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Modo: Corpus Pro

FALTA DE PERSONALIDAD EN MATERIA MERCANTIL. SI SE ADVIERTE DE OFICIO, DEBE OTORGARSE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PERSONALIDAD. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE DAR EL PLAZO DEL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SI DECLARA OFICIOSAMENTE QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO LA ACREDITÓ POR IRREGULARIDADES SUBSANABLES O SI SE HACE VALER COMO AGRAVIO QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NO OTORGÓ DICHO PLAZO Y EL MISMO RESULTA FUNDADO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES DERIVE DE UN AMPARO SEGUIDO EN LA VÍA INCORRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20746
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 335.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza procesal mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Al resolver el amparo directo 459/2001, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

1. Una persona moral demandó de otra el pago de determinadas cantidades derivadas de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad.

2. Seguido el juicio por sus trámites, el Juez de primera instancia consideró que el actor había probado su acción, por lo que condenó a la demandada.

3. En contra de esa resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada revocó la sentencia reclamada por considerar que existían ciertas irregularidades respecto de la personalidad de la parte actora, pues el poder respectivo no reunía los requisitos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no era apto para acreditar que quienes habían presentado la demanda fueran apoderados legales de la empresa actora, en específico, porque no se había asentado por parte del notario la inserción del acta de asamblea mediante la cual se habían conferido facultades al consejo de administración para otorgar poderes; no constaba que dicha acta hubiere sido firmada por el presidente o el secretario de la asamblea, por el consejo de administración de la sociedad mercantil o por el delegado especialmente designado en sustitución de los anteriores, así como que el notario había omitido establecer los datos correspondientes al domicilio y duración de la sociedad otorgante del poder. La revocación de la sentencia de primer grado fue para el efecto de que se concediera a la parte actora un término de diez días para subsanar las deficiencias respectivas.

4. En contra de esa decisión, la parte demandada solicitó el amparo de la Justicia de la Unión en la vía directa. El Tribunal Colegiado consideró, al resolver los planteamientos de la amparista, lo siguiente:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación insertos.

"Para determinarlo así se hace necesario precisar que el ad quem estimó que el poder exhibido por los actores, no reunía los requisitos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por tanto, no era apto para acreditar que quienes presentaron la demanda mercantil ... fueran apoderados legales de la empresa ... lo que traía como consecuencia que revocara la sentencia de primer grado y le concedía a dicha actora el término de diez días para que subsanara las deficiencias del poder que exhibió con su demanda, o bien, presentar un poder que cumpliera con las exigencias del ordinal 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una vez transcurrido el plazo, le ordenó al Juez de origen que procediera a analizar de nueva cuenta lo relativo a la personalidad de la actora.

"De lo anterior debe precisarse, que la empresa demandada, ahora quejosa, no controvierte los vicios que dijo el ad quem adolecía el poder con el que los que acudieron a juicio como actores, pretendieron acreditar ser apoderados de la empresa ... lo que sí ataca es la decisión de la responsable en ordenar al Juez de primer grado para que le concediera a la parte actora un término de diez días para que subsanara las deficiencias del poder que exhibió junto con su demanda, o bien, para que presentara un poder que cumpliera con los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcurrido el plazo, que el a quo analizara nuevamente la personalidad de la actora, por lo que este último aspecto es el que será materia de análisis en esta ejecutoria.

"Se dice que son fundados los conceptos de violación que hace valer la empresa quejosa, en atención a que tiene razón cuando refiere que el ad quem aplicó indebidamente el artículo 1126 del Código de Comercio, por las razones que enseguida se mencionarán.

"El artículo 1126 del Código de Comercio, dispone: ‘En la excepción de falta de personalidad del actor, o en la objeción que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para que se subsane. De no hacerse así, cuando se trate de la legitimación al proceso por el demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no se subsanara la del actor, el Juez de inmediato sobreseerá el juicio y devolverá los documentos. La falta de capacidad del actor obliga al Juez a dar por sobreseído el juicio.’

"Del artículo transcrito se advierte la facultad de la autoridad judicial de conceder un plazo no mayor de diez días para subsanar la personalidad del actor o del demandado, según corresponda. En caso de que no se subsane, la consecuencia será la de continuar el juicio en rebeldía del demandado, cuando éste no hubiere cumplido con el requerimiento, o bien, el de sobreseer el juicio y devolver los documentos cuando el incumplido fuera el actor.

"Como se ve, asiste razón al que pide amparo cuando refiere que la disposición aludida concede el plazo de diez días para que sea subsanada la omisión mencionada, exclusivamente cuando la omisión se advierta dentro del procedimiento.

"Ello es así, porque el artículo 1126 del Código de Comercio antes transcrito, se ubica dentro del libro quinto, denominado ‘De los juicios mercantiles’, capítulo VIII, denominado ‘De las competencias y excepciones procesales’, lo que denota que se trata de una cuestión que debe acontecer dentro del procedimiento.

"Además, el ordinal 1122 del código mercantil, establece que son excepciones procesales, entre otras, fracción IV: ‘La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad en el actor.’

"Por tanto, si la falta de personalidad del actor constituye una excepción procesal, el plazo de diez días que se le deben conceder para que subsane la omisión relativa, debe otorgarse cuando se advierta dentro del procedimiento, pero no en el dictado de la sentencia que pone fin al juicio.

"Lo anterior se corrobora con el propio artículo 1126 del código mercantil, debido a que dispone que cuando el demandado no subsane la omisión (de la falta de personalidad), se seguirá el juicio en rebeldía, lo que evidencia que cuando se dé esa circunstancia, el juicio deberá encontrarse en trámite.

"Asimismo, cuando el incumplido sea el actor, esto es, que sea éste quien no subsane la falta de personalidad, el Juez de origen deberá sobreseer el juicio. Aquí, debe decirse que el artículo 1327 del Código de Comercio, dispone que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y en la contestación, por tanto, si bien es verdad que la institución del sobreseimiento constituye una resolución por la que se da por terminado el juicio, esto es, tiene los mismos efectos que la sentencia, se trata de una forma diversa de terminar el juicio, que atiende a la aparición de alguna causa surgida en el curso del procedimiento, mientras que la sentencia se emite al finalizar el procedimiento.

"En ese tenor, asiste razón al que pide amparo cuando refiere que el artículo 1126 del Código de Comercio, no le concede al ad quem facultad para que a su vez otorgue al actor un término extraordinario de diez días para que subsane las deficiencias del documento con el que pretendió acreditar su calidad de apoderado de la empresa actora, ahora tercera perjudicada. Ello es así, porque la sentencia es la resolución que pone fin a un juicio, por lo que resultaría improcedente que se le concediera al actor un término para que subsanara las irregularidades mencionadas, precisamente porque con la sentencia de segundo grado se da por terminada la instancia.

"Por tanto, si el ad quem ya se pronunció sobre la personalidad del actor, esto es, resolvió ese aspecto de la controversia, en el sentido de que el documento exhibido por ... no era apto para acreditar que fueran apoderados legales de la empresa denominada ... tal determinación deberá quedar firme, en tanto que con ella se concluyó la instancia y no fue atacada por alguna de las partes contendientes, sin que sea dable otorgar plazo alguno para que se subsane alguna omisión que pudiera contener la escritura pública con la que se pretendió acreditar la personalidad de la actora.

"A mayor abundamiento, debe decirse, que conforme al artículo 1328 del Código de Comercio, los Jueces y los tribunales no podrán aplazar o dilatar, bajo ningún pretexto, la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, por lo que atendiendo a esta disposición legal, la responsable sólo debió dilucidar la cuestión de la personalidad y prescindir de otorgar el plazo referido, dando oportunidad a que los actores subsanaran la omisión aludida, y en su caso, que el a quo se pronunciara de nueva cuenta respecto a la personalidad, decisión que no está apegada a derecho, precisamente porque el ad quem debió limitarse a resolver la cuestión que se le puso a consideración y abstenerse de otorgar plazos al actor y facultades al a quo.

"Además, la decisión de la Sala en otorgar facultades al de primer grado para que de nueva cuenta se pronunciara sobre el aspecto de la falta de personalidad, implicaría un reenvío, siendo que ésta que no está permitida en los asuntos mercantiles, porque conforme al artículo 1336 del código mercantil, el ad quem asume plena jurisdicción para resolver el recurso de apelación, en tanto que tiene la facultad de confirmar, reformar o revocar las resoluciones apeladas.

"De ese modo, es de concluir que si el artículo 1126 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establece sustancialmente que cuando se declare fundada la excepción de falta de personalidad del actor o la objeción del representante de la demandada si fuere subsanable, se concederá un plazo no mayor de diez días para que se enmiende la irregularidad, de no hacerse así, se continuará el juicio en rebeldía o se sobreseerá en los autos, según se trate del representante de la demandada o de la actora, respectivamente. Entonces, si la falta de personalidad del actor constituye una excepción, aquel plazo solamente puede concederse cuando la irregularidad se advierta durante la secuela procesal, pero no en el dictado de la sentencia con que concluya el juicio, de ahí que no resulte jurídico que el tribunal de alzada, al resolver la apelación, considere que tal término debió concederse al dictar la sentencia de primera instancia, pues por una parte implicaría un reenvío en el asunto cuando ello no está autorizado por la ley y, por otra se dilataría indebidamente la tramitación de los juicios, en transgresión al artículo 1038 del Código de Comercio.

"...

"Atento a lo anterior, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que reiterando las cuestiones que no fueron modificadas, prescinda del argumento relativo a que debía concederse a la actora un plazo de diez días para el efecto de que subsanara las irregularidades del documento con el que se pretendió acreditar que quienes suscribieron la demanda de origen eran apoderados legales de la actora."

El criterio anterior dio lugar a la tesis XVI.4o.7 C, cuyo tenor literal es el siguiente:

"PERSONALIDAD. EL PLAZO PARA SUBSANARLA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO DEBE OTORGARSE AL DICTAR SENTENCIA DE APELACIÓN. El artículo 1126 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establece sustancialmente que cuando se declare fundada la excepción de falta de personalidad del actor o la objeción del representante de la demandada si fuere subsanable, se concederá un plazo no mayor de diez días para que se enmiende la irregularidad; de no hacerse así, se continuará el juicio en rebeldía o se sobreseerá en los autos, según se trate del representante de la demandada o de la actora, respectivamente. Así, si la falta de personalidad del actor constituye una excepción, aquel plazo solamente puede concederse cuando la irregularidad se advierta durante la secuela procesal, pero no en el dictado de la sentencia con que concluya el juicio; de ahí que no resulte jurídico que el tribunal de alzada, al resolver la apelación, considere que tal término debió concederse al dictar la sentencia de primera instancia, pues, por una parte, implicaría un reenvío en el asunto cuando ello no está autorizado por la ley y, por otra, se dilataría indebidamente la tramitación de los juicios, en transgresión al artículo 1038 del Código de Comercio."(1)

II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

A. Al resolver el amparo directo 430/2005, dicho Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. Una persona moral demandó a otra en la vía mercantil. En la sentencia de primera instancia, el Juez consideró que el apoderado legal de la demandada no había acreditado su representación. El Juez consideró que el documento de personalidad carecía de las transcripciones que establecía el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque no precisaba el objeto de la sociedad y el importe del capital social.

2. En contra de esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación. En sus agravios, la recurrente señaló que el inferior debió concederle el plazo de diez días a que se refiere el artículo 1126 del Código de Comercio, pero la Sala de apelación consideró que ese agravio era infundado.

3. En contra de esa decisión, la parte demandada solicitó el amparo. El Tribunal Colegiado consideró al respecto lo siguiente:

"En cambio, asiste razón al abogado de la persona jurídica quejosa en cuanto afirma que la Sala responsable le privó del derecho previsto en el numeral 1126 de la ley mercantil, para subsanar la deficiencia del poder exhibido.

"En efecto, el numeral invocado señala: ‘1126. En la excepción de falta de personalidad del actor, o en la objeción que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para que se subsane. ...’

"De lo que se sigue que, aun cuando es verdad lo expuesto por el ad quem con relación a que el precepto transcrito sólo se refiere al caso en que el Juez estime fundadas las deficiencias que alguna de las partes le atribuya al documento con el que la contraria hubiera pretendido justificar su personalidad; sin embargo, para la debida interpretación del numeral en cita debe tomarse en cuenta la finalidad del mismo, la cual se deduce de la exposición de motivos del Código de Comercio actualmente en vigor que, a su vez, remite a la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que aparece publicada en el decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y en lo que se refiere al Código de Comercio, dice: ‘Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio.’

"En tanto que la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo concerniente a la personalidad, expone: ‘Respecto a las irregularidades que se presenten en la personalidad de alguna de las partes, se prevé la posibilidad (sic) que el Juez dé un término para subsanarlas, de ser ello posible, lo que evita que por una cuestión de forma, el juzgador no entre a la solución de fondo de la controversia.

"En este orden de ideas, si se toma en cuenta la finalidad del aludido precepto 1126 de la ley mercantil, es dable colegir que la omisión de incluir el supuesto atinente a la advertencia en forma oficiosa de alguna irregularidad del documento con el que una de las partes pretendió demostrar su personalidad, como motivo para dar oportunidad a su subsanación, no fue intencional, sino que en realidad se trata de una laguna existente en la ley, puesto que al tener por objeto el mencionado artículo evitar que el juzgador no analice el fondo del asunto por impedírselo una cuestión de forma como la precisada, se concluye que, con independencia de que la irregularidad en el documento con el que se pretendió justificar la personalidad se haga valer por la parte contraria o se advierta en forma oficiosa, debe darse oportunidad al interesado para que la subsane, cuando esto sea posible, en atención al principio general de derecho que dice que ‘en donde exista la misma razón debe haber la misma conclusión’.

"Por ende, de la interpretación teleológica del numeral 1126 de la ley en consulta se infiere que a pesar de que en el caso a estudio haya sido el Juez quien advirtió en forma oficiosa la deficiencia del poder con el que el supranombrado (actor) intentó demostrar sus facultades de representación del organismo público descentralizado actor, se insiste en que, atendiendo a la finalidad que persigue el artículo en cuestión, la Sala responsable debió ordenar reponer el procedimiento para el único efecto de que se otorgue el término previsto en el precepto legal invocado, a fin de que la persona jurídica actora subsane la deficiencia del mencionado documento, por tratarse de omisiones susceptibles de ser reparadas, las cuales no se habían advertido antes del dictado de la sentencia de primer grado.

"Cabe mencionar que igual criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 430/2005, promovido por Big Produce, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"En consecuencia, ante la evidente violación al derecho común, con la consiguiente trasgresión a la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, lo procedente es otorgar la protección de la Justicia de la Unión para que la Sala responsable realice lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada;

"2. Dicte otra en la que reitere las consideraciones que este tribunal no estimó ilegales;

"3. Con base en los lineamientos expuestos en la última parte de este considerando, considere fundado el agravio relativo a la privación del derecho de la apelante para subsanar las omisiones advertidas por el a quo respecto del poder con el que (el actor) pretendió demostrar su personería; y,

"4. Hecho lo anterior, ordene regularizar el procedimiento para el solo efecto de que se conceda el término previsto en el numeral 1126 a la parte quejosa, a fin de que subsane las irregularidades del citado documento, con el apercibimiento previsto en el propio numeral.

"VI. Finalmente, en virtud de que este órgano jurisdiccional advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostuvo un criterio opuesto al aquí sustentado con relación a la interpretación del artículo 1126 del Código de Comercio, se hace necesario denunciar la contradicción en cita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo previsto en el numeral 197 A (sic) de la Ley de Amparo.

"El criterio contradictorio reseñado aparece publicado en la página 1412 del Tomo XV, correspondiente al mes de marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el sumario que dice: ‘PERSONALIDAD. EL PLAZO PARA SUBSANARLA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO DEBE OTORGARSE AL DICTAR SENTENCIA DE APELACIÓN. El artículo 1126 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establece sustancialmente que cuando se declare fundada la excepción de falta de personalidad del actor o la objeción del representante de la demandada si fuere subsanable, se concederá un plazo no mayor de diez días para que se enmiende la irregularidad; de no hacerse así, se continuará el juicio en rebeldía o se sobreseerá en los autos, según se trate del representante de la demandada o de la actora, respectivamente. Así, si la falta de personalidad del actor constituye una excepción, aquel plazo solamente puede concederse cuando la irregularidad se advierta durante la secuela procesal, pero no en el dictado de la sentencia con que concluya el juicio; de ahí que no resulte jurídico que el tribunal de alzada, al resolver la apelación, considere que tal término debió concederse al dictar la sentencia de primera instancia, pues, por una parte, implicaría un reenvío en el asunto cuando ello no está autorizado por la ley y, por otra, se dilataría indebidamente la tramitación de los juicios, en transgresión al artículo 1038 del Código de Comercio.’."

B. Al resolver el amparo directo 259/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:

1. Al dictar sentencia, un Juez de primera instancia consideró que el apoderado de la parte actora carecía de representación, porque no se había demostrado que quien le confirió el poder contara con facultades para ello y que tampoco se demostraba que quien le había otorgado el poder a esa persona contara con facultades para delegar.

2. Contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada consideró que la parte actora no había acreditado su legal representación y que no debía concedérsele el término de diez días a que se refería el artículo 1126 del Código de Comercio, con el objeto de subsanar las irregularidades para acreditar la personalidad, porque la resolución de falta de personalidad se había dado en la sentencia de primera instancia.

3. En contra de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo y el Tribunal Colegiado resolvió utilizando esencialmente los mismos razonamientos transcritos.

CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(3)

De la confrontación de las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes se advierte que sí se dan los elementos para la existencia de la contradicción denunciada, en virtud de que los contendientes analizaron los mismos elementos sobre una misma cuestión jurídica, pero resolvieron de manera diversa.

En efecto, ambos tribunales analizaron asuntos en los cuales hubo un error en el acreditamiento de la legitimación procesal del representante de una de las partes. En todos los casos se decretó de oficio de la falta de personalidad.

En este sentido, uno de los tribunales analizó un asunto en que la falta de personalidad se decretó oficiosamente en la segunda instancia, mientras que el otro hizo el estudio de asuntos en que se resolvió la falta de personalidad en la sentencia definitiva; sin embargo, esa diferencia no impide que se dé la contradicción de criterios, pues no impacta sobre la cuestión jurídica que resolvieron los tribunales, consistente, en primer lugar, en determinar si puede aplicarse el plazo de diez días a que se refiere el artículo 1126 del Código de Comercio, a los casos en que la falta de personalidad se decreta de oficio (ya sea en primera o en segunda instancia).

Así, en todos los casos se estudiaron asuntos en los cuales la discusión versaba sobre si el artículo 1126 del Código de Comercio, era aplicable a esos casos o si, por el contrario, dicho artículo sólo era aplicable cuando alguna de las partes hacía valer la falta de personalidad de su contraria. Además, en todos los casos se analizó la posibilidad de que en la sentencia de alzada se ordenara al Juez que otorgara el plazo de diez días a que se refiere el artículo mencionado para que se subsanaran los errores en el acreditamiento de la representación para comparecer al juicio.

Así, se advierte que respecto de lo resuelto por los tribunales existe una doble contradicción:

1. En principio, existe una discusión sustantiva sobre la interpretación del artículo 1126 del Código de Comercio, para determinar si esa norma puede aplicarse cuando se advierte de oficio la falta de personalidad de alguna de las partes, es decir, si puede dictarse sentencia sobreseyendo o declarando la rebeldía sin que se hubiera otorgado el plazo de diez días que establece ese artículo. Al respecto, ambos tribunales difieren en tanto que uno de ellos señala que no debe otorgarse el plazo porque sólo está diseñado para los casos establecidos en esa norma, mientras que el otro señala lo contrario.

2. En segundo lugar, existe otro problema de carácter adjetivo consistente en la posibilidad de que sea el tribunal de alzada quien ordene el otorgamiento de los diez días cuando se hace valer como agravio en segunda instancia que no se dio ese plazo o cuando se advierte en la alzada oficiosamente la falta de personalidad. Uno de los tribunales ordenó reponer el procedimiento para que el Juez natural otorgara ese plazo, mientras que el otro consideró que no era aplicable la interpretación extensiva precisamente porque no existía reenvió en materia mercantil.

Con lo anterior puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la misma, en principio, puede resumirse a través de la siguiente pregunta: ¿El plazo de diez días que establece el artículo 1126 del Código de Comercio para subsanar las irregularidades en el acreditamiento de la personalidad es aplicable a los casos en que la falta de representación de las partes se advierte de oficio (ya sea en primera o en segunda instancia)? Si la anterior pregunta se responde de manera afirmativa, entonces tendrá que determinarse qué es lo que debe hacerse cuando en la segunda instancia se considera que el Juez natural sí debió otorgar el plazo o cuando advierte la falta de personalidad oficiosamente, es decir, si debe reponerse el procedimiento para que el Juez natural otorgue dicho plazo, o bien, si el tribunal de segunda instancia debe hacerlo, ante la inexistencia del reenvío.

No obsta para la existencia de la contradicción el hecho de que uno de los tribunales haya emitido su criterio resolviendo en una vía que era incorrecta (en el asunto analizado por el Tribunal del Tercer Circuito, el acto reclamado consistió en una sentencia que repuso el procedimiento para el efecto de que se otorgaran a una de las partes los diez días a que se refiere el artículo 1126 del Código de Comercio, de tal forma que aunque no fue una sentencia que pusiera fin al juicio, se analizó en la vía del amparo directo). Esto encuentra fundamento en el hecho de que debe prevalecer la razón de ser de las contradicciones de tesis, consistente en la unificación de los criterios divergentes para evitar la inseguridad jurídica.

Al respecto, no se desconoce la existencia de la tesis XL/99 del Pleno de esta Suprema Corte, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES DERIVEN DE JUICIOS DE AMPARO TRAMITADOS EN VÍA INCORRECTA, NO ES EL CASO DE DEFINIR EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER. Cuando se suscite u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20746-800b0419/falta-de-personalidad-en-materia-mercantil-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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