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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20879
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO (ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 12.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO (ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en razón de que fue formulada por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el once de enero de dos mil siete el amparo en revisión 627/2006 (toca número 329/2006) determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Por último, procede el análisis del argumento contenido en el primer motivo de inconformidad, en el cual se aduce en esencia, que el Juez de Distrito aplicó indebidamente el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su resolución choca con las reglas de la carga de la prueba, ya que relevó a una de las partes de su cumplimiento, porque si la tercera perjudicada negó la existencia del contrato, a ella correspondía el gravamen procesal, si se considera que los artículos 1693, 2292, 2303 y 791 del Código Civil del Estado, generan una presunción legal de validez del contrato; sin embargo, el juzgador federal no le dio el valor que le corresponde; máxime que los recibos de renta presumen la posesión del bien controvertido. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado el argumento sintetizado; sin embargo, a la postre resulta inoperante para revertir el sentido del fallo recurrido, en la medida de las consideraciones siguientes: El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por estimar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, porque, a su juicio, el contrato de arrendamiento es ineficaz para demostrar las pretensiones del quejoso, ya que se trata de un documento privado carente de fecha cierta, por no haberse presentado ante un fedatario público o un funcionario en razón de su oficio, ni haber fallecido cualquiera de los suscriptores. A juicio de este tribunal, lo resuelto por el Juez de Distrito es incorrecto, por diversas razones. En primer lugar, los artículos 2292 al 2390 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que regulan el contrato de arrendamiento no prevén, por regla general, que el concordato deba celebrarse ante fedatario público, salvo que se trate de un predio rústico y la renta exceda de cinco mil pesos anuales; por tanto, no puede exigirse que sea presentado ante un fedatario público o funcionario por razón de su oficio, por no ser un requisito previsto en la ley. Lo anterior trae aparejada la práctica generalizada de que los contratos de arrendamiento constan sólo en documentos privados, lo cual no debe soslayar el juzgador, quien no puede abstraerse de la realidad social. No se desconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios en el sentido de que el interés jurídico en el juicio de amparo se acredita con medios de convicción que produzcan certeza sobre los actos en los cuales se funda el derecho defendido, como ocurre con los contratos privados de compraventa o los endosos de facturas, empero, no menos es verdad que el común denominador de todos esos criterios, es que se refieren a actos traslativos de dominio. Así, el Alto Tribunal no lo ha extendido a los actos traslativos de uso, entre otros, el contrato de arrendamiento. Por tanto, no es dable aplicar en forma indiscriminada un criterio emitido con base en datos y circunstancias diversas. En ese sentido, tampoco se inadvierte que la razón toral subyacente en los criterios emitidos por el Máximo Tribunal, es dar legalidad y certeza jurídica a los actos traslativos de dominio, evitando así que el juicio de amparo se use para fines desleales, dado que si no se satisface el requisito de certeza, es imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso; sin embargo, esa perspectiva no priva tratándose del arrendamiento, pues por disposición de la ley, éste subsiste aunque se transmita la nuda propiedad. Además, el Juez de Distrito sustentó su determinación en las tesis (aislada y de jurisprudencia) emitidas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tituladas: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA.’ y ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’, y afirmó que el análisis hecho por el Alto Tribunal no sólo se constriñó a actos traslativos de dominio sino también de uso y, al efecto, transcribió una parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 4837/59 (que constituye uno de los precedentes del criterio invocado en segundo lugar). No obstante, se reitera lo dicho con anterioridad, en el sentido de que dicho criterio no puede extenderse al caso que nos ocupa (arrendamiento) por tratarse de circunstancias distintas, pues en tal ejecutoria, cuyo tema debatido fue la sentencia de segunda instancia dictada en una tercería excluyente de dominio, la mención de la certeza del contrato de comisión mercantil que ahí se indica, fue únicamente un referente histórico para explicar por qué los bienes gravados estaban en posesión del ejecutado, pero de la lectura detenida de dicha ejecutoria (concretamente en la página dos), podrá advertirse con meridiana claridad que el contrato de comisión mercantil no es el eje decisorio de ese fallo, pues los documentos en el cual la tercerista sustentó sus pretensiones, fueron precisamente la factura y el pedimento de importación que describen los bienes gravados, mas no el contrato de comisión mercantil que destaca el Juez de Distrito, es decir, dicho concordato es un dato secundario que robusteció el acervo probatorio, pero de modo alguno implica un pronunciamiento en torno a que los documentos que contengan actos traslativos de uso deben ser de fecha cierta y, mucho menos, hace referencia al contrato de arrendamiento. Respecto a los demás precedentes que dijo tener a la vista el Juez de Distrito, debe decirse que en ello se discutieron cuestiones relativas a actos traslativos de dominio (lo que ya definió el Alto Tribunal), mas no tratan temas relacionados con el contrato de arrendamiento y la exigencia de certeza. Lo apuntado genera una sustancial diferencia en el caso que nos ocupa, porque el quid de la discusión en ese asunto, es que el quejoso se ostenta persona extraña al juicio y reclama la desposesión de un bien que dice poseer en calidad de arrendatario, para lo cual, basa su aserto en un contrato privado de arrendamiento, por tanto, el problema se constriñe a un punto de derecho, esto es, determinar si ese documento, per se, es o no suficiente para acreditar el interés jurídico, o bien, requiere ser de fecha cierta. Las consideraciones anteriores llevan a este tribunal a concluir que no puede exigirse que el contrato de arrendamiento requiera de fecha cierta para acreditar el interés jurídico del quejoso. Conclusión que se patentiza si se considera que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, emitió la jurisprudencia titulada: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DE ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’, en la cual destacó que la posesión tutelada por el artículo 14 constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, no es la simple tenencia materia del bien, sino aquella basada en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, es decir, una base objetiva, que razonablemente produzca convicción del derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así, es claro que cuando el Alto Tribunal hizo referencia a ‘una figura jurídica prevista en la ley’, necesariamente implica una remisión a las disposiciones del orden común y la forma en que están reguladas las distintas maneras de adquirir la posesión de un bien y, con ello, su continente y contenido; por tanto, para acreditar un acto jurídico del cual derive la posesión, como ocurre con el arrendamiento, no es dable exigir más requisitos de los establecidos en la ley. En atención a las razones expuestas en el considerando anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio invocado por el Juez de Distrito, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes, son del siguiente tenor: Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, tesis II.1o.C.T.25 K, página 661. ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL.’. De igual manera, este órgano jurisdiccional disiente del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 437/2005, en sesión de diecinueve de enero de dos mil seis, similar al de la tesis suprainserta, es decir, que el contrato de arrendamiento requiere ser de fecha cierta para acreditar el interés jurídico, cuando el quejoso reclama actos desposesorios y se ostenta persona extraña al juicio ..."

En similares términos se pronunció al resolver el amparo en revisión 373/2005.

B) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese circuito), al resolver el amparo en revisión 32/96, consideró lo siguiente:

"... En efecto, los impetrantes de garantías se ostentan como terceros extraños a juicio, y refieren violación en su perjuicio, a las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber sido llamados en el juicio de donde emana la orden de lanzamiento de cuya ejecución se duelen; empero, no siendo los contratos de arrendamiento exhibidos por los impetrantes de garantías, de fecha cierta, dada su naturaleza de documentos privados, pues no fueron ratificados ante ninguna autoridad con fe pública, no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, el interés jurídico de los quejosos. Sirve de apoyo a esta consideración por analogía, la tesis consultable en el sistema óptico de la jurisprudencia bajo el siguiente texto y rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO. Si quienes se quejaron en el Amparo Indirecto de haber sido afectados en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, exhibieron contratos privados de compraventa, en cuyo reverso figura la cesión de derechos que hizo a su favor al anterior adquiriente, es correcto concluir que con tales documentos no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues, para que tal cosa ocurra resulta obligado que los referidos títulos sean de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público, desde la muerte de cualesquiera de los firmantes o bien desde la fecha en que el documento se entregue a un funcionario público por razón de su oficio, sin que pueda valer en contrario, el argumento de revalidación basado en el artículo 2189 del Código Civil del Estado de Jalisco, ya que ésta sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y adjudicación de que se duelen los impetrantes de garantías fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro que la fuerza convictiva de un título privado no objetado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la cesión de derechos, cuando éste es de fecha cierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos.’. Por otra parte, la posesión anterior al acto de que se duelen los quejosos, tampoco se evidencia con la testimonial de Zoila Santiago Sánchez y Lidia Margarita Rivera Castillo, quienes se concretaron a decir respectivamente: ‘1R. Que sí conoce a los quejosos mencionados ... 2R. Que también conoce al señor Roberto Chávez Castelán ... 3R. Que sí sabe, pues tiene conocimiento que el señor Roberto Chávez Castelán les renta a los quejosos descritos ... 4R. Que el motivo por el que ocupan el inmueble los referidos quejosos, es porque la señora Florinda tiene la accesoria número 1 en donde está la tortillería, el señor Salvador tiene la accesoria 2 y vende comida; y las accesorias 3 y 4 tienen una mueblería el señor Carlos y la número 5 y la tiene la señora Antonia quien tiene un acuerdo que puede ser la vivienda número 5 y arriba también está el señor Arturo y que puede ser la vivienda número 6 ... 5R. Que todo lo anterior lo sabe la testigo en virtud de que vende productos de Jafra y los vende a dichas personas, además de que se pone a platicar con dichas personas.’; 1R. Que sí conoce a los citados quejosos ... 2R. Que también conoce al señor Roberto Chávez Castelán ... 3R. Que son los quejosos arrendatarios del señor Roberto Chávez Castelán ... 4R. Porque la señora Florinda tiene una tortillería, el señor Salvador tiene una fonda de comidas corridas, el señor Carlos tiene una mueblería y la señora Antonia renta ahí una vivienda y el señor Arturo también renta una vivienda ... 5R. Que porque hace como seis años la testigo fue arrendataria del señor Roberto Chávez Castelán y actualmente es vecina y vive como a tres calles de ese lugar en San Lorenzo Chimalhuacán.’ (F. 412), pues jamás dijeron la fecha a partir de cuando, según su dicho, los quejosos rentan el inmueble a que alude la cuarta pregunta directa. Por último debe decirse que los restantes medios de prueba, sólo acreditan lo que en ellos se contiene, es decir, el suministro de gas, la suscripción de un título de crédito, pero no la fecha cierta del título ni la posesión que dicen ostentar los quejosos ..."

El anterior criterio, originó la siguiente tesis:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL. Si el contrato de arrendamiento exhibido por el impetrante de garantías, con el cual pretende acreditar su interés jurídico, es de fecha incierta, dada su naturaleza de documento privado, sin haber sido presentado ante ninguna autoridad con fe pública; no puede considerarse para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico del quejoso." (Tesis II.1.C.T.25 K, publicada en la página seiscientos sesenta y uno, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

En similares términos se pronunció al resolver los amparos en revisión 151/2004, 269/2004, 23/2006 y 136/2006.

C) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 933/2005 (toca número 437/2005), sostuvo lo siguiente:

"... Ahora bien, los diversos motivos por los cuales se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo y que se estiman de orden primario a los invocados por el A quo federal, consisten en que el contrato privado de arrendamiento, que exhibió la quejosa para acreditar su derecho de posesión del inmueble controvertido y por ende su interés jurídico, carece de fecha cierta. Requisito el que si bien, hasta ahora el más Alto Tribunal del país, lo exige a los documentos privados en que se hacen constar actos traslativos de dominio, no se advierte impedimento alguno para exigirlo a los documentos en que se hacen constar actos que confieren el uso de un inmueble, como lo es el contrato de arrendamiento. En efecto, el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, al disponer en lo conducente que: ‘... El documento proveniente de un tercero sólo prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.’. Establece la posibilidad de que un documento privado proveniente de tercero, como es el caso, puede perfeccionarse a través del reconocimiento tácito, derivado de la falta de objeción por parte de quien le puede deparar perjuicio; sin embargo, este reconocimiento no opera respecto a la fecha del documento, ya que para tal efecto, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles en cita, establece en el artículo 208, que: ‘Artículo 208. Los escritos hacen fe de su fecha, en cuanto ésta indique un hecho contrario a los intereses del actor.’. Dispositivo del cual se desprende que la fecha que conste en un documento, hace fe, en cuanto indique un hecho contrario a los intereses del actor, pero no en beneficio del oferente, por lo cual, se estima que está obligado a demostrar la fecha cierta del documento, la cual de acuerdo a la jurisprudencia reiterada por el más Alto Tribunal del país, se obtiene cuando se presentan a un registro público, ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Para mayor objetividad, se cita la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, tesis: 237, página: 162, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.’. Lo anterior se estima de esa manera, toda vez que es criterio uniforme de la doctrina y reconocido por la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país, que los documentos privados, a diferencia de los públicos, son pruebas imperfectas que por sí mismas no acreditan su autenticidad y, por ende, deben perfeccionarse a través de diversos medios. Apoya la anterior afirmación, la jurisprudencia 86/2001 de rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’. Emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 32/94, entre las sustentadas por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito y por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito (actualmente Primero, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito), la cual puede consultarse en la página 11, del Tomo XIV, del mes de noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuya ejecutoria, en lo que interesa, se dijo lo siguiente: ‘QUINTO: ... En principio, cabe mencionar que los documentos, como medio de prueba, surgen como una forma aparentemente segura de representación permanente de los hechos que en ellos se hicieron constar, con el objeto de producir certeza y seguridad sobre su existencia y así excluir, en lo posible, la incertidumbre que multiplicaba los conflictos, el malestar general y la inestabilidad social. Así, resulta que el elemento lógico y jurídico primario de validez sobre el que descansa la eficacia probatoria del documento es su autenticidad, circunstancia indispensable para poder fijar el alcance de la prueba, pues demostrada la legitimidad de un documento, el juzgador cuenta, cuando menos, con la certeza de que lo plasmado en él ciertamente ocurrió, dependiendo, después de este paso, de su contenido, idoneidad, autoría y el alcance exacto que le dé el juzgador a los hechos que arroja el documento. En los sistemas de valoración de pruebas imperantes en el derecho nacional, por regla general, los documentos privados son considerados imperfectos, esto es, ordinariamente llegan al juicio sin que la ley reconozca que por sí mismos demuestran su autenticidad, como por ejemplo sí ocurre con los documentos públicos que las legislaciones presumen auténticos, cuando se elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se demuestre lo contrario.’. Ahora bien, para llenar esta imperfección (que no tienen los documentos públicos), las leyes generalmente prevén que el documento privado se relacione con otras probanzas, con cuya adminiculación es posible completarlo o perfeccionarlo, es decir, probar su autenticidad. Los medios más naturales reconocidos para completar la fuerza de convicción del documento privado son: el reconocimiento expreso y el reconocimiento tácito (en algunos ordenamientos procesales este reconocimiento tácito resulta de la falta de objeción de autenticidad, que no hace valer la contraparte del oferente en el término que para tal efecto señala la ley), aun cuando pueden aportarse otras probanzas aptas para perfeccionarlo, tales como la prueba pericial y la prueba testimonial. Las partes pueden ofrecer generalmente cualquier medio de prueba para demostrar sus pretensiones, en tanto la ley no excluya alguno de los medios probatorios precisados ...’. Por otra parte, Eduardo Pallares en su obra intitulada Diccionario de Derecho procesal Civil (vigésimo sexta edición, Editorial Porrúa, página 298), destaca algunas características o particularices (sic) propias de los documentos privados, entre las cuales, son de destacarse las siguientes: ‘e) Sostienen la mayoría de los autores que el documento privado sólo hace fe contra terceros para probar la convención o disposición que en él se contiene, cuando tenga fecha cierta, pues de lo contrario, podría ser antedatado con perjuicio de aquéllos. El Código Civil previene a este respecto que la cesión «de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: I. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; II. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en el Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio». (Artículo 2034); ... i) El documento privado, a diferencia del público, no prueba su procedencia ni su fecha (Carnelutti, Sist. II-516);’. Por otro lado, en cuanto al valor probatorio de este tipo de documentos, en relación a la fecha, el jurisconsulto Hernando Devis Echandía en su obra Teoría General de la Prueba Judicial (Editorial Cárdenas Editores, Quinta Edición, Tomo II, páginas 572 y 576 a 579), realiza las siguientes consideraciones: ‘... b) VALOR PROBATORIO DE LA FECHA. La fecha de los documentos forma parte de las declaraciones que contienen (declaración de haberse otorgado en esa fecha) y determina el momento desde el cual se surte su fuerza obligatoria, es decir, sus efectos jurídicos vinculantes entre las partes, que pueden beneficiar o perjudicar a los terceros en sus relaciones con éstas; desde este punto de vista los terceros no están obligados a reconocer la verdad de la fecha declarada por las partes, cualquiera que sea el documento. Sin embargo, esa fecha se convierte en un hecho cierto frente a todo el mundo, en ciertas circunstancias; así, cuando un funcionario público interviene en el otorgamiento del documento (escrituras públicas e instrumentos públicos; C.P.C. colombiano, art. 264), o en acto posterior relacionado con el mismo (registro, reconocimiento de firmas, pago de impuesto, recepción en un proceso, verificación en una inspección u otra diligencia judicial, anexo a una declaración de renta o patrimonio, presentación ante otra autoridad de policía o un funcionario administrativo, cuando se trata de documentos privados) y cuando muere alguna de las personas que han firmado el documento privado (C. de P.C. colombiano, art. 280). Entonces, no es la declaración de las partes del documento, sino el hecho de la intervención del funcionario público y de la fe pública que en él deposita el legislador o el hecho de la muerte (que hace imposible su otorgamiento con posterioridad), lo que le otorga valor probatorio erga omnes a la fecha del documento.’ (lo subrayado es autoría de este tribunal). ... ‘357. Valor probatorio y fuerza obligatoria del documento probado no auténtico.’. ‘Es necesario distinguir los documentos privados auténticos y los no auténticos, y los efectos tanto probatorios como obligatorios entre las partes y respecto de terceros.’. ‘a) VALOR PROBATORIO Y FUERZA OBLIGATORIA DEL DOCUMENTO PRIVADO NO AUTÉNTICO . Este documento carece de valor probatorio contra terceros y entre las partes (excepto el valor

de prueba sumaria cuando lleva la firma de dos testigos), lo mismo que de fuerza obligatoria entre éstas y sus causahabientes, puesto que mientras no se establezca su autenticidad (cfr., núm. 338), no contiene ninguna confesión extrajudicial de la parte contra quien se aduce o de su causante, ni tiene eficacia probatoria como documento (cfr., núm. 338); le falta un requisito esencial a toda prueba, ni siquiera sirve para saber si realmente fue otorgado por quien lo firma, ni hay razón jurídica para presumirlo. Una vez reconocido o declarado tal o producido el reconocimiento tácito por ausencia de tacha de falsedad (cfr., núm. 351), adquiere el carácter de auténtico y tiene el valor que en el parágrafo siguiente explicamos.’ ... ‘d) VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO ANTE TERCEROS. La situación de los terceros, frente a estos documentos, es la misma que respecto a las escrituras públicas (hacen plena prueba del hecho de haberse otorgado y acerca de su contenido, pero no de su veracidad) con la diferencia, muy importante, respecto a la fecha de su otorgamiento (C. de P.C., art. 280), que contra los terceros no es la que aparece en el documento privado, sino la de su autenticación, o la de ocurrencia de alguno de los hechos que conforme a la ley le otorgan la calidad de cierta (cfr., núm. 356). Pero esos terceros pueden atenerse a la fecha del documento, si les conviene, lo mismo que a sus demás declaraciones (cfr., punto siguiente).’. ‘El contenido del documento privado auténtico no forma plena prueba en contra de los terceros; pero éstos no pueden desconocerlo, a partir de su fecha cierta, en cuanto una de sus partes sea una persona distinta de quien lo aduce como prueba y con él se establezca una situación jurídica para el oponente (como la de comprador de un bien mueble o de arrendatario de cualquier bien), porque tiene cierto valor probatorio que puede completarse con otros medios, como testimonios. Una vez autenticado, no hay razón jurídica para desconocerle el mérito probatorio que ante terceros tiene la escritura pública, porque la presencia del notario en éstas no le da mayor verosimilitud a las declaraciones formuladas por las partes. Por consiguiente, no es cierto que el documento privado auténtico sea inoponible siempre a los terceros y que su contenido sea inexistente para éstos, si los perjudica; otra cosa es que no los obligue, conforme a lo que se explica en el punto siguiente, tal como ocurre con la escritura pública. En cambio, si el documento privado auténtico proviene únicamente de la parte que lo aduce a su favor, no puede tener valor alguno de prueba, en los sistemas legales que, como el colombiano, no aceptan el testimonio favorable al declarante; en las legislaciones que le reconocen un valor de indicio a la declaración favorable a quien la hace, podrá reconocérsele ese relativo mérito probatorio.’. ‘Como explica muy bien RICCI, si el legislador le reconoce el valor probatorio al documento privado, en cuanto a su fecha, desde el momento en que adquiere el carácter de cierta, «es claro que el contenido del documento hace fe también respecto de terceros» 224. A esto agregamos que el documento privado auténtico tiene el mismo valor probatorio que el documento público. En el mismo sentido di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20879-31d1331c/arrendamiento-cuando-el-quejoso-reclama-el-desposeimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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