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Modo: Corpus Pro

TÍTULOS DE CRÉDITO. LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL O PARCIAL PUEDE ACREDITARSE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PERMITIDOS EN LA LEY, DISTINTOS DEL PROPIO DOCUMENTO, DE LA ANOTACIÓN EN SU REVERSO DE LOS PAGOS PARCIALES EFECTUADOS O DE UN RECIBO QUE DEMUESTRE SU LIQUIDACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2008-PS. · Registro digital (IUS): 22118
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 378.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materias civil y mercantil, las cuales son del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla es preciso tener presentes los criterios sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó el mismo criterio al resolver los amparos directos civiles 51/2007, 160/2007 y 416/2008, respectivamente, dictados con fechas quince de febrero de dos mil siete, diecisiete de mayo de dos mil siete y veintiocho de agosto de dos mil ocho, razón por la cual a fin de evitar repeticiones innecesarias sólo se transcribe en lo conducente el último de los fallos citados:

DC. 416/2008

"SEXTO. Los conceptos de violación son fundados. En efecto, sí existen medios de convicción diversos a los referidos por la autoridad responsable, con los cuales puede comprobarse que se efectuó el pago de un título de crédito o se hicieron abonos, tales como los documentos, la testimonial o la confesional a cargo del acreedor; atendiendo a que por alguna circunstancia hubieren estado las partes imposibilitadas a entregar o, en el caso del deudor, a recibir el documento base de la acción; que no se hubiere efectuado la anotación correspondiente de los abonos; o bien que el título de crédito, independientemente de su carácter autónomo y ejecutivo, hubiere sido expedido en garantía de una obligación principal. Para ello, el deudor está en posibilidad de oponer las excepciones y defensas y de allegar al procedimiento los medios de prueba que sean necesarios y que estén previstos en la ley, para que le sea reconocido el cumplimiento a sus obligaciones; de lo contrario se correría el riesgo de que pese a que se hubiera realizado el pago y se allegaran diferentes pruebas para demostrarlo, se le impediría al deudor probar los extremos de sus excepciones, haciendo nugatoria la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. Al respecto, este Tribunal Colegiado se ha pronunciado en la tesis I.3o.C.610 C, publicada en la página 1821 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, que resulta aplicable al caso, por analogía, y es del siguiente tenor: ‘TÍTULO DE CRÉDITO. CUANDO EL PAGO PARCIAL NO CONSTE EN SU TEXTO PUEDE DEMOSTRARSE CON CUALQUIER ELEMENTO DE PRUEBA.’ (se transcribe). Por las razones anteriores, este órgano jurisdiccional no comparte las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.2o.7 C, publicada en la página 508, Tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyos rubro y texto indican: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO, PAGO TOTAL DE LOS. CÓMO SE ACREDITA.’ (se transcribe). En ese tenor, se considera pertinente denunciar ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, la posible contradicción de criterios del aquí tratado con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por otra parte, la autoridad responsable al determinar que los únicos medios para acreditar el cumplimiento de una obligación eran: La entrega del documento, la anotación de la cantidad cobrada, o el recibo de pago; negó la posibilidad al demandado de demostrar con los documentos que exhibió, el pretendido cumplimiento de su obligación, e impidió la adecuada defensa de esa parte y con ello infringió las garantías individuales tutelas por los artículos 14 y 16 constitucionales. También la autoridad responsable soslayó el hecho de que la parte actora, si bien formuló incidente de objeción de documentos éste fue declarado improcedente por el a quo; y que si bien la actora no aceptó expresamente haber recibido los pagos que los documentos contienen, lo cierto es que con la negación en el sentido de: ‘... ninguna manera se pueden adminicular o relacionar el pagaré base de la acción, ya que en ninguno de ellos se menciona que fueron expedidos a cuenta del pagaré base de la acción ...’ está implícita la aceptación de la actora de haber recibido esas cantidades. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 16/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril 2003, que es del siguiente tenor: ‘EXCEPCIÓN DE PAGO. CUANDO EL ACTOR NO OBJETA LAS DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN Y MANIFIESTA QUE EL PAGO SE REALIZÓ CON MOTIVO DE UN ADEUDO DIVERSO RECLAMADO, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). En atención a lo anterior, puesta en duda la presunción legal que traía consigo el pagaré base de la acción a favor de la actora, con motivo de la excepción de pago, la autoridad responsable debió tener en consideración los documentos exhibidos para acreditar esa excepción con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la parte que adujo haber cumplido con su obligación y considerando los principios de congruencia e imparcialidad debió otorgar igual oportunidad a las partes para acreditar los extremos de sus pretensiones. En efecto, si la parte demandada aportó elementos de prueba tendientes a demostrar el pago de su obligación, correspondía a la actora demostrar que tenía otro origen, o que no pueden estar vinculados al título base de la acción, dado que los documentos objetados únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio y no demostrada su falsedad, deben ser analizados por la Sala responsable para establecer si acreditan o no que la actora recibió un pago y si es atribuible al documento base de la acción o si demostrado que tal cantidad de dinero se recibió por la actora, está demostrado un origen diverso, porque si bien la acción se funda en un título que es prueba preconstituida, el pago es uno de los elementos que destruye esa presunción que admite prueba en contrario. En consecuencia, aunque la actora tiene el título de crédito en su poder, la parte demandada aportó documentos para probar que realizó un pago y, por ende, la autoridad responsable partiendo de la base de que la demandada tiene el derecho de acreditar que sí cumplió con su obligación, con elementos diversos a la entrega del documento, la anotación de la cantidad cobrada en el título de crédito o la expedición de recibo por la acreedora; debe analizar el valor probatorio de esos documentos y determinar la eficacia y alcance probatorio en relación a la excepción de pago que opuso la demandada. Asimismo, al considerar objetados los documentos exhibidos por la demandada y soslayar la improcedencia del incidente de objeción decretada por el juzgador primigenio, la autoridad responsable dejó de considerar que no son las partes las que deciden el valor de las pruebas ofrecidas en el procedimiento de origen, sino el juzgador en uso de su facultad de libre apreciación de la cuestión planteada y los elementos aportados por los contendientes. En relación con las consecuencias de la objeción de documentos, este Tribunal Colegiado se ha pronunciado en la jurisprudencia publicada en la página 1331, Tomo XV (marzo de 2002) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: ‘DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD.’ (se transcribe). Luego, existe falta de debida fundamentación y motivación y, por ende, infracción de las garantías individuales, de la quejosa, que obtuvo lo pretendido en primera instancia, y que obligaba a la Sala a establecer las pruebas relativas para no dejarla en estado de indefensión. En las narradas circunstancias, ante lo fundado de los argumentos estudiados, quedó demostrado que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías individuales de legalidad y debida fundamentación y motivación, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que motiva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el acto reclamado, y en su lugar dicte una nueva sentencia, en la que de manera fundada y motivada, analice efectivamente la cuestión planteada en el recurso de apelación adhesiva, tenga en consideración que la entrega del pagaré, la anotación de la cantidad cobrada en el mismo; o el recibo de pago que corresponda, no son los únicos medios para acreditar el pago del título de crédito; de acuerdo con los lineamientos de esta ejecutoria, y resuelva lo que en derecho proceda. La concesión del amparo comprende a los actos de ejecución reclamados al Juez Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque no se combatieron por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de la resolución reclamada a la Sala responsable ordenadora. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 102, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y seis del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."

Las consideraciones anteriores fueron sustentadas en la tesis aislada cuyos rubro y texto son los siguientes:

"TÍTULO DE CRÉDITO. CUANDO EL PAGO PARCIAL NO CONSTE EN SU TEXTO PUEDE DEMOSTRARSE CON CUALQUIER ELEMENTO DE PRUEBA. La excepción de pago puede demostrarse aunque los pagos parciales no consten en el pagaré base de la acción, porque si bien de acuerdo con los artículos 129, 130 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el pago de ese documento debe hacerse contra su entrega y los pagos parciales deban constar en el mismo, sí puede comprobarse por una forma diversa que se efectúo el pago o se hicieron abonos, puesto que puede acontecer que no se entregue el documento o no se anoten los abonos por cualquier circunstancia, lo que, en todo caso, debe acreditarse por el deudor con los medios de prueba legales. Así, la prueba confesional se encuentra reconocida en el Código de Comercio como medio de convicción y es apta para justificar que se pagó, salvo en el caso de que se encuentre contradicha por otras pruebas, y esa prueba en contrario no la puede constituir el propio pagaré accionario en el que no consten los pagos parciales porque, precisamente por ese motivo es por lo que el deudor trató de acreditar dichos abonos, mediante la confesional. Estimar lo contrario sería aceptar que por el solo hecho de que no obren anotados los abonos en el título de crédito ni se le entregaran los recibos correspondientes, el deudor estuviera impedido para acreditar dichos pagos parciales, incluso con la aceptación del acreedor ante la autoridad judicial en el sentido de que sí los recibió." (Tesis aislada número 1.3o.C.610 C, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1821, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).

II. Por su parte, el anterior Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sustentó igual criterio al resolver los amparos directos 39/93 y 550/2003, emitidos con fechas once de marzo de mil novecientos noventa y tres y doce de noviembre de dos mil tres, que en su parte conducente dicen:

DC. 39/93

"IV. El quejoso expresó los siguientes conceptos de violación ... Lo anterior es infundado, dada las características del presente negocio. En efecto, en la especie se pretende justificar el pago total del pagaré base de la acción, con los recibos que obran a fojas diez y once del expediente de primera instancia, los que amparan las cantidades de $********** y $**********, respectivamente; documentos que fueron reconocidos por la actora en su contenido y firma, pero como comprobantes de la liquidación de una letra de cambio que también le adeudaba el quejoso, refiriéndose el primer documento a la suerte principal y el segundo a los intereses. Título de crédito diverso al que en este juicio se reclama (pagaré). Ahora, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio firme, en el sentido de que en caso de objeción de un documento firmado por el propio objetante, a éste corresponde justificar su objeción, ello es aplicable; cuando ese documento contenga todos los datos necesarios para presumir que efectivamente tiene relación con la litis planteada, lo cual no acontece en el presente caso, pues el primero de los recibos multicitados hace alusión al pago de una letra por la cantidad de $********** (**********), y el segundo señala la cantidad de $**********, (**********), pero no establece el concepto, de lo que se deduce que no tienen relación con el título de crédito reclamado; luego entonces, el pretender que la actora justifique la causa de la no aceptación de éstos recibos, será tanto como obligarla a perfeccionarle las pruebas a la contraria, lo que resulta inconsistente jurídicamente; por lo que, es dable establecer que para que resulte eficaz la excepción personal de pago derivada de la fracción XI del numeral 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, contra un título de crédito cuando éste se realiza y no se devuelva el documento crediticio, tal y como lo establece el artículo 129, en relación con el artículo 174, párrafo primero, ambos del ordenamiento legal citado, de conformidad con lo ordenado en la parte in fine del artículo 1043 del Código de Comercio, es necesario que el pago conste por lo menos en un documento (recibo) que, indubitablemente, acredite la liquidación del título que cobra quien expidió el recibo; por así autorizarlo limitativamente este último dispositivo."

DC. 550/2003

"SEXTO. Los conceptos de violación arriba transcritos son infundados, como a continuación se puntualiza: Con el único objeto de precisar el sentido del fallo, conviene señalar que el acto reclamado consistente en la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil tres, pronunciada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación planteado por la demandada **********, por conducto de su abogado patrono **********, que confirmó la sentencia de primer grado pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, dentro del expediente 129/2003-I, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** y **********, endosatarios en procuración de **********, juicio en el que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil ejercitada, y se condenó a la demandada al pago de la suma de ********** pesos, reclamada por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios pactados en los documentos base de la acción, a partir de que se constituyó en mora hasta el pago total del adeudo. El primer concepto de violación que propone la quejosa es infundado, porque no es verdad que la responsable haya efectuado una inexacta aplicación de la ley y que con ello vulnere en su agravio la garantía citada, en principio, porque el ad quem al abordar el primer agravio esgrimido lo calificó de desacertado en la medida que efectivamente el Juez natural no únicamente se concretó a realizar la transcripción de la demanda y contestación con la sentencia de primer grado, sino que además en el mismo considerando a partir de la página 76 de la resolución apelada, expuso las razones y fundamentos legales de por qué estimó procedente la acción ejercitada como resultado de la valoración de las pruebas aportadas al juicio, y la desestimación de las excepciones opuestas por la hoy inconforme. De otro aspecto, no escapa a la consideración de este Tribunal Colegiado, que la quejosa realiza una manifestación en sentido afirmativo de que la responsable no valora sus agravios, lo que sin duda resulta inoperante, pues no basta señalar que la alzada trata de darle forma a una omisión del a quo, para considerar que la responsable no valora sus agravios, pues en principio es una expresión genérica, y en segundo lugar, el ad quem, en la parte que señala la quejosa, sí analiza el estado de inconformidad, pues al respecto sostuvo: ‘Resulta desacertado el criterio del impugnante, al señalar en el primero de los motivos de inconformidad que expresa que el Juez de los autos al emitir la sentencia definitiva por esta vía impugnada, se concreta únicamente a transcribir la demanda y contestación de la misma, pero que ningún estudio hace que lo lleve legalmente a determinar que es procedente la acción, lo anterior es así, en razón de que para declarar la procedencia de la acción cambiaria se necesita que en la demanda se determine con claridad y precisión la prestación que se exige del demandado; requisito que se encuentra cumplido, como puede observarse en el capítulo correspondiente a prestaciones del escrito de demanda (foja uno del expediente); además, se exige que a la demanda se acompañe el título base de la acción, como en el caso lo son los pagarés que se anexaron al escrito inicial de demanda, con lo cual se encuentran cumplidos los requisitos ya indicados, los que son suficientes para que el Juez de los autos haya tenido por acreditada la acción intentada en contra de **********, en la inteligencia de que los títulos de crédito, por su propia naturaleza, son pruebas preconstituidas que no necesitan perfeccionarse para ejercitar el derecho literal que en los mismos se encuentra contenido, debido a su carácter ejecutivo, y es más bien al demandado a quien le corresponde desvirtuar el contenido de esos documentos, por lo que si en el asunto que nos ocupa, los documentos accionarios cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, indudablemente que esos títulos son de aquellos que el Código de Comercio, en su artículo 1391, fracción IV, reconoce que traen aparejada ejecución y que son suficientes para fundar un procedimiento ejecutivo como acontece en el presente asunto. Por otra parte, es pertinente señalar que no es cierto que el Juez de los autos únicamente se haya concretado a transcribir la demanda y contestación de la misma sino que hizo referencia a ambos escritos, solamente como un antecedente a efecto de poder entrar al estudio de la acción, y excepciones planteadas por las partes del juicio tal y como puede verse a foja setenta y seis del expediente natural, en donde el a quo entró al estudio de la acción, excepciones y pruebas ofrecidas en el ejecutivo, además invoca los preceptos legales en que apoya su determinación, por lo que no es válido que el recurrente señale que la resolución impugnada no se encuentra fundada, tampoco que sea incongruente y ambigua, porque de la lectura practicada a la misma, se advierte claramente que se resolvieron todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio.’ (fojas 17 y 18 del toca). En ese sentido, resulta inoperante lo argumentado por la quejosa pues, como ya se dijo, sólo realiza una manifestación afirmativa y genérica, y por otro lado, no combate todas las consideraciones planteadas por la responsable en las que desestima su primer agravio, en el caso que para declarar la procedencia de la acción cambiaria se necesita que en la demanda se determine con claridad y precisión la prestación que se exige al demandado; que se acompañe el título de crédito, requisitos que se encontraban cumplidos y que eran suficientes para que el juzgador hubiera tenido por acreditada la acción intentada; añadiendo, que los títulos de crédito son pruebas preconstituidas, dada su propia naturaleza, que no necesitan perfeccionarse para ejercitar el derecho literal que en los mismos se encuentra contenido, debido a su carácter ejecutivo, siendo el demandado a quien le correspondía desvirtuar el contenido de esos documentos, por lo tanto, al cumplir los mismos con las exigencias establecidas en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se trataban de documentos descritos en el diverso numeral 1391, fracción IV, del Código de Comercio, que reconoce que traen aparejada ejecución y que son suficientes para fundar un procedimiento ejecutivo; argumentaciones éstas que al no ser impugnadas por la quejosa, continúan firmes, por ende, rigiendo el sentido del fallo, sin que en la especie proceda el estudio oficioso de la legalidad de las mismas, pues ello implica suplir la deficiencia de la queja en un asunto no permitido por la Ley de Amparo, y en donde no se advierte violación manifiesta a la ley que hubiera dejado sin defensa a la quejosa, ni tampoco se observa con suficiencia la causa de pedir. Los diversos argumentos que plantea la quejosa en su segundo motivo de inconformidad, en los que se duele de la valoración de la prueba testimonial ofrecida de su parte, con la que pretendió acreditar la excepción de pago total opuesta al contestar la demanda; son inoperantes de una parte e infundados de otra, por lo siguiente: La inoperancia del concepto de violación en cuestión, deriva de la circunstancia de que la impetrante de garantías, en la primera parte de dicha inconformidad se concreta a reiterar el agravio esgrimido en segundo lugar en la alzada, sin que con ello combata los razonamientos de la responsable mediante los cuales les dio respuesta y desestimó por infundado, tal como se advierte de la simple confrontación del motivo de inconformidad de que se trata, con lo expuesto a manera de agravio en segundo lugar, del escrito correspondiente en el que sostuvo textualmente: ‘... 2. El argumento del que se vale el Juez para desestimar los atestos que ofrecí, es endeble y sin razón, ya que atiende a una circunstancia general como el hecho de que los testigos difieren con la demandada en la cantidad de préstamo, circunstancia que no modifica la esencia del hecho ... porque los testigos son uniformes en la sustancia al indicar «Que conocieron el préstamo, que se firmó dos pagarés y que la deuda ya se pagó el doce de diciembre de 2002, en el domicilio de la actora ... y dieron cabal cuenta de los accidentes del acto, que se anotó el pago en una libreta que lleva la actora, que presenciaron el acto y vieron el hecho material como lo es el préstamo y pago de este.» ... el hecho de que hayan diferido con su presentante por ********** pesos, no es una fatalidad que imponga restarles valor probatorio; más bien, es una circunstancia general que no obliga al testigo de retener en su memoria cantidades prestadas a su presentante ... bastando únicamente que atestigüen respecto de la deuda y del estado que guarda ésta, porque ese es el fondo que importa, lo demás es un hecho personal que atañe únicamente a los contratantes. Lo ambiguo del rechazo de los atestos, estriba que el Juez tomó como base la diferencia de ********** pesos; es decir, la presentante dice ********** pesos, y ... los testigos ********** pesos, este acontecimiento no modifica la esencia del hecho, de tal suerte que los testigos son aptos y suficientes para ser valorados conforme al numeral 1303 del Código de Comercio, y su inobservancia importa un agravio que debe ser resarcido revocándose la recurrida ... el artículo 1302 de la ley citada, se aplicó indebidamente a los atestos; porque resulta que mis testigos encuadran en los requisitos que manda tal orden: 1. Son mayores de toda excepción, tanto que no fueron tachados; 2. Convinieron en la sustancia y en los accidentes del hecho; 3. Presenciaron el acto del que deponen; y 4. Dieron fundada razón de su dicho.’ (fojas 3 y 4 del toca de apelación). En tanto que en el motivo de inconformidad que se analiza, refirió: ‘... La responsable resta valor a los atestos de ********** y **********, bajo el argumento de que existen contradicciones; sin embargo, tal acto es ilegal, porque atiende a una circunstancia general, como el hecho de que los testigos difieran con la demandada en la cantidad de préstamo, circunstancia que no modifica la esencia del hecho; porque los testigos son uniformes en la sustancia al indicar: «Que conocieron el préstamo que se firmó dos pagarés, y que la deuda ya se pagó el doce de diciembre de 2002, en el domicilio de la actora, y dieron cabal cuenta de los accidentes del acto que se anotó el pago en una libreta que lleva la actora, que presenciaron el acto y vieron el hecho material, como lo es préstamo y el pago de éste», no es una fatalidad que imponga restarles valor probatorio, más bien es una circunstancia general que no obliga al testigo de retener en su memoria cantidades prestadas a su presentante, bastando únicamente que atestigüen respecto de la deuda y del estado que guarda ésta, porque ese es el fondo que importa, lo demás es un hecho personal que atañe únicamente a los contrincantes.’. En esa tesitura, como antes se dijo, el concepto de violación en la parte que se examina resulta inoperante, pues ello no es más que una reiteración del agravio esgrimido en la alzada, del cuál se ocupó la responsable de darle respuesta, sin que la misma se encuentre impugnada por la quejosa. En otro apartado sostiene la peticionaria del amparo sustancialmente que lo resuelto por la responsable al analizar su segundo agravio es ambiguo, porque la circunstancia de que las testigos difieran en la suma de ********** pesos, no implica su ineficacia, pues afirma, coincide en declarar la cantidad de ********** pesos, y la razón de su dicho no era propiamente una declaración sino una manifestación de por qué conocen los hechos sobre los que atestiguan, lo que dice no apreció de esta manera la responsable. Agrega la quejosa, que la alzada no obstante que admite que los testigos fueron acertados, les niega valor probatorio, lo que vulnera sus garantías, aun cuando consienta que tal probanza cumple con los requisitos que señala el artículo 1303 del Código de Comercio, lo que resulta erróneo, porque si tales atestos cumplen con los requisitos contenidos en el numeral indicado, es porque se trataba de una prueba plena y el juzgador tenía la obligación de valorar tal probanza y no declararla ineficaz. Los anteriores argumentos son infundados, en la medida que la circunstancia de que la responsable haya estimado la ineficacia de la prueba testimonial ofrecida por la hoy quejosa a cargo de ********** y ********** ambas de apellidos **********, por considerar la contradicción de dichas testificantes no únicamente en relación a las cantidades exactas que les fueron prestadas a la demandada hoy inconforme, sino también porque ambas testigos coincidieron en manifestar que el préstamo efectuado por la actora a su oferente fue por la cantidad de ********** pesos, amparados con la firma de dos pagarés, señalaron que uno por la suma ********** pesos y otro por la cantidad de ********** pesos, no era congruente con lo manifestado en primer término, de que el préstamo fue por la cantidad de ********** pesos, cuando sostuvieron que los pagarés firmados por la demandada fueron por un total de ********** pesos, pues señalaron que uno fue por la suma de ********** pesos y otro por la diversa cantidad de ********** pesos; razonamiento éste, que contrario al dicho de la quejosa, no es ambiguo, sino más bien es el resultado del análisis integral de la prueba en cuestión. Lo cual se estima correcto, habida cuenta que conforme lo dispone el artículo 1302 del Código de Comercio, la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, de ahí que si en la especie, la Sala responsable estimó confirmar la justipreciación del a quo, en relación a tal probanza, no únicamente por las contradicciones que éste apreció, sino además por aquellas que señala la responsable, específicamente, porque tanto ********** como ********** al dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que les fueron formuladas sostuvieron que ellas presenciaron los actos motivo del juicio, sin embargo, la primera, al dar la razón de su dicho, dijo que ésta la funda por la demanda que tiene ********** con su hermana **********, pero no manifiesta que sea por que ella estuvo presente tanto en el préstamo y firma de los títulos de crédito, como al momento que dice se pagó la deuda; y por su parte **********, al dar la razón de su dicho, señala que es porque sabe que ********** está reclamando ese dinero, el cual ya le fue pagado, y que en otras ocasiones ya les había prestado dinero y no habían tenido problemas con ella, y que está haciendo valer la demanda porque tiene los pagarés en sus manos, pero tam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22118-73ce9b40/titulos-de-credito-la-excepcion-de-pago-total · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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