Corpus
Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉP
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 68.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2008-PS, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos.

b) Los criterios son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, se constata que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.

c) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo con las posturas emitidas por los cuerpos colegiados contendientes, que consistieron en las siguientes:

1. Al resolver el seis de diciembre de dos mil siete la revisión civil 338/2007, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, en lo que interesa, en síntesis, lo siguiente:

"SEXTO. Por otro lado, es infundado lo que dice el recurrente con relación a que demostró que ********** no tiene necesidad de seguir percibiendo la pensión alimenticia a que fue condenado.

"...

"De conformidad con lo anterior se sigue que el Juez para fallar en la forma en que lo hizo consideró que a la fecha en que se dictó la interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil siete, no se tenía la certeza de que la acreedora alimentaria ya hubiera obtenido su título, pues la vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico informó que dicho proceso concluiría en mayo de dos mil siete. En tales condiciones, contrario a lo que señala el recurrente, el Juez sí tomó en cuenta las circunstancias del caso en concreto, pues consideró el proceso de titulación; no siendo verdad que se demostró que ********** no se ha querido superar como persona. Además, no es verdad que ********** haya tardado más de un año cuatro meses en obtener su título, pues del escrito emitido por la vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico se advierte que aquélla concluyó sus estudios de licenciatura en pedagogía en agosto de dos mil seis y que el proceso de titulación por la modalidad de servicio social con asesorías concluiría en mayo de dos mil siete. Luego, de la fecha en que ********** concluyó sus estudios, a aquella en que supuestamente concluyó el proceso de titulación, únicamente transcurrieron nueve meses. Ahora bien, la obligación de los padres de satisfacer las necesidades vitales de sus hijos, no desaparece por el simple hecho de que hayan concluido sus estudios. Para determinar si un hijo que ya concluyó sus estudios no necesita alimentos, se requiere analizar todas las circunstancias del caso, como lo son el tiempo transcurrido y el desempeño del descendiente para encontrar trabajo, así como las demás circunstancias que pueden incidir en el caso. Se estima que el juzgador de amparo correctamente estimó que para el ejercicio de la profesión escogida por ********** se requiere de cédula profesional, lo considerado es así pues de no contar con la patente necesaria la hija de la actual incidentista difícilmente encontraría un trabajo adecuado a su profesión, por tal motivo es que no basta que la referida acreedora ya haya concluido sus estudios para cancelarle la pensión alimenticia a que tiene derecho, sino que es indispensable analizar todas las circunstancias del caso. Por otra parte, como lo solicita el recurrente, procede denunciar la posible contradicción de tesis existente entre el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, página 975 y el que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1686, cuyos rubros y textos respectivamente son: ‘ALIMENTOS. EL DEUDOR ALIMENTARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS AL HIJO MAYOR DE EDAD QUE CONCLUYÓ SUS ESTUDIOS PROFESIONALES, DURANTE EL TIEMPO QUE PRUDENTEMENTE REQUIERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO QUE LO ACREDITE COMO PROFESIONISTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe). ‘ALIMENTOS. NO PROCEDEN SI EL ACREEDOR YA CONCLUYÓ SUS ESTUDIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe)."

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el veintisiete de agosto de dos mil tres el juicio de amparo directo 246/2003, determinó en síntesis lo siguiente:

"Ahora bien, en virtud de lo precisado con antelación, el quejoso alega que no es procedente la condena al pago de alimentos a favor de su hijo ********** toda vez que la obligación que le impone el artículo 304 del Código Civil para el Estado de Chiapas, de proporcionarle lo necesario para obtener una profesión honesta y adecuada a su sexo y circunstancias personales quedó satisfecha, porque acreditó que éste ya culminó sus estudios profesionales, que, por ende, la circunstancia de que el requisito administrativo de la titulación esté pendiente, no es una razón válida para considerar que el mencionado tercero perjudicado necesita los alimentos. Lo anterior se estima infundado, en virtud de que los artículos 1o., 2o. y 15 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Chiapas, establecen: (se transcriben). De la interpretación armónica de dichos preceptos legales, se desprende que para que una persona pueda atribuirse la calidad de profesionista y ejercer los actos propios de alguna profesión regulada en la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Chiapas, debe de tener título legal, entendiéndose por esto el documento expedido por la autoridad o instituciones autorizadas por dicha ley a favor de quien compruebe haber satisfecho los requisitos que la misma establece para ejercer las profesiones que en ella se especifican, como es, entre otras, la de arquitecto. Ahora bien, en la especie, como el quejoso lo aduce, con las documentales reseñadas en párrafos precedentes, quedó acreditado que el tercero perjudicado concluyó sus estudios correspondientes a la licenciatura en arquitectura, sin embargo, es un hecho notorio que, además, en el caso concreto está demostrado que el acreedor alimentista aún requiere efectuar diversos trámites a fin de poder obtener el título que lo acredite como arquitecto, en consecuencia, contrario a lo alegado por el amparista, no se encuentra satisfecha la obligación establecida en el artículo 304 del Código Civil para el Estado de Chiapas, en el sentido de proporcionar a su acreedor alimentista lo necesario para obtener una profesión, pues para que ********** pueda atribuirse la calidad de profesionista y pueda ejercer legalmente la profesión de arquitecto resulta necesario que cuente con el título respectivo. Además, dado que las documentales en comento fueron expedidas cuatro meses después de que el tercero perjudicado concluyó sus estudios, resulta evidente que éste se encontraba dentro del tiempo que en prosecución lógica se requiere para la obtención del multicitado título, sin perder de vista que el amparista puede hacer valer en el momento, vía y forma que estime pertinente la cesación de la pensión alimenticia en comento, si estima que ha transcurrido el tiempo prudente para que el acreedor alimentista se titule y no lo haya hecho, pues en este supuesto no sería jurídico ni equitativo que el deudor proporcionara alimentos al hijo que pasado un tiempo prudente para obtener su título no lo obtenga por causas imputables a éste. Por lo que, al subsistir a favor de ********** la presunción de necesitar alimentos, en consecuencia, al quejoso le correspondía la carga probatoria de justificar que no los requiere, ya sea porque tiene bienes propios o desempeña algún trabajo, profesión, oficio o comercio que le permite sufragar sus gastos."

Similares consideraciones sostuvo dicho cuerpo colegiado al resolver el amparo directo número 94/2004 y los amparos en revisión 565/2004 y 370/2005.

3. Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el doce de noviembre de dos mil dos el juicio de amparo directo número 590/2002 determinó, en síntesis lo siguiente:

"Propiamente como conceptos de violación, en el capítulo relativo, expone que el sentido en que se resolvió la sentencia de alzada le agravia, ya que le imposibilita culminar su formación profesional, porque no podrá continuar pagando el curso de titulación, ni el derecho de examen y gastos de expedición de títulos y cédula profesional, pasajes y bibliografía, por lo que no estará en condiciones de obtener la patente para ejercer la profesión en la que se ha preparado, en términos de lo que dispone la ley reglamentaria del artículo 5o. de la Constitución General de la República; que se contraviene lo dispuesto por los artículos 234, 239, 242 y 246 del Código Civil para el Estado de Veracruz, porque no se sufre ninguno de los presupuestos procesales establecidos por el artículo 251 del mismo ordenamiento. Lo anterior, como ya se dijo, resulta infundado, atento a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar que de conformidad con el artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz, respecto de los menores, los alimentos comprenden, además de los conceptos de vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesto y adecuados a su sexo y circunstancias personales. De lo anterior se desprende que la obligación del alimentista se cumple para con los hijos cuando se han satisfecho dichos requisitos, por ejemplo cuando ha sufragado los gastos necesarios hasta la culminación de una carrera profesional, lo que normalmente ocurre cuando éstos han alcanzado ya la mayoría de edad, y terminado sus estudios de educación superior, salvo el caso de que aquéllos sufran alguna imposibilidad física o mental para proveer a su propia subsistencia. Por otra parte, sin perder de vista que la jurisprudencia ha establecido la obligación de ministrar alimentos a los hijos mayores de edad, de la forma en que se expone en la resolución de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada al decidir la contradicción de tesis 16/90, de su índice, que se publica en la página ciento ochenta y siete, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 141, en la página 236, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo el criterio de que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos mayores de edad no desaparece por el solo hecho de que lleguen a esa edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la realización de esa circunstancia, toda vez que al igual que los hijos menores de edad, tienen la presunción de necesitar los alimentos salvo prueba en contrario, correspondiendo tal carga en esos casos al deudor, quien debe justificar que el actor no los necesita, ya sea porque tiene bienes propios o porque desempeña algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; sin embargo, tal criterio debe quedar limitado, para que prospere la acción de alimentos intentada por el hijo mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique además de su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica para sufragarlos, el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y que el grado de escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que debe percibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a proporcionar alimentos al hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera realizando estudios que no corresponden a su edad y situación.’, de su texto cabe desprender que si bien es verdad que la sola circunstancia de que el hijo alcance la mayoría de edad, no puede justificar, lógica ni jurídicamente que desaparezca su necesidad alimentaria para continuar subsistiendo, ello no ocurre cuando, como en la especie, la hija es mayor de edad no únicamente porque acabara de alcanzar tal estatuto jurídico, pues a la fecha cuenta con veinticuatro años de edad, según se encuentra suficientemente acreditado en el juicio natural, sino que, además, el deudor alimentario ha cumplido con demostrar que debido a que ha concluido sus estudios profesionales, no sólo ha satisfecho los requisitos que exige el artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz, sino que, en esas condiciones, sólo la falta de aplicación al trabajo justifica que la hoy quejosa carezca, como dice, de medios de subsistencia propios, lo que es insuficiente para estimar legalmente, que continúa requiriendo alimentos para su subsistencia, pues concebirlo de esta manera llevaría al extremo consistente en concluir que los hijos mayores de edad, no obstante que terminen sus estudios profesionales, el hecho de que afirmen que no consiguen empleo resultará suficiente para evidenciar su necesidad de continuar percibiendo alimentos, lo que no es dable aceptar jurídicamente, porque la obligación de los padres, por regla general, se ve satisfecha, en la medida que apoyan a sus hijos para terminar una carrera profesional, con independencia de que los mismos consigan o no trabajo, porque esto no es imputable al deudor al constituir causas ajenas a la procuración de alimentos."

En el mismo sentido resolvió dicho cuerpo colegiado los amparos directos civiles 353/2003, 36/2004 y 236/2004.

CUARTO. Sentado lo anterior, a fin de determinar si en el presente asunto se acreditan los extremos referidos, es imprescindible sintetizar lo sostenido por los diferentes Tribunales Colegiados en liza, en términos de lo que se desprende de las ejecutorias que han sido parcialmente transcritas en el apartado anterior.

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que la obligación de los padres de satisfacer las necesidades de sus hijos no desaparece con la conclusión de sus estudios.

Que para determinar si un hijo -que ya concluyó sus estudios- no necesita alimentos, se requiere analizar todas las circunstancias del caso, como el tiempo transcurrido y el desempeño del descendiente para encontrar trabajo y todo lo demás que se pueda decidir en el caso.

Considera que tal como lo señaló el a quo, para el ejercicio de la profesión escogida por la acreedora alimentaria se necesita obtener la cédula profesional, pues de no ser así, la hija del recurrente difícilmente encontraría un trabajo adecuado a su profesión, por lo que no basta con que haya concluido sus estudios para cancelarle la pensión alimenticia.

B) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito considera que de la interpretación armónica de los artículos 1o., 2o. y 15 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Chiapas se desprende que para que una persona sea considerada como profesionista y pueda ejercer los actos propios de alguna profesión debe obtener el título profesional.

Que así las cosas, si el artículo 304 del Código Civil para el Estado de Chiapas impone la obligación al deudor de proporcionar lo necesario para que su acreedor obtenga una profesión, es evidente que sí se requiere del título correspondiente para que se le pueda atribuir la calidad de profesionista, entonces, la titulación forma parte de la obligación alimentaria del deudor en el tiempo que prudentemente se necesite para la obtención de su título.

C) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito señala que si bien en términos del artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, lo cierto es que tal presunción no opera en el caso, pues la acreedora alimentaria ha alcanzado la mayoría de edad y además cuenta con una profesión, tal como lo prevé el artículo 239 de dicho ordenamiento legal.

Sostiene que es infundado el argumento de que si el deudor no puede pagar el curso de titulación, ni el derecho de examen y gastos de expedición de títulos y cédula profesional, pasajes y bibliografía, no está en condiciones de obtener la patente para ejercer la profesión en la que se ha preparado, en términos de lo que dispone la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución General de la República.

Que si bien de la tesis de rubro: "ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN." se desprende que el hecho de que el hijo alcance la mayoría de edad no puede justificar lógica ni jurídicamente que desaparezca su necesidad alimentaria para continuar subsistiendo, lo cierto es que ello no ocurre sólo por alcanzar la mayoría de edad, sino que el deudor alimentario ha cumplido con demostrar que debido a que ha concluido sus estudios profesionales no sólo ha satisfecho los requisitos que exige el artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz, sino que en esas condiciones sólo la falta de aplicación al trabajo justifica que la quejosa carezca de medios de subsistencia propios, lo cual es insuficiente para estimar que legalmente continúa requiriendo alimentos; afirmar lo contrario sería tanto como aceptar que basta con que los hijos mayores de edad señalen que no consiguen empleo, no obstante que terminen sus estudios profesionales para seguir recibiendo alimentos, cuestión que no es viable, ya que la obligación de los padres se ve satisfecha en la medida en que apoyan a sus hijos para terminar una carrera profesional.

Que el hecho de que se consiga o no trabajo por la falta de título no es imputable al deudor alimenticio al constituir causas ajenas a la procuración de alimentos.

Finalmente, señala que el texto del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz establece que la obligación de dar alimentos cesa cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos, cuestión que ocurre cuando los acreedores alimentarios están en plena edad y tienen los estudios necesarios para trabajar y subsistir por sí solos.

QUINTO. De las síntesis anteriores, esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

En primer lugar, hay que señalar que los tribunales contendientes analizan la misma cuestión jurídica: determinar si, conforme a la legislación civil correspondiente, cesa la obligación de dar pensión alimenticia una vez que han concluido los acreedores alimentarios sus estudios profesionales o hasta la obtención del título o certificado que los acredite como profesionistas.

En segundo lugar, dichos Tribunales Colegiados sostienen sobre la cuestión analizada posiciones contradictorias entre sí: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que es derecho de los hijos recibir alimentos de sus padres habiendo concluido sus estudios profesionales y dentro de un tiempo razonable, atendiendo a la profesión de que se trate, hasta la obtención del título o de la cédula profesional; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostiene que es derecho de los hijos recibir alimentos hasta que se encuentren aptos para ejercer legalmente como profesionistas, si para su ejercicio es necesario el título; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostiene que los acreedores alimentarios no tienen derecho a recibir alimentos después de haber concluido sus estudios profesionales, ni los gastos para la titulación, pues la obtención del título, así como el hecho de que consigan o no trabajo no es imputable al deudor al constituir causas ajenas a la procuración de alimentos.

Finalmente, las posiciones contradictorias se encuentran en las interpretaciones jurídicas de los referidos cuerpos colegiados realizadas a los artículos de los Códigos Civiles del Distrito Federal, de Chiapas y de Veracruz que regulan la institución alimentaria.

Cabe precisarse que si bien estamos ante legislaciones de diversos Estados, lo cierto es que los artículos en los que se regula la institución alimentaria disponen los mismos supuestos, como quedará demostrado a lo largo de la presente resolución.

SEXTO. Las consideraciones jurídicas que fundamentan el fallo serán divididas en tres apartados. En el primero de ellos, enunciaremos cuál es la cuestión jurídica a resolver. En el segundo, justificaremos porqué la presente contradicción conserva su materia a pesar de la aparente existencia de un criterio previo de esta Suprema Corte sobre la cuestión jurídica relevante. Finalmente, desarrollaremos las consideraciones que sustentan la tesis que debe prevalecer, en los términos expresados al final de este considerando.

I. Cuestión jurídica a resolver.

1. Como se señaló en el considerando anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de acuerdo con su legislación correspondiente, considera que los acreedores alimentarios tienen derecho a seguir recibiendo alimentos por concepto de educación, aun después de concluidos sus estudios universitarios y hasta que obtengan el título o cédula que los acredite como profesionistas, atendiendo a la carrera que estudiaron.

Que lo anterior es así, ya que existen carreras en las cuales se requiere de los documentos referidos para que las personas sean consideradas como profesionistas y obtengan un trabajo adecuado a su profesión.

2. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostiene que si es necesario el título correspondiente para que se le pueda atribuir la calidad de profesionista, entonces, la titulación forma parte de la obligación alimentaria del deudor, en el tiempo que prudentemente se requiera para su obtención.

3. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por el contrario, sostiene que una vez concluidos sus estudios universitarios, los acreedores alimentarios ya no tienen derecho a recibir alimentos por concepto de educación, ni los gastos para la obtención del título, toda vez que conseguir éste, así como encontrar trabajo, no es un acto imputable al deudor, ya que son causas ajenas a la procuración de alimentos.

Así las cosas, la cuestión que esta Primera Sala debe resolver es la siguiente: si los acreedores alimentarios, tratándose de las legislaciones civiles vigentes para el Distrito Federal y los diversos Estados de Chiapas y Veracruz, tienen derecho a seguir recibiendo alimentos después de haber concluido sus estudios profesionales y hasta la obtención de su título o cédula profesional con el que ejercen su profesión; y también si se encuentran incluidos dentro del concepto de alimentos los gastos para la obtención del título o cédula profesional.

Lo anterior es así, ya que de manera implícita los tribunales contendientes resolvieron dicha cuestión en la medida en que se consideró o no como obligación del deudor alimentario de cubrir los gastos de alimentos hasta la obtención del título profesional, dada la importancia que le dieron a dicho documento para la procuración de alimentos.

II. Contradicción de tesis 169/2006-PS.

En la contradicción de tesis 169/2006-PS, fallada el dieciocho de abril de dos mil siete -la cual se basó en las consideraciones realizadas por la extinta Tercera Sala de esta Corte cuando resolvió la contradicción de tesis 16/90, el cinco de octubre de mil novecientos noventa-, esta Primera Sala analizó si la obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación se extinguía o no cuando los acreedores alimentarios alcanzaban la mayoría de edad.

Si bien es cierto que para resolver la presente contradicción dicho criterio es relevante al contener razonamientos que van a servir a la resolución del presente fallo, también lo es que en el caso no podemos llegar a una conclusión análoga a la de la contradicción de tesis 169/2006-PS, porque las premisas normativas que deben ser objeto de análisis presentan una diferencia fundamental que nos obliga a pronunciarnos sobre un punto que en tales cuestiones quedaba fuera del ámbito de la controversia.

En la referida contradicción no se discutía que los hijos tienen derecho a recibir alimentos por concepto de educación después de haber concluido sus estudios profesionales y hasta la obtención del título profesional al formar parte de dicha obligación, sino que la cuestión a resolver se relacionaba con el derecho de los hijos a recibir alimentos de sus padres llegada la mayoría de edad por concepto de educación.

Al resolver dicha cuestión esta Primera Sala emitió las siguientes tesis jurisprudenciales:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVI, julio de 2007

"Tesis: 1a./J. 58/2007

"Página: 31

"ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La articulación de las disposiciones legales que integran el régimen de alimentos previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco debe atender a las funciones de dicha institución, por ser de orden público e interés social. Por ello, ante la contraposición existente entre el artículo 439 del citado ordenamiento legal -según el cual, respecto de los menores, los alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica, en casos de enfermedad, los gastos para la educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales- y el artículo 434 del mencionado código -el cual dispone que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos termina cuando éstos llegan a la mayoría de edad, excepto tratándose de incapaces-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21146-c36c16a6/alimentos-por-concepto-de-educacion-elementos-que-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.