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PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN I, INCISO D), PÁRRAFO NOVENO, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, VIGENTE HASTA EL 5 DE ENERO DE 2000, NO ES FUNDAMENTO PARA SOSTENER QUE PUEDE REINICIARSE EL CÓMPUTO DE SU TÉRMINO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21851
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 289.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario ahora transcribir y posteriormente analizar las ejecutorias que participan en la misma.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veintitrés de mayo de dos mil dos el juicio de amparo directo 239/2002, determinó lo siguiente:

"IV. Uno de los conceptos de violación es preponderantemente fundado y suficiente para la concesión del amparo solicitado, lo que hará innecesario el estudio de los restantes. Tal como lo sostiene el quejoso, la Sala responsable indebidamente determinó que no había operado la prescripción que como excepción superveniente se opuso en el juicio de origen; pues, aunque es cierto que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción, también lo es que, cuando se trate de los procedimientos en los que se ventilan acciones derivadas de los contratos de seguro, dicho término no se suspende por el simple hecho de haberse intentado el juicio. En efecto, el texto del artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que rige las cuestiones relativas al procedimiento en materia de seguros, vigente a la fecha de inicio del procedimiento de origen, establecía que: ‘... La comisión ordenará la cancelación de la reserva cuando la empresa aseguradora le compruebe que ha sido decretada la caducidad o preclusión de la instancia o que haya sido procedente la excepción superveniente de prescripción’; lo cual hace evidente que dicha legislación contemplaba expresamente la posibilidad de que ya iniciado el juicio respectivo, operara la prescripción, pues aduce a ésta con el calificativo de ‘excepción superveniente’, lo que hace patente que dicha excepción puede operar y, por tanto, oponerse una vez iniciado el procedimiento. Esto es, que el numeral indicado, al prever la procedencia de la prescripción dentro del procedimiento en el que se ventilen acciones derivadas de los contratos de seguros, patentiza la circunstancia de que no por el hecho de haberse ejercido la acción respectiva, el derecho a reclamar el cumplimiento de las prestaciones derivadas de un contrato de seguro adquiera la calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que el juicio en el que se ventile la controversia correspondiente pueda permanecer abandonado indefinidamente a voluntad del actor; por lo que debe concluirse que la presentación de la demanda y la de las restantes promociones que impulsen el procedimiento con la intención de obtener el derecho exigido, interrumpen el curso para la prescripción, pero no la suspenden, de manera que el término de ésta vuelve a iniciar o correr el día siguiente de tal presentación, por lo cual, si el juicio respectivo se abandona al extremo de que no se practique acto procesal alguno durante más de dos años, que es el tiempo previsto por el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro para que opere la prescripción de las acciones que deriven de un contrato de esa naturaleza, la prescripción negativa se consumará, porque con la aludida presentación sólo hubo interrupción pero no suspensión de la prescripción, pues debe considerarse que esa interrupción sólo tuvo como efecto inutilizar para los efectos de la prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella; lo anterior, porque no ha habido un cambio en la calidad del derecho exigido, toda vez que éste sigue siendo litigioso, es decir, sigue estando al nivel de pretensión, por consiguiente, continúa la exigencia que establece la ley sustantiva en cuanto al deber que impone a su titular de exigirlo, so pena de perderlo por prescripción. Por ello, sólo es el cambio de la calidad de tal derecho lo que elimina la posibilidad de la prescripción de la acción, y ese cambio únicamente se da con el dictado de la sentencia que adquiere el carácter de firme; además de que de dársele efectos suspensivos a la presentación de la demanda, se llegaría a la situación de hacer perpetuo el derecho contra las razones de orden público que han hecho necesaria la prescripción y en franca violación a lo previsto por el artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros ya invocado, que expresamente prevé la posibilidad de que opere la excepción superveniente de prescripción; por lo que resulta evidente que el único efecto que debe dársele a la presentación de la demanda en este tipo de procedimientos, es el de interrumpir el término de la prescripción mas no de suspenderlo, de ahí que éste puede volver a correr, y si el juicio es abandonado, puede consumarse la prescripción de la acción. De manera que si en el procedimiento de origen, del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, que fue la fecha en que se recibió la última promoción de la parte actora (fojas 60 a 61 del juicio natural), al veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve (fojas 68 a 72 ibídem), no existió promoción alguna de ésta instando el procedimiento, en forma tal que se evidenciara su intención de proseguir con el ejercicio de la acción intentada para efecto de hacer efectivo el derecho exigido; es inconcuso que operó la prescripción, porque entre las fechas indicadas transcurrieron más de los dos años que prevé el artículo 81 de la Ley de Contrato de Seguro para que se consuma la prescripción, en tanto que, como ya se dijo, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis reinició un nuevo término para computar la prescripción, el cual se consumó antes de la fecha en que la demandada opusiera dicha excepción como superveniente, porque no hubo ya interrupción alguna por parte de la actora. Así las cosas, ante la ilegalidad de la resolución reclamada, con la consecuente transgresión a la garantía tutelada en el artículo 14 constitucional, debe otorgarse el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que vuelva a resolver los agravios planteados con base en los lineamientos trazados con antelación, hecho lo cual, obre en consecuencia."

Por su parte, al resolver el doce de mayo de dos mil ocho el amparo directo 407/2007, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"De lo así esbozado, es claro que el motivo de queja se centra en que una vez entablada la litis, sí es factible que se vuelva a iniciar un nuevo plazo para que opere la prescripción de la acción, debido a que el juicio natural fue abandonado, no obstante que dicha figura fue interrumpida por la presentación del escrito de demanda. Resulta infundado lo expuesto en los párrafos que anteceden. Por principio, contrario a lo manifestado por la parte inconforme, se afirma que el tribunal de apelación no incurre en un defecto de distingo entre qué es interrumpir y suspender, pues basta con remitirse a la sentencia reclamada para apreciar que la responsable fue contundente en resolver que: ‘... Por otra parte, no le asiste razón a la parte recurrente, cuando manifiesta que no es suficiente fundamento para desestimar la excepción superveniente de prescripción, lo argumentado por la autoridad de la causa, en torno a que una vez entablada la demanda no puede volver a comenzar un nuevo plazo, pues alega el alcista, que la ley dispone que la presentación de la demanda la interrumpe, pero no la suspende, al tenor del artículo 1042 del Código de Comercio, porque la omisión en dicho numeral no es suficiente para considerar que la prescripción se suspende, porque darle efectos suspensivos sería tanto como hacer perpetuo el derecho del actor y la correlativa obligación de la demandada. Lo anterior es así, toda vez que en coincidencia con la estimación de la autoridad natural, el suscrito Magistrado considera que en el caso concreto, ciertamente que la presentación de la demandada interrumpe el plazo de la prescripción, sin que sea factible que éste vuelva a iniciarse, puesto que lo trascendental es que al presentarse la demanda, se actualizó el supuesto que sanciona la prescripción, es decir, efectivamente que el ejercicio del derecho de cobro del seguro por parte de la demandante en juicio, impide que durante el desarrollo del procedimiento pueda volverse a computar un nuevo plazo para la prescripción. Así es, en concepto de este tribunal de alzada, el hecho de que se haya ejercido el derecho de acción mediante la presentación de la demanda inicial, conlleva aparejada la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de agotar dicho procedimiento hasta su conclusión, sin que pueda quedar irresuelta la contienda por la figura de la prescripción, como erróneamente lo sostiene la parte inconforme, en virtud de que precisamente la legislación mercantil aplicable al caso concreto, no contemplaba la figura jurídica de la caducidad de la instancia, por lo que necesariamente debe de agotarse el juicio hasta su conclusión. En efecto, la cuestión planteada en la demanda por el actor, se encontraba sub júdice a la jurisdicción de la autoridad de origen, por lo que ambas partes contendientes se encontraban sujetas a que se decidieran en definitiva las pretensiones planteadas por el accionante al proponer la demanda.’ (fojas 220 vuelta a 221 vuelta del toca en apelación 159/2007). En atención a lo anterior, se advierte que el tribunal de alzada distingue que una vez presentada la demanda, es claro que se ve interrumpido el plazo de la institución de la prescripción, lo que acarrea la imposibilidad de que vuelva a generarse dentro del procedimiento otro plazo, dado que lo importante es que una vez que se ejercita la acción, ello impide que durante la secuela del proceso pueda volver a computarse un nuevo plazo para la prescripción. Lo que conlleva la obligación por parte de la autoridad judicial de agotar dicho procedimiento, en virtud de que la legislación mercantil que fue aplicada al caso particular, no contemplaba en esa época -fecha del documento base de la acción- la figura de la caducidad de la instancia, de ahí que las partes estuvieran sub júdices a lo que se decidiera mediante una sentencia definitiva.’. Entonces, sin lugar a duda, el ad quem sí consideró el motivo de dolencia vertido en tales términos por la entonces parte recurrente y expuso los motivos para desestimarlo, sin que frente a ellos, ahora se vierta alguna causa que haga evidente la ilegalidad en cuanto a esa parte considerativa se refiere; de ahí que a la postre, también resulte inoperante el concepto de violación que se analiza. Ahora, por cuanto hace a la afirmación de la parte quejosa, en torno a la única posibilidad -seguridad jurídica- para concluir un procedimiento mercantil antes de las reformas de mayo de mil novecientos noventa y seis, era la ‘... prescripción superveniente de la acción deducida ...’, para impedir la perpetuidad de juicios abandonados, debido a que los tribunales no podían quedar como depositarios de litigios que nunca puedan ser concluidos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la ‘seguridad jurídica’ es la razón última que impide la formulación de reclamaciones judiciales intempestivas basadas en obligaciones contraídas por los negocios cambiarios, pues no es razonable que la situación pendiente en que se encuentra la solución de una relación jurídica obligatoria, se prolongue en el tiempo más allá del periodo preciso para plantear su exigencia ante los tribunales, aun cuando puede serle imputable el incumplimiento al deudor. Así, la verdadera naturaleza jurídica, la esencia de la prescripción, es la de una excepción que la ley crea en beneficio del deudor para que válidamente se oponga al pago de su prestación, y la cual puede hacer valer o no, a su arbitrio. De lo anterior, este tribunal pasa a ponderar lo siguiente: ¿Corre la prescripción durante el tiempo que transcurre mientras se tramita el juicio natural?. Para dar respuesta a lo anterior, debemos acudir a los fundamentos jurídicos, mismos que desde su génesis en el Código de Comercio, no han sido modificados y son: ‘Artículo 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda.’. ‘Artículo 1042. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día que se haga; en el de renovación desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido ...’. Si se aplican lógicamente estos preceptos, sin entrar en mayores consideraciones, se obtienen las siguientes conclusiones: a) La demanda o cualquier interpelación judicial interrumpe, pero no suspende la prescripción; b) La interrupción de la prescripción sólo inutiliza el tiempo corrido antes de la interrupción; c) Se considerará no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desiste de la demanda o si ésta es desestimada; y, d) El término de la prescripción empezará a contarse en caso del reconocimiento de las obligaciones, desde el día que se haga, en el de renovación desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido. Como puede apreciarse, al estar contemplada la figura de la prescripción, legal resulta que el deudor puede hacerla valer como excepción, pues pasado el tiempo que fija el ordenamiento positivo, idóneamente es de oponerse y sin responsabilidad, a las pretensiones de su acreedor, en virtud de que la prescripción no hace perder el derecho personal del acreedor, sino a que se cobre coactivamente a su deudor, claro, si éste la opone como excepción. Indudablemente, en materia común, oficiosamente y en nombre del deudor, no puede oponerse como excepción, dado que sólo opera si la parte interesada la opone. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, página 293, número de registro IUS 807900, de rubro y texto siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ NO PUEDE HACERLA VALER DE OFICIO. Si el demandado, al contestar la demanda, no opuso la excepción de prescripción negativa, para exonerarse de la obligación que el actor le exigía, el Juez no pudo hacer valer dicha prescripción, para absolverlo de algunas prestaciones que le fueron reclamadas.’. De suerte que, al ser opuesta como excepción y defensa por el deudor, será a través de la sentencia que emita una autoridad jurisdiccional -en caso de prosperar- que se declarará la imposibilidad de cobrar coactivamente el importe de la deuda. En apoyo de estas justipreciaciones, se puede afirmar que la ‘interrupción’ de la prescripción que resulta de la presentación de una demanda, tiene la particularidad de ser un interruptor de la instancia judicial, mismo que dura por tanto tiempo como la instancia misma, lo que genera la consecuencia de que la prescripción no pueda cumplirse durante el curso de la instancia, pues los dispositivos analizados revelan que la prescripción está interrumpida porque estando fundada en una inacción no puede correr cuando hay acción; y el ejercicio de la acción detiene la prescripción haciendo imposible que ésta vuelva a comenzar a marchar. En efecto, la prescripción opera en función del no ejercicio de la acción correspondiente en el término que la ley prevé, esto es, no vuelve a tomar su curso dentro del litigio, en atención de que si la relación procesal está pendiente, no corre ninguna prescripción y esa relación procesal debe entenderse pendiente hasta la sentencia definitiva. Pues así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sostenido en múltiples ejecutorias. Como puede verificarse de lo expuesto, el artículo 1041 del Código de Comercio, al establecer que la prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, debe interpretarse en el sentido de que basta la sola presentación de la demanda para que la interrupción de la acción se efectúe, pues siendo la prescripción una pena que se impone a los que abandonan el ejercicio de un derecho, la circunstancia de hacerse valer el mismo al ejercitarse la acción, es prueba evidente de la voluntad exteriorizada por el acreedor del derecho que se reclama, aun cuando posteriormente se haga conocer al demandado con el emplazamiento respectivo. Esta justipreciación se fortalece con la disposición que contiene el segundo párrafo del artículo 1041 que se ponderó, que considera como no interrumpida la prescripción si la demanda se desestima, o lo que es lo mismo, si se desecha cuando aún no tiene noticia de ella el demandado; lo cual claramente significa que en caso contrario, esto es, si aquella demanda es admitida, aun cuando no la conozca el demandado, se produce la interrupción de la prescripción. Conforme a lo expuesto, como la presentación de la demanda interrumpe el plazo de la prescripción, lo dispuesto por el artículo 104

del Código de Comercio, de que empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones desde el día que se haga; en el de renovación desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación desde que éste hubiere vencido, resulta intrascendente para determinar si opera la prescripción de cualquier tipo de acción, pues como se ha establecido con anterioridad, es innecesaria la realización de cualquier acto dentro del juicio de gestión o promoción del acreedor que manifieste su interés insistiendo en sus pretensiones. Porque, precisamente, en tanto que hay acción no podría haber prescripción. Luego, una nueva prescripción no puede comenzar en tanto que dure la instancia, ya que al continuarse la causa de la interrupción (presentación de la demanda) continúa también el efecto; sólo cuando cesara la causa, el efecto también cesaría; es decir, que la prescripción no puede volver a andar más que cuando la sentencia haya dado fin a la instancia. De lo anterior, se advierte que la prescripción de la acción queda consumida con la presentación de la demanda, sin que por ello, durante la secuela procesal exista algún impedimento para oponerla en vía de excepción e incluso de acción, dado que será hasta la sentencia que se emita cuando se estudiará si ocurrió o no; empero, no por el hecho de excepcionarse -en forma superveniente- bajo el argumento de que volvió a correr un nuevo plazo con motivo de la inactividad procesal, lo anterior signifique que pueda prosperar, en virtud de que como excepción va encaminada a la extinción de la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal, a ejercer ‘coacción legítima’ contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo o exige la declaratoria de prescripción. Consecuentemente, por ‘coacción legítima’ se debe entender por exigir judicialmente, es decir, imperiosamente por conducto de una autoridad judicial que se hace a una persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa, esto es, a través del Estado y de los instrumentos que dispone (leyes) hace exigible las obligaciones y eficaces sus preceptos. Estas razones llevan a considerar que: 1. No ocurrirá la prescripción si el acreedor demanda o interpela judicialmente. 2. Interrumpida esa prescripción, ello constituye una ruptura a la pasividad y, por ende, una eliminación a la institución de la prescripción. De todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que esa interrupción de la figura jurídica de la prescripción de acuerdo a los dispositivos legales 1041 y 1042 de la legislación mercantil, sólo se puede producir con la presentación de la demanda, de ahí que la interrupción va encaminada a la acción, por tanto, una vez ejercida ésta, si bien se puede oponer como excepción en la contestación de la demanda o durante la secuela del proceso como excepción superveniente, lo cierto es que el objeto de examen se circunscribirá a analizar la temporalidad que surgió a partir de la fecha en que se hizo exigible como acción y la data en que se presentó la demanda. Cabe puntualizar, que no se descarta que esa interrupción también puede acontecer si el deudor reconoce expresa o tácitamente el derecho del acreedor, ya que al hacerlo, está renunciando implícitamente a la prescripción ganada conforme al artículo 1168 del Código Civil Federal. Con base en lo expuesto, por las razones que sostienen lo ineficaz del motivo de disenso en estudio, se estima innecesario atender el contenido de la tesis citada en su apoyo por la parte quejosa, de epígrafe: ‘PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, EN MATERIA MERCANTIL, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO SUSPENDE LA. ...’. La cual constituyó uno de los cinco precedentes que dieron origen a la jurisprudencia por reiteración sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA MERCANTIL, INTERRUPCIÓN DE LA. ...’, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, CXXVI, página 29, número de registro IUS 269,436. Invocada también a foja 21 del escrito de amparo para robustecer sus afirmaciones, en la que se sostiene que la figura de la prescripción, no obstante haberse interrumpido con la presentación de la demanda, vuelve a iniciar si no se impulsa el procedimiento durante el tiempo que establece la ley. Dicha jurisprudencia en lo medular ponderó si efectivamente operó la prescripción negativa de la acción cambiaria directa que se rige por los artículos 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1041 del Código de Comercio, para lo cual se pasa a transcribir un apartado de la ejecutoria número 4871/1965, que fue uno de los precedentes que dio origen a dicha jurisprudencia como sigue: ‘... Si bien la presentación de la demanda interrumpió el lapso de la prescripción, éste vuelve a correr al día siguiente y si el juicio se abandona, como en el caso, al extremo de que no se emplace al demandado, ni se practique acto procesal alguno dentro de tres años, la prescripción negativa se consuma porque sólo hubo interrupción, pero no suspensión de la prescripción ...’ (el énfasis fue añadido por este tribunal). Sin embargo, para el caso en concreto, tal jurisprudencia quedó superada con motivo de la contradicción de tesis 1a./J. 109/2001, de la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO DE LOS DIVERSOS 1041 Y 1042 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ...’, de datos de identificación citados en párrafos precedentes. Pues resuelve que éste es el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial. Sobre el tema sustancial tratado en este apartado a foja 24 del sumario de amparo, la parte quejosa cita un precedente que aduce es: ‘... exactamente aplicable al caso ...’, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, de mayo de dos mil tres, página 1267, número de registro IUS 184,270, de rubro y texto siguiente: ‘SEGUROS. EN LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS RELATIVOS PUEDE OPERAR LA EXCEPCIÓN SUPERVENIENTE DE PRESCRIPCIÓN. El anterior texto del artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, literalmente establecía que: «... La comisión ordenará la cancelación de la reserva cuando la empresa aseguradora le compruebe que ha sido decretada la caducidad o preclusión de la instancia o que haya sido procedente la excepción superveniente de prescripción.», de lo que se deduce que dicha legislación contemplaba expresamente la posibilidad de que ya iniciado el juicio respectivo, operara la prescripción, pues alude a ésta con el calificativo de «excepción superveniente», lo que hace patente que dicha excepción puede operar y, por tanto, oponerse una vez iniciado el procedimiento. Lo anterior evidencia la circunstancia de que no por el hecho de haberse ejercido la acción respectiva, el derecho a reclamar el cumplimiento de las prestaciones derivadas de un contrato de seguro adquiera la calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que el juicio en el que se ventile la controversia correspondiente pueda permanecer abandonado indefinidamente a voluntad del actor, de ahí que debe concluirse que la presentación de la demanda y la de las restantes promociones que impulsen el procedimiento con la intención de obtener el derecho exigido en esta clase de procedimientos, interrumpen el curso para la prescripción pero no la suspenden, por lo que el término de ésta vuelve a iniciar o correr al día siguiente de tal presentación, porque con ésta sólo hubo interrupción pero no suspensión de la prescripción; lo anterior, porque no ha habido un cambio en la calidad del derecho exigido, toda vez que éste sigue siendo litigioso, es decir, sigue estando al nivel de pretensión, por consiguiente, continúa la exigencia que establece la ley sustantiva en cuanto al deber que impone a su titular de exigirlo, so pena de perderlo por prescripción; por lo que resulta evidente que el término para que opere tal figura puede volver a correr dentro del procedimiento, y si el juicio es abandonado, aquélla puede consumarse.’. Con dicho criterio, expone diversas manifestaciones tendientes a sostener sus pretensiones; de que no obstante haberse interrumpido la prescripción con la presentación del escrito de demanda, si durante la secuela del procedimiento no existen promociones que impulsen el procedimiento, el término de la prescripción de la acción vuelve a iniciarse dentro del procedimiento; precedente judicial cuya aplicación solicitó al caso que nos ocupa. Al respecto, conviene aclarar que contrario a lo pretendido por la parte quejosa, el criterio transcrito no vincula a este órgano colegiado, atento al contenido del artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora, por las razones expuestas en párrafos anteriores de esta ejecutoria, frente al argumento subrayado del texto de la tesis aislada de ese órgano colegiado del Tercer Circuito, este tribunal arriba a la justipreciación de no compartir la premisa en la que se funda ésta; ello es así, ya que se estima que las consideraciones reproducidas no son aplicables tratándose de que la figura jurídica de la prescripción una vez interrumpida mediante la presentación de la demanda, la cual no puede nuevamente volver a correr ya entablada la litis del procedimiento; luego, si el anterior texto del artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, establecía: ‘... La comisión ordenará la cancelación de la reserva cuando la empresa aseguradora le compruebe que ha sido decretada la caducidad o preclusión de la instancia o que haya sido procedente la excepción superveniente de prescripción.’. Contrario a la conclusión del tribunal homólogo, no puede ser apto para a través de un criterio de interpretación, establecer la procedencia de la prescripción una vez ya iniciado el juicio respectivo, ya que era evidente que la hipótesis contenida en dicho numeral proporcionaba la pauta para la procedencia de la aludida excepción, la cual podía oponerse como defensa por el deudor. Empero, ello no significaba que ya entablada la relación procesal entre las partes, volvía a correr un nuevo plazo con motivo de la inactividad procesal, en virtud de que como excepción va encaminada a la extinción de la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal, a ejercer ‘coacción legítima’ contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo o exige la declaratoria de prescripción. Por tanto, el objeto de examen en la sentencia de la excepción -incluso de ma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21851-a40c6fdb/prescripcion-de-acciones-derivadas-del-contrato-de-seguro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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