JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado José Manuel de Alba de Alba, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos, al ser integrante del órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contradictorios.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, integrado por los Magistrados Isidro Pedro Alcántara Valdez (presidente), José Manuel de Alba de Alba y Agustín Romero Montalvo, al resolver por mayoría de votos el amparo directo 198/2008, en sesión de nueve de junio de dos mil ocho, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"A mayor abundamiento, quienes esto resuelven estiman que dada la naturaleza del acto reclamado, en el que se confirma la decisión del a quo que no aprobó el proyecto de partición de herencia presentado para finiquitar un litigio intestamentario, es procedente el amparo directo, ya que lo trascendente no es el sentido de esa decisión; esto es, si aprueba o desaprueba la repartición de la masa hereditaria; sino su esencia, que consiste en decidir si termina o no el controvertido en cuestión; máxime que la postura contraria conduce a una posición en la que, de aprobar la partición proceda la vía directa y de no aprobarla la indirecta, lo que implica resolver a través de dos procedimientos distintos un mismo problema jurídico, que en el fondo recae en determinar si se violaron o no garantías al dictar la resolución que aprueba o desaprueba un proyecto de partición de herencia, argumentos que robustecen la competencia de este Tribunal Colegiado en el presente asunto ... En efecto, no asiste razón al quejoso, puesto que, de conformidad con el artículo 161 de la Ley de Amparo, para efecto de estar en posibilidad de analizar en el amparo directo violaciones procesales que afecten las defensas de las partes y trasciendan al resultado del fallo, deben ser debidamente preparadas; lo cual implica, impugnarlas durante el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario correspondiente y dentro del término de ley; y, cuando no exista medio de impugnación o habiéndolo fuera desechado o declarado improcedente, debe invocarse la violación como agravio en la segunda instancia, de haberse cometido en la primera; requisitos, que el inconforme no observó; en principio, porque dadas las características del juicio sucesorio, integrado por cuatro secciones separadas entre sí (sucesión, inventarios, administración y partición, según artículos 590 a 593 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz), las violaciones que en cada una de ellas puedan suscitarse, deben ser reclamadas y reparadas dentro de dicha fase; esto es, sólo en cada etapa, se pueden ventilar las cuestiones que les son inherentes, como sería el nombramiento de herederos y designación de albacea, en la primera sección; la aprobación de inventarios y avalúo, en la segunda; las cuentas de administración, comprobación de gastos fiscales, en la tercera; y la distribución y partición de los bienes, en la última; máxime que, el amparo en la vía indirecta, procede contra la resolución que termina cada una de ellas, en el cual se pueden reclamar las violaciones procesales que pudieran haberse cometido, no siendo posible combatirlas en una diversa sección, ya que la litis de cada una es independiente de las otras; así, al apreciar que el concepto de violación refiere a la afectación que estima el recurrente se le causó en la segunda sección del sucesorio de que se trata, devienen inatendibles dichos argumentos, al estar en presencia de la resolución culminatoria de la cuarta etapa. Como se ve, este Tribunal Colegiado sostiene similar criterio al establecido en la tesis 1440, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1058, Tomo IV, Materia Civil, Precedentes Relevantes, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (según datos del CD denominado IUS, con registro número 915048), del tenor: ‘SUCESIONES. DESECHAMIENTO DE UN INCIDENTE DE NULIDAD EN LA ETAPA DE INVENTARIOS Y AVALÚOS.’ (se transcribe). Al respecto también se coincide con el criterio VI.2o.C.433 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2406, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registrado bajo el número 176960), que a la letra reza: ‘JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN.’ (se transcribe). Dicha tesis, aun y cuando refiere a la legislación del Estado de Puebla, ésta era similar a la de Veracruz, en cuanto a la sustanciación del sucesorio en cuatro etapas independientes entre sí. A mayor abundamiento, aun cuando se aceptara la posibilidad de recurrir en el amparo directo, las violaciones cometidas en diferente etapa a la final del juicio sucesorio, en el caso particular se estima que el peticionario de amparo tampoco cumplió con prepararlas debidamente para su análisis en esta vía, pues no se advierte que haya recurrido la resolución que tuvo por aprobado el inventario y avalúo de dos bienes, dictada el dieciocho de febrero de dos mil cuatro; tampoco que se haya inconformado contra aquélla donde se declaró procedente la ampliación del inventario y se ordenó el avalúo de un tercer inmueble, emitida el veintidós de febrero de dos mil cinco; ni aparece combatida la determinación de veinte de junio de dos mil seis, en la que se aprobó el avalúo de ese último predio; todas dictadas dentro de la segunda sección; lo que implica su consentimiento. No pasa inadvertido, que mediante promoción de veintidós de junio de dos mil seis, el ahora quejoso solicitó dentro de la multicitada segunda sección del juicio intestamentario, se aclarara el valor total de los tres inmuebles integrantes de la masa hereditaria; dado que, a dicha promoción recayó el auto de cuatro de julio siguiente, señalando que no había lugar a proceder en los términos solicitados, exponiendo que los valores de los bienes habían quedado fijados en las mencionadas resoluciones de dieciocho de febrero de dos mil cuatro, respecto de dos de ellos y en la de veinte de junio de dos mil cinco, por cuanto al tercero, de conformidad con los peritajes rendidos el diecisiete de noviembre de dos mil tres y dieciocho de mayo de dos mil cinco, respectivamente; acuerdo que tampoco fue combatido, como lo ordena el citado numeral 161 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, impidiendo a este Tribunal Colegiado proceder al estudio de la violación propuesta. Por todas estas razones se consideran ineficaces los motivos de inconformidad. Se cita por contenido, en relación con las consideraciones acabadas de plasmar, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 384, del Tomo XXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registrada en el CD denominado IUS, con el número 364488, del rubro y texto: ‘PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, al no advertir queja deficiente para suplir, por no surtirse ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados María Concepción Alonso Flores, María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas e Indalfer Infante González, al resolver el amparo directo civil número 159/2006, en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil seis, resolvió en lo conducente lo que a continuación se precisa:
"Así, como puede advertirse de lo anterior, el Juez del conocimiento resolvió carecer de competencia legal para conocer del asunto, en virtud de que se reclamaba la sentencia pronunciada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirmó la sentencia definitiva dictada por el Juez natural, en la sección cuarta del juicio sucesorio testamentario a bienes de ***********, lo que traía como consecuencia la procedencia del amparo directo y no del indirecto, como se promovió; situación que este tribunal estima incorrecta, como se verá más adelante. El artículo 107, fracción V de la Constitución General de la República, el 158 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen, de manera taxativa, los dos únicos supuestos en que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, y que son cuando se reclame una sentencia definitiva, o bien, una resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, en la demanda de garantías la quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el recurso de apelación que confirmara en todas sus partes el fallo por el que no se aprobó el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, exhibido por la albacea definitiva *********** y las legatarias y coherederas ***********, de apellidos***********. También cabe apuntar que la resolución que se confirmó en el fallo que se reclama es del siguiente tenor ‘Único. Tomando en consideración que el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, presentado por la albacea definitiva *********** y las legatarios y coherederas *********** y ***********, de apellidos ***********, no es acorde a la audiencia a que se refiere el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, celebrada el día doce de abril del año dos mil y al testamento público abierto otorgado por la autora de la sucesión *********** en el instrumento número *********** de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, pasado ante la fe del Notario Público número 103 del Distrito Federal, licenciado *********** no es de aprobarse en definitiva dicho proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, en virtud de que si bien es cierto en la cláusula primera, inciso a), de dicho testamento, se instituyó como legatarias a las CC. *********** todas de apellidos ***********, pro-indiviso y por partes iguales, la casa marcada con el número *********** lo que en ese sentido dichas legatarias se encuentran en todo su derecho de no permanecer en la indivisión y terminar con la copropiedad, realizando la venta del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del bien inmueble mencionado debidamente inventariado y valuado en la sección segunda; sin embargo, en el inciso b), de dicha cláusula primera del testamento otorgado por la autora de la presente sucesión en que se actúa, se instituyó a los legatarios *********** y ***********, de apellidos ***********, pro-indiviso y por partes iguales, el derecho de habitación, respecto de los departamentos identificados con las letras ***********. Es decir, si bien es verdad que la testadora a estos últimos legatarios les obsequia el legado de derecho de habitación respecto de dos departamentos ubicados en el bien inmueble señalado y que son independientes a éste, al encontrarse en la parte superior de dicha casa, según se desprende de las fotografías exhibidas en el avalúo efectuado que obra en la sección segunda, también resulta verdad que si se autorizara la venta del inmueble en comento, en primer término causaría perjuicio a los legatarios, cuyo derecho de habitación en los departamentos descritos, ha sido reconocido por todos los interesados en el presente juicio, en segundo lugar, se estaría actuando en contra de constancias de autos y, por último, se estaría transgrediendo la voluntad de la testadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 1281, 1282, 1295, 1344 y demás relativos del Código Civil. Luego entonces, se reitera, declarar improcedente el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios presentado por la albacea y las legatarias y herederas mencionadas.’. Como puede verse, en el caso, la resolución reclamada no es de aquellas que pongan fin al juicio en forma material. Para llegar a la conclusión anterior, este tribunal estima, en principio, señalar que la Suprema Corte de Justicia, tratándose de juicios sucesorios, ha establecido que cada una de las secciones, tiene un objeto especial y se resuelve por separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, siendo indudable que no se pueden reparar las omisiones cometidas en ese procedimiento, pudiéndose causar, por lo mismo, al quejoso, un perjuicio de imposible reparación; por lo que de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 107 constitucional, contra esas omisiones es procedente el amparo. Asimismo, nuestro Máximo Tribunal, señaló que procede el amparo directo contra la resolución de la cuarta sección del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y que las resoluciones que concluyen o deciden las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto. Sustentan lo anterior, lo criterios siguientes: Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXXIII. Página: 1306. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. ‘JUICIOS SUCESORIOS.’ (se transcribe). Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 52 Cuarta Parte. Página 50. Tesis Aislada. Materia Civil: ‘SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS.’ (se transcribe). Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte, L. Página: 125. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. ‘SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LAS.’ (se transcribe). No obstante ello, nuestro Máximo Tribunal no realizó pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de la vía directa o indirecta, tratándose de la sentencia interlocutoria que no aprueba el proyecto de partición de bienes, relativo a la sección cuarta del juicio sucesorio. Dicho en otras palabras, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución en que se decide la división y partición de la herencia, también lo es, que nada dijo en cuanto a la vía procedente en amparo, tratándose de la sentencia interlocutoria que no aprueba el proyecto de división y partición de herencia, en el juicio sucesorio. Así, como se anticipó, este tribunal estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Lo anterior, porque el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, define como resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Es aplicable al caso concreto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV Segunda Parte-1, página 466, cuyo texto es el siguiente: ‘RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Como puede advertirse de las constancias de autos, la ahora quejosa al presentar su proyecto de aprobación de partición y adjudicación de los bienes de la sucesión de ***********, respecto de la parte que a este asunto interesa, señaló que el inmueble no admite cómoda división conforme a lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y que a la autora de la sucesión, únicamente le pertenece el cincuenta por ciento del mismo; por lo tanto, si la superficie total del inmueble no puede dividirse en dos partes iguales y una de éstas tampoco puede subdividirse en cuatro partes iguales, una para cada una de las coherederas instituidas en la sucesión, cada una de las cuatro fracciones que resultaren de la mitad que pertenece a la sucesión y como a ningún heredero puede obligársele a permanecer en la indivisión de los bienes, ni aun por prevención expresa del testador y tomando en cuenta que los efectos de la partición de la herencia son precisamente en determinar de manera específica la porción que corresponde a cada heredero y terminar con la copropiedad o indivisión de la herencia, las coherederas ***********, manifestaron su voluntad de no permanecer en la indivisión del bien hereditario y de dar por terminada la copropiedad, mediante su venta y aplicación del cincuenta por ciento del precio por partes iguales a cada una de las cuatro coherederas, previo el descuento de los gastos aprobados en este juicio y de los impuestos que genere la venta respectiva, concediendo a las mismas el derecho del tanto que les corresponde para la venta del inmueble hereditario. A la petición anterior, la Juez de la causa resolvió no aprobar el proyecto, tomando en consideración que en el inciso b), de dicha cláusula primera del testamento otorgado por la autora de la presente sucesión, se instituyó a los legatarios ***********, de apellidos ***********, pro-indiviso y por parte iguales, el derecho de habitación, respecto de los departamentos identificados con las letras ***********, por lo que si bien es verdad que la testadora a estos últimos legatarios les obsequia el legado de derecho de habitación respecto de los departamentos ubicados en el bien inmueble señalado y que son independientes a éste, al encontrarse en la parte superior de dicha casa, también resulta verdad que si se autorizara la venta del inmueble en comento, en primer término causaría perjuicio a los interesados, cuyo derecho de habitación en los departamentos descritos fue reconocido por todos los interesados en el juicio; en segundo lugar se estaría actuando en contra de constancias de autos y, por último, se estaría trasgrediendo la voluntad de la testadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 1281, 1282, 1295, 1344 y demás relativos del Código Civil. Resolución que confirmara la Sala responsable. En tal virtud, la resolución reclamada no tiene el alcance de poner fin al juicio, esto es, no constituye una sentencia definitiva, tampoco una resolución que sin decidir el asunto en lo principal, lo da por concluido. Ello, porque lo único que se definió fue la no aprobación del proyecto presentado lo que no trae consigo que se diera por terminado el juicio, porque en todo caso, para que pudiera estimarse la conclusión del asunto, era necesario que así se hubiese declarado y ello tampoco se aprecia ni de la resolución del a quo, menos aun, del fallo reclamado. Atento a lo anterior, la resolución reclamada no puede considerarse como aquellas que sin decidir el conflicto en lo principal le ponga fin, pues como se ha visto, no dio por concluido materialmente el juicio. Consecuentemente, al no ser este Tribunal Colegiado legalmente competente para conocer del asunto, se revoca el auto de seis de marzo de dos mil seis, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, debiendo remitirse la demanda de garantías y sus anexos, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, para que por su conducto sean enviados al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del asunto, para que se avoque al mismo y dicte la resolución correspondiente. No es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que se hubiera admitido a trámite la demanda de garantías, ya que el auto relativo dictado por la presidenta de este tribunal, no causa estado. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 469 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 312, cuyo texto es el siguiente: ‘REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe)."
El mismo criterio lo reiteró en los autos dictados en los juicios de amparo directo DC-247/2008 y DC-519/2008.
Dicho Tribunal Colegiado emitió al respecto la siguiente tesis:
"No. Registro: 174.233
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXIV, septiembre de 2006
"Tesis: I.11o.C.151 C
"Página: 1495
"JUICIO SUCESORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NO APRUEBA EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios sucesorios, ha establecido que cada una de las secciones que lo integran tiene un objeto especial y se resuelve por separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento. Por otra parte, también señaló que contra la resolución de la sección del juicio sucesorio en que se decide la división, partición y adjudicación de la herencia procede el amparo directo; mientras que las resoluciones de las otras secciones, al no ser definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto. Ahora bien, no obstante lo anterior, nuestro Máximo Tribunal no realizó pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de la vía directa o indirecta, tratándose de la sentencia que no aprueba el proyecto de partición y adjudicación de bienes, relativo a la sección cuarta del juicio sucesorio, por lo que este tribunal estima que, en términos del numeral citado, la resolución que confirma el fallo por el que no se aprobó el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, no tiene el alcance de poner fin al juicio, porque no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que sin decidir el asunto en lo principal, lo da por concluido. Consecuentemente, contra ella no procede el amparo directo sino el indirecto.
"Amparo directo 159/2006. ***********, su sucesión. 31 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."
QUINTO. Como una cuestión previa debe determinarse si en el caso existe contradicción entre los criterios antes referidos, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P/J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
A) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
C) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En la especie, sí se satisfacen los requisitos antes señalados, necesarios para la integración de la contradicción de tesis, en atención a lo siguiente:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el amparo directo civil 198/2008, esencialmente sostuvo, en lo que a la materia de contradicción concierne, lo siguiente:
a) Que el acto reclamado consistente en la no aprobación del proyecto de partición de herencia presentado en un juicio sucesorio, es de tal naturaleza que en su contra procede el amparo directo, sin importar el sentido de la decisión, porque de estimar lo contrario provocaría que de aprobar la partición proceda la vía directa y de no aprobarla la indirecta, lo que implica resolver mediante dos procedimientos distintos un mismo problema jurídico consistente en determinar si se violaron o no garantías al dictar la resolución que aprueba o desaprueba un proyecto de partición de herencia.
b) De conformidad con el artículo 161 de la Ley de Amparo, para efecto de estar en posibilidad de analizar en el amparo directo violaciones procesales que afecten las defensas de las partes y trasciendan al resultado del fallo, deben ser debidamente preparadas, lo que implica impugnarlas durante el curso del procedimiento mediante el recurso legal correspondiente; o bien cuando no exista recurso o éste fuera desechado, debe invocarse la violación como agravio en la segunda instancia, lo que el quejoso no observó.
c) Tratándose del juicio sucesorio integrado por cuatro secciones separadas entre sí, las violaciones que puedan suscitarse en cada una, deben ser reclamadas y reparadas dentro de la misma fase.
d) El amparo indirecto procede contra la resolución que termina cada etapa, en la que se pueden reclamar las violaciones procesales que pudieron haberse cometido, no siendo posible combatirlas en una diversa sección, ya que la litis de cada una es independiente de las otras.
e) Al aducir en el concepto de violación que se le causó afectación en la segunda sección del sucesorio, su argumento es inatendible al estar en presencia de la resolución con la cual culmina la cuarta etapa.
f) De aceptar la posibilidad de recurrir en el amparo directo, las violaciones cometidas en diferente etapa a la final del juicio sucesorio, en el presente caso particular, se estima que el peticionario de amparo tampoco cumplió con prepararlas debidamente para su análisis en esta vía, pues no se advierte que haya impugnado la resolución que tuvo por aprobado el inventario y el avalúo de los bienes, tampoco que haya recurrido la resolución en la que se declaró procedente la ampliación del inventario y se ordenó el avalúo del tercer inmueble, ni la determinación en la que se aprobó el avalúo del último predio.
Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 159/2006, consideró lo siguiente:
a) Que el Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del asunto porque el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio.
b) Se señaló como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de apelación que confirmó el fallo por el que no se aprobó el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, resolución que no es de aquellas que pongan fin al juicio en forma material.
c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de juicios sucesorios, cada una de las secciones tiene un objeto especial y se resuelve por separado, sin existir una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, por tanto, no se pueden reparar las omisiones cometidas en ese procedimiento, lo que ocasionaría un perjuicio de imposible reparación al quejoso, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 107 constitucional.
d) El Máximo Tribunal ha sostenido que procede el am
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21627-d1f9e233/juicio-sucesorio-la-resolucion-que-confirma-la-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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