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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN POSITIVA. PARA ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO A TRAVÉS DE ESTA FIGURA DEBEN SATISFACERSE ÚNICAMENTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ELLO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y NO LOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE DESARROLLO URBANO PARA FRACCIONAR PREDIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20313
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 286.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 570/2006 consideró un asunto con los siguientes antecedentes:

1. Una persona demandó de otra la prescripción positiva de un lote de terreno.

2. Al resolver, el Juez natural consideró que era improcedente la acción intentada aduciendo que no había sido posible identificar el inmueble, en tanto que el contrato de compraventa que habían celebrado las partes era por un lote mucho más grande de terreno, por lo que era evidente que se había fraccionado y en la demanda no se había acreditado su exacta ubicación.

3. El actor apeló en contra de esa sentencia señalándole al tribunal de alzada que la identidad del inmueble se encontraba acreditada en primera instancia con el contrato de compraventa, la copia certificada de la escritura, el certificado de propiedad y la contestación de demanda, con los cuales se demostraba que el lote de la usucapión sí formaba parte del inmueble que amparaba la escritura pública y que, por tanto, estaba demostrada la legitimación pasiva del demandado (sucesión legítima de éste).

4. El tribunal de alzada consideró que los agravios eran infundados, porque no se había exhibido algún documento que acreditara que el predio a prescribir formaba parte de un fraccionamiento legalmente autorizado por la Secretaría de Urbanismo y que aunque la ubicación del predio no era un elemento de la acción de prescripción positiva, sí era necesario que se exhibiera el documento que acreditara la legal constitución del fraccionamiento.

5. Contra esa decisión la actora solicitó el amparo de la Justicia de la Unión del cual correspondió conocer al tribunal que nos ocupa, mismo que resolvió negar el amparo con base en lo siguiente:

"Es infundado el primer concepto de violación, toda vez que la autoridad señalada como responsable, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, no lo hizo al margen de los agravios sometidos a su decisión ni, por ende, introdujo una causa diversa a la que invocó su a quo para declarar improcedente la acción puesta en ejercicio.

"En efecto, el análisis de la sentencia definitiva apelada, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, pronunciada por el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial (fojas de la 68 a la 73 del expediente de primera instancia), pone de manifiesto que fueron dos los motivos esenciales por los que se declaró improcedente la acción de prescripción positiva hecha valer, a saber:

"a) que del escrito inicial de demanda y documentos fundatorios de la misma se desprendía que la fracción del inmueble cuya prescripción se pretendía forma parte de un fraccionamiento ‘... sin que en ningún momento se hubiese exhibido en autos la documentación correspondiente a fin de acreditar la debida constitución’ (foja 72 vuelta del juicio); y

"b) que como de la escritura privada que contenía el contrato de compraventa celebrado entre ... como vendedor y ... en cuanto a comprador, se advertía que el inmueble sujeto a prescripción pertenecía a una superficie de terreno mucho mayor, era necesario que el accionante demostrara plenamente su ubicación exacta dentro de aquella ‘pues no se dijo hacia qué viento o lado del inmueble al que pertenece, se encuentra ubicado en la propiedad adquirida, no obstante que la identidad del inmueble no es propiamente un elemento de la acción de prescripción’.

"Al emitir la sentencia constitutiva del acto reclamado, en el párrafo central de su página 5 (foja 11 del toca de apelación), la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aquí señalada como responsable, reconoció que la plena identificación del inmueble no constituye un requisito de la acción de prescripción positiva; empero, determinó confirmar la sentencia definitiva apelada al converger con su a quo en el primer motivo que expuso para declarar improcedente la acción, esto es, porque si del escrito inicial de demanda y documentos fundatorios de la misma se desprendía que la fracción del inmueble sujeto a prescripción formaba parte de un fraccionamiento, era necesario que el actor que exhibiera la documentación necesaria tendiente a demostrar su legal constitución, en orden a que por encima de la voluntad de las partes contratantes, debían respetarse los requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para poder fraccionar o lotificar, subdividir y relotificar terrenos, lo que en la especie no se había hecho.

"De lo anterior se sigue, contra lo afirmado por el peticionario de garantías, que la Magistrada responsable no vulneró en su perjuicio las garantías individuales que le asisten, menos aún las reglas que imperan en la apelación civil previstas en el artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues si el Juez de primer grado consideró necesario, para la procedencia de la acción, justificar la legal constitución del fraccionamiento donde se dice está enclavada la porción de terreno que pretende usucapirse y tales razonamientos fueron confirmados por la responsable al tenor de las exigencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, es incontrovertible que su proceder se ajusta a la litis de la segunda instancia, por haber tratado un punto de derecho que fue materia del fallo recurrido y cuestionado en el escrito de expresión de agravios.

"...

"Si bien es cierto que la aludida autoridad ya no se ocupó de analizar en el acto reclamado si la identificación del inmueble quedó plenamente justificada en el juicio conforme a los razonamientos que quedaron expuestos en el ocurso de inconformidad sometido a su potestad; sin embargo, no menor es verídico que ello resultaba inocuo, primero, como se dijo, porque la propia responsable reconoció que la identidad del inmueble perseguido en prescripción no es un requisito de la acción hecha valer, pero además, porque si a juicio de aquélla no se demostró en el bien raíz de que se trata formaba parte de un fraccionamiento legalmente constituido, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano en el Estado, es evidente que esa sola razón también expuesta en la sentencia recurrida obligaba a confirmar su sentido.

"...

"El aspecto restante del propio punto de disenso a estudio, en conjunción con la totalidad del tercero de ellos, cuya estrecha relación autoriza a examinarlos de manera conjunta, resultan infundados.

"Como se ha dicho, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso frente a la sentencia de primera instancia, coincidió con su a quo en torno a que la acción prescriptiva puesta en ejercicio no podía prosperar, debido a que aquél no justificó en autos la legal constitución del fraccionamiento donde se halla enclavada la fracción de terreno en disputa, fundando su determinación en el artículo 154 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.

"A diferencia de lo esgrimido por el quejoso, la disposición legal invocada por la ad quem sí cobra aplicación al caso, ya que si los hechos concretos narrados en el libelo actio y las circunstancias específicas que emanan de las pruebas fundatorias de la acción ponen de manifiesto que el inmueble que se pretende usucapir forma parte de un fraccionamiento, dado que del contrato de compraventa allegado al juicio se desprende que el lote 13 forma parte de la lotificación de una extensión superficial de una hectárea aproximada de terreno de temporal, con las medidas y colindancias que se indican en la cláusula segunda de dicho consenso, mientras en su diversa cláusula quinta ambos contratantes pactaron que la escrituración de todos los lotes se haría en conjunto una vez que los mismos fueran vendidos, corriendo los gastos de escrituración por cuenta de la parte compradora; de ahí se sigue que fue legal que la autoridad responsable ajustara su proceder a la norma en comento, pues ésta establece como requisitos para la protocolización de escrituras sobre actos, convenios o contratos relativos a la transmisión de la propiedad o posesión de bienes inmuebles, contar con la autorización de la autoridad competente respecto a fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones, relotificaciones y fusiones de áreas y predios.

"No es óbice lo afirmado por el disconforme en el sentido de que la norma a estudio está dirigida a los notarios públicos y demás funcionarios habilitados con funciones notariales, en tanto que el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, categóricamente señala en su primera parte que el Poder Judicial no puede ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, conforme a las garantías establecidas.

"Así es porque los preceptos de que se trata no pueden ser interpretados de una manera tan aislada como la que propone el quejoso en el sentido de que los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado no se encuentran habilitados para exigir la documentación con la legal lotificación del predio, pues si el propio impetrante reconoce que los artículos 1073 y 1074 del Código Civil del Estado establecen -en su orden- que el que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por ese código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad y que la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción que se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor; de ahí se desprende la facultad a cargo de tales autoridades para negarse a declarar procedente la acción de prescripción positiva, por falta de cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, ya que si el fallo correspondiente tiene efectos de título de dominio, una vez inscrito ante el Registro Público en el Estado, es inconcuso que el juzgador deba tener presente el cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, tomando en cuenta que el análisis de las normas debe ser sistemático y armónico entre todas ellas, porque al no estar aisladas, sino como parte de un todo, es lógico que exista complementación, exclusión o inclusión entre todas ellas, de tal manera que permitan determinar su alcance e interpretación de forma cabal.

"...

"En ese sentido, en nada trasciende que el numeral 28 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, en su parte inicial, indique que a cualquier documento que se presente para registrarse se le dará entrada desde luego, el que una vez examinado por el jefe, si éste resuelve que no puede hacerse la inscripción, manifestará al interesado los requisitos que hayan de llenarse y la manera de cumplirlos, y que el segundo párrafo del invocado artículo 154 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado precise que el Registro Público de la Propiedad no hará las inscripciones de las transmisiones inmobiliarias si el promovente no cuenta con las autorizaciones relativas a fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones, relotificaciones y fusiones de áreas y predios, pues si ya se dijo que por imperativo expreso del artículo 1074 del código sustantivo de la materia, la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor es incontrovertible que la autoridad judicial encargada de su pronunciamiento debe velar porque la sentencia que decrete la prescripción sea legalmente inscribible, por ser esa su consecuencia, a fin de que pueda constituir un verdadero título legal de dominio y el Juez cumpla, por ende, con lo dispuesto por el diverso numeral 2,840, fracciones I y VIII, en relación con los preceptos 7o. 8o., 9o. y 15, todos del Código Civil del Estado, que dicen: (se transcribe).

"Estimarlo de otro modo, traería como ineludible consecuencia la inobservancia por parte de los Jueces del Estado de las disposiciones de orden público e interés general consagradas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, en términos de su artículo 1o., lo cual no sería justificado sólo porque, a decir del quejoso, aquéllos no están habilitados por esa propia ley para ejercer funciones notariales y no lo sería porque el aceptar esta postura traería consigo el rompimiento del esquema de interpretación integral y congruente entre las normas jurídicas, el cual -como ya se dijo- se justifica por el hecho de que todas ellas se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico, de tal manera que es permisible establecer su significado en punto a la coordinación que debe privar entre las diversas reglas de una misma ley o entre las cláusulas de una ley particularmente considerada y las que aquella otra reguladora de sus bases o cuando le sea afín, o recoja o contenga los principios informadores de su sustancia teorética.

"...

"Es infundada, por otra parte, la interpretación que propone el impetrante respecto de los artículos 6o., 179 y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en relación con los arábigos 1052, 1053, 1068, 1069, fracción I, 1073 y 1074 del Código Civil Local, en el sentido de que para poder realizar algún trámite o gestión relativa al predio materia de la acción prescriptiva, primero es necesario que se presente el título de propiedad que pretende obtenerse a través de la acción ejercitada.

"Los artículos 6o., 179 y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado son del tenor literal siguiente: (se transcribe)

"Como se ve, las disposiciones legales transcritas tienen como destinatarios a los propietarios de predios cuya fusión, subdivisión o lotificación pretendan realizar, en tanto que la segunda de ellas establece que las solicitudes para el fraccionamiento de predios deben presentarse ante el Ayuntamiento correspondiente por la persona física o moral que tenga la propiedad o posesión del predio objeto del fraccionamiento, acompañado para el efecto el título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado y plano de la localidad donde se señale la ubicación del terreno por el disconforme, tales numerales no están dirigidos, ante todo, a quienes pretendan usucapir una parte o porción de esos predios ya lotificados, puesto que así no se desprende de su lectura.

"Por tanto, si el quejoso pretende usucapir a su favor uno de los lotes del total del terreno fraccionado por su causante fue entonces legal la determinación adoptada por la responsable, en el sentido de que debió justificar en el juicio que dicho causante cumplió con las exigencias previstas en los citados preceptos legales al fraccionar, para su venta en diversos lotes, entre ellos el marcado con el número ... máxime que el artículo 195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo claramente le imponía la obligación como adquirente del lote disputado, de cerciorarse de que la compra hecha a su causante contaba con las condiciones de urbanización autorizadas al fraccionamiento, así como que la compraventa en la que participó sea en base al daño de lotificación autorizado por el Ayuntamiento respectivo, cosa que en el caso no acató, al no demostrar en el juicio que el fraccionador satisfizo los requisitos establecidos en la ley para vender el lote materia de la litis, siendo por ello legal que la responsable confirmara la determinación adoptada por su a quo al declarar improcedente la acción hecha valer.

"Sin que obste lo considerado por el impetrante en una diversa parte de su motivo de inconformidad, en el sentido de que como él aún no es legítimo propietario de la fracción de terreno que pretende prescribir a su favor, resulta contrario a derecho que la responsable le hubiese exigido ‘un documento expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado ... pues el quejoso se encuentra legalmente impedido para gestionar o tramitar ante dicha dependencia si no cuenta con documento alguno que lo acredite como propietario y tal documento puede ser la sentencia dictada en un juicio de prescripción positiva, donde se le declare propietario en base al transcurso del tiempo y con los requisitos necesarios para ello ...’

"Es infundado dicho punto de desacuerdo, pues aun cuando ciertamente el ahora peticionario de garantías no estaría en condiciones de realizar ningún trámite ante la secretaría que menciona, dado que -como se indicó- las disposiciones jurídicas transcritas tienen como destinatarios a los propietarios de predios cuya fusión, subdivisión o lotificación pretendan realizar, en tanto que el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Urbano en el Estado establece que las solicitudes para el fraccionamiento de predios deben presentarse ante el Ayuntamiento correspondiente por la persona física o moral que tenga la propiedad y posesión del predio objeto del fraccionamiento, acompañando para el efecto el título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado y plano de la localidad, donde se señale la ubicación del terreno por fraccionar; sin embargo, en términos del invocado artículo 195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, sí pudo cerciorarse (justificándolo ante el Juez de primera instancia) que la compra hecha a su causante contaba con las condiciones de urbanización autorizadas al fraccionamiento, así como que la compraventa en la que participó se hizo con base al daño (sic) de lotificación autorizado por el Ayuntamiento respectivo, lo que -como se ha dicho- no hizo y, en ese tenor, no es jurídicamente posible declarar procedente la acción ejercitada a sabiendas de que los litigantes eluden la observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado mediante pactos que, como el fundatorio de la acción, pretendan alterarla o modificarla, en términos del invocado artículo 7o. del Código Civil del Estado.

"Por tanto, como lo estableció el ad quem, se concluye que el quejoso ciertamente debió comprobar el cumplimiento de los requisitos aludidos, de conformidad con la carga probatoria que le imponía el artículo 269 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues si quería obtener éxito en el planteamiento de sus pretensiones, desde el escrito inicial de demanda y con fundamento en los artículos 328, fracción III y 329 del ordenamiento jurídico en cita, bien pudo designar el archivo o lugar donde se encuentra la documentación original que acredita la legal lotificación del predio donde se halla enclavada la fracción de terreno objeto indirecto de la controversia, a fin de que se recaben copias de la misma para que fueran agregadas al expediente, o bien, en su caso, solicitar al Juez que requiriese a su contraparte para que en el término legalmente procedente, exhibiera dicha documentación, nada de lo cual tampoco hizo."

II. Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 883/89 estudió un asunto con las siguientes características:

1. Una persona demandó de otra la prescripción adquisitiva de un bien.

2. El Juez natural que conoció del asunto declaró que era procedente la prescripción adquisitiva.

3. Inconforme con dicha sentencia, el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio interpuso recurso de apelación. La Sala responsable resolvió modificar la sentencia apelada para que el director del Registro Público de la Propiedad inscribiera la sentencia de usucapión, previa la obtención por parte del usucapiente de la aprobación del Departamento del Distrito Federal.

4. En contra de esa resolución, el actor solicitó la protección de la Justicia de la Unión.

5. El Tribunal Colegiado, al resolver la controversia, concedió el amparo al quejoso considerando para ello lo siguiente:

"... señala la parte quejosa, por conducto de su representación legal, que se violan sus garantías individuales a través de la sentencia reclamada, por la inexacta aplicación de los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles, 1151 a 1157 del Código Civil y 10, 11, 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, porque a través de dicha resolución que combate, se vulneran las normas reguladoras del procedimiento que son de orden público, involucrándose preceptos legales de carácter administrativo que no se contemplan para el ejercicio de su acción de prescripción adquisitiva en relación con la fracción del predio a que se contrae el juicio natural, indicando que la autoridad responsable ordenadora se extralimita a lo planteado por el codemandado y hoy tercero perjudicado, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en su escrito de expresión de agravios al apelar contra la sentencia de primer grado.

"Los conceptos de violación son fundados, porque contrariamente a lo que la Sala responsable resuelve en la sentencia reclamada al modificar el punto tercero resolutivo de la resolución de primer grado, el derecho sustantivo de propiedad reconocido a través de la declaración judicial de procedencia de la acción de prescripción adquisitiva o usucapión, no puede quedar condicionada a la obtención por parte del nuevo dueño a la aprobación del Departamento del Distrito Federal a través de la dependencia correspondiente, de la división o fraccionamiento de la finca registrada, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad, porque el ejercicio de la acción de prescripción que deriva de lo establecido en los artículos 1151 y 1157 del Código Civil constituye una cuestión independiente de los procedimientos de carácter administrativo para subdividir, fraccionar, fusionar o relotificar cualquier predio o bien inmueble que previenen los artículos 59 al 72 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez que el derecho puesto en ejercicio en el procedimiento natural que dimana de la posesión de la parte actora, fincada en concepto de propietaria en forma pacífica, continua y pública, en los términos establecidos en el artículo 1152 del Código Civil debe reconocerse una vez que se acredite, a través de la declaración correspondiente de que el que ha poseído en esa forma es el nuevo dueño, dejando de serlo el propietario registral, de tal suerte que la sentencia ejecutoria que declare la procedencia de la acción de prescripción se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor, en términos de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil, sin que tengan que involucrarse preceptos que derivan de una ley secundaria cuya aplicación corresponde a la esfera administrativa, ya que no puede subordinarse la existencia y procedencia de un derecho sustantivo a los requisitos de forma o procedibilidad previstos en los ordenamientos administrativos como lo es en la especie la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al establecer el trámite necesario para la obtención por parte de la autoridad administrativa de un permiso para dividir o fraccionar un inmueble, no pudiendo establecerse en el caso concreto que de la presunción que observa la autoridad responsable ordenadora en relación con la aparente pretensión de subdividir que entiende tienen las partes en el juicio de origen, inhiba o condicione la consecuencia del reconocimiento del derecho de usucapión, porque la ley sustantiva que regula la procedencia de la acción no determina en ninguna forma en el particular, la necesidad de obtener previa autorización del Departamento del Distrito Federal, para subdividir o fraccionar, lo cual constituye en todo caso un procedimiento diverso y ajeno al sustanciado ante la potestad común, por lo cual la Sala responsable viola las garantías individuales de la parte quejosa al involucrar en la sentencia reclamada preceptos legales que no son aplicables al multicitado derecho sustantivo ejercitado, como lo son los artículos 10, 11, 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano de Distrito Federal, yendo más allá de la propia pretensión de la parte apelante (director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio), cuya actuación en el juicio natural únicamente debió limitarse desde la contestación a la demanda, a la información sobre la existencia o inexistencia de la anotación registral a nombre de la codemandada."

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis siguiente:

"PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A PRECEPTOS ADMINISTRATIVOS. El derecho sustantivo de propiedad reconocido a través de la declaración judicial de procedencia de la acción de prescripción adquisitiva o usucapión, no puede quedar condicionado a la obtención por parte del nuevo dueño a la aprobación del Departamento del Distrito Federal a través de la dependencia correspondiente, de la división o fraccionamiento de la finca registrada, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad, porque el ejercicio de la acción de prescripción que deriva de lo establecido en los artículos 1151 a 1157 del Código Civil constituye una cuestión independiente de los procedimientos de carácter administrativo para subdividir, fraccionar, fusionar o relotificar cualquier predio o bien inmueble que previenen los artículos 59 al 72 de la ley mencionada, toda vez que el derecho puesto en ejercicio en el procedimiento natural que dimana de la posesión de la parte actora, fincada en concepto de propietaria, en forma pacífica, continua y pública, en los términos establecidos en el artículo 1152 del citado Código Civil, debe reconocerse una vez que se acredite, a través de la declaración correspondiente de que el que ha poseído en esa forma es el nuevo dueño, dejando de serlo el propietario registral, de tal suerte que la sentencia ejecutoria que declara la procedencia de la acción de prescripción, que se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor, en términos de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil, sin que tengan que involucrarse preceptos que derivan de una ley secundaria cuya aplicación corresponde a la esfera administrativa."(1)

CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)

De la confrontación de las ejecutorias de los tribunales contendientes se advierte que los Tribunales Colegiados analizaron los mismos elementos y la misma cuestión jurídica.

En principio, cabe señalar que aunque los Tribunales Colegiados interpretaron leyes de entidades federativas diferentes, el contenido de las mismas es esencialmente el mismo y las posibles diferencias que contienen no son relevantes para la resolución de la presente contradicción.

En efecto, tanto el Código Civil de Michoacán como el del Distrito Federal establecen la figura de la prescripción positiva, con los mismos requisitos, salvo respecto de la temporalidad necesaria para usucapi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20313-3e1021c7/prescripcion-positiva-para-adquirir-un-lote-de-terreno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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