Corpus
Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20657
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 682/2006, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil seis, realizó las consideraciones que, en lo conducente, a continuación se transcriben:

"SEXTO. El análisis de los conceptos de violación produce el siguiente resultado. Aduce el quejoso que resulta ilegal el pronunciamiento de la alzada, porque para llegar a la determinación de que había operado la caducidad de la instancia omitió el estudio de diversas constancias procesales, entre las que se encuentran las actuaciones efectuadas ante el Juez exhortado, pues el emplazamiento se llevó a cabo mediante exhorto y forman parte del expediente principal, además de que perdió de vista que existen acuerdos dictados por el Juez de primera instancia, con posterioridad al once de enero de dos mil cinco, hasta que se emitió sentencia, lo que refleja que impulsaron el procedimiento y esas actuaciones no fueron impugnadas por el hoy tercero perjudicado, de ahí que las consintió y las mismas causaron estado. Es fundado el anterior motivo de inconformidad. Antes de dar contestación al motivo de disenso, es menester aludir a lo siguiente: Los artículos 1076, inciso a) y 1078 del Código de Comercio, estatuyen:

"‘Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurren las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada.’, y ‘Artículo 1078. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente.’. Ahora bien, la caducidad es una forma de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto periodo en virtud de la inactividad procesal de las partes, por tanto, es una sanción al notorio desinterés de éstas lo que ocasiona que concluya la instancia. El fundamento de la institución de la caducidad de la instancia se apoya principalmente en dos motivos distintos: el primero, relacionado con el principio dispositivo, es de orden subjetivo y se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de los contendientes en continuar y culminar con el proceso; y el segundo, de orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica. Este criterio objetivo tiene también su fundamento en el interés del propio Estado de liberar a sus propios órganos de la necesidad de impulsar procesos y emitir la resolución correspondiente sustituyendo las cargas y obligaciones procesales de las partes, cuando éstas evidentemente abandonan su causa, además, se trata de garantizar una administración de justicia pronta y expedita. Es así, que la caducidad es una figura procesal cuya finalidad es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes. La sanción es para las partes. Tomando en consideración que lo que caduca es la instancia, es menester indicar que instancia, según la definición de Eduardo Pallares ‘tiene dos acepciones, una general con la que se expresa cualquier petición, solicitud o demanda que se hace a la autoridad, y otra especial, que quiere decir el ejercicio de la acción judicial desde la demanda hasta la sentencia definitiva. La primera instancia se lleva a cabo ante el Juez inferior, y la segunda ante el tribunal de apelación.’. Por otro lado, también es indispensable aludir a la preclusión, que es uno de los principios que rigen el proceso civil y está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente. Esta institución tiende a regular el desarrollo de la relación procesal, otorgándole precisión y firmeza para hacer posible la declaración definitiva de los derechos y para garantizar su exacto cumplimiento. En efecto, todo proceso, para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, limita el ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia de que fuera de esos límites tales facultades ya no puedan ejercitarse. La preclusión encuentra su fundamento en los principios de economía procesal y de seguridad jurídica, pues es contrario a los mismos que, por el no ejercicio oportuno de un derecho, o bien, por ya haberse ejercitado el mismo, exista la posibilidad de que éste pueda volver a plantearse. La preclusión, por tanto, trae aparejada la inimpugnabilidad de la situación procesal de que se trate. También es de acotar que tanto la preclusión como la caducidad son formas mediante las cuales los derechos procesales se pierden o extinguen ante la actividad omisiva por parte del interesado. Con base en lo expuesto con antelación, se estima que fue ilegal declarar la caducidad de la instancia, en virtud de que aun cuando dentro del procedimiento se dejó de actuar por más de ciento veinte días, pues de las actuaciones que conforman el exhorto 92/2004, que bajo ese número radicó el Juez Segundo Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, se observa que el exhorto fue radicado y se ordenó su diligenciación el catorce de mayo de dos mil cuatro, asimismo, el treinta de noviembre de esa anualidad, la autoridad exhortada devolvió sin diligenciar el citado medio de comunicación, lo que evidencia que entre el catorce de mayo de dos mil cuatro (fecha en que se radicó el exhorto) y el treinta de noviembre de dos mil cuatro (fecha en que se devolvió sin diligenciar), transcurrieron ciento veintisiete días hábiles. Sin embargo, no debe soslayarse que en el asunto que nos ocupa, después de haber transcurrido más de ciento veinte días hábiles, el juzgado de origen siguió actuando a petición de la parte actora, quien solicitó se declarara la rebeldía en que había incurrido su contraparte; se abriera el juicio a prueba; se declarara la confesión ficta del enjuiciado; se señalara plazo para formular alegatos y se citara para sentencia. Aspectos que reflejan que el procedimiento siguió impulsándose a petición del enjuiciante, que el hoy tercero perjudicado omitió solicitar se efectuara pronunciamiento en torno a la caducidad de la instancia, por tanto, consintió las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad al treinta de noviembre de dos mil cuatro, en consecuencia, precluyó su derecho para impugnar tales actuaciones, pues mediante la figura jurídica de la preclusión una vez extinguida o consumada la oportunidad procesal para efectuar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente; en esa tesitura, la existencia de la caducidad de la instancia que en un momento dado pudo configurarse quedó convalidada, ante el desenvolvimiento del proceso en forma natural hasta el dictado del fallo definitivo, derivado del consentimiento de las partes de continuar con el mismo. En esa medida, si el juzgado de instancia no advirtió de oficio la caducidad de la instancia, lo que ocasionó que se omitiera el pronunciamiento respectivo; ni la parte interesada en la declaración de caducidad la solicitó, no obstante de que estaba facultada para pedirla y oponerse a cualquier acto de impulso procesal realizado por su contraparte, lo que produjo que se dictara sentencia de fondo; es indudable que al resolverse en definitiva el asunto, la caducidad de la instancia originada por la inactividad ocurrida en el periodo del catorce de mayo al treinta de noviembre de dos mil cuatro, quedó convalidada; de ahí que no era factible que el tribunal de apelación declarara la caducidad, atendiendo al principio de preclusión que impide retrotraer el procedimiento ya cumplido y consentido. Por tanto, si el demandado consintió que el procedimiento siguiera su curso, hasta resolverse el fondo del mismo, no es jurídicamente legal que después del dictado del fallo se declare la caducidad de la instancia, cuando esta última (primera instancia) culminó con el dictado de la sentencia en donde se resolvieron los puntos sujetos a debate, lo que de suyo implica que el interés público de la expedición de justicia debe anteponerse al interés particular del hoy tercero perjudicado de que se declare la caducidad ocurrida antes del dictado de la sentencia y en donde no manifestó oposición en relación a los actos que con posterioridad a la inactividad procesal siguieron impulsando el procedimiento. Además, tomando en consideración las particularidades del caso, no existiría razón para declarar la caducidad de la instancia, porque el fundamento de esta institución es sancionar el desinterés de las partes de continuar y culminar el proceso, así como la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales por parte del Estado; empero, como se ha dejado visto, el asunto fue resuelto en cuanto al fondo, sin que el demandado (quien hizo valer ese tema en los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva) manifestara oposición en relación a los actos que siguieron impulsando el procedimiento; por ello, no se está en presencia de un proceso indefinido y, en consecuencia, deja de existir el interés del Estado de liberar a sus propios órganos de seguir con un proceso ante el abandono de la causa, porque nace una nueva situación protegible por el Estado que sería la administración de justicia a los gobernados, que acuden a él para resolver sus conflictos, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, del tenor literal siguiente: ‘PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.’ (se transcribe). De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que este tribunal comparte, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 1147, que dice: ‘CADUCIDAD. DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, RESULTA INOPERANTE DECRETARLA EN LA ALZADA.’ (se transcribe). Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 1076 del Código de Comercio, estatuya que la nulidad opera de pleno derecho, para que con base en ello el tribunal de apelación deje de ponderar las particularidades del asunto sujeto a su potestad y se limite a declarar la extinción de un proceso en donde las partes aceptaron que siguieran su curso hasta resolverse en definitiva; sin sopesar el interés del Estado en evitar que los procesos se prolonguen por falta de interés de las partes o en administrar justicia a los gobernados, así como desconocer la figura jurídica de la preclusión, tópicos a los que se ha aludido en líneas que anteceden, para emitir pronunciamiento en torno a la ilegalidad del acto reclamado. Por los motivos antes expuestos lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria dicte otra en donde parta de la consideración de que no es factible declarar la caducidad de la instancia, pues precluyó el derecho del demandado tanto para impugnar las actuaciones que siguieron impulsando el procedimiento como para solicitar la caducidad, al haberse dictado sentencia de fondo, y hecho lo anterior resuelva con plenitud de jurisdicción conforme a derecho corresponda."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D.136/2006, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil seis, sustentó las consideraciones que, en la parte que interesa, a continuación se reproducen:

"QUINTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación. El quejoso señala que la Sala responsable equivocadamente consideró que precluyó su derecho para solicitar la caducidad de la instancia en vía de agravios al no haberla planteado en el juicio natural, cuando basta atender el contenido del artículo 1076 del Código de Comercio, para concluir que dicha institución procesal opera de pleno derecho -ya sea porque se decrete de oficio o a petición de parte-, tan sólo con la concurrencia de las circunstancias previstas en los incisos a) y b) del precepto citado, sin que en momento alguno se condicione al hecho de que el demandado la haga valer durante el juicio de origen. Tiene razón el quejoso sobre el particular, pues el artículo 1076 del Código de Comercio, claramente establece que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, bien porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: que hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada, y que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Por tanto, la caducidad de la instancia como una sanción a la inactividad de las partes, opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, habida cuenta que se produce y se debe considerar existente aun cuando no haya sido solicitada, dado que se trata de una institución de orden público que ha establecido el legislador en beneficio de la sociedad y no tan sólo para proteger un interés jurídico de los particulares; incluso, las partes no pueden renunciar al derecho de pedirla ni tenerla por no existente, porque no es un derecho renunciable, ya que si así fuere, quedaría nulificada la facultad concedida a los tribunales para decretarla de oficio. En consecuencia, resulta incorrecta la consideración de la Sala responsable en el sentido de que precluyó el derecho del entonces apelante para alegar la caducidad de la instancia en vía de agravios al no haberla planteado en el juicio natural, pues como dicha institución procesal se actualiza automáticamente cuando concurren las circunstancias previstas en el mencionado artículo 1076 del Código de Comercio, válidamente puede plantearse ante el tribunal de alzada en vía de agravios aun cuando no se haya solicitado su declaración en el juicio natural, habida cuenta que es la propia ley y no la voluntad de las partes la que determina la actualización de la caducidad en el procedimiento. Cabe agregar que como la caducidad de la instancia en materia mercantil opera de pleno derecho, no puede ser objeto de convenio entre las partes, habida cuenta que se produce ipso jure aun cuando no exista previa o posterior manifestación de voluntad, es decir, sus efectos ocurren automáticamente por el simple vencimiento del plazo preestablecido en la norma legal, sin que para ello sea indispensable que alguna de las partes la solicite en el curso del procedimiento; asimismo, tampoco podría quedar interrumpido el lapso de ciento veinte días previsto en el inciso a) del artículo 1076 del Código de Comercio, ni será válido decir que hubo conformidad con la inactividad procesal, o que los efectos de la caducidad quedaron nulos, por el simple hecho de que hubiese continuado el juicio a instancia de una o ambas partes, toda vez que ni humana ni jurídicamente es posible interrumpir un término que ya feneció y, además, es la propia ley y no la voluntad de las partes la que determina la actualización de dicha institución procesal. ... Por las anteriores consideraciones, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y atendiendo a los agravios expresados en apelación en relación con lo establecido en la presente ejecutoria, emita una nueva resolución, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del Juez Tercero de lo Civil de esta capital, en virtud de que no se combaten por vicios propios sino como consecuencia del fallo reclamado."

Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis VI.2o.C.500 C, que es del tenor literal siguiente:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. ES INCORRECTO QUE EL TRIBUNAL DE APELACIÓN OMITA ESTUDIARLA, ADUCIENDO QUE EL DERECHO DE LAS PARTES A SOLICITARLA PRECLUYÓ POR NO HABERLA DEDUCIDO ANTE EL JUEZ A QUO. La declaración judicial de que ha operado la caducidad de la instancia en materia mercantil, regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, no puede ser objeto de preclusión, aun cuando se omita solicitar al Juez o tribunal respectivo su decretamiento, ya que dicha institución procesal opera de pleno derecho, tan sólo con la concurrencia de las circunstancias previstas en esa disposición. En tal virtud, el agravio en que se proponga el análisis de la sanción a la inactividad procesal de las partes debe ser atendido por el tribunal de apelación, con independencia absoluta a si durante la sustanciación del juicio se solicitó, habida cuenta de que es la ley y no la voluntad de las partes la que determina su actualización. Por tanto, es incorrecto que el tribunal de segunda instancia, en el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, no atienda el agravio en que se plantea esta cuestión, aduciendo para ello, que el derecho de las partes a solicitarla precluyó por no haberla deducido ante el Juez a quo.

"Amparo directo 136/2006. José Julián Medina Castillo. 27 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Juan Manuel González Cabrera." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis VI.2o.C.500 C, página 1162).

III. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo civil 38/2006, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil seis, en la parte conducente, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. Los anteriores conceptos de violación son infundados. Ahora bien, dado que los conceptos de violación y, en general, la litis del presente juicio de garantías gira en torno al tema de la caducidad en materia mercantil; se considera necesario, previamente a efectuar el estudio de los motivos de queja, realizar un breve bosquejo que nos permita conocer la citada institución tanto a la luz del precepto que la regula en la mencionada materia, como en su aspecto doctrinal. En efecto, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el Código de Comercio sufrió diversas y amplias reformas, una de ellas, en lo que aquí interesa, fue la de instituir en los juicios mercantiles la caducidad de la instancia; institución que, por cierto, fue regulada en su artículo 1076, en los siguientes términos: ‘Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad serán los siguientes: I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los registros públicos correspondientes; II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva; III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas; IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días; V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquellos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros; VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el Juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.’. En primer lugar, antes de proceder al análisis del artículo transcrito, cabe señalar que la caducidad tiene sus orígenes en el derecho romano, donde se instituyó con la finalidad de impedir que los litigios entre particulares se eternizaran por la inacción de sus derechos. Eduardo Pallares, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, páginas 119 y 120, vigésimo tercera edición, Editorial Porrúa, menciona que fue Justiniano quien en el año 1530 estableció el remedio de dicho mal en la Constitución denominada Properándum, pues, agrega Pallares: ‘... el código, Ley 11, del título I, capítulo II, dice: Temeroso de que los procesos se hagan casi eternos, y para que no sobrepasen la vida humana (como ya anteriormente nuestra ley ha fijado para la decisión de los negocios criminales dos años, y como los civiles son más numerosos y frecuentemente dan origen a los primeros), nos ha parecido necesario para apresurar su tramitación, establecer en todo el universo la presente ley que no será restringida en ningún caso y en ningún lugar: 1o. Es por causa de ello por lo que ordenamos que todos los procesos intentados, sea sobre bienes, sea cual fuere su valor, sobre acciones personales, sobre los derechos de las ciudades y de los particulares, sobre la posesión, la servidumbre, etcétera ... se terminen en el espacio de tres años a contar de la litis contestatio ... ’. De acuerdo con lo anterior, el derecho romano estableció, por un lado, la esencia y naturaleza de la caducidad, o sea, la instituyó como una figura extintiva del proceso cuando las partes no promovieran en él después de transcurrido cierto lapso de tiempo, características que acepta la doctrina generalizada, pues la considera como la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes, lo que, dicho sea de paso y a manera de comparación, se asemeja al desistimiento de la demanda en cuanto que éste implica el abandono expreso del proceso y aquélla su abandono tácito, por el desinterés presumido en la falta de impulso procesal. Así, la caducidad es una figura procesal cuya finalidad es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes. La sanción es para las partes, ya que se funda en una presunción de abandono del derecho; Alsina en su ‘Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial’, tomo IV, segunda parte, página 425, Ediar, Sociedad Anónima, Buenos Aires, Argentina, 1961, señala que el abandono del juicio por un tiempo prolongado, evidencia tanto la falta de interés en su prosecución como que las partes desisten tácitamente de la instancia, por lo cual, se autoriza a la autoridad jurisdiccional que en esos casos, pueda ‘librarse’ de las obligaciones que derivan de la relación procesal. Sentado lo anterior, debe precisarse que el artículo 1076 del Código de Comercio, señala de modo categórico no solamente el momento a partir del cual puede actualizarse la caducidad, sino que también nos indica cómo produce sus efectos una vez que se ha consumado; al señalar que la misma opera de pleno derecho. Esto quiere decir que la caducidad se produce y debe considerarse existente, aun cuando no haya sido solicitada su declaración; por lo cual, que el legislador precise que opera de pleno derecho tiene importantes consecuencias, entre las cuales, Pallares en la obra ya citada, menciona las siguientes: ‘1. La actuación del órgano judicial a las promociones posteriores a la caducidad, no tienen el efecto de revivir un ser que ya está muerto. En este caso, la revalidación no es posible, y la ley no autoriza el milagro de la resurrección jurídica; 2. A diferencia de algunas leyes extranjeras, la nuestra no exige que la objeción de caducidad de la instancia se oponga como excepción en un término fijo. Tampoco limita el plazo en que pueda pedirse la declaración de la caducidad ya producida, sino que da oportunidad a las partes para que lo hagan mientras el proceso aparente está abierto.’. Así, es claro que contrariamente a lo afirmado por el quejoso, para que la Sala responsable estuviera en aptitud de analizar en vía de agravios la actualización de la caducidad en la primera instancia, no era menester que ésta hubiere sido solicitada, previamente, al Juez natural; pues en primer lugar, al ser dicha institución de orden público el Juez se encontraba obligado a decretarla en cualquier tiempo, incluso, hasta al momento mismo de dictar su sentencia -si la misma se actualizó dentro del periodo y con los requisitos que para tal efecto prevé el precepto del Código de Comercio que se analiza-; y, en caso de que no lo haya hecho, esa es una violación a las leyes del procedimiento que pueden ser analizadas por la responsable en vía de agravios, tal como ocurrió en la especie. Y, en segundo término, debe decirse que, contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la caducidad de la instancia no es una excepción que deba ser opuesta al contestar la demanda, aun cuando ésta ya se haya consumado cuando ello ocurrió, pues las excepciones tienen como finalidad la ineficacia definitiva de la acción o la suspensión temporal de sus efectos, mientras que la caducidad solamente tiene como consecuencia la extinción de la instancia, no de la acción; además, como categóricamente lo establece el artículo 1076 del Código de Comercio, la perención de la instancia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20657-f5a6e5b5/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.