TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. Por un lado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 208/2003, analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
1. Se celebró un contrato de crédito entre una persona "X" y una institución de crédito, estableciéndose una garantía hipotecaria respecto de ciertos bienes de la persona "X".
2. Posteriormente, la persona "X" celebró contrato de donación con la persona "Y", la cual tenía conocimiento de la existencia de la garantía hipotecaria, porque estaba inscrita en el Registro Público. Dicha donación fue registrada a su vez en el Registro Público de la Propiedad.
3. Después, la institución de crédito demandó a la persona "X" el pago del crédito correspondiente a través de la vía ordinaria mercantil.
4. Una vez terminado ese juicio ordinario mercantil se ordenó el remate de los bienes que se habían garantizado a través de la hipoteca.
5. La persona "Y" interpuso demanda de amparo por violación a su garantía de propiedad, haciendo valer que no se le había dado su derecho de audiencia para defenderse respecto de la privación de su propiedad.
6. El Juez de Distrito negó el amparo a la quejosa, teniendo en cuenta las siguientes razones:
a) Si el donante compareció al litigio como demandado, el donatario (persona "Y") no podía ostentarse como tercero extraño al juicio, puesto que éste era causahabiente de aquél y, por tanto, pasaba por las consecuencias del juicio en que era parte su causante.
b) Existía la causahabiencia entre las personas "X" y "Y", porque al realizarse la donación, el donatario conocía que el bien reportaba gravámenes.
c) No existía la obligación del Juez natural de llamar a juicio al quejoso, porque no se podía ejercer una acción contra persona diversa a la que había contratado, pues no conocía la donación, por lo que no podía considerársele como un tercero extraño al juicio cuando acudía al juicio de amparo el sujeto "Y", porque al adquirir el bien contrajo la obligación de garantizar el adeudo, pues el dominio del inmueble se transfirió con las limitaciones impuestas por el gravamen, entre ellas la sujeción del inmueble a las resultas del juicio en que fue embargado.
7. La persona "Y" interpuso recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios expresados.
"El Juez Sexto de Distrito en el Estado, para negar el amparo y protección federal solicitada, tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
"A) Que si el donante (X), compareció al litigio en calidad de demandado, el quejoso donatario (Y) no puede ostentarse como tercero extraño al procedimiento, puesto que al denotarse una relación jurídica entre dos personas, por medio de la cual una denominada causante, transmite a otra llamada causahabiente, a título universal o particular, un derecho, un bien mueble o inmueble, que se adquiere en las condiciones en que se encuentra (hipotecado), es incontrovertible que la segunda persona debe estar y pasar por las consecuencias del juicio en que es parte su causante.
"B) Que en el caso se actualizó plenamente la causahabiencia del quejoso (Y), respecto del tercero perjudicado (X), ya que la adquisición del inmueble por donación por parte de aquél, previamente a la traslación de la propiedad por medio de la donación, reportaba gravámenes, lo cual fue del pleno conocimiento del donatario, como se señaló con anterioridad; además que dichos gravámenes están inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y el quejoso, en su carácter de causahabiente, es sucesor de los derechos del tercero perjudicado, de quien ha adquirido la propiedad del inmueble.
"C) Que no puede considerarse que existía obligación del Juez natural de llamar a juicio al quejoso, toda vez que el carácter de causahabiente se encontraba sujeto a lo que resultara del juicio ordinario mercantil en que el causante fue demandado, derivado de las obligaciones contraídas por éste, en virtud de que no se puede obligar al acreedor a enderezar una acción contra persona diversa a la que contrató, respecto de la cual ignoraba su existencia en su carácter de donatario, por lo que a éste de ninguna manera puede considerársele como tercero ajeno cuando acude al juicio de amparo, y al haber adquirido a título particular el inmueble hipotecado, contrajo también la obligación de garantizar el adeudo, así como estar al pendiente de la situación jurídica que guardaba, pues el dominio del inmueble se transfirió con las limitaciones impuestas por el gravamen, entre ellas la sujeción del inmueble a las resultas del juicio en que fue embargado, toda vez que el donatario es propiamente, a título particular del donante, contra quien se siguió el juicio mercantil y, por lo tanto, el remate del bien dentro del procedimiento, de ninguna manera transgrede las garantías individuales del quejoso, máxime que su causante (X), dentro del procedimiento de origen, no realizó alegación alguna respecto del cambio de propietario del bien hipotecado, ni a las diversas violaciones que aduce el quejoso ocurrieron en el procedimiento mercantil, debiendo estarse a las resultas del juicio.
"Inconforme con dicho fallo, la parte recurrente expresó como agravios los siguientes:
"1. Que si bien el quejoso adquirió el bien inmueble con la garantía hipotecaria a que hace referencia el a quo, no obstante esa cuestión, de conformidad con lo que dispone el Código Civil del Estado, sólo genera que el adquiriente del inmueble lo hace con el gravamen hipotecario, es decir, la garantía hipotecaria no se extingue en perjuicio del acreedor, pues lo único que ocurre es que la garantía pasa del dominio del deudor original, al adquiriente de ese bien, quien se encuentra legitimado pasivamente, cuando el acreedor pretenda hacer efectiva la garantía, aplicándola al cumplimiento de la obligación garantizada.
"2. Que cuando el inmueble sujeto a gravamen hipotecario sale del patrimonio del deudor original, pasando a favor de un tercero, antes de que se exija el cumplimiento de la obligación y de la propia garantía, ello ocasiona que el acreedor deba demandar a través del juicio hipotecario, del deudor original, el cumplimiento de la obligación principal, y del tercero adquirente, la ejecución y realización de la garantía hipotecaria, para que sea aplicada al cumplimiento de la obligación; más aún cuando como en el caso, la traslación de dominio aparece inscrita en el Registro Público de la Propiedad antes de que se iniciara el juicio donde se exige el cumplimiento de la obligación.
"3. Que la hipoteca es un accesorio de la obligación principal garantizada y, por ende, el bien hipotecado puede ser trasmitido en propiedad a un tercero, ya que aquella no impide que el bien se enajene, sólo que al darse la traslación de dominio, se da con todo y el gravamen hipotecado y el tercero así adquiere el inmueble.
"4. Que lo anterior no implica que en el supuesto de que el acreedor hipotecario exija el cumplimiento de la obligación, no se deba llamar a juicio al actual propietario y poseedor del bien hipotecado, más aún cuando la traslación de dominio quedó inscrita ante el Registro Público de la Propiedad con anterioridad a la época en que el acreedor hipotecario exigiera el cumplimiento de la obligación, puesto que ello provocaría que al tercero adquiriente del bien, se le privara del mismo sin respetársele la garantía de audiencia que le otorga el artículo 14 constitucional.
"5. Que se deben distinguir dos tipos de causahabiencia: a) la que opera cuando un tercero adquiere un bien inmueble con garantía hipotecaria, se hace con el conocimiento de que ese bien responde de la obligación que garantiza la hipoteca, y que eventualmente se le puede exigir la ejecución o cumplimiento de la garantía, para lo cual deberá ser demandado en el juicio respectivo; y, b) causahabiencia procesal, que se da cuando un tercero adquiere un bien embargado o hipotecado, pero cuando el juicio donde se exige el cumplimiento de la obligación, ya está iniciado, en ese caso, no es necesario que se llame al procedimiento, debido a que será oído y vencido por medio de su causante.
"6. Que si el actor en el juicio natural tenía conocimiento de que el deudor enajenó el inmueble sujeto a garantía hipotecaria, la cual surtió efectos en su contra desde la fecha de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad (24 de abril de 1997), al exigir el cumplimiento de la obligación, debió demandar del actual poseedor y propietario del bien hipotecado, precisamente la ejecución de la garantía, lo cual no se hizo, ya que el juicio natural sólo se enderezó en contra del deudor principal y no en contra del propietario del bien dado en garantía hipotecaria.
"7. Que contrariamente a lo que sostiene el a quo, en el caso no se está en presencia de la figura de la causahabiencia, pues ello sólo ocurre cuando se transmite la propiedad de un bien hipotecado y también se transmite la garantía hipotecaria juntamente con el mencionado bien, pero no se trata de una causahabiencia procesal, ya que no existe juicio promovido a la fecha de la enajenación. Luego, si el juicio se promueve después de que la citada traslación de dominio quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad, es claro que la acción debió intentarse en contra del actual propietario del inmueble, conforme al principio de publicidad del registro y sus efectos contra terceros, y que al ejercitarse la acción por la institución acreedora con posterioridad a la inscripción de la traslación de dominio, la actora estaba obligada a llamar a juicio a dicha persona, como legítima propietaria del fundo gravado, conforme a lo previsto por el artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, el cual establece que la acción real hipotecaria debe promoverse en contra de quien detente la posesión a título de dueño de la finca gravada.
"8. Que además, en el caso, no se siguió el juicio especial hipotecario para hacer efectiva la garantía, sino que se intentó un juicio ordinario mercantil, mediante el cual no pueden hacerse efectivas las garantías hipotecarias, sino que es necesario el embargo de bienes del deudor para poder hacer efectivos los créditos mediante el trance y remate de los bienes propiedad del deudor.
"9. Que, por otra parte, el artículo 2810 del Código Civil, establece que la hipoteca, al garantizar un crédito de la naturaleza que se exige en el juicio principal, debe constar en escritura pública, lo cual no aconteció en la especie, por tanto, no es exigible, y si bien se puede solicitar el cumplimiento de la forma, en el caso hay impedimento, ya que el bien salió del patrimonio del deudor ingresando al patrimonio del quejoso.
"10. Que, además, en los juicios mercantiles no pueden hacerse efectivas las garantías hipotecarias constituidas sobre inmuebles, lo cual quedó debidamente dilucidado al resolverse la contradicción de tesis número 58/96, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro: ‘JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO.’, de la que se infiere que no existe en materia mercantil un procedimiento hipotecario ni algún otro encaminado a hacer efectivas las garantías hipotecarias, motivo por el cual se le permitió a las instituciones de crédito acceder a la vía hipotecaria civil; sin embargo, en el caso, la actora en el juicio natural no intentó la acción hipotecaria, sino que demandó en la vía ordinaria mercantil, dejando a un lado la garantía hipotecaria.
"Son fundados los agravios que expresa el inconforme en cuanto considera que la sentencia impugnada no se ajusta a derecho, por las siguientes causas:
"Primeramente, resulta pertinente señalar que con motivo de la celebración de un contrato de crédito, garantizado con hipoteca, pueden ejercitarse las acciones correspondientes, a través del juicio hipotecario civil, en el que se exige el cumplimiento de la obligación a través de la ejecución de la garantía hipotecaria constituida, y el juicio ordinario mercantil, a través del cual se exige el cumplimiento de la obligación contraída, sin que a través de este juicio se pueda hacer efectiva la garantía hipotecaria, ya que el Código de Comercio no establece procedimiento alguno para hacer efectiva la hipoteca constituida como garantía de cumplimiento de alguna obligación.
"Así, en el caso, el Juez de Distrito negó el amparo solicitado, partiendo de la base de que el quejoso adquirió de su causante, el inmueble dado en garantía hipotecaria, y que al conocer aquél, que sobre dicho bien se había constituido hipoteca que garantizaba un crédito previamente concertado, era claro que tal circunstancia lo convertía en causahabiente, sin que por ello fuere necesario que se hubiere llamado al quejoso al juicio generador del acto reclamado, ya que no podía ser considerado como tercero extraño, pues al tener el carácter de causahabiente, éste se entiende llamado a juicio a través de su causante.
"Lo fundado de los agravios se debe a que si bien el quejoso adquirió el bien inmueble con la garantía hipotecaria a que hace referencia el a quo, no obstante ello, tal cuestión sólo genera que se adquiera la propiedad del inmueble junto con el gravamen hipotecario, y si como en el caso, el inmueble sujeto a gravamen hipotecario salió del patrimonio del deudor original, pasando a favor de un tercero, antes de que se exigiera el cumplimiento de la obligación de su garantía, era necesario que el acreedor demandara en el supuesto de que se intentare una acción hipotecaria, tanto al deudor original por el cumplimiento de la obligación principal, como al tercero adquiriente por la ejecución y realización de la garantía hipotecaria, más aún cuando la traslación de dominio aparecía inscrita en el Registro Público de la Propiedad antes de que se iniciara el juicio generador de la demanda de amparo; sin que en el caso opere la causahabiencia procesal, debido a que el juicio mediante el cual se exigió el cumplimiento de la obligación garantizada con hipoteca, aún no iniciaba, por tanto, resultaba necesario que se llamara al procedimiento al ahora quejoso.
"En las anteriores condiciones, si el a quo, conforme a los razonamientos expuestos y las tesis invocadas, le dio al juicio de garantías el tratamiento como si se tratara de un juicio especial hipotecario, tramitado en la vía civil, a pesar de que se refiere a un juicio ordinario mercantil, luego, en tales condiciones, debió estimar que si el actor en el juicio natural, tenía conocimiento de que el deudor enajenó el inmueble sujeto a garantía hipotecaria, por haberse inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, antes de exigir el cumplimiento de la obligación, ya que la demanda se recibió ante la responsable el trece de junio de dos mil, en tanto que la traslación de dominio se registró ante el Registro Público de la Propiedad el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, entonces, debió demandar del actual poseedor y propietario del bien hipotecado, precisamente la ejecución de la garantía, por así disponerlo el artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el cual prevé:
"‘Artículo 12. Se intentará la acción hipotecaria; para constituir, ampliar o registrar una hipoteca, o bien, para obtener el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de registrada la cédula hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del predio, con este continuará el juicio.’
"Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano colegiado, que la actora dentro del juicio natural no ejercitó la acción especial hipotecaria, es decir, el accionante no demandó el pago o prelación de crédito garantizado con hipoteca, en el cual se haya solicitado la ejecución de la garantía hipotecaria, pues contrariamente a ello, demandó en juicio ordinario mercantil por el pago de una serie de prestaciones derivadas del contrato concertado entre actor y demandado, y para garantizar prestaciones reclamadas, solicitó una providencia cautelar de embargo en bienes propiedad de la demandada, lo anterior, debido a que en un juicio ordinario mercantil no era posible hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida por el demandado; situación esta muy distinta a la considerada por el Juez de Distrito, toda vez que la causahabiencia la analizó desde la perspectiva de la constitución de la hipoteca y el conocimiento de la existencia de ésta por parte del quejoso, desde la fecha en que adquirió la propiedad del bien hipotecado, pasándose por alto que con motivo del juicio intentado, no se ejerció la acción real hipotecaria, luego, menos aún puede considerarse que la quejosa sea causahabiente del demandado en el juicio de origen, pues para que tuviere tal carácter, era necesario que hubiere adquirido el bien objeto de remate, una vez instaurado el juicio generador del acto reclamado.
"Surge al efecto la aplicación de la jurisprudencia VI.2o. J/31, consultable en la página 330 del Tomo II, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente:
"‘CAUSAHABIENTES. El causahabiente del demandado no puede ser considerado como tercero extraño al juicio, puesto que entonces no hay más que una sustitución procesal, y es de estimarse que el quejoso fue causahabiente del demandado, si adquirió de éste cuando ya se había instaurado el juicio, pues en tales condiciones no era otra cosa que sustituto del mismo demandado.’
"Sin que en el caso resulten de observancia obligatoria las tesis que al efecto invocó el Juez de Distrito, ya que las mismas no constituyen jurisprudencias, pues sólo refieren a criterios aislados que este tribunal no comparte; lo anterior sumado a que dos de ellas refieren a la causahabiencia que se deriva respecto de bienes adquiridos y respecto de los cuales reporta una hipoteca, y en las que se señala que el causahabiente está sujeto a las resultas del juicio, entendiéndose éste como juicio hipotecario, por ser en el que se puede hacer efectiva la citada garantía, luego, si en juicio del cual emana el acto reclamado refiere a un procedimiento ordinario mercantil, es claro que las tesis invocadas resultan inaplicables.
"En las anteriores condiciones, y al advertirse que el quejoso no fue oído ni vencido en el juicio generador del acto reclamado, a pesar de que el bien sujeto a remate resulta ser de su propiedad, que con tal actitud se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Carta Magna, por tal motivo, se concede al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que dentro del juicio ordinario mercantil 432/2000, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, le sea respetada su garantía de audiencia."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis XVII.4o.9 C, la cual señala:
"CAUSAHABIENCIA. NO OPERA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CUYO CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN FUE GARANTIZADO CON HIPOTECA, AUN CUANDO EL ADQUIRENTE DEL BIEN CONOCIERA EL GRAVAMEN ANTES DE ENTABLARSE LA DEMANDA. Si bien existen criterios aislados de distintos tribunales que sostienen que existe causahabiencia cuando se adquieren bienes que reportan hipoteca, y que el nuevo adquirente queda sujeto a las resultas del juicio que surja para hacer efectiva la garantía hipotecaria, entendiéndose como tal el juicio hipotecario; no obstante, si el juicio generador del acto reclamado refiere a un procedimiento ordinario mercantil, el cual no tiene como finalidad hacer efectiva la citada garantía, es claro que no se está en el supuesto de causahabiencia a que aluden los criterios mencionados en primer término, pues para ello hubiere sido necesario el ejercicio de la acción real hipotecaria."(1)
II. Por otro lado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión 131/2006, analizó un asunto con las siguientes características:
1. Se celebró un contrato de crédito entre una persona "X" y una institución de crédito, estableciéndose una garantía hipotecaria respecto de ciertos bienes de la persona "X".
2. Posteriormente, la persona "X" celebró contrato de compraventa con la persona "Y", la cual tenía conocimiento de la existencia del gravamen hipotecario que pesaba sobre esos bienes. Dicha compraventa no fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, aunque se celebró a través de un contrato privado cuyas firmas fueron certificadas ante notario público.
3. Después, la institución de crédito demanda a la persona "X" el pago del crédito correspondiente a través de la vía ordinaria mercantil.
4. Una vez terminado ese juicio ordinario mercantil se ordenó el remate de los bienes que se habían garantizado.
5. La persona "Y" interpuso demanda de amparo por violación a su garantía de propiedad.
6. El Juez de Distrito concedió el amparo a la quejosa, pues consideró que se afectaba su derecho de propiedad y, por tanto, tenía que haber sido llamado al juicio para ser oído y vencido. El Juez consideró que el sujeto "Y" debía considerarse como un tercero extraño al juicio y que, por ello, tenía que llamársele a juicio.
7. Contra lo anterior, la institución de crédito interpuso recurso de revisión, en el cual el Tribunal Colegiado correspondiente consideró lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Es sustancialmente fundado el agravio que se analizará ... La recurrente sostiene que el bien inmueble que defiende el quejoso le fue vendido con conocimiento de que está hipotecado a favor de la recurrente; que en el contrato de compraventa se señaló que el valor de la operación se liquidaría en veinticuatro mensualidades y, posteriormente, se efectuaría la escrituración, lo cual no se ha realizado, porque (X) tiene hasta la fecha el adeudo con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito y dicho bien tiene un gravamen.
"Ahora bien, el contrato de compraventa que fue exhibido en copia certificada por el quejoso al juicio de amparo, en lo conducente, dice: (se transcribe).
"El artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito aplicable supletoriamente en términos del numeral 5o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito al juicio natural, dado que éste inició el cuatro de octubre de dos mil uno, establece: ‘Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución’.
"Del contrato y numeral transcrito se desprende que el promovente del amparo desde la fecha en que celebró la compraventa tenía conocimiento de la garantía real constituida sobre el inmueble materia de la litis constitucional, puesto que el crédito de habilitación y avío e hipotecario industrial se celebró el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres, mientras que la compraventa tuvo verificativo el seis de enero de dos mil, donde el vendedor ahora tercero perjudicado en el antecedente tercero hizo del conocimiento al comprador que el inmueble se encontraba hipotecado; ahora bien, el citado numeral 72, establece que cuando el crédito tenga garantía real, como sucede en el caso, el acreedor puede ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario o en el que corresponda, conservando la garantía real y su preferencia. Luego, no es de estimarse que por el hecho de que el recurrente hubiese elegido la vía mercantil ordinaria pierda la posibilidad de hacer efectiva la garantía hipotecaria, puesto de considerar lo anterior sería tanto como afirmar que por cuestiones meramente procesales no puede hacerse efectiva la hipoteca, siendo que dicha garantía real es un derecho sustantivo y que sin importar la clase de juicio que se intente el acreedor conserva la hipoteca y su preferencia.
"En ese sentido, debido a que el impetrante conocía el indicado gravamen desde la fecha en que adquirió los inmuebles correspondientes, lo cual fue previo a instaurar la demanda natural, es de estimarse que es causahabiente de su vendedor, quien fue emplazado al juicio natural el veinticuatro de mayo de dos mil dos, por tanto, no puede considerarse que el aludido quejoso tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, por ser causahabiente de su vendedor, el que sí tuvo pleno conocimiento del juicio mercantil instaurado en su contra, tan es así, que compareció a contestar la demanda mediante ocurso presentado el seis de junio del mismo año.
"Para definir qué se entiende por causahabiencia, así como las consecuencias de la misma, resulta pertinente transcribir parte de la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y nueve del Tomo XVII, abril de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.’, que dice: ‘... Por otra parte, es menester precisar la figura jurídica de la causahabiencia y sus consecuencias. La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes. Existen dos especies de causahabientes: a) a título universal, y b) a título particular. La primera se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo en la sucesión testamentaria o intestamentaria existe una causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí misma tiene carácter universal por comprender la masa del patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Con el término causahabiente se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. En efecto, como deriva de los precedentes materia de la presente contradicción, existió causahabiencia, porque con anterioridad a la transmisión de derechos reales como fueron los alegados, el adquirente de ellos en la relación jurídica original (causante) fue demandado y afectado en un juicio en el que se discutieron tales derechos, por lo que el adquirente o cesionario (causahabiente) recibió el bien en las condiciones ya decididas en aquel juicio, adquiriendo en realidad derechos litigiosos. Entonces, el quejoso al tener el carácter de causahabiente de aquellos derechos reales controvertidos en el procedimiento por él reclamado en el juicio de amparo, excluye que pueda ser tenido como tercero extraño al precitado juicio en el que fue llamado o intervino como parte su causante ...’
"Efectivamente, la figura jurídica de la causahabiencia se da en todos aquellos actos jurídicos que tienen por objeto la transmisión de un derecho, y en virtud de ello, se establece la relación de causalidad entre el derecho de aquel que lo transmite -causante-, con el derecho que recibe el adquiriente -causahabiente-; por lo cual, el valor del derecho de este último estará vinculado con el derecho del primero; esto es, según la definición contenida en la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo II, prime
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20200-99b46848/tercero-extrano-en-un-juicio-ordinario-mercantil-seguido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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