RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal en Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado Víctorino Rojas Rivera, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, mediante oficio **********, de tres de agosto de dos mil siete, recibido en este Supremo Tribunal el siete siguiente, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete el juicio de amparo directo civil **********, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"TERCERO. ... Por otra parte, en el caso se estima innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación aducidos por el quejoso; toda vez que resulta fundado el incidente de falsedad de firmas que calzan la demanda de amparo y, por ende, ésta es improcedente por las razones que más adelante se precisarán ... CUARTO. En congruencia con lo determinado en el considerando que antecede, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso 21, ambos de la Ley de Amparo. Así lo es, porque aun cuando este Tribunal Colegiado por acuerdo de presidencia del veintitrés de febrero de dos mil siete, previo a la admisión de la demanda, requirió a los quejosos para que ratificaran las firmas estampadas en ella, en virtud de que eran notoriamente distintas de las demás que aparecían en autos, y aun cuando se haya dado cabal cumplimiento a dicho requerimiento mediante diligencia de uno de marzo del año en curso, lo cierto es que dicha ratificación sólo puede surtir efectos cuando las firmas ratificadas no son declaradas falsas, pues en este caso previamente debe determinarse si la objeción es fundada o no, con independencia de la ratificación, ya que de sostenerse que las firmas que calzan la demanda de amparo no corresponden al puño y letra de los quejosos, como aconteció en el caso, es de concluirse que su voluntad de promover la demanda de amparo se expresa precisamente hasta el momento de la ratificación, pero no desde que aquélla se presentó. En efecto, no puede desconocerse que si los quejosos comparecieron personalmente ante este órgano jurisdiccional el uno de marzo del año en curso, a reiterar su intención de promover juicio de amparo contra el acto de autoridad que estiman afectó sus garantías individuales, es obvio que en ese momento ejercitaron el derecho de acción en los términos de la demanda de amparo que ratificaron, con independencia de que no sean ellos quienes firmaron el escrito de demanda -como se demostró en el mencionado incidente de falsedad- pues al haber manifestado que ‘ratifican en todas y cada una de sus partes el escrito de demanda de fecha cinco de enero de dos mil siete ...’ están haciendo suyas todas las aseveraciones que en la demanda se contienen. Al respecto debe precisarse que la ratificación de la demanda de amparo, sin que se demuestre la falsedad de las firmas que le dan identidad, lleva a considerar que dicho escrito sí procede de quien lo suscribe y ratifica, debiéndose tener por ejercitada la acción de amparo desde el momento en que se presentó ante la autoridad responsable, o en su caso ante la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito, tratándose de amparo indirecto. En cambio, cuando no obstante de haberse ratificado la demanda de amparo -sea directo o indirecto- se demuestra la falsedad de las firmas en ella estampadas, no puede considerarse en realidad que la comparecencia pueda tener el efecto de ratificar algo que no se ha realizado, es decir, que no puede sostenerse el que los quejosos hayan suscrito la demanda; pues resultaría absurdo sostener que se está ratificando algo que antes no se afirmó (sic). En cambio, legalmente sí puede considerarse que (sic) en ese momento cuando los comparecientes hacen suyo el contenido de la demanda, pues conforme a la interpretación teleológica del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien le perjudica el acto reclamado, y sólo puede seguirse precisamente por el agraviado, por su representante o defensor; de donde se desprende que es hasta el momento en que los quejosos comparecen ante el órgano jurisdiccional cuando hacen suyo el contenido de la demanda y no desde la fecha de presentación de aquélla, pues como ya se dijo, esa comparecencia no constituye una ratificación si pericialmente se determinó que la firma no fue estampada por los promoventes y, por tanto, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el cómputo de la procedencia del juicio de aparo (sic) es precisamente la de la comparecencia de los quejosos y no la de presentación de la demanda. A mayor abundamiento se estima que esta postura es de utilidad práctica para la técnica del juicio de amparo, porque con ella se daría la oportunidad al quejoso de que si al ratificar la demanda se encontrare dentro del plazo que la ley establece para promover el juicio, entonces se diera trámite a su petición procediendo a la sustanciación del juicio, pues en todo caso sería manifiesta su voluntad de acudir al juicio de garantías; en cambio, de haber transcurrido ya los plazos que prevén los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo, habría de considerarse que la manifestación de la voluntad de promover el juicio de garantías se realizó de forma extemporánea y que, por tanto, procedería decretar el sobreseimiento en el juicio. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado determina que la demanda de amparo es improcedente conforme a la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que al respecto establece: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Mientras que el numeral 21 de la misma ley dispone: (se transcribe). De dichos preceptos de desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no sea promovido dentro de los términos a que se refiere la ley de la materia; luego, si en el juicio de amparo directo en materia civil rige la regla general de que -conforme al citado artículo 21 de la Ley de Amparo- el término para la presentación de la demanda es de quince días, y si de autos consta que la sentencia reclamada se notificó a los quejosos el **********, empero la demanda no se tiene por presentada sino hasta el día **********, cuando los quejosos manifestaron que ratificaban en todas y cada una de sus partes el escrito de demanda de fecha **********, precisamente porque pericialmente se determinó que las firmas que lo calzan no procedían del puño y letra de los quejosos, es evidente que la acción de amparo se ejercitó fuera de ese plazo legal y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Es de indicarse que si bien se presentó en tiempo una demanda de amparo ante la autoridad responsable, impugnando la sentencia reclamada, lo cierto es que resultó que las firmas que le daban autoría no fueron suscritas por los agraviados y, por tanto, su presentación ante la Sala responsable no interrumpía el plazo con el que contaban los quejosos para impugnar el acto de autoridad del que se duelen; de manera que fue hasta el momento en que ratificaron el contenido del escrito que contiene la demanda de amparo, cuando legalmente se tuvo por externada su voluntad de promover el juicio de garantías; ello si se tiene en cuenta que la demanda es un acto jurídico unilateral por el que principia la instancia, de modo que quien la suscribe adquiere los derechos y obligaciones que de ella se derivan, empero no quien no la ha suscrito, de modo que al haber transcurrido en exceso el plazo perentorio que establece la ley para el ejercicio de la acción de amparo, antes de que se tuviera por ratificada la demanda, entonces debe concluirse que el juicio es improcedente por extemporáneo."
Por otro lado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo **********, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Que en virtud del sentido que tendrá la presente resolución, resulta innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia reclamada, así como hacer un resumen de los conceptos de violación. En efecto, al resultar fundado el incidente de nulidad de actuaciones antes precisado, se manifiesta debidamente acreditado un motivo de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio, según se pondrá de relieve a continuación. SEXTO. Que por tratarse de una cuestión de estudio preferente, se procede a analizar, en primer término, la causa de improcedencia que se estima actualizada en el caso concreto. Este Tribunal Colegiado de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en relación con el artículo 4o. de dicho ordenamiento, que establece que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos que la ley lo disponga y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Lo anterior es así, porque al resultar fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma **********, promovido por ... en el que se ha determinado que la firma estampada en la demanda de garantías que da origen al juicio de amparo que nos ocupa, no fue impuesta de puño y letra por ... apoderado de la parte quejosa, ello implica que la demanda de garantías no se haya presentado por quien está legitimado para hacerlo y que, por tanto, el quejoso no haya exteriorizado su voluntad de intentar el juicio constitucional, porque no existe iniciativa de parte agraviada, lo que se traduce en falta de interés jurídico de este último. En esas condiciones, si este tribunal resolvió fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, es evidente que la firma estampada al pie de la demanda de amparo fechada el **********, que dio origen al juicio de garantías en trato, no es de quien dice ser, o sea, no corresponde por su ejecución al puño y letra de ... quien dice comparecer en representación de ... a ejercitar la acción constitucional y, por tanto, no existe en la demanda un signo inequívoco de que el quejoso dio su consentimiento, por conducto de su representante, para entablar el presente juicio de amparo, porque la demanda no fue suscrita por quien legalmente podía y debía hacerlo, sino por una persona distinta que no tiene la representación del quejoso. En otras palabras, el que el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma haya resultado fundado, implica que quedó demostrado que el representante legal del quejoso no suscribió la demanda de amparo y, por tanto, no puede demostrarse el interés jurídico de aquel para combatir los actos reclamados, pues no se cumplió con el requisito que para la promoción de las demandas de amparo prevé el artículo 4o. de la Ley de Amparo, cuando éstas se promueven por el representante del quejoso, ya que el apoderado del amparista no firmó la demanda, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la citada ley, procede sobreseer en el juicio de garantías que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XII.1o.6 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, del rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE ACREDITA QUE LA FIRMA QUE CALZA, NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE.’ (publicada en la pág. 493, T. IX, febrero de 1999, 9a. Época, S.J.F. y su Gaceta). El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclamaron a la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la ordenadora, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, máxime que no se impugnaron por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO.’ (publicada en la pág. 41, T. 90, Tercera Parte, 7a. Época, S.J.F.)."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXIII, mayo de 2006
"Tesis: I.7o.C.38 K
"Página: 1758
"FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN CUANDO ÉSTA SE IMPUGNA DE FALSA. La ratificación de la firma que calza una demanda de amparo directo, por quien dice haberla estampado, sólo puede surtir plenos efectos cuando no es objetada de falsa, pues cuando ello sucede, lo procedente es determinar si la impugnación es fundada o infundada, con independencia de su ratificación, ya que de resultar falsa la firma, aquella ratificación perderá toda eficacia porque sólo quien suscribe un documento puede ratificarlo; suponer lo contrario, implicaría aceptar como válido el proceder de quien se presenta a ratificar una demanda que no firmó, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, subsanar la omisión de la voluntad de quien no la signó.
"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"Amparo directo ********** (incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma). **********, **********. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez."
CUARTO. Antes de determinar si efectivamente existe divergencia entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se considera conveniente realizar una breve reseña sobre los antecedentes de los asuntos en los que se pronunciaron las sentencias que se analizan.
I. El juicio de amparo directo **********, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, derivó de los siguientes antecedentes:
1. Los quejosos, por derecho propio, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada el ********** por el Magistrado de la Tercera Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca número **********, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la diversa sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, en el juicio sumario civil **********, sobre interdicto para recuperar la posesión de un bien inmueble.
2. Una vez recibida la demanda de amparo directo en el referido Tribunal Colegiado, su presidente, por acuerdo dictado el **********, requirió a los quejosos para que ratificaran las firmas estampadas en ella, toda vez que eran notoriamente distintas de las que obraban en autos como suyas, lo que así hicieron, previa identificación con sus respectivas credenciales de elector, mediante comparecencia de **********, por lo que por proveído de esa misma fecha se admitió a trámite la indicada demanda.
3. Mediante escrito presentado el ********** ante el aludido órgano colegiado, el tercero perjudicado, por conducto de su apoderado, promovió incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de las firmas estampadas en el escrito de demanda.
4. En atención a lo anterior, el Magistrado presidente, por acuerdo dictado el doce siguiente, admitió el incidente de objeción de firmas y tuvo por anunciada la prueba pericial ofrecida por el incidentista; asimismo, ordenó hacer entrega a la parte quejosa del escrito por el que se promovió dicho incidente, a fin de que expusiera lo que a su interés conviniera, y designara perito de su parte.
Los quejosos, a través de su apoderado, dieron contestación oportunamente al incidente de mérito, y designaron perito de su parte.
5. Seguido el juicio por sus trámites legales, una vez desahogados los dictámenes periciales emitidos por los especialistas designados por las partes, así como el del perito tercero en discordia nombrado por el presidente del tribunal, en sesión de **********, se resolvieron en forma conjunta tanto el incidente de falsedad de firmas, que se declaró fundado, como el juicio de amparo directo **********, en el que se sobreseyó en el mismo, al haberse estimado actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de lo fundado del incidente aludido, lo que motivó que se hubiese considerado extemporánea la presentación de la demanda.
Lo anterior obedeció sustancialmente a las siguientes consideraciones:
Después de analizar los dictámenes rendidos por los peritos designados por el tercero perjudicado (incidentista), los quejosos y el Magistrado presidente, el Tribunal Colegiado concluyó que existían elementos de prueba suficientes para determinar que las firmas estampadas en la demanda de amparo no procedían del puño y letra de los propios quejosos, por lo que declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firmas.
Derivado de esa determinación, el Tribunal Colegiado consideró que, en el caso concreto, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con lo dispuesto en el diverso 21, ambos de la Ley de Amparo.
Lo anterior, en razón de que, aun cuando, previamente a la admisión de la demanda, se requirió a los quejosos para que ratificaran las firmas estampadas en ella, por ser notoriamente distintas a las demás que aparecían en los autos relativos, y que éstos dieron cabal cumplimiento a dicha prevención, lo cierto era que la ratificación sólo podía surtir efectos cuando las firmas ratificadas no eran declaradas falsas, pues, en este caso, previamente debía determinarse si la objeción era fundada o no, con independencia de la ratificación, ya que de demostrarse que las firmas que calzan una demanda no corresponden al puño y letra de los quejosos, como aconteció en el caso, era de concluirse que su voluntad de promover la demanda de amparo se expresa hasta el momento de la ratificación, pero no desde que aquélla se presenta ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Sostuvo, además, que no puede desconocerse que si los quejosos comparecen personalmente ante el correspondiente órgano jurisdiccional a reiterar su intención de promover el juicio de amparo contra algún acto de autoridad que lesione sus garantías individuales, es obvio que en ese momento ejercitan su derecho de acción en los términos de la demanda de amparo que ratifiquen, con independencia de que no sean ellos quienes la hubiesen firmado, pues al manifestar que la ratifican en todas y cada una de sus partes, están haciendo suyas todas y cada una de las aseveraciones contenidas en ella.
Asimismo, señaló que la ratificación de la demanda de amparo, sin que se demuestre la falsedad de las firmas que le dan identidad, lleva a considerar que dicho escrito sí procede de quien lo suscribe y ratifica, debiéndose tener por ejercitada la acción de amparo desde el momento en que se haya presentado la misma ante la autoridad responsable.
También precisó que cuando, a pesar de haberse ratificado la demanda de amparo, se demuestra la falsedad de las firmas en ella estampadas, no puede considerarse en realidad que la comparecencia pueda tener el efecto de ratificar algo que no se ha realizado, es decir, no puede sostenerse que los quejosos hayan suscrito la demanda, pues resultaría absurdo afirmar que se está ratificando algo que antes no se firmó.
A pesar de lo anterior, indicó el Tribunal Colegiado, cuando los quejosos hacen suyo el contenido de la demanda al momento de comparecer ante el respectivo órgano jurisdiccional, si bien es cierto que esa comparecencia no constituye propiamente una ratificación, en el caso de que pericialmente se haya determinado que la firma que la calza no fue estampada por el puño y letra de los promoventes, como sucedió en el caso, en cuanto nadie puede ratificar lo que no firmó, también lo es que, legalmente, aquel momento sí puede tenerse como fecha de presentación de la indicada demanda, atento a la interpretación teleológica del artículo 4o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, y que solamente puede seguirse por el agraviado, por su representante o por su defensor.
En este sentido, concluyó el Tribunal Colegiado, si la comparecencia de los quejosos ante el respectivo órgano jurisdiccional, en la que hicieron suyo el contenido de la demanda cuyas firmas que la calzan fueron declaradas falsas, ocurrió después de haber concluido el plazo de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, para instaurar la acción constitucional, es claro que, en la especie, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la misma ley, por lo que debía sobreseerse en el respectivo juicio de amparo, con fundamento en el numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento.
Finalmente, el órgano colegiado sostuvo, a mayor abundamiento, que la anterior postura resultaba de utilidad práctica para la técnica del juicio de amparo, porque con ella se daría oportunidad al quejoso de que si al ratificar la demanda se encontraba dentro del plazo que la ley establece para promover el juicio, entonces se le daría trámite a su petición, procediéndose a su sustanciación, pues sería manifiesta su voluntad de acudir al juicio de garantías; en cambio, de haber transcurrido ya los plazos que prevén los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo, habría de considerarse que la manifestación de esa voluntad se realizó de manera extemporánea y que, por tanto, procedería decretar el sobreseimiento en el juicio.
II. Los antecedentes del juicio de amparo directo **********, cuyo conocimiento correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, son los siguientes:
1. El quejoso, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada el ********** por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso en contra de la diversa sentencia pronunciada por la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de dicho tribunal, en el juicio ordinario mercantil **********.
2. Una vez recibida la demanda de amparo directo en el aludido Tribunal Colegiado, su presidente, por acuerdo de **********, requirió al apoderado del quejoso para que dentro del término de tres días compareciera a manifestar si la firma que calzaba dicho escrito provenía de su puño y letra y, en todo caso, la ratificara, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no interpuesta, en virtud de que la firma estampada en ella era notoriamente distinta de la que obraba en el expediente natural.
3. Mediante comparecencia de **********, el apoderado del quejoso manifestó ante el Tribunal Colegiado, bajo protesta de decir verdad, que la firma que calzaba el escrito de demanda provenía de su puño y letra, ratificándola tanto en contenido como en firma, por lo que por auto de ********** siguiente se admitió a trámite la misma.
4. Por escrito de **********, las personas morales terceras perjudicadas, a través de sus respectivos mandatarios, promovieron incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de la firma que obraba en el escrito de demanda, mismo que se admitió por proveído de **********, en el que, además, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que así hizo, por escrito de ocho de noviembre posterior.
5. Inconforme con dicho proveído, la parte quejosa interpuso en su contra recurso de reclamación, el cual se declaró infundado mediante resolución de **********, por lo que por auto de ********** se ordenó continuar con el trámite del incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, abriéndose un periodo probatorio en el que las partes ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes para la demostración de sus respectivas pretensiones, entre los que destaca la prueba pericial.
6. Una vez desahogados los dictámenes periciales rendidos por los especialistas designados por las partes, así como por el tercero en discordia, en sesión de **********, el órgano jurisdiccional resolvió en forma conjunta tanto el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, que declaró fundado, como el juicio de amparo directo **********, en el que sobreseyó en el mismo, al haber estimado actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo.
Tal determinación obedeció fundamentalmente a las siguientes consideraciones:
El Tribunal Colegiado precisó que al haber resultado fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firmas, promovido por los mandatarios de las empresas terceras perjudicadas, ello implicaba que la demanda de garantías no se hubiese presentado por quien estaba legitimado para hacerlo y que, por tanto, el quejoso no hubiere, por conducto de su apoderado, exteriorizado su voluntad de intentar el juicio constitucional, de lo que se seguía que no existía iniciativa de parte agraviada, lo que, a su vez, se traducía en falta de interés jurídico de aquél.
Asimismo, señaló que la circunstancia de que se hubiese declarado fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firmas, implicaba que había quedado demostrado que el representante legal del quejoso no suscribió la demanda de amparo, de lo que se seguía que aquél no justificó su interés jurídico para combatir los actos reclamados, pues no había cumplido con el requisito que para su promoción prevé el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualizaba la causal de improcedencia contemplada en la fracción V del artículo 73 de la misma ley.
Por otra parte, el Tribunal Colegiado precisó que no era óbice al resultado del indicado incidente de nulidad, el hecho de que, previamente a la admisión de la demanda, se hubiese requerido al apoderado del quejoso para que ratificara la firma en ella estampada, y que hubiese dado cabal cumplimiento a dicha prevención, toda vez que la ratificación sólo podía surtir plenos efectos cuando la firma ratificada no se hubiese objetado de falsa, pues, en caso contrario, lo procedente era determinar si dicha objeción resultaba fundada o infundada, con independencia de su ratificación, ya que de devenir falsa la firma, la diligencia carecería de toda eficacia, porque nadie puede reconocer o ratificar sino lo que fue elaborado o suscrito por el propio ratificante, pues estimar lo contrario significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo, subsanar la omisión de la voluntad con la ratificación de quien no la suscribió.
Las consideraciones anteriores llevaron al órgano colegiado a concluir, como se dijo, que en el caso particular se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el diverso numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, pues, al haber resultado fundado el incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, necesariamente debía estimarse que la demanda de garantías no se presentó por quien estaba legitimado para hacerlo, de lo que seguía que el quejoso no exteriorizó, por conducto de su apoderado, su voluntad de intentar el juicio constitucional, por lo que no se reunía el requisito de iniciativa de parte agraviada, lo que, a su vez, se traducía en la falta de interés jurídico de aquél.
QUINTO. Por razón de orden, es necesario establecer, en primer lugar, si los criterios transcritos con antelación son divergentes, esto es, si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Para ello, es conveniente señalar los presupuestos para la procedencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados, los cuales se especifican a continuación:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21507-766d5052/reconocimiento-de-la-firma-que-calza-una-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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