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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LAS PROMOCIONES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL EMBARGO, NO SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20283
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 28.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de la que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciante, se encuentra legitimado para ello, atento a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos.

b) Los criterios son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, se constata que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.

c) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo con la siguiente relación:

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para conceder el amparo a la quejosa en el amparo directo 220/2006, sostuvo los siguientes razonamientos:

"QUINTO. ... Las alegaciones antes compendiadas, analizadas de manera conjunta, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, atendiendo a la vinculación de las cuestiones que comprenden, son fundadas y suficientes para conceder el amparo solicitado, por las siguientes consideraciones: De inicio, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1076 del Código de Comercio, que establece: (se transcribe). Igualmente, es menester conocer las consideraciones que en torno a la aplicación del transcrito artículo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 72/2005, donde estimó que sólo aquellas promociones que demuestran el interés o la voluntad de las partes para que el juicio continúe y se resuelva, pueden considerarse que impulsan el procedimiento y, por tanto, son susceptibles de interrumpir el plazo para que opere la caducidad de la instancia. Para llegar a tal determinación, la Primera Sala, entre otras consideraciones torales, estimó que en relación con la dirección de todo procedimiento jurisdiccional, existen dos diferentes sistemas. Indicó que el primero de ellos se basa en el principio inquisitivo, conforme al cual se confiere al Juez una serie de atribuciones, tanto en la instauración de la relación procesal, como en su desarrollo, para impulsar el procedimiento y lograr la resolución de la controversia. Señaló que el segundo, por el contrario, se basa en el principio dispositivo, mismo que consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, las cuales tienen el deber de impulsarlo si quieren obtener una resolución a sus pretensiones. Continuó expresando la Primera Sala, que el sistema que la mayoría de las legislaciones procesales del país sigue, es el basado en el principio dispositivo, y que dentro de esa mayoría el Código de Comercio coincide en no darle al Juez la facultad de dirigir el proceso o de impulsarlo, pues de acuerdo a la tendencia individualista y liberal que inspira el sistema procesal civil lato sensu, y en especial a esa legislación, el ejercicio de la acción procesal está encomendado, tanto en su forma activa como en la pasiva, a las partes y no al Juez. Precisó que, por lo anterior, la sanción que se impone a las partes cuando no impulsan el procedimiento conforme al principio dispositivo, es la caducidad de la instancia. Indicó que esta institución procesal tiene como consecuencia la extinción de la relación jurídica procesal sin que el tribunal decida o se pronuncie sobre la cuestión de fondo planteada por las partes. Subrayó la Primera Sala que el artículo 1076 del Código de Comercio, siguiendo el principio dispositivo ya mencionado, establece una carga procesal a las partes, consistente en que deben ‘impulsar’ o ‘proseguir’ con el procedimiento, conceptos que gozan de un mismo significado: necesariamente implican la idea de continuar, seguir con el procedimiento o llevarlo adelante, para que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional. Además, el Código de Comercio afirma que para interrumpir la caducidad se necesitan promociones que impulsen al procedimiento, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Por lo que la dirección en la cual debe llevarse ‘la continuación’ del procedimiento, es precisamente hacia el dictado de la sentencia. Indicó que esto es más comprensible si se toma en cuenta que la teleología de todo procedimiento jurisdiccional es la solución de una controversia entre dos partes que pretenden, en posiciones antagónicas, que se les resuelvan sus pretensiones, lo cual sucede en el momento en que se dicta la resolución correspondiente. Especificó la Primera Sala, que al resolver la diversa contradicción de tesis 12/95, consideró que las promociones que pueden impulsar el procedimiento son aquellas que revelan o expresan el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia; y que, no obstante que dicha contradicción se refirió a la legislación del Distrito Federal, es aplicable al caso en estudio, pues esa legislación es similar a las de comercio y de Jalisco. Puntualizó que no obstante que con la jurisprudencia anterior se determinó cuáles son las promociones que impulsan el procedimiento para efectos de la caducidad de la instancia, dicha tesis jurisprudencial no resolvía el problema de la más reciente contradicción, en la que se debía determinar si cualquier promoción de este tipo era apta para interrumpir el plazo, a fin de que opere la caducidad de la instancia, o si se requería, además, que sea oportuna y congruente con el estado o la etapa procesal. Siguió considerando que sólo aquellas promociones que demuestran el interés o la voluntad de las partes para que el juicio continúe y se resuelva, pueden considerarse que impulsan el procedimiento y, por tanto, son susceptibles de interrumpir el plazo para que opere la caducidad de la instancia. Detalló que en ese sentido, se ha considerado que las promociones que pueden demostrar el interés de las partes en la continuación del juicio y su resolución son, por ejemplo, aquellas por las que se ofrecen pruebas, se solicita el desahogo de las mismas, se pide el señalamiento de una fecha de audiencia, o que se pase de una etapa procesal a otra; y, sin embargo, no todas las promociones de esta clase necesariamente impulsan el procedimiento. Concretó que para que las promociones sean susceptibles de impulsar el procedimiento para efectos de la caducidad de la instancia, se necesita forzosamente que, además de los requisitos anteriores, sean coherentes con el desarrollo de la secuela procesal, es decir, deben estar en concordancia con la etapa procesal correspondiente; debe haber una relación directa entre lo que se solicita y la etapa procesal en la que se hace. Mencionó que esta coherencia de las promociones con la secuela procesal quiere decir que aquéllas deben contener pretensiones que sean jurídicamente posibles de conformidad con el contexto en el que se interponen, para que con las mismas se pueda impulsar el procedimiento. Prosiguió la Primera Sala que la ratio legis de los artículos que regulan la caducidad de la instancia es evitar que los juicios sean perpetuos para, por un lado, garantizar la seguridad jurídica de las partes, mismas que pueden saber cuánto tiempo pueden estar sin impulsar el procedimiento sin que se extinga la relación jurídica procesal y, por el otro, evitar que los órganos jurisdiccionales se llenen de juicios cuya resolución final no le interese realmente a las partes. Concluyó que de considerarse que las promociones de las partes impulsan el procedimiento sin importar la relación entre lo que se solicita y el momento en que se presentan, daría lugar a la obtención de resultados diversos a los pretendidos por la norma, pues este tipo de promociones, hechas fuera del contexto procesal, podrían presentarse una y otra vez con la única intención de interrumpir el plazo de caducidad y de retrasar indefinidamente la solución de los juicios. Con base en las anteriores consideraciones, entre otras, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 72/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Civil, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 47, del tenor siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN.’ (se transcribe). Igualmente, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 1/96, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 9, cuyos rubro y texto dicen: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). De todo lo anterior puede observarse que la Primera Sala estableció los requisitos que deben contener las promociones encaminadas a impulsar el procedimiento para efectos de la caducidad de la instancia, y la distinción entre aquellas que aun cuando pretenden activar el procedimiento no son congruentes con la etapa procesal correspondiente. Sin embargo, las consideraciones de mérito, básicamente giran en torno a las promociones encaminadas a impulsar un juicio ordinario mercantil, cuyo trámite es diverso al juicio ejecutivo mercantil, ya que aun cuando en el Código de Comercio puede advertirse que hay semejanzas procesales entre el procedimiento ordinario y el ejecutivo, verbigracia, en el artículo 1055, establece reglas comunes a las que deben sujetarse los juicios ordinarios, ejecutivos o los especiales, como la forma de los escritos, términos, etcétera; también existen diferencias notables entre dichos procedimientos, lo cual implica que deba enfocarse el estudio de la caducidad, bajo las directrices establecidas en las jurisprudencias invocadas, pero apreciando las especiales características que rigen al juicio ejecutivo mercantil, cuyo trámite está previsto en el título tercero del Código de Comercio, artículos 1391 al 1414, de los que interesa transcribir los siguientes: ‘Artículo 1391.’ (se transcribe). ‘Artículo 1392.’ (se transcribe). ‘Artículo 1393.’ (se transcribe). ‘Artículo 1394.’ (se transcribe). ‘Artículo 1395.’ (se transcribe). ‘Artículo 1396.’ (se transcribe). ‘Artículo 1397.’ (se transcribe). ‘Artículo 1399.’ (se transcribe). ‘Artículo 1404.’ (se transcribe). ‘Artículo 1408.’ (se transcribe). ‘Artículo 1414.’ (se transcribe). De la interpretación sistemática de los transcritos preceptos legales, se advierte que el juicio ejecutivo es un proceso sumario que tiene su base en los documentos que traen aparejada ejecución, es decir, revela un sistema procesal para resolver un conflicto, en el cual el título o documento que trae aparejada ejecución resulta esencial, y sus etapas van desde la demanda ejecutiva hasta la sentencia definitiva, que puede declarar el trance y remate de los bienes embargados. Así, el juicio ejecutivo tiene un trámite rápido y especial, ya que para hacer del conocimiento de la parte deudora el inicio de la acción, se dicta un auto con efectos de mandamiento en forma para realizar el requerimiento de pago al deudor, y si éste no hace dicho pago provoca el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas, poniéndolos bajo responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste; y a continuación, se efectúa el emplazamiento al demandado. De lo anterior se sigue que una de las características del juicio ejecutivo es el embargo, que, Eduardo J. Couture, en su obra ‘Vocabulario Jurídico’, define en los términos siguientes: (se transcribe). Lo antes expuesto demuestra que el juicio ejecutivo mercantil es una vía privilegiada que tiene como fuente inmediata y directa la acción ejecutiva del acreedor y la similar responsabilidad del deudor, y dicha acción ejecutiva tiene siempre por objeto lograr el mandamiento u orden judicial de requerimiento de pago, así como la realización del embargo favorable al actor, cuyo efecto es el de aislar o distraer del patrimonio del deudor los bienes embargados, provocando su indisponibilidad relativa, a fin de asegurar el pago del débito materia de la controversia. Además, atendiendo al contenido de los transcritos artículos del Código de Comercio, la eficacia del embargo proviene directamente de la ley, pues el bien o bienes embargados constituyen un patrimonio separado del deudor, sometido a un régimen particular con fines de justicia, es decir, a la satisfacción del acreedor (sujeto también a ser revocado si se demuestra la inexistencia del derecho de éste). Por consiguiente, la finalidad del embargo tiende a preservar los bienes muebles o inmuebles del deudor, y evitar que se pierdan o que puedan ser destruidos o deteriorados, para que la sentencia no termine en una condena abstracta e inejecutable, esto es, para garantizar el derecho invocado por el actor. De modo que el embargo es la medida cautelar que afecta un bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar su eventual ejecución futura, y que limita las facultades de disposición y de goce de tales bienes, mientras se obtiene la sentencia de condena o se desestima la demanda principal. Así, en la vía ejecutiva mercantil, sin dejar de ser un proceso único y privilegiado, pueden distinguirse un procedimiento principal con etapas claramente definidas (demanda, mandamiento de ejecución, emplazamiento, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia); y un procedimiento accesorio, que se relaciona con la garantía embargada al deudor, pero cuya finalidad antes indicada, hace que converja con aquél, de manera tal que las actuaciones y promociones relacionadas con esa medida de aseguramiento inciden, de una u otra manera, en el principal, en tanto ambas vertientes forman parte del juicio ejecutivo. Lo anterior permite inferir que en el juicio ejecutivo mercantil, pueden presentarse de forma paralela dos tipos de promociones para interrumpir la caducidad de la instancia: a) Las promociones que revelan o expresan el deseo o voluntad de las partes de activar el procedimiento para que el juicio continúe y se resuelva en definitiva, las cuales deben, además, estar en concordancia con la etapa procesal correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias transcritas en párrafos que anteceden; y, b) Las promociones encaminadas a obtener el embargo, o a preservar los bienes muebles o inmuebles ya embargados para garantizar el derecho invocado por el actor, que evitan que la sentencia termine en una condena abstracta e inejecutable, lo cual desnaturalizaría la finalidad del juicio ejecutivo. Estimar lo contrario, limitando al primer supuesto la clase de promociones que interrumpen la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil, sería desconocer la especial naturaleza del mismo, y el privilegio que concede al acreedor de asegurar al inicio mismo de la vía el pago del adeudo, y posibilitaría que el deudor se sustrajera de su obligación mediante una actitud que obstaculizara el aseguramiento de referencia, a fin de que transcurriera el tiempo necesario para que opere la caducidad. De tal suerte que, en el caso, además de la regla general derivada de las transcritas tesis de jurisprudencia, existe una regla específica tratándose del juicio ejecutivo mercantil, que es la indicada y no fue abordada en esos criterios de interpretación judicial, debido a que no trataron el tema específico de las promociones que interrumpen la caducidad en el juicio ejecutivo mercantil. En consecuencia, resultan fundados los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso, pues los escritos con sello impreso de recibo de la oficialía de partes de dieciocho de marzo, veintiocho de abril, diecisiete de mayo y cinco de julio, todos de dos mil cinco, mediante los cuales el actor ahora quejoso, solicitó al Juez natural el mandamiento de que se pusiera en posesión de la negociación embargada al interventor con cargo a la caja, y se aplicaran medidas de apremio, son promociones que sí impulsan el procedimiento, ya que están encaminadas a preservar el bien embargado e implican la voluntad del actor de garantizar el derecho invocado en su demanda ejecutiva, y por ende, mantener viva la instancia, de donde se sigue que sean aptas para interrumpir la declaración de caducidad de la instancia. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, y estar demostrada la violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, es procedente conceder el amparo y protección federal solicitados para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada de veintiocho de febrero de dos mil seis, emitida en el toca de apelación 2637/2005, y dicte otra en su lugar, en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, analice los agravios expresados en el recurso de apelación, y resuelva conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada."

Derivado de lo anterior, se advierte que el Tribunal Colegiado, en síntesis, estableció lo siguiente:

Que el escrito mediante el cual el actor, ahora quejoso, solicitó al Juez natural el mandamiento de que se pusiera en posesión de la negociación embargada al interventor con cargo a la caja, y se aplicaran medidas de apremio, es una promoción que sí impulsa el procedimiento.

Que lo anterior es así, ya que las consideraciones de la Primera Sala sustentadas en las contradicciones de tesis 12/95 y 50/2005, para resolver en torno a la aplicación del artículo 1076 del Código de Comercio, en el sentido de que las promociones que demuestran el interés o la voluntad de las partes para que el juicio continúe y se resuelva, son las que impulsan el procedimiento y, por tanto, las que interrumpen el plazo para que opere la caducidad de la instancia, son aplicables para el juicio ordinario mercantil.

El Tribunal Colegiado consideró que los razonamientos anteriores giran en torno a promociones encaminadas a impulsar un juicio ordinario mercantil, cuyo trámite es diverso al juicio ejecutivo mercantil, ya que aun cuando en el Código de Comercio puede advertirse que hay semejanzas procesales entre el procedimiento ordinario y el ejecutivo, también existen diferencias notables entre dichos procedimientos, lo cual implica que deba enfocarse el estudio de la caducidad bajo las directrices establecidas en los criterios de la Primera Sala, pero apreciando las especiales características que rigen al juicio ejecutivo mercantil.

Al efecto, el Tribunal Colegiado señaló que de los artículos 1391 a 1397, 1404, 1408 y 1414 del Código de Comercio, se advierte que el juicio ejecutivo es un proceso sumario que tiene su base en los documentos que traen aparejada ejecución, por tanto, revela un sistema procesal para resolver un conflicto, en el cual dichos documentos resultan esenciales, y sus etapas van desde la demanda ejecutiva hasta la sentencia definitiva, que puede declarar el trance y remate de los bienes embargados.

Señaló que el juicio ejecutivo mercantil tiene un trámite rápido y especial, ya que para hacer del conocimiento a la parte deudora el inicio de la acción, el Juez del conocimiento dicta un auto con efectos de mandamiento de pago, el cual de no realizarse provocaría el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor en depósito de persona nombrada por éste; y acto continuo se efectúa el emplazamiento al demandado.

Adujo el Tribunal Colegiado que el juicio ejecutivo mercantil es una vía privilegiada, que tiene como fuente inmediata y directa la acción ejecutiva del acreedor y la similar responsabilidad del deudor, y dicha acción ejecutiva tiene siempre por objeto lograr el mandamiento u orden judicial de requerimiento de pago, así como la realización del embargo favorable al actor, cuyo efecto es el de aislar o distraer del patrimonio del deudor los bienes embargados, provocando su indisponibilidad relativa, a fin de asegurar el pago del débito, materia de la controversia.

Sostuvo que la finalidad del embargo tiende a preservar los bienes muebles o inmuebles del deudor, y evitar que se pierdan o que puedan ser destruidos o deteriorados para que la sentencia no termine en una condena abstracta e inejecutable, esto es, para garantizar el derecho invocado por el actor.

Señaló que de esa forma, el embargo es la medida cautelar que afecta un bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar su eventual ejecución futura, y que limita las facultades de disposición y de goce de tales bienes, mientras se obtiene la sentencia de condena o se desestima la demanda principal.

Consideró que en la vía ejecutiva mercantil, puede distinguirse un procedimiento principal con etapas claramente definidas -demanda, mandamiento de ejecución, emplazamiento, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia-, y un procedimiento accesorio o paralelo, que se relaciona con la garantía embargada al deudor, pero cuya finalidad antes indicada hace que converja con aquél, de manera tal que ambas vertientes forman parte del juicio ejecutivo.

Señaló que en el juicio ejecutivo mercantil pueden presentarse de forma paralela dos tipos de promociones para interrumpir la caducidad de la instancia:

a) Las promociones que revelan o expresan el deseo o voluntad de las partes de activar el procedimiento para que el juicio continúe y se resuelva en definitiva, las cuales deben, además, estar en concordancia con la etapa procesal correspondiente; y,

b) Las promociones encaminadas a obtener el embargo, o a preservar los bienes muebles o inmuebles ya embargados para garantizar el derecho invocado por el actor, que evitan que la sentencia termine en una condena abstracta e inejecutable, lo cual desnaturalizaría la finalidad del juicio ejecutivo.

Señaló que limitar al primer supuesto, la clase de promociones que interrumpen la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil, sería desconocer la especial naturaleza del mismo, y el privilegio que concede al acreedor de asegurar al inicio del mismo de la vía, el pago del adeudo, y posibilitaría que el deudor se sustrajera de su obligación mediante una actitud que obstaculizara el aseguramiento de referencia, a fin de que transcurriera el tiempo necesario para que opere la caducidad.

Adujo que en el caso, los escritos mediante los cuales el actor solicitó al Juez natural el mandamiento de que se pusiera en posesión de los bienes embargados al interventor con cargo a la caja, y se aplicaran medidas de apremio, son promociones que sí impulsan el procedimiento, ya que están encaminadas a preservar el bien embargado e implican la voluntad del actor de garantizar el derecho invocado en su demanda ejecutiva; y, por ende, mantienen viva la instancia, por lo que son aptas para interrumpir la declaración de la caducidad de la instancia.

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 339/2005, señaló que:

"QUINTO. ... En otro orden, es infundado el diverso concepto de violación que la quejosa plantea, en cuanto sostiene que la Sala responsable realizó una indebida interpretación y aplicación del artículo 1076 del Código de Comercio, lo que viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental, dejándola en completo estado de indefensión, pues la responsable declara que operó la caducidad de la instancia argumentando que del escrito de contestación de demanda, presentado el treinta y uno de julio de dos mil uno, al escrito por el cual el actor solicita la apertura del juicio a prueba, de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres, habían transcurrido más de ciento veinte días, aduciendo equivocadamente que las promociones presentadas por la quejosa tendientes al perfeccionamiento del embargo trabado, no son de aquellas que impulsan el procedimiento, ya que ésta podría efectuarse una vez emitida la sentencia y que, por tanto, ‘el Juez’ se había ajustado a derecho al decretar la caducidad de la instancia; luego, si doctrinariamente por promoción se entiende el acto por el cual se inicia un proceso o se pone en movimiento uno ya comenzado, resulta claro que las promociones presentadas por la hoy quejosa sí interrumpían la caducidad de la instancia, porque ellas revelan el interés en la continuación del juicio, pues producen convicción en que la promovente mantiene vivo su interés en él, específicamente en asegurar el pago de las prestaciones reclamadas con la consecuente subsistencia del procedimiento, pues de otra manera no se explicaría el interés de obtener sentencia favorable en la que se condenara a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas, pues dichas medidas tienen por finalidad asegurar el pago de lo reclamado. Lo anterior es así, si se toma en cuenta lo que sobre el particular estimó la Sala responsable en la sentencia controvertida, a saber: (se transcribe). En efecto, tal como lo consideró la Sala responsable, las promociones que se estiman idóneas para impulsar el procedimiento judicial, son aquellas que tienden a activar o impulsar el procedimiento, esto es, son aquellas promociones que evidencian el interés del promovente en mantener vivo el procedimiento y continuar con el mismo a fin de que llegue a dictarse sentencia, por lo que todas aquellas que no colman estas expectativas de impulso orientadas a perseguir que se dicte el fallo, en modo alguno interrumpen la inactividad procesal. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1/96, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, visible en las páginas 9 y 10, que dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). En este orden de ideas, es incuestionable que si las promociones que la quejosa presentó desde el diez de julio de dos mil uno, hasta el cuatro de diciembre de dos mil tres, fecha en la que solicitó se abriera el juicio a prueba, fueron planteadas únicamente con la finalidad de que se perfeccionaran las medidas de apremio decretadas para obtener los bienes embargados; a saber: a) Escrito de seis de a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20283-c8015b5f/caducidad-de-la-instancia-en-el-juicio-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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