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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. ES VÁLIDO PRACTICARLO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL CUANDO EN EL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN ASÍ LO HAYAN SEÑALADO LAS PARTES (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20993
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 200.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de tesis que se sustentaron entre Tribunales Colegiados de Circuito y los criterios que se estiman opuestos se refieren a la materia civil.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado Benito Alva Zenteno, entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO. Antes de entrar en materia, es menester destacar que en los presentes autos se advierte que por auto de veintidós de octubre de dos mil siete, se le dio vista al procurador general de la República con la presente denuncia de contradicción de tesis, mismo que fue notificado el día veintitrés de octubre de dos mil siete, según se desprende de la constancia respectiva que obra a foja ciento treinta y seis de los presentes autos.

Cabe aclarar que el plazo de treinta días previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la contradicción a estudio, transcurrió del veinticuatro de octubre al diez de diciembre de dos mil siete, descontándose los días veintisiete y veintiocho de octubre, uno, dos, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre y uno y dos de diciembre de dos mil siete, por ser inhábiles.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Número 2/2006 emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de enero de dos mil seis y con lo resuelto en sesión privada celebrada el día nueve de octubre de dos mil siete por el Pleno de este Máximo Tribunal.

Por tanto, si el procurador expresó su opinión mediante oficio recibido el veintiséis de noviembre de dos mil siete, es indiscutible que lo hizo dentro del término que le fue otorgado al efecto.

CUARTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico y que se expresan con el carácter de propias.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción de criterios, cuando concurran los requisitos a que hace referencia la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, es necesario tener en cuenta lo sostenido en los mismos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 571/97, promovido por Luis Humberto Navarro Sánchez, en sesión de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, sustentó en lo que nos interesa, las siguientes consideraciones:

"... que, del análisis que se realiza al fallo combatido, se deduce que el (sic) a que arribó a la citada conclusión al considerar esencialmente que el quejoso inconforme debió de demostrar con algún medio de prueba que en la fecha del emplazamiento al juicio, tenía un domicilio particular diverso al en que se practicó el mismo, o sea, a la finca localizada en la calle ... En efecto, el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en vigor antes de su última reforma, por el cual se rigió el juicio, de donde deriva el acto reclamado, establecía; ‘La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto’. A su vez, el diverso un numeral 112 del mismo ordenamiento legal invocado, decía: ‘Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera se le hará la notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa, después de que el notificador se hubiera cerciorado de que allí vive la persona que deba ser citada; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia ...’. Finalmente el artículo 114 del código pluricitado, disponía: ‘Cuando se ignora la casa en que tiene su domicilio la persona que deba ser notificada, podrá hacerse la notificación en el lugar en que se encuentre ...’. De una interpretación sistemática de los preceptos jurídicos transcritos, se debe concluir que, forzosa e ineludiblemente por regla general el emplazamiento al juicio debe hacerse en el domicilio que habita la persona que debe ser citada, y sólo por excepción en el lugar -donde se encuentre, cuando se ignore aquél, conforme a lo estatuido por el último de los numerales transcritos. Efectivamente, la palabra domicilio tiene dos acepciones: Una, lo identifica con el lugar, ciudad o población de cualquiera categoría que sea, y la otra, con la casa que la persona habita, estos dos conceptos están relacionados de manera íntima, pero no es difícil de distinguir la acepción en que se usa la palabra, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación jurídica en que el domicilio debe producir el efecto, los artículos 22 y 23 del Código Civil, para el Estado de Jalisco, en vigor antes de su última reforma, definen el domicilio de una persona física, como el lugar donde reside habitualmente; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Luego, es evidente que los numerales invocados no emplean indistintamente el domicilio donde habitualmente reside una persona, con aquél en el que tiene el principal asiento de sus negocios de manera que el empleo de la palabra domicilio no alude a la población donde radica la persona, con ánimo de estar establecida o a la en que tiene el principal asiento de sus negocios, sino a la casa en que habita que es donde por disposición legal debe practicarse el emplazamiento al juicio. Así pues, de las constancias allegadas a este tribunal colegiado, las cuales adquieren eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se deduce que el llamamiento del inconforme al juicio natural, se llevó a cabo en la finca localizada en la calle ... donde, según asentó el secretario ejecutor, aquél tenía el principal asiento de sus negocios (fojas 24 y 25 del cuaderno de amparo); lo cual, resulta ilegal si se toma en consideración que dicho funcionario en ningún momento asentó en la diligencia aludida, que se hubiese cerciorado de que en ese mismo lugar tuviese su domicilio-habitación el hoy recurrente que podía o no haber coincidido con el principal asiento de sus negocios; inclusive, debe destacarse que desde la primera búsqueda, el funcionario judicial referido se dirigió al inmueble descrito, pues así lo hizo constar en el citatorio de veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco que dejó al aquí recurrente, en poder de una persona que dijo ser el encargado del lugar, donde, al igual que en el emplazamiento, asentó haberse cerciorado que se trataba del principal (sic) de sus negocios del demandado en el juicio natural, hoy revisionista (foja 23 del cuaderno de amparo). Por consiguiente, lo anterior implica que el secretario ejecutor no acudió en primer lugar, como se lo imponía un deber legal, al domicilio que habitase el quejoso disconforme; después de ello, de ignorarlo, practicar el emplazamiento en cuestión, en el lugar donde se encontrase, que podía haber sido en el lugar donde lo llevó a cabo, esto es, en el principal asiento de sus negocios que sólo como excepción a la regla general lo permite el artículo 114 del ordenamiento legal invocado."

La resolución dio origen a la tesis aislada publicada en la página 744, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

"EMPLAZAMIENTO. CONCEPTO DE DOMICILIO DONDE DEBE PRACTICARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La interpretación del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto anterior a su última reforma, permite concluir que forzosa e ineludiblemente, por regla general, el emplazamiento al juicio debe hacerse en el domicilio que habita la persona que deba ser citada y, sólo por excepción, en el lugar donde se encuentre cuando se ignore aquél, conforme a lo estatuido por el precepto mencionado, ya que de acuerdo con la legislación civil en el Estado de Jalisco, la palabra domicilio tiene dos acepciones: una, la identifica con el lugar, ciudad o población de cualquier categoría que sea y, la otra, con la casa que la persona habita. Esos conceptos están relacionados de manera íntima y es fácilmente distinguible la acepción en que se usa la palabra, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación jurídica en que el domicilio debe producir efectos, pues de acuerdo con el texto de los artículos 22 y 23 del Código Civil para el Estado de Jalisco, anterior a su última reforma, el domicilio de una persona física se define como el lugar en donde reside habitualmente, a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios y, a falta de uno y otro, el lugar en que se halle; luego, es evidente que los numerales invocados no emplean indistintamente el domicilio donde habitualmente reside una persona, y aquel en el que tiene el principal asiento de sus negocios; de manera que el empleo de la palabra domicilio no alude a la población donde radica la persona con ánimo de estar establecida o a la en que tiene el principal asiento de sus negocios, sino a la casa en que habita, que es donde, por disposición legal, debe practicarse el emplazamiento a juicio.

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

"Amparo en revisión 571/97. Luis Humberto Navarro Sánchez. 19 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Arturo García Aldaz."

El mismo Tribunal Colegiado al resolver en sesión del día trece de mayo de dos mil cuatro, el toca número 86/2004, relativo a la revisión interpuesta por la tercera perjudicada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado José Ángel Godínez Gaytán, contra la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de garantías número 1394/2003-III, emitió las siguientes consideraciones:

"En otro orden de ideas, es verdad lo que afirma el recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito erró su consideración al argumentar que el emplazamiento que les fue practicado a los quejosos dentro de las actuaciones que integran el juicio mercantil ejecutivo tramitado bajo el expediente 2311/2002, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, es ilegal, porque, según lo consideró el Juez de Distrito, dicha actuación no cumple con los requisitos que exige el numeral 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al de Comercio, toda vez que el funcionario que practicó la citada diligencia de emplazamiento no hizo constar que la persona con quien entendió la misma recibió la cédula respectiva, para estar en aptitud de verificar si el reo tuvo o no oportunidad de conocer los datos mínimos para acudir al llamado que se le hizo, y porque no se agregó copia de la misma al expediente en el que se les estaba llamando. ... Por otro lado, no es verdad lo que afirman los quejosos en cuanto a que no podía realizarse el emplazamiento en un domicilio diverso al señalado por la parte actora como el del demandado, lo anterior es así ya que el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 109 establece: ‘Será notificado en el domicilio de los litigantes: I. El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias ...’ de lo anterior se advierte que el artículo sólo menciona que la notificación, en este caso el emplazamiento, deberá efectuarse en el domicilio de los litigantes esto, con independencia de quién proporcione el mismo, y en el caso, el emplazamiento se efectuó en un domicilio diverso al que había proporcionado la parte actora ya que, al momento en que el funcionario se constituyó en el domicilio facilitado por dicha parte para efectuar la celebración de la diligencia en cuestión, le fue informado que la empresa demandada ya no se encontraba en ese domicilio, proporcionándole datos actualizados de la residencia de la parte demandada así pues, el funcionario se estableció en el domicilio que le fue proporcionado y cerciorándose de que efectivamente ese era el domicilio de la parte demandada, procedió a dejarles el citatorio respectivo y a la postre la realización de la diligencia materia del presente juicio con apoyo en lo dispuesto por el citado artículo 109, pues, cabe añadir, el funcionario que lo practicó en ningún momento se encontraba limitado para la celebración de la diligencia de mérito en un domicilio diverso al manifestado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, pues, se insiste, dicho emplazamiento debía verificarse en el lugar en el que el demandado habitaba o tuviera su principal asiento de negocios, lo que, según se deduce del acta de emplazamiento, sí sucedió. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, misma que con el número aparece publicada en la página del tomo, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es de rubro y texto siguientes: ‘EMPLAZAMIENTO. CONCEPTO DE DOMICILIO DONDE DEBE PRACTICARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Además, lo anterior tiene fundamento en lo que al efecto dispone el artículo 113 del mencionado cuerpo de leyes, que señala: ‘Si el servidor público judicial recibe informes del lugar en que habitualmente trabaja el que debe notificar, sin necesidad de que el Juez dicte una determinación especial, pasará a darle conocimiento de la diligencia, asentando razón de ello en autos’, pues tal precepto permite buscar al demandado en un domicilio diverso al indicado por el actor, sin necesidad de que el Juez que ordenó el emplazamiento dicte una determinación especial al respecto; luego, si de las copias certificadas de las actas de citatorio y emplazamiento respectivas se desprende que el Juez ejecutor, al haber sido enterado del domicilio en el que se encontraba la multicitada parte demandada, se constituyó en el mismo para la celebración de la diligencia, su actuar es conforme al precepto indicado. ... Por lo que ve a los diversos motivos de inconformidad expresados por los quejosos, es inconcuso lo infundado de lo que manifiestan en cuanto a que en ningún momento se les dio oportunidad de señalar bienes para la materialización del embargo y que por el contrario la oportunidad la brindó a la parte actora para que lo realizara. Admiten esa calificativa, dado que, sí se atendió a lo dispuesto por el Código de Comercio en su artículo 1394, en cuanto señala que: ‘La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior, de no hacerse el pago, se recurrirá al demandado, su representante o la persona con la que se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo de que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado ...’. Lo anterior porque, de las constancias de autos se deduce que el emplazamiento se entendió con un empleado de la parte demandada, mismo que según lo dispuesto por el artículo 1393 del Código de Comercio vigente se encontraba plenamente facultado para que con él se entendiera la diligencia, a quien posteriormente de requerir por el pago de lo reclamado en el juicio de origen y habiéndose negado a la satisfacción del mismo, se le dio la oportunidad para que señalara bienes suficientes para garantizar el pago de lo reclamado por la parte actora en su escrito de demanda y, una vez hecho lo anterior, el citado empleado manifestó que se encontraba impedido para la materialización del citado señalamiento ya que, dijo: ‘No sabía nada de esos asuntos, por lo cual no puede hacer el pago, ni señalar bienes para su embargo.’. Lo anterior evidencia que la parte actora obtuvo la oportunidad para ejercer su derecho a señalar bienes, conforme a lo dispuesto por el artículo 1394 de la legislación en cuestión, como consecuencia de la negativa expresa por parte de la persona con la que se entendió la actuación para ejercer el citado derecho bajo el alegato de que ignoraba dicho adeudo y por ello se encontraba imposibilitado para señalar bienes, así pues, es obvio que la autoridad judicial cumplió con lo establecido por el numeral 1394 del Código de Comercio en la actuación de requerimiento, embargo y emplazamiento ya que en ningún momento se otorgó de forma indebida o de manera arbitraria a la parte actora el derecho de señalar bienes de que se habla ..."

El mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de diez de mayo de dos mil siete, al resolver el toca número 114/2007, relativo al juicio de amparo en revisión número 65/2006-IV, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"En otro orden de ideas, es jurídicamente ineficaz el motivo de inconformidad en el que la empresa recurrente sostiene que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que la diligencia de emplazamiento cuestionada sí se realizó en el domicilio del demandado, finca marcada con el número ... habida cuenta de que en el propio contrato de arrendamiento materia de la contienda específicamente en la cláusula sexta, se señaló tal domicilio para responder y garantizar de las prestaciones reclamadas; porque la recurrente soslaya que conforme al artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el emplazamiento debe hacerse en el domicilio del demandado entendiéndose como tal donde una persona reside habitualmente o donde tiene el principal asiento de sus negocios y, en último extremo, el lugar donde se le encuentre, como dispone el artículo 72 del Código Civil para el Estado de Jalisco. Luego, es obvio que aun cuando en un acto jurídico de naturaleza civil las partes señalen un domicilio para que se les emplace en caso de controversia, el emplazamiento debe practicarse en el domicilio real del enjuiciado, en los términos y con las formalidades establecidas para la diligencia de emplazamiento, supuesto que la voluntad de las partes en ese sentido no puede estar por encima de las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es el emplazamiento, cuya observancia resulta imperativa por tratarse de una cuestión de orden público, en la medida en que tiende a dar valor a la garantía contenida en el artículo 14 constitucional, consistente en que nadie puede ser privado de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, sin ser oído en juicio; y no puede ser oído quien es notificado en el lugar donde no tiene su domicilio, y que, por lo mismo, ignora que se está enderezando una acción en su contra. Al respecto se comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia que con el número 539 se encuentra visible en las páginas 482 y siguiente del Tomo IV, Materia Civil del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario textualmente es el siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO. DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO REAL DEL DEMANDADO Y NO EN EL SEÑALADO CONVENCIONALMENTE.’ (se transcribe). En el anterior contexto, como acertadamente lo consideró el Juez de Distrito, no se satisfizo el requisito relativo al cercioramiento a que se refiere el artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en la medida en que si bien es verdad, el diligenciario asentó que se cercioró de que en el domicilio donde practicó la diligencia vivía el demandado, tal afirmación se encuentra contradicha con lo manifestado por la señora Flora Phillips Briones, con quien se entendió la diligencia, al referir que tenía mucho tiempo que no veía al demandado, que ella habitaba la finca donde se actuaba porque se le rentaba un señor de apellido Ruvalcaba. Luego, es evidente que dicha manifestación por sí sola es suficiente para hacer dudoso y por ende, ineficaz el cercioramiento en el sentido de que en la fecha en que se realizó el emplazamiento, veintiséis de febrero de dos mil cuatro, el demandado quejoso viviese en el domicilio donde se practicó la diligencia cuestionada, más aún cuando tal manifestación se hizo en forma espontánea e incluso, se encuentra corroborada con la documental pública que ofreció el impetrante de garantías, relativa a la escritura pública número 2957, otorgada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa, ante la fe del notario público número 71 de Guadalajara, Jalisco, en la que consta el contrato de compraventa celebrado entre el quejoso como vendedor y José de Jesús, Óscar ambos de apellidos Ruvalcaba Hernández e Irene Hernández Barba viuda de Ruvalcaba, como compradores, respecto de la finca marcada con el número ... en Zapopan, Jalisco, inmueble donde se practicó la diligencia, así como con la testimonial a cargo del citado Óscar Ruvalcaba Hernández ..."

Ese mismo Tribunal Colegiado, en sesión de cinco de julio de dos mil siete, al resolver el toca número 208/2007, relativo al juicio de amparo en revisión 250/2007-II; sustentó en lo que interesa, lo siguiente:

"... Como se advierte de los textos en cita, el notificador responsable asentó en las actas en que hizo constar el emplazamiento cuestionado, que se constituyó en la finca ... domicilio que es el mismo que aparece en el fundatorio de la acción como el lugar donde vive la demandada aquí quejosa. En ese contexto, lo ilegal de la sentencia recurrida radica en que el emplazamiento cuestionado se verificó en la finca que la propia quejosa declaró que era su domicilio en el fundatorio de la acción, lo que conlleva a establecer que el notificador responsable sí efectuó el llamamiento a juicio en el domicilio real de la impetrante del amparo, sin que resulte obstáculo a lo anterior el hecho de se haya asentado en las actas respectivas que era el domicilio ‘convencional’ de la demandada, ya que válidamente ambos domicilios pueden ser en el mismo lugar ... En ese contexto, al no acreditarse en el juicio de garantías que en la época en que se verificó el emplazamiento reclamado la quejosa tuviera un domicilio diferente al en que se practicó el mismo, ello trae como consecuencia que subsista en perjuicio de la impetrante de garantías la declaración hecha de su parte en el contrato fundatorio de la acción en el sentido de que la finca ... es el lugar donde habita y, por tanto, no conlleva a la ilegalidad del emplazamiento reclamado, la circunstancia de que el notificador responsable hubiera asentado en las actas respectivas que se constituyó en el domicilio convencional de la quejosa, porque, como se consideró anteriormente, del fundatorio de la acción se advierte que la impetrante de garantías señaló que el inmueble indicado es el lugar donde habita, lo que permite establecer que en este caso el domicilio convencional y el particular se ubican en el mismo lugar, sin que exista prueba en contrario de ello. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis de este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 714 del Tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘DOMICILIO CONVENCIONAL. SU SIGNIFICADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el doce de julio de dos mil siete, el amparo en revisión RC. 154/2007, interpuesto por Juan Dergal Gabriel, sustentó en la parte en que interesa las siguientes consideraciones:

"... un punto toral de la litis constitucional en esta instancia consiste en dilucidar si es correcto y, por ende, legal que el emplazamiento a juicio efectuado a una persona necesariamente se realice en el domicilio en que habita, o bien, si puede efectuarse en el domicilio convencional pactado en la obligación contraída y que constituye la materia de la litis en el juicio natural del que emanan los actos reclamados. ... Como casos diversos a lo establecido en los preceptos analizados se contempla el supuesto legal previsto en el artículo 118 del código procesal citado, el cual indica que si después de que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquél con quien se entiende la notificación a recibirla, el notificado podrá hacerlo en el lugar en que habitualmente trabaje la persona por notificar, sin necesidad de que el Juez dicte determinación especial bajo la condición de que obren datos del domicilio o lugar en que habitualmente trabaje o le sean proporcionados por la contraparte al notificador y éste lo haga constar así en autos. Más aún, el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que si no se conociere el lugar en que la persona que debe notificarse tenga el principal asiento de sus negocios y en la habitación no se pudiere, se podrá hacer en el lugar en que se encuentre. ... Lo anterior no significa que la parte demandada en un juicio no pueda ser emplazada en un lugar distinto a su domicilio pues lo que importa con la verificación de ese acto procedimental es que conozca la instauración de un procedimiento en su contra, con lo cual, además, se observa íntegramente el contenido nuclear de la garantía de audiencia previa tutelada en el artículo 14 de la Constitución Federal. Esto es, el emplazamiento puede ser analizado atendiendo a las formalidades que prevé la ley de la materia, como en el caso son los preceptos que han sido referidos, o bien atendiendo a la eficacia del mismo, es decir, si se cumplió con la finalidad primordial y, por tanto, el demandado tuvo conocimiento real de la demanda instaurada en su contra pues lo que se busca es el conocimiento cierto y real por parte del demandado de ese llamamiento judicial. En esa medida, no existe ninguna prohibición legal que restrinja el derecho de las partes de ser llamadas al juicio en un lugar diverso su domicilio, pues se insiste, en la norma secundaria deben conteners

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20993-d1010c58/emplazamiento-es-valido-practicarlo-en-el-domicilio-convencional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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