero perjudicado. Que el Juez de Distrito omitió considerar tales elementos de convicción para calcular aproximadamente los daños y perjuicios, ya que de ninguna de las probanzas se desprende que los posibles daños y perjuicios ascienden a ********** y el interés legal en materia mercantil correspondiente al 6% (seis por ciento) anual, proporcional a seis meses; toda vez que de la lectura del contrato de compraventa de catalizadores que consta en autos, se desprende que quien está obligado a pagar no es la quejosa sino la tercera perjudicada; además, que los juicios de amparo que versan sobre la falta de personalidad de una de las partes, no causan agravio económico alguno a la contraparte. Que el a quo federal, estableció una garantía desproporcionada, excesiva, infundada, sin razón ni motivo, respecto de las prestaciones exigidas en el juicio natural, por lo que transgredió el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su perjuicio, y contravino las tesis de rubros: ‘SUSPENSIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. NO REQUIERE FIJACIÓN DE GARANTÍA.’ y ‘GARANTÍA. SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO UN INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, SU MONTO DEBE FIJARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.’. Que para el cálculo del monto de la garantía por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a su contraria, el juzgador federal no consideró que el amparo se refiere exclusivamente a una cuestión de personalidad, la que no causa ni puede causar perjuicio alguno a la tercera perjudicada, por lo cual, afirma que el monto de la garantía fue excesivo, desproporcional y gravoso. Que el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, establece la facultad discrecional del Juez de Distrito para fijar la garantía en la suspensión definitiva, cuando se pueda afectar a terceros con daños no estimables en dinero y que los Tribunales Federales, han sentado criterio señalando que las cuestiones de personalidad no pueden causar afectación en sentido económico, toda vez que el otorgamiento de la suspensión, sólo implica que se continúe el procedimiento del juicio natural ocasionando exclusivamente un retardo en la obtención de una sentencia favorable que, por lo pronto, constituye una simple expectativa y, por tanto, con la suspensión únicamente se afectarían derechos no estimables en dinero, pues no se está en presencia de la inejecución de una resolución que declare un derecho apreciable en dinero, sino de una interlocutoria, cuyos efectos suspendidos sólo trae consigo el retardo en el procedimiento del juicio natural y no un detrimento en el patrimonio de cualquiera de las partes. Que los Tribunales Federales han sostenido que el Juez de Distrito no debe cumplir con la regla contenida en el artículo 125 de la Ley de Amparo, que los obliga a realizar operaciones aritméticas para fijar el monto de la garantía, ya que no hay necesidad de tomar en consideración el valor de lo exigido en el juicio natural ni ningún otro factor, sino simplemente hacer uso de la facultad discrecional contenida en esa norma, fundamentando y sustentando su resolución en criterios objetivos y reales sobre los posibles daños y perjuicios que pudiese ocasionar la medida suspensional concedida. Que la resolución recurrida debe revocarse en cuanto al monto de la garantía fijada, toda vez que el juzgador federal fijó la garantía tomando en cuenta el monto principal del juicio natural y sus intereses legales, respecto de un acto que sólo se refiere al incidente de falta de personalidad, lo cual, como ha sido resuelto por los tribunale
federales, no causa agravio económico estimable en dinero a la tercera perjudicada, ya que su única consecuencia es el retraso en la emisión de la resolución del juicio natural, lo cual de ninguna manera ocasionará un perjuicio por la cantidad de ********** que le fue impuesta como garantía. En este contexto, es sustancialmente fundado lo argüido por el recurrente en el sentido de que el juzgador de garantías, no determinó de manera fundada ni motivada en qué consistían esos daños y los perjuicios que en virtud de la suspensión de la ejecución de una resolución que versa sobre cuestiones de falta de personalidad, se le podrían causar a la tercero perjudicada, ya que atendiendo a que el acto reclamado consiste en la resolución que confirmó el auto que reconoció la personalidad de la actora y, tomando en consideración que el requisito de la caución obedece a la necesidad de garantizar los daños y perjuicios que pudiera resentir la tercera perjudicada, ningún sentido económico podría generar la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que su efecto será que el Juez de origen continúe con la secuela procesal del juicio pero se abstenga de dictar la sentencia definitiva relativa, ya que de emitir el fallo primigenio tornaría improcedente el juicio de amparo ante el cambio de situación jurídica que propiciaría. En efecto, cuando el acto reclamado como en la especie, consiste en una resolución que versa sobre cuestiones de personalidad, los efectos que tendrá la suspensión que se conceda en contra de ese acto, serán ordenar al juzgador de primera instancia, que siga con la secuela procesal pero llegado el momento de emitir el fallo de fondo se abstenga de hacerlo, hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías, ya que de emitir la sentencia primigenia, ocasionaría la improcedencia del amparo, al sobrevenirse un cambio en la situación jurídica que imperaba al momento en que se promovió la acción de amparo; así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 83/2003, que se encuentra publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, del mes de diciembre de dos mil tres, en la página seis, del rubro y tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’ (se transcribe). En tal virtud, atendiendo a los efectos que ocasiona la concesión de la medida suspensional solicitada, consistentes medularmente en que se siga la secuela procesal del juicio pero que se detenga la emisión de la sentencia primigenia, lo cual, pudiera ocasionar que se retarde el pronunciamiento de una sentencia de fondo favorable a los intereses de la actora y tercera perjudicada en el amparo, no obstante, ello sólo constituye una expectativa, toda vez que en la especie no se está ante la inejecución de una resolución que declare un derecho cuantificable en dinero, sino de una sentencia emitida en un recurso de apelación, que confirmó el auto que reconoció la personalidad del apoderado que promovió el juicio en nombre de la sociedad actora, por lo que atañe a un presupuesto procesal y no a un derecho patrimonial, por lo que los efectos de la suspensión de esa resolución combatida, traerán como consecuencia que se siga con el procedimiento de primera instancia pero que, llegado el momento, el juzgador se abstenga de dictar la sentencia de primer grado, motivos por los cuales, con la suspensión del acto reclamado la probable afectación consistirá en el tiempo que la tercera perjudicada tendrá que esperar para que se pronuncie el fallo primigenio, el cual, en todo caso, no se conoce si será o no, favorable a sus intereses. En este orden de ideas, es acertado lo aducido por la inconforme en el sentido de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a las consecuencias que generaría la suspensión de su ejecución, los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado, no son cuantificables en dinero. No obstante, que la recurrente sostenga que el Juez de Distrito no debe cumplir con la regla contenida en el artículo 125 de la Ley de Amparo, en cuanto a realizar operaciones aritméticas para fijar el monto de la garantía, ya que no hay necesidad de tomar en consideración el valor de lo exigido en el juicio natural ni ningún otro factor, sino simplemente hacer uso de la facultad discrecional contenida en esa norma, fundamentando y sustentando su resolución en criterios objetivos y reales sobre los posibles daños y perjuicios que pudiese ocasionar la medida suspensional concedida; en la medida que se suple la queja deficiente, este tribunal estima que en la especie, no se debe exigir al agraviado el otorgamiento de garantía alguna, por los siguientes motivos y fundamentos: En principio, cabe señalar que es procedente que se supla la queja deficiente, toda vez que el Constituyente y el legislador ordinario, plasmaron en los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, párrafo segundo, constitucionales, así como en el numeral 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, la obligación de suplir la queja deficiente cuando haya habido en contra del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, lo que sucedió en la especie al habérsele impuesto a la recurrente la exhibición de una garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional que se le otorgó, cuando en el caso no existen elementos objetivos y concretos que permitan la cuantificación de los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir la tercera perjudicada con el otorgamiento de la medida suspensional. En efecto, los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, párrafo II, constitucional, establecen, respectivamente: ‘Artículo 103.’ (se transcribe). ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Por su parte, la fracción VI del numeral 76 Bis de la Ley de Amparo, señala: ‘Artículo 76 Bis.’ (se transcribe). En tales condiciones, en la medida que se suple la queja deficiente, este tribunal se pronuncia en el sentido de que partiendo de la base que en los juicios de amparo donde el acto reclamado consiste en una resolución que versa sobre cuestiones de personalidad, como acontece en el incidente que se revisa, toda vez que ha quedado dilucidado que en este tipo de asuntos los efectos de la medida suspensional que se conceda han sido delimitados de manera especial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que en estos casos, el juzgador de primer grado deberá seguir con la secuela procesal del asunto pero abstenerse de emitir la sentencia de fondo, con lo que ha quedado claro que la única afectación que el tercero perjudicado podría sufrir con la suspensión del acto reclamado, sería que se postergue la emisión de un fallo que probablemente le sea favorable, por lo cual, se evidencia que en este caso no se actualizan daños y perjuicios cuantificables en dinero. Para sostener ese aserto se debe considerar el contenido del artículo 125 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 125.’ (se transcribe). De la interpretación literal de este precepto, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable, cuyos supuestos normativos son los siguientes: a) Cuando la suspensión sea procedente pero pueda ocasionar daños y perjuicios a tercero, se concederá si se otorga garantía bastante para cubrir los daños y perjuicios que se causen si no obtiene sentido favorable en el juicio de amparo. a.1. De acuerdo con lo anterior basta la sola existencia de un daño probable o posible para que deba determinarse una garantía, lo cual exige un juicio concreto del juzgador sobre ese aspecto que demuestre razonablemente que el daño es posible. a.2. Entonces, si a juicio del juzgador de amparo la concesión de la suspensión no plantea un dato razonable que demuestre la probabilidad o posibilidad de que se cause un daño o perjuicio al tercero perjudicado, el a quo está autorizado para conceder la medida sin fijar la garantía respectiva. b) Cuando la suspensión sea procedente pero puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, el Juez de amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. b.1. Los actos expuestos además implican que en aquellos casos en que la concesión de la suspensión pueda causar daños y perjuicios al tercero perjudicado que no sean estimables en dinero el Juez de amparo, la fijará discrecionalmente. b.2. Si no existe posibilidad alguna de que se cause un daño o perjuicio al tercero perjudicado con motivo del otorgamiento de la suspensión que no sea estimable en dinero, el Juez de amparo está facultado para conceder la medida cautelar sin fijación de garantía. Luego, conforme al sentido literal de ese precepto, cuando sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que con esa medida cautelar se ocasionaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; y se determina que cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, el juzgador de amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía respectiva. Además, ese mismo precepto establece, como se dijo, la posibilidad normativa de que cuando no se afecten derechos del tercero perjudicado, no se fije esa garantía, lo cual proviene de una interpretación literal del mismo al indicarse cuando la suspensión ‘pueda ocasionar daños o perjuicios ...’ y proporciona la cobertura legal para que el juzgador examine en cada caso cuándo se surte esa hipótesis. Sin embargo, el ejercicio de esa facultad discrecional que el ordenamiento atribuye al Juez de Distrito, está limitado en aquellos casos en que las pruebas rendidas y las condiciones particulares le permitan calcular de alguna forma el importe de los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudiera resentir el tercero perjudicado, lo cual se traduce en la exposición de razones y motivos concretos que pongan en evidencia el porqué se determinó o fijó una garantía concreta y no otra para que la suspensión de los actos reclamados proceda. Lo anterior resulta relevante para establecer que el tratamiento de la figura de la suspensión parte de la base de que existen normas del orden común que precisan el significado de las figuras previstas en la Ley de Amparo. En ese sentido, la naturaleza de la suspensión del acto reclamado regulada en el artículo 124 de ese ordenamiento participa de las características de una medida precautoria a las que se refieren las normas de derecho común contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y cuando se trata del tema relativo a los daños y perjuicios que puedan producirse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado que se indican en el diverso artículo 125 de la Ley de Amparo, y ante la necesidad de determinar su sentido y alcance, resulta necesaria esa labor de integración del derecho, con las normas del Código Civil Federal. Delimitado lo anterior, para efectos de establecer la naturaleza de los conceptos ‘daños’ y ‘perjuicios’, se cita al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que los define en los siguientes términos: Daño: del latín damnum, es el detrimento o destrucción de los bienes, a diferencia del lucro cesante. Perjuicio: del latín praeiudicium, ganancia lícita que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionan por acto u om
sión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento material causado por modo directo. Igualmente, el tratadista Eduardo J. Couture, en su obra ‘Vocabulario Jurídico’, Editorial de Depalma, Buenos Aires, Argentina 1997, define los daños y perjuicios como: ‘1. La denominación habitualmente dada a la lesión patrimonial sufrida como consecuencia de un hecho o acto antijurídico. 2. Reparación o indemnización que se impone al responsable de la lesión patrimonial causada por un hecho o acto antijurídico.’. En términos similares el Código Civil Federal, establece en los artículos 2108 y 2109, el significado de estas dos palabras: ‘Artículo 2108.’ (se transcribe). ‘Artículo 2109.’ (se transcribe). En relación a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció, al resolver la contradicción de tesis número 48/98, entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 40/2000, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de dos mil, en la página 262, la cual es del rubro y tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). El criterio esencial contenido en esa jurisprudencia es aplicable a la materia de la suspensión de los actos jurisdiccionales en materia civil, que contengan la condena al pago de una cantidad líquida o determinable, porque aunque deriva de una contradicción de tesis en materia laboral; trasciende a la materia común por su contenido, el cual es la fijación del monto de la garantía que debe otorgar el quejoso para responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, con motivo de la suspensión. Es así, porque la materia laboral sólo tiene un matiz especial que tiende a tutelar el derecho de subsistencia de los trabajadores, pero en cuanto al monto de la garantía, participa de la regla general que debe atender al concepto de daños y perjuicios. Las precisiones conceptuales anteriores resultan relevantes para establecer en el caso de la concesión de las medidas cautelares en el juicio de amparo, que el juzgador debe ponderar si esa relación de causalidad entre la concesión de la suspensión y los daños y perjuicios originados al tercero perjudicado con esa determinación se actualiza o existen datos que den certeza o un grado mayor de probabilidad de que se producirán, pues de ser así deberá fijar la garantía respectiva y, en caso contrario deberá otorgar la suspensión del acto sin ella; dicho de otra manera, no puede sostenerse como regla general una relación lógica y necesaria entre el otorgamiento de la medida cautelar y los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado con esa determinación. En este orden de ideas, si el acto reclamado consiste en una condena que constituya una cantidad líquida, la afectación al patrimonio del tercero perjudicado con motivo de la suspensión provisional o definitiva se traduce en la falta de disposición de ese numerario y, por ende, en la diferencia del poder adquisitivo que sufre por no poder disponer de inmediato de esa cantidad; y el perjuicio consiste en la posibilidad de que le genere una ganancia lícita. En cambio, cuando como en la especie se concede la suspensión de un acto jurisdiccional en materia civil, que no contiene una cantidad líquida o de fácil liquidación, dado que el acto reclamado consiste en una resolución que dirimió respecto de un presupuesto procesal consistente en la falta de personalidad de la tercera perjudicada, lo que sólo involucra la afectación de derechos sustantivos o violaciones procesales de grado predominante o superior que por sí mismas son no cuantificables en dinero, ya que en todo caso, lo que se transgredería en perjuicio de la tercera perjudicada es el principio de celeridad procesal para acreditar los hechos imperativos de la acción que ejerció, esto es, en la especie se trata de cuestiones intraprocesales que resultan en una dilación de la emisión del fallo primigenio, por lo que el juzgador de amparo está autorizado en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, a conceder la suspensión solicitada sin fijar garantía alguna en la medida que esa postergación en la emisión de la sentencia de primera instancia no se traduce en un daño o perjuicio patrimonial, pues todavía no existe algún derecho cuantificable en dinero, declarado a favor de la tercera perjudicada. En efecto, debido a que en el caso el acto reclamado no consiste en alguna resolución que declare la existencia de alguna cantidad objetivamente cuantificable y concreta a favor de la tercera perjudicada, sino que se trata de una resolución que se pronunció sobre un presupuesto procesal como lo es la personalidad, lo que en este momento no tiene una implicación económica ya que las prestaciones reclamadas en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21155-1d447312/garantia-su-monto-debe-fijarse-discrecionalmente-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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