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Modo: Corpus Pro

PERIODO PROBATORIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU APERTURA ES FORZOSA PARA EL JUEZ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20311
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 267.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. En primer lugar debe determinarse si en el caso existe o no contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número RC. 267/2005, se pronunció respecto de un asunto en el que, en un juicio ejecutivo mercantil, se demandó el pago de un título de crédito (pagaré). En ese juicio se tuvo por acusada la rebeldía de la parte demandada.

En consecuencia, se abrió el periodo probatorio, en el que, por un lado, se admitieron las pruebas de la parte actora, que fueron: la documental consistente en el pagaré base de la acción y la presuncional en su doble aspecto legal y humano y, por el otro, se le tuvo por perdido su derecho a la parte demandada para ofrecer pruebas, en razón a la actitud de contumacia que mantuvo en dicho juicio.

Posteriormente, la parte actora promovió para que en ese juicio se citara para oír sentencia. Al respecto, el Juez del conocimiento dictó un proveído en el que determinó que no era la etapa procesal correspondiente, en virtud de que primero debían desahogarse las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio, en términos de la ley.

En contra de ese proveído, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual confirmó en todas y cada una de sus partes el auto impugnado. Inconforme con lo anterior, el recurrente promovió juicio de amparo indirecto en el que se le negó la protección de la Justicia Federal.

Ante esto, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado de referencia, el cual, al resolver, determinó, en síntesis, que la obligación del juzgador de abrir el juicio con desahogo de pruebas depende de la admisión de las pruebas que debe mandar preparar, lo cual será en relación a las ofrecidas por la parte demandada para acreditar sus excepciones, por lo que en el caso al no haber sido contestada la demanda era evidente que la apertura del periodo probatorio se tornaba innecesaria.

Este Tribunal Colegiado apoyó sus consideraciones en lo que continuación se transcribe:

"SEXTO. De lo anterior, podemos concluir que la obligación del juzgador de abrir el juicio a desahogo de pruebas, con un plazo máximo de quince días, dependerá de la admisión de las pruebas que deba mandar preparar, lo cual será en relación con las ofrecidas por la parte demandada para acreditar sus excepciones, pues por regla general cuando se admitió la vía ejecutiva mercantil es porque el Juez constató que se presentó como documento base de la acción un título de crédito que trae aparejada ejecución, como en el caso que se trató de un pagaré la cual constituye una prueba preconstituida de la acción, pues el propio documento contiene la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor, y determina la prestación cierta, líquida y exigible de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título y en tal virtud, es al demandado a quien corresponde probar sus excepciones, por lo que la apertura de juicio a desahogo de pruebas es precisamente para dicho fin.

"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1962 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3175 del Apéndice de 1988, Parte II, Quinta Época del rubro y texto siguientes: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.’ (transcribe).

"Así como la jurisprudencia 415 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 349 del Apéndice 2000, Tomo IV, Civil jurisprudencia SCJN, Quinta Época del rubro y texto siguientes: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS.’ (transcribe).

"Por lo que, si bien conforme al artículo 1201 de Código de Comercio las pruebas sólo pueden practicarse durante el término probatorio; también lo es que no puede referirse sino a las pruebas por constituir, esto es, a las que se elaboran durante el proceso, con oposición del colitigante; mas no a las preconstituidas, que son, aquellas que existen ya antes del litigio y que sólo deben presentarse en el escrito de demanda para que el Juez las tome en cuenta y en su caso sean desvirtuadas por el demandado.

"De suerte que, si el demandado no contestó la demanda, es evidente que la apertura de un periodo probatorio se torna innecesario, no sólo por la naturaleza especial de los títulos ejecutivos, que son documentos preconstituidos, sino también por existir la facultad legal del Juez de tomarlo oficiosamente en consideración, es decir, aunque no hubiese un pronunciamiento expreso de su desahogo, por tratarse del documento presentado con la demanda antes del periodo probatorio.

"De ahí que, si como en el caso concreto, el demandado no recurrió el auto de exequendo, ni verificó el pago exigido, ni se opuso a la ejecución, contestando la demanda y oponiendo las excepciones que tuviera, es indudable que la apertura del periodo probatorio y la fase de alegatos se torna inútil y el Juez ante el acuse de rebeldía puede como consecuencia de la falta de contestación a la demanda, citar para dictar sentencia, porque atento a las normas vigentes, sólo el escrito de contestación a la demanda en que oponga excepciones el demandado puede ofrecer pruebas y al no hacerlo perdió tal derecho para ejercerlo con posterioridad, por lo que desde ese momento en que el actor acusó la rebeldía del demandado y solicitó se citara a la parte oír sentencia procedía que el juzgador acordara de conformidad dicha petición pues dado que el documento que se acompañó con la demanda, en su calidad de título ejecutivo, que ofreció como prueba junto con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, son medios probatorios que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, hace innecesario abrir el juicio para su desahogo y es factible que se cite a las partes para oír sentencia.

"En ese contexto, la circunstancia de que la demandada en el juicio de origen no diera contestación a la demanda instaurada en su contra y por ello se le acusara la rebeldía en que incurrió y se le tuviera por perdido su derecho para ofrecer pruebas, sí da lugar a que se citara a las partes para oír sentencia, omitiendo las fases procesales que regula la ley en el trámite de los juicios ejecutivos mercantiles, porque atendiendo a la naturaleza del documento base de la acción, la imposibilidad del demandado para hacer valer excepciones y ofrecer pruebas en relación con ellas, en una etapa posterior al término que se le dio para contestar la demanda y la obligación del Juez de valorar los documentos que se hubieran presentado con la demanda, ante el desahogo por su propia y especial naturaleza del documento base de la acción, así como de las otras pruebas ofrecidas en la demanda; hace posible que acusada la rebeldía de la demandada en el juicio ejecutivo mercantil pueda citarse a las partes para oír sentencia, pues ello tampoco implica dejar en estado de indefensión al demandado, al haber perdido éste su derecho de acudir al juicio y si bien en el periodo de alegatos únicamente podía alegar en relación con la procedencia de la acción, es una cuestión que también puede alegar en agravio, en su caso, al recurrir la sentencia de primera instancia, por lo que no se le produce indefensión.

"Consecuentemente y en mérito a las consideraciones expuestas con antelación, lo procedente es revocar la resolución impugnada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, toda vez que el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, para el efecto de que la responsable deje insubsistente las resoluciones de veintidós de febrero de dos mil cinco y en su lugar dicte otras en las que tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria debidamente fundada y motivada resuelva el recurso de apelación interpuesto en contra de los proveídos de doce y diecisiete de agosto de dos mil cuatro. ..."

Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis I.3o.C.537 C, cuyo tenor literal es el siguiente:

"REBELDÍA DEL DEMANDADO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, MOTIVA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, SIN PREVIO PERIODO PROBATORIO. Conforme a las reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que reformó, adicionó y derogó las disposiciones del trámite del juicio ejecutivo mercantil, se estableció en el artículo 1401 que las partes deben ofrecer las pruebas en los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta; que transcurrido dicho término el Juez admitirá las pruebas y mandará preparar las que procedan, abriendo el juicio a desahogo de pruebas; mientras que en términos del artículo 1406 se abrirá el periodo de alegatos y una vez presentados o transcurrido el plazo, conforme a lo dispuesto en el 1407, previa citación se pronunciará sentencia. Por tanto, el nuevo sistema legal tiene como fin último acortar los plazos y agilizar el juicio. De ello se puede concluir que la obligación del juzgador de abrir el juicio a desahogo de pruebas, dependerá de la admisión de las pruebas que deba mandar preparar, lo cual será con relación a las ofrecidas por la parte demandada para acreditar sus excepciones, pues por regla general cuando se admitió la vía ejecutiva mercantil es porque el Juez constató que se presentó como documento base de la acción un título de crédito que trae aparejada ejecución que constituye una prueba preconstituida de la acción; es decir, si las pruebas sólo pueden practicarse durante el término probatorio, sólo será respecto de las pruebas por constituir, esto es, las que se elaboran durante el proceso, con oposición del colitigante, mas no a las preconstituidas, que, son aquellas que existen ya antes del litigio y que sólo deben presentarse en el escrito de demanda para que el Juez las tome en cuenta. De ahí, que si el demandado no recurrió el auto de exequendo, ni verificó el pago exigido, ni se opuso a la ejecución contestando la demanda y oponiendo las excepciones que tuviera, es indudable que la apertura del periodo probatorio y la fase de alegatos se torna inútil y el Juez ante el acuse de rebeldía puede como consecuencia de la falta de contestación a la demanda, citar para dictar sentencia, porque atento a las normas vigentes, en el escrito de contestación a la demanda se deben oponer excepciones y ofrecer pruebas, por lo que al no hacerlo perdió tal derecho para ejercerlo con posterioridad. Ello tampoco implica dejar en estado de indefensión al demandado porque si bien en el periodo de alegatos podía alegar con relación a la procedencia de la acción, es una cuestión que también puede alegar en agravio, en su caso, al recurrir la sentencia de primera instancia."(1)

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo número DC-196/2006, analizó un asunto en el que, en un juicio ejecutivo mercantil, se demandó, sustancialmente, el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente.

En ese juicio, el Juez del conocimiento admitió la demanda; tuvo por anunciadas las pruebas de la parte actora y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, quien, a su vez, dio contestación en tiempo a la demanda; opuso sus excepciones y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

Posteriormente, la parte actora solicitó al Juez de la causa abrir el juicio a prueba, petición que fue denegada por considerar que las pruebas ofrecidas por las partes se desahogaban por su propia y especial naturaleza.

Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso recurso de revocación, el cual resolvió confirmar el auto impugnado. Así, previos los trámites de ley, el Juez de primera instancia dictó sentencia.

Ante esto la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual confirmó la sentencia impugnada, por lo que recurrió la misma mediante juicio de amparo directo en el que combatió, en esencia, que el hecho de que las pruebas documentales se desahoguen sin mayor trámite, no exime a la autoridad judicial de su deber de abrir a prueba el juicio ejecutivo mercantil.

El Tribunal Colegiado determinó que en materia mercantil, aun cuando las pruebas documentales o la presuncional legal y humana no requieren mayor trámite para su desahogo, los Jueces no tienen facultad para denegar la apertura del término de prueba, pues es ahí donde se admitirán y desahogarán las pruebas aportadas.

Las consideraciones que al respecto sostuvo este Tribunal Colegiado son las que a continuación se transcriben:

"QUINTO. De lo anterior se desprende que en el caso a estudio la litis se centra en determinar si el Juez tiene la facultad para abrir o no abrir a prueba el juicio ejecutivo mercantil cuando sólo se hayan aportado pruebas que sin mayor trámite se desahogan, atenta su propia y especial naturaleza como lo son las documentales y la presuncional legal y humana; o bien, si tiene obligación de abrir el juicio a prueba, atento a que la objeción de las pruebas documentales en materia mercantil, de acuerdo con el artículo 1247 del Código de Comercio, ha de hacerse dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba.

"En la parte que aquí interesa, el tribunal responsable confirmó el fallo recurrido, reiterando estas consideraciones torales que sirvieron de apoyo a la resolución que puso fin al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil cinco, que negó abrir el juicio a prueba:

"a) Como lo refirió el a quo, fue innecesario abrir el periodo probatorio porque la documental y la presuncional ‘no necesitan mayor trámite para su desahogo’ y por consiguiente ningún agravio ocasionó al apelante aquella determinación.

"b) La correcta interpretación del artículo 1401, párrafo tercero, del Código de Comercio permite considerar que es facultad del Juez abrir o no el juicio a prueba, dependiendo de la naturaleza de las que se hayan ofrecido.

"c) El demandado (apelante y ahora quejoso) no quedó en estado de indefensión con la actuación de que se trata, porque ‘al darle vista con las pruebas y correrle traslado con éstas, el recurrente pudo haber ejercitado su derecho dentro del término legal para objetar las mismas, es decir, al contestar la demanda’.

"Ahora bien, asiste la razón al quejoso, porque independientemente de que para negar la apertura del periodo probatorio no se invocó precepto legal alguno, es incorrecta la interpretación que del artículo 1401 del Código de Comercio realizó la Sala responsable, porque al establecer ese precepto en su párrafo tercero que ‘... desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez admitirá o mandará preparar las pruebas que procedan abriendo el juicio a desahogo de pruebas’ de ninguna manera se puede colegir que se faculta al Juez para abrir o no dicho periodo. Por el contrario, la norma en consulta emplea por un lado el modo imperativo al señalar que el Juez admitirá o mandará preparar las pruebas; y por otro lado utiliza el gerundio abriendo (el juicio a prueba), con lo cual indica el modo en que han de admitirse o mandar a preparar las pruebas, pues según el Diccionario de la Lengua Española, el gerundio es una forma verbal invariable del modo infinitivo, cuya terminación regular es ando, en los verbos de primera conjugación e iendo en los de la segunda y tercera; generalmente tiene carácter adverbial por cuanto modifica la significación del verbo, expresando modo, condición o circunstancia; por ejemplo: vino corriendo.

"Lo antes señalado conduce a estimar que el invocado artículo 1401 no sólo no deja en libertad al Juez para abrir o dejar de abrir a prueba los juicios mercantiles, sino, por el contrario, imperativamente se le ordena y le indica que en ese periodo admitirá o mandará preparar las pruebas. Es decir, ‘abriendo el juicio a desahogo de pruebas’ es como el Juez habrá de admitir o mandar prepararlas.

"La interpretación realizada por las autoridades de instancia al precepto en consulta no permitiría conciliarla con los preceptos que ordenan: ‘Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término probatorio’ y ‘las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces ...’ (artículos 1201 y 1247 del mismo cuerpo legal).

"Por lo demás, ambas autoridades afirmaron que el ahora quejoso pudo hacer las objeciones que señala ‘al darle vista con las pruebas y correrle traslado con éstas’, es decir, al contestar la demanda. Empero, al margen de que al tenor del citado artículo 1247 la objeción podrá hacerse dentro de los tres días siguientes a la apertura del término probatorio (y aquí no se abrió) resulta que en el caso, el Juez de primer grado ‘en el auto inicial dictado el catorce de junio de dos mil cuatro (foja cuarenta y cuatro) después de tener al actor demandando al aquí quejoso en la vía ejecutiva mercantil y ordenar el requerimiento de pago de las prestaciones reclamadas y, en su caso’ el embargo de bienes de su propiedad suficientes a cubrirlas, así como emplazar a dicho demandado, proveyó lo siguiente: ‘Anunciando pruebas de su parte, las que se admitirán y desahogarán en su momento procesal oportuno’.

"Es decir, acorde a la argumentación de la responsable -quien reiteró lo considerado por el Juez a quo- el demandado y hoy quejoso pudo objetar pruebas que no se habían tenido por ofrecidas, sino simplemente anunciadas, lo que no encuentra justificación lógica o jurídica, pues solamente es dable inconformarse objetando aquellos documentos que hubieran sido aceptados como prueba por el Juez del conocimiento. Es, pues, incorrecto sostener que el demandado pudo hacer las objeciones que señala al darle vista con las pruebas y correrle traslado con éstas, dado que no se habían admitido como tales.

"Por lo hasta aquí expresado, se arriba a la conclusión de que en materia mercantil, contrario a lo dicho por la Sala responsable aun cuando las pruebas documentales o la presuncional legal y humana no requieren mayor trámite para su desahogo los Jueces no tienen facultades para denegar la apertura del término de prueba, pues allí se admitirán y desahogarán las pruebas aportadas, y las partes en su caso, podrán objetar en términos del artículo 1247 del Código de Comercio. Y también se arriba a la conclusión de que el proceder de las autoridades de instancia no permitieron que el aquí quejoso ejercitara su derecho de objetar la prueba documental a que se refiere."

Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis VI.2o.C.511 C, cuyo tenor literal es el siguiente:

"APERTURA A PRUEBA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL HECHO DE QUE SÓLO SE PROPONGAN PROBANZAS QUE NO REQUIERAN DE MAYOR TRÁMITE PARA SU DESAHOGO, NO FACULTA A LOS JUECES PARA DEJAR DE HACERLO, MÁXIME QUE ES EN ESE MOMENTO PROCESAL CUANDO LAS PARTES PUEDEN OBJETARLAS. El artículo 1401 del Código de Comercio no otorga al juzgador una facultad discrecional para abrir a prueba el juicio ejecutivo mercantil o dejar de hacerlo, ya que el legislador empleó el modo imperativo al señalar que el Juez ‘admitirá y mandará preparar las pruebas’ y, además, utilizó el gerundio ‘abriendo’ (el juicio a prueba), con lo cual indica la forma en que han de admitirse o mandarse a preparar los medios de convicción que se hubieren propuesto; por tanto, esa disposición categóricamente ordena al juzgador abrir la etapa probatoria, y le indica que en esa dilación admitirá y mandará preparar las probanzas ofrecidas, es decir, sólo abriendo el juicio a prueba es como el Juez podrá admitirlas o mandarlas a preparar. De ahí que el hecho de que sólo se propongan probanzas que no requieran de mayor trámite para su desahogo, como las documentales o presuncionales, no faculta a los Jueces para dejar de abrir el juicio a prueba; máxime que es en ese momento cuando las partes pueden objetarlas en términos del numeral 1247 de la citada legislación."(2)

CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."

Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)

De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de tesis entre lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal en Materia Civil del Sexto Circuito, de acuerdo con las consideraciones que se exponen a continuación.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito pronunció su criterio al resolver un asunto en el que, en un juicio ejecutivo mercantil, se demandó el pago de un título de crédito (pagaré) y la parte demandada no contestó la demanda ni ofreció prueba alguna.

La parte actora solicitó que al haberse constituido en rebeldía el demandado y no habiendo pruebas que desahogar, se pasara al periodo de alegatos y se citara a las partes para oír sentencia. El Juez del conocimiento dictó un proveído en el que determinó que no era la etapa procesal correspondiente, en virtud de que primero debían desahogarse las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio, en términos de la ley.

Al respecto, este Tribunal Colegiado consideró que la obligación del juzgador de abrir el juicio a desahogo de pruebas, depende de la admisión de las pruebas que debe mandar a preparar, lo cual será en relación con las ofrecidas por la parte demandada para acreditar sus excepciones, por lo que en el caso al no haber sido contestada la demanda, era evidente que la apertura del periodo probatorio se tornaba innecesaria.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito emitió su criterio al resolver un asunto en el que, en un juicio ejecutivo mercantil se demandó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. En ese juicio, la parte demandada dio contestación a la demanda, opuso sus excepciones y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

La parte actora solicitó al Juez de la causa abrir el juicio a prueba, petición que fue denegada por considerar que las pruebas ofrecidas por las partes se desahogaban por su propia y especial naturaleza.

Este Tribunal Colegiado, al respecto, resolvió que los Jueces no tienen facultad para denegar la apertura del término de prueba, pues consideró que era ahí precisamente donde se admiten y desahogan las pruebas aportadas en el juicio.

De lo anterior se desprende que el análisis de los tribunales contendientes partió de los mismos elementos, pues, por un lado, en el caso resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se tomó en cuenta que sólo existían pruebas que no requerían de un desahogo especial, tales como las documentales exhibidas por la parte actora y, por el otro, en el caso resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, también se dio la circunstancia de que sólo se ofrecieron pruebas documentales por ambas partes y, en ambos casos, los Jueces decidieron no abrir el periodo probatorio al no existir pruebas que requirieran un desahogo especial; sin embargo, ante esta cuestión, los tribunales contendientes emitieron opiniones contradictorias.

En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consideró que el artículo 1401 del Código de Comercio no sólo no deja en libertad al Juez para abrir o dejar de abrir a prueba los juicios mercantiles, sino que imperativamente se le ordena que en ese periodo admitirá o mandará preparar las pruebas; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al considerar que la apertura del término probatorio era innecesaria no sólo por la naturaleza especial de los títulos de crédito, sino por existir la facultad del Juez de tomarlo oficiosamente en consideración, de manera tácita estimó que el Juez sí está facultado para dejar de abrir ese periodo probatorio.

Esto es, el Tribunal del Sexto Circuito consideró que el Juez debe abrir en todos los casos el periodo probatorio en los juicios mercantiles, mientras que el Tribunal del Primer Circuito consideró que dicho periodo puede omitirse cuando el Juez lo estime innecesario.

De esta manera, se llega a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, sí existe la contradicción de criterios, pues el análisis de los tribunales contendientes partió de los mismos elementos y se analizó una misma cuestión jurídica: si es posible omitir la apertura del periodo probatorio en los juicios ejecutivos mercantiles; sin embargo, las decisiones a las que llegaron los tribunales contendientes fueron divergentes, ya que uno de ellos estimó que no era posible en ningún caso omitir ese periodo probatorio, y el otro consideró que podía dejar de abrir tal periodo si lo consideraba innecesario.

Establecido lo anterior, el problema a dilucidar en la presente contradicción de tesis, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: Tratándose de juicios ejecutivos mercantiles ¿la apertura del periodo probatorio queda al arbitrio del Juez, es decir, es optativa o es obligatoria en todos los casos?

QUINTO. Determinación del criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución en atención a los razonamientos que a continuación se exponen.

Para resolver el problema jurídico planteado es necesario plantear algunos principios que rigen el proceso en general; posteriormente, se tomará en cuenta la estructura general de los juicios ejecutivos mercantiles y dentro de ellos, la regulación que se hace en el Código de Comercio del periodo probatorio; para después decidir respecto de la posibilidad de los Jueces de omitir la apertura de dicho periodo, tomando en cuenta las características y alcances del mismo.

I) Principios fundamentales del proceso en general. Entre los principios fundamentales que rigen la ciencia procesal, es necesario hacer referencia a los que a continuación se indican por estimarse necesarios para resolver el tema de la presente contradicción.

a) Principio de interés público o general del proceso. Cualquier tipo de proceso (civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, etcétera) es eminentemente de interés público o general porque persigue y garantiza la armonía, la paz y la justicia sociales. Esto es, a través del proceso se tutela el interés general en la realización del derecho objetivo sustancial en los casos concretos para mantener la mencionada armonía y la paz sociales y para tutelar la libertad y la dignidad humanas.

b) Igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso. De este principio se deducen dos consecuencias: 1) La de que en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa, lo cual tiene fundamento en la máxima audiatur et altera pars, que viene a ser una aplicación del postulado que consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la organización de los Estados modernos; 2) Que n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20311-157e50b4/periodo-probatorio-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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