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LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA SU NULIDAD PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS T
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 269.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió la ejecutoria relativa a la RC. 9/2007-13, en el que se sostuvo el criterio que se dice en contradicción con el que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir la parte conducente de las consideraciones y argumentaciones de las ejecutorias, en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus respectivos criterios.

CUARTO. Los antecedentes y las consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la revisión civil 116/2006, son las siguientes:

1. Mediante escrito presentado ante el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Fletes Avella, S.A. de C.V., promovió incidente de nulidad de laudo arbitral.

2. Dicha incidencia fue admitida a trámite el catorce de marzo de dos mil cinco, corriéndose traslado al demandado Penske Truck Arrendadora de México, S.A. de C.V. y por auto de tres de noviembre de dos mil cinco, se tuvo por presentada a la actora y se abrió una dilación probatoria por el término común de diez días para ofrecer y admitir pruebas.

3. Inconforme con la anterior resolución, el demandados Penske Truck Arrendadora de México, S.A. de C.V., interpusieron recurso de revocación y seguidos los trámites se resolvió el dos de diciembre de dos mil cinco, en el sentido de que dicha dilación era para admitir pruebas y preparar en su caso las mismas y se deben presentar en el escrito inicial de demanda.

4. Como consecuencia de lo anterior se proveyó lo relativo a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes; y por lo que hace a la parte actora, se le desecharon las pruebas que ofreció en su escrito de demanda.

5. En contra de la anterior determinación, se reclamó en juicio de amparo como violación procesal que influyó en el resultado del incidente de nulidad de laudo arbitral.

6. Seguidos los trámites legales, en sesión de cuatro de enero de dos mil seis, se dictó sentencia, que resolvió absolver al codemandado de las prestaciones que le fueron reclamadas en el juicio, quedando obligada la parte actora al laudo arbitral cuya nulidad se reclama.

7. Luego en proveídos de nueve y once, ambos de enero de dos mil seis, se aclaró la resolución anterior en el sentido de que se trata de una sentencia dictada en un incidente de laudo arbitral.

Así pues, el acto reclamado consiste en la resolución de fecha cuatro de enero de dos mil seis, año en curso, aclarada en autos del nueve y doce de enero del mismo año, dictada en el incidente de nulidad de laudo arbitral tramitado ante el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, en el expediente número 179/2005.

El Tribunal Colegiado en su ejecutoria sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. En atención al sentido que regirá a la presente ejecutoria se estima innecesario el análisis tanto de la resolución recurrida, como de los agravios vertidos en el escrito de revisión. Ello en razón de que este Tribunal Colegiado oficiosamente advierte que en la especie el acto reclamado destacado que consiste en la resolución de fecha cuatro de enero del año en curso, aclarada en autos del nueve y doce de enero del mismo año, dictada en el incidente de nulidad de laudo arbitral tramitado ante el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, en el expediente número 179/2005, debe considerarse como una resolución definitiva que puso fin al juicio, ello no obstante que se denominó como resolución interlocutoria y que el procedimiento se le denomina como incidente de nulidad de laudo arbitral. Para dar sustento al anterior aserto cabe considerar que la competencia para conocer del juicio de amparo directo se encuentra establecida de manera primordial en el artículo 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 158 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, el artículo 107, fracciones V inciso c) y VI, de la Constitución General de la República, dispone: (se transcribe). Por su parte, el artículo 158 antes invocado, establece textualmente: (se transcribe). El artículo 44 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: (se transcribe). A su vez, el artículo 46 en cita dispone lo siguiente: (se transcribe). Del contenido de los preceptos antes transcritos se advierte de manera clara, los casos en que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, que se dan cuando los actos reclamados son: a) una sentencia definitiva, o b) una resolución que ponga fin al juicio. Así, por sentencia definitiva debe entenderse para los efectos del amparo directo, que es aquella que decide el juicio en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada; y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno. Esas dos son las resoluciones con que puede terminar un juicio. Es aplicable la jurisprudencia 489, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 324, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: ‘SENTENCIA DEFINITIVA.’ (se transcribe). También es aplicable la tesis publicada en la página 466, Tomo IV, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, que establece: ‘RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En la especie se estima el acto reclamado efectivamente constituye resolución que pone fin al juicio, toda vez que si bien es cierto que el trámite para la nulidad del laudo arbitral se denomina incidente, también lo es que tanto material como formalmente, tiene la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el artículo 1460 del Código de Comercio, establezca que se tramitara en forma incidental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues tal cuestión sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, en el caso el procedimiento de nulidad decide de manera sustantiva la subsistencia o nulidad del laudo arbitral, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia, además de que cuenta con todas las etapas que integran un juicio como lo es la presentación de la solicitud de nulidad del laudo, emplazamiento o vista a los demandados, contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas y resolución. También es oportuno destacar que si bien el artículo 1460 del Código de Comercio señala la tramitación del procedimiento de nulidad de laudo arbitral a través de un procedimiento en forma incidental, empero, ello no conduce a sostener que su naturaleza sea de incidente, toda vez que tal mención se refiere exclusivamente a la forma procesal que sigue la tercería, la cual se asemeja procesalmente al incidente, pero eso no significa, se insiste, que sustancialmente sea un incidente. Por el contrario, del objetivo primordial de dicho procedimiento es posible concluir que el procedimiento en cuestión, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio, y no de incidente, cuya naturaleza los destina a resolver exclusivamente cuestiones de carácter adjetivo derivadas directamente del juicio principal, lo que no ocurre en la especie, toda vez que, como ya se dijo, el procedimiento de nulidad se ocupa de resolver la subsistencia o nulidad del laudo arbitral, esto es, su naturaleza y fines son propios del juicio. Para dar sustento a lo anterior cabe considerar que la doctrina procesal recogida en el Diccionario Jurídico Temático, elaborado por el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y publicado por la Editorial Oxford University Press, segunda edición, página 140, define el incidente de la siguiente manera: (se transcribe). ‘Incidente (Del latín incidere, que significa sobrevivir, interrumpir, producirse). Procedimiento que tiende a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal. El incidente (al que también se le identifica con la palabra artículo) puede aplicarse a todas las excepciones, contestaciones, acontecimientos accesorios que se originan en un negocio e interrumpen o alteran o suspenden un curso ordinario. Son incidentes de un juicio, entre otros: • El nombramiento de un nuevo procurador. • La recusación de un Juez u otro funcionario de la administración de justicia. • La acumulación de autos. • La oposición de la prueba perdida. • La reclamación de nulidad de una o varias actuaciones. • La reposición de una providencia o auto. • La petición de término extraordinario de prueba. • La declinatoria de jurisdicción. • La alegación y prueba de tachas. • La liquidación de sentencias. • Los gastos y costas del juicio. • Gastos de administración de síndicos. • Rendición de cuentas de albacea; etcétera. La formulación de un incidente puede paralizar o no el juicio en lo principal. En el primer caso se trata de incidentes de previo y especial pronunciamiento, los cuales impiden que siga su curso el juicio mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los que el proceso no puede ser válido, y han de resolverse mediante una sentencia que únicamente a ellos concierna y no por la definitiva en la que se deciden las cuestiones litigiosas. En los incidentes que no tienen ese carácter se verifica ese trámite, pero la resolución se deja para la sentencia definitiva que debe estudiar y resolver los problemas incidentalmente planteados. Si se trata de incidentes de ejecución de sentencia, la interlocutoria debe pronunciarse al final del trámite. En los juicios que se siguen ante los Jueces de Paz, las cuestiones incidentales se resuelven en la sentencia definitiva, de plano sin formar artículo. En los procesos de carácter familiar, los incidentes que se promuevan no suspenden el procedimiento aunque se respete el trámite de un escrito de cada parte la posibilidad de pruebas y audiencia de desahogo, en la que oirán alegatos y se dicte sentencia. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las resoluciones incidentales no surten efecto alguno no más que en el juicio en que hayan sido dictados.’. Con la anterior transcripción se confirma la circunstancia de que los incidentes tienen por objeto resolver controversias de carácter adjetivo que tienen relación inmediata y directa con el asunto principal, cuestiones jurídico-procesales que surgen con motivo de la tramitación del juicio pendiente, lo cual evidentemente no acontece respecto del procedimiento de nulidad de laudo arbitral el cual tiene sustantividad propia. Todo lo cual evidencia que el procedimiento de nulidad de laudo arbitral es formalmente un juicio y, por ende, la resolución que lo decide en cuanto al fondo, por tratarse de una sentencia definitiva, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 952, del Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Incluso cabe destacar que no pasa desapercibido para este Tribunal el contenido de la tesis aislada número VI.2o.C.250 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil doscientos cuarenta y dos, del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘LAUDO ARBITRAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN LA VÍA DIRECTA PARA COMBATIR LA RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA DE LA DECLARACIÓN DE LEGAL INCOMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DEL INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA AQUÉL.’ (se transcribe). De dicho criterio aislado cuyo contenido no comparte este tribunal, se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Colegiado en cuestión señaló que si bien es cierto el incidente de nulidad promovido contra el laudo dictado en el procedimiento arbitral instruido ante un corredor público ha de ser resuelto por un tribunal judicial, y su trámite se sujetará a lo previsto por el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece una dilación probatoria y una audiencia de alegatos, dicho incidente no puede considerarse como un verdadero juicio, entendido este último como el procedimiento que tiene por objeto la satisfacción del interés legalmente tutelado a través de una decisión judicial. Conclusión que como ya se adelantó, este Tribunal Colegiado no comparte en términos de las consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente ejecutoria. Además de que también resulta orientadora en relación con el criterio antes sostenido la jurisprudencia número 3a./J. 4/93, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce del Número 63, marzo de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ‘APELACIÓN EXTRAORDINARIA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA INFUNDADA, QUE LA DESECHA O QUE NO LA ADMITE.’ (se transcribe). En esa tesitura y como en la especie quedó evidenciado que el procedimiento de nulidad de laudo arbitral es formalmente un juicio y, por ende, la resolución que lo decide en cuanto al fondo, por tratarse de una sentencia definitiva, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, lo procedente es dejar insubsistente la resolución recurrida y ordenar dar trámite a la demanda de amparo en la vía directa en términos de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Amparo. Por tanto remítase los autos del expediente sujeto a revisión a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, a efecto de que se le designe el número de registro a la demanda como amparo directo y hecho lo cual, la remita de nueva cuenta a este Tribunal Colegiado para su tramitación ..."

Del juicio de revisión civil en comento, surgió la siguiente tesis:

"NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. SU TRÁMITE ES INCIDENTAL PERO LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EL FONDO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE NO ADMITE RECURSO ALGUNO POR LO QUE PROCEDE EN SU CONTRA AMPARO DIRECTO. El artículo 1460 del Código de Comercio remite al incidente previsto en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el trámite de la acción de nulidad de laudo arbitral, pero eso no significa que sustancialmente sea un incidente, toda vez que atendiendo a su objetivo primordial que es resolver respecto de la procedencia o improcedencia de la nulidad del laudo arbitral, es posible concluir que el procedimiento en cuestión, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de un juicio, entendido éste como el procedimiento que tiene por materia una acción principal, con la pretensión de obtener la satisfacción del interés legalmente tutelado a través de una decisión judicial y no es un simple incidente, porque éstos por su naturaleza son accidentes que surgen de un juicio principal, para resolver cuestiones de carácter adjetivo o accesorio, relacionadas directamente con un juicio principal, lo que no ocurre con el procedimiento de nulidad de laudo arbitral que tiene una materia propia y principal. Por tanto dada la naturaleza y fines del procedimiento en cuestión que son propios de un juicio, la resolución que lo decide en cuanto al fondo, constituye una sentencia definitiva, respecto de la cual si no procede recurso alguno en términos de lo dispuesto en la parte final del artículo 1460 del Código de Comercio, es impugnable mediante amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo."

Las anteriores consideraciones fueron compartidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien el dieciséis de mayo de dos mil siete, al resolver la revisión civil 9/2007-13, sustentó los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, obtuvo el título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, teniendo por objeto el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que comprende el recinto portuario.

2. En fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria pública internacional para el concurso API-C-UM-01/95-MAN, respecto de la primera terminal especializada para el manejo de contenedores; prevista en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de 1994.

3. El doce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se declaró ganadora del concurso a Operadora Portuaria de Manzanillo, Sociedad Anónima de Capital Variable (hoy SSA México).

4. El veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, las partes suscribieron contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones; con el objeto de aprovechar y explotar la Terminal I de manera exclusiva.

5. El uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, las partes celebraron un convenio modificatorio en el que convinieron canjear las colindancias del área cedida en el contrato inicial.

6. Mediante escritos de fechas veintisiete de noviembre de dos mil y quince de febrero de dos mil uno, SSA México, solicitó a Administración Portuaria Integral de Manzanillo y a la Coordinación General de Puertos, respectivamente, que se le otorgue la cesión parcial de derechos respecto de las áreas que colindan al sur de la Terminal I, toda vez que no se encuentran comprometidas.

7. Por medio de diversos escritos de fechas veinticinco de julio de dos mil uno y diecinueve de febrero de dos mil dos, SSA México insistió a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que le fuera reconocido su derecho de ampliación, mediante la suscripción de un convenio modificatorio al contrato de cesión, por el cual se le adjudicara el terreno localizado en el lado sur de la primera terminal de contenedores.

8. Por escrito de veintiocho de julio de dos mil tres, Francisco Kassian Díaz, apoderado de SSA México (antes Puertos y Terminales, Sociedad Anónima de Capital Variable), expuso a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la voluntad de su representada de iniciar procedimiento de arbitraje, conforme a lo pactado en la cláusula septuagésima cuarta del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco.

9. En veintisiete de agosto del citado año, la cesionaria opuso las excepciones de incompetencia y conexidad; alegando que el litigio versaba sobre la terminal, terrenos y aguas del puerto, los cuales son considerados del dominio público de la Federación.

10. En dos de abril de dos mil cuatro, SSA México, presentó su demanda, reclamando el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contraídas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, tanto en el concurso como en los documentos integrantes del mismo; así como el cumplimiento del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco. Como consecuencia, la entrega del área ubicada en el lado sur de la terminal de contenedores, con superficie aproximada de 10.05 hectáreas y otras 4.4 hectáreas en el lado norte del mencionado inmueble; además, reclamó el pago de costas.

11. En catorce de mayo de dos mil cuatro, la administración portuaria contestó la demanda en la que opuso las excepciones y defensas consistentes en: falta de legitimación en la causa; falta de cumplimiento de la condición; falta de cumplimiento del plazo; de "plus petición"; expectativa de derecho e inexistencia del contrato. En el mismo escrito desistió de las excepciones de incompetencia y conexidad, opuestas.

12. En once de junio de dos mil cuatro, el tribunal expidió la orden 3, en la que admitió las pruebas que exhibieron los contendientes.

13. El diecinueve de agosto de dos mil cuatro, se desahogó la inspección ocular en el puerto de Manzanillo, ofrecida por la demandada, con la asistencia de los integrantes del tribunal, peritos y testigos de la citada.

14. El quince de septiembre de dos mil cuatro, fue recibido por el tribunal el escrito enviado por la concesionaria, al que agregó copia certificada de las actas de asamblea de su consejo de administración, celebradas los días diecisiete de mayo de dos mil dos, siete de abril y treinta de mayo, ambos de dos mil tres.

15. El tribunal pronunció laudo el veintinueve de abril de dos mil cinco.

16. Inconforme con la decisión, Administración Portuaria Integral de Manzanillo, demandó la nulidad del laudo arbitral, y por razón de turno su conocimiento correspondió al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, expediente número 153/2005-A, mismo que fue resuelto en fecha catorce de julio de dos mil seis, y no declaró procedente la nulidad del laudo arbitral.

El acto reclamado consiste en la sentencia de fecha catorce de julio de dos mil seis, dictada en el incidente de nulidad de laudo arbitral expediente 153/2005.

En sus consideraciones, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO. Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, este Tribunal emprenderá el examen de la competencia legal para conocer y resolver sobre el juicio de garantías materia del presente recurso de revisión, conforme a la facultad conferida por el artículo 94 de la Ley de Amparo. El citado precepto legal establece: ‘Cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, de que debió conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en única instancia conforme al artículo 44, por no haber dado cumplimiento oportunamente el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido de él conforme a lo dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado declarará insubsistente la sentencia recurrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o se avocará al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan.’. De lo anterior se advierte en lo conducente, la facultad que tiene el Tribunal Colegiado de examinar si el juicio de amparo cuya sentencia definitiva se revisa, corresponde o no a la competencia del Juzgado de Distrito o en su defecto, al propio tribunal revisor, para proceder en consecuencia. Al efecto, el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, establece: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.’. Los artículos 44, 46 y 158, de la Ley de Amparo, disponen: ‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.’. ‘Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’. ‘También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’. ‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.’. El artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20665-74b5df9e/laudo-arbitral-contra-la-interlocutoria-que-declara-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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