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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21674
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 10.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.

TERCERO. Posturas contendientes.

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Al resolver el nueve de noviembre de dos mil siete el amparo directo 605/2007, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"Son ineficaces los conceptos de violación.

"Para respaldar esta conclusión, dada la naturaleza del asunto sometido al control constitucional, es necesario dejar en claro que, a juicio de este Tribunal Colegiado, si bien es cierto existen diversos criterios de órganos federales integrantes del Poder Judicial de la Federación, donde se sostiene, en lo general, que los mayores de edad están obligados a demostrar la necesidad de recibir alimentos en los juicios donde tal situación se ventile; tal criterio no debe tener una aplicación irrestricta, sino que, debe ponderarse cada caso concreto, como lo es en lo relativo a cuando en la materia de alimentos, son los padres quienes ejercen la acción y se trata de aquellos que pertenecen al grupo social identificado como personas adultas mayores, respecto de quienes, por las consideraciones y fundamentos que se precisarán, se considera que en su favor, surge la presunción legal apuntada, conforme a lo siguiente:

"El Código Civil del Estado de Veracruz dispone, en su artículo 5, que: ‘Artículo 5. Las leyes veracruzanas y las federales en su caso, se aplican a todos los habitantes del Estado, ya sean mexicanos o extranjeros, así como a los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y también aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas contemplen la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los Tratados y Convenciones de que México sea parte.’. Tal precepto da la pauta para traer a colación como fundamento, la legislación federal aplicable al caso, para dirimir en esta entidad federativa litigios del orden civil, como lo es la materia relativa a los alimentos. Asimismo, sin abandonar aquel cuerpo normativo, es oportuno citar el contenido de sus artículos 232, 235 y 242, que a la letra estipulan: ‘Artículo 232. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos.’; ‘Artículo 235. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.’; y ‘Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.’. De tales disposiciones deriva, en principio la naturaleza jurídica de la reciprocidad en la materia alimentaria; la obligación de los hijos para dar alimentos a sus padres, y no sólo de éstos, sino que ante su falta, de los demás descendientes en grado de proximidad (nietos, bisnietos, etcétera); y los principios de proporcionalidad y necesidad, atinentes al deudor y acreedor alimentario.

"Ahora bien, a nivel federal el veinticinco de abril de dos mil uno, en la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa de ley para la regulación de los derechos de las personas adultas mayores, en cuya exposición de motivos se sostuvo, entre otros aspectos, la evolución demográfica del país, dentro de la cual, día a día, el sector poblacional mayor de sesenta años de edad, es cada vez mayor; el sentir social que significa ser viejo, la senectud y la posición económica de tales individuos dentro del marco de la sociedad; las desventajas sociales y laborales que enfrentan por ser un grupo de los llamados vulnerables; y, ante todo ello, la necesidad de procurar las garantías mínimas para una vejez justa, digna y decorosa.

"Esto se refleja en la siguiente transcripción, correspondiente a la referida exposición de motivos: ‘En el transcurso del siglo veinte, con patrones demográficos y culturales que marcaban la estructura poblacional de un país de jóvenes, los objetivos de la política social en México se centraron en las necesidades propias de una población y una economía en expansión. Hasta nuestros días, no ha sido objeto de preocupación seria ni de nuestras prioridades la atención a la población de adultos mayores. Sin embargo, hemos comenzado a realizar los primeros intentos por enfocar la atención hacia este sector, cuyo patrón de crecimiento presenta un incremento real en la dinámica demográfica del país. Así lo demuestran las estadísticas nacionales, elaboradas por el Consejo Nacional de Población y Vivienda, que contabilizan cerca de 7 millones de mexicanos mayores de 60 años; se calcula que en 10 años, el país alcanzará los 10 millones de habitantes con esta edad y más, y que para el año 2025 seremos 17 millones de adultos mayores, conformando la tercera parte de la población total. Gracias a los adelantos científicos y médicos, así como al avance gradual de las condiciones del país, la expectativa de vida actual alcanza los 74 años en entornos social y económicamente favorables. Ciertamente, cuando menos durante los próximos 20 años, seguiremos siendo un país de jóvenes, con todas sus virtudes, retos, problemas y promesas. ‘No obstante, aun con la potencialidad que promete ser un país de jóvenes, ser viejo significa abandono, soledad, estorbo, temor, a veces rechazo e inclusive desprecio traducido en violencia. Los parámetros éticos vigentes han reforzado la mítica idea de que la juventud es el estado ideal del ser humano, principalmente por las posibilidades de consumo y capacidad productiva vinculadas a la edad, donde radica su valor positivo. En esta misma lógica, pero en sentido inverso, la senectud carece de valor positivo a medida que avanza la edad, tanto para el consumo como para la producción. Su poca o nula aportación económica a la sociedad hace de la persona adulta mayor un elemento desechable. Sólo se espera que el tiempo haga su trabajo y la vida culmine. Con estos criterios, lamentablemente, se ha construido la base de las políticas de asistencia a los adultos mayores en nuestro país. Solamente el 6% de las personas adultas mayores en México, cuentan con una jubilación o pensión, por demás insuficiente, que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Gran parte de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza en diferentes grados, con precarias condiciones de salud, alimentación y vivienda. Además, son víctimas del abandono, el maltrato, la marginación y hasta la indigencia. Aun en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros ancianos. El peso de las crisis económicas cíclicas y recurrentes y de la política económica aplicada durante los últimos veinte años, ha recaído en este sector cuya edad los margina del empleo y los ingresos que pudieran mitigar sus carencias. A las desventajas sociales y laborales, se agregan la enfermedad, la discapacidad y el deterioro moral y emocional, agudizando el proceso de desgaste; con ello, disminuye su autonomía, se limitan sus relaciones afectivas y los roles sociales y familiares que les confieran un status digno y dinámico. Este conjunto de situaciones que hasta hoy configuran el espectro de la vejez, no será muy distinto para nosotros, si desde ahora no decidimos darnos a la tarea de procurar las garantías mínimas indispensables para una vejez plena, justa y digna. Los adultos mayores de nuestro país reclaman una cultura de respeto y solidaridad que les retribuya el reconocimiento social que merece su contribución a la nación que hemos heredado. Ellos reclaman la valoración de sus capacidades y experiencias, la aceptación y comprensión de sus limitaciones, el derecho a vivir dignamente con seguridad y certeza jurídica, a continuar activos y desarrollándose social, cultural y productivamente y acceder con justicia a los beneficios asistenciales, de protección y seguridad social conquistados por el pueblo mexicano. Estas demandas y reclamos reflejan la ausencia de un marco jurídico que garantice condiciones de vida dignas, sea cual fuere su condición social, raza o sexo. En consecuencia, tenemos que hacerle frente al reto de formular una estrategia integral que atienda a las necesidades de las personas adultas mayores actuales como a quienes lo serán en el futuro. No podemos negar que las leyes responden a necesidades sociales y a la intención de construir marcos de convivencia donde la diversidad adquiera elementos de cohesión e identidad. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de los otros, sean indígenas, sean adultos mayores en toda su heterogeneidad -matrimonios, viudas, viudos, solteras o solteros, jubilados, pensionados, enfermos o discapacitados- o los demás grupos sociales denominados ‘vulnerables’, es uno de esos elementos identitarios que fortalecen socialmente a una nación, a sus instituciones y a cada uno de los individuos que la integran. En esto radica la importancia del derecho social y de las leyes que nos rigen. En el ámbito legislativo, la atención a los adultos mayores va cobrando cada día mayor importancia: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha creado la Ley de Adultos Mayores, que si bien es perfectible, constituye uno de los mayores avances alcanzados para resarcir los agravios que desde el seno familiar y hasta en el contexto comunitario y nacional, han padecido los adultos mayores. Asimismo, se han presentado distintas iniciativas que desde diferentes posiciones y con propuestas diversas, convergen en el interés legítimo y real de definir con precisión los derechos y atender las necesidades de los adultos mayores mexicanos. Las más recientes iniciativas fueron presentadas en el transcurso de la LVII y LVIII Legislaturas por los diputados federales ********** y **********. El objetivo común de tales iniciativas consiste en establecer los medios legales que garanticen condiciones de vida y desarrollo dignos a los adultos mayores. En un intento por abarcar los componentes esenciales de una política social integral e integradora, con la coherencia y escrúpulo que requiere toda iniciativa legislativa y con total respeto a las propuestas originales, la propuesta que se presenta deja establecidos los principios y objetivos de la política dirigida a los adultos mayores sobre la base de las garantías y derechos a los que responderán los programas públicos que atiendan las necesidades de este sector. Así pues, esta iniciativa contempla en su título segundo, los principios rectores que observará la ley y que subyacen en cada uno de sus títulos y capítulos. Bajo los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente, se establecen los objetivos de la política social sobre adultos mayores y sus derechos y garantías: el derecho a la integridad, dignidad y preferencia, a la integridad física, psicoemocional y sexual, a la certeza jurídica, a la salud y la alimentación, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación, información y denuncia popular, y se establecen los deberes del Estado, la sociedad y la familia respecto a las condiciones de vida, desarrollo integral y seguridad de los adultos mayores. La presente iniciativa reconoce los esfuerzos que se han realizado desde el Gobierno Federal y mediante el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), creado en 1979, para la atención de los adultos mayores mexicanos. Sin embargo, y por los hechos antes expuestos, ha sido evidente que las demandas de este sector de la población han rebasado la capacidad de tan noble institución. En este sentido, la iniciativa incluye un título destinado a los programas públicos que se establecen en correspondencia a los derechos y garantías consagrados en la ley para las personas adultas mayores y los deberes del Estado, la sociedad y la familia. Tanto el Insen como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han actuado empeñosamente a favor de los adultos mayores, pero la carencia de sus recursos y los alcances de sus objetivos no son ya suficientes para atender la dimensión de la compleja problemática del sector. En este sentido, no es en vano que el gobierno de nuestro país participe de los acuerdos y signe compromisos internacionales en la materia: en Viena, nuestro país participó en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, en 1982, y en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en 1993. También signó los compromisos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, que emitió la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad. En el Cairo participó en la Conferencia Mundial sobre Población, en 1994 y en Copenhague, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en 1995. En consecuencia, la presente iniciativa pretende impulsar decididamente las estrategias y programas institucionales, propuestas también en las iniciativas de los legisladores antes citados, pero con la perspectiva de estructurarlas y orientarlas hacia la conformación de una base firme de política social, compartida por las instituciones públicas e instrumentada a través del Instituto Nacional Atención y Protección de las Personas Adultas Mayores (INAPPAM), instancia representativa del sector encargada de coordinar las acciones que emprendan las diversas instancias públicas y sociales involucradas en los programas de atención a las personas adultas mayores. ...’

"Emanada de esa iniciativa, se dio lugar a la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual, en su artículo 9o., establece, en lo que aquí interesa: ‘Artículo 9. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos: I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; ...’

"Dicho ordenamiento también establece la obligación a cargo del Estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de garantizar a las personas adultas mayores, los servicios de asistencia y orientación jurídica en forma gratuita, en materia de alimentos, lo cual regula en el ordinal 22, fracción I.

"Es oportuno agregar, que la ley federal en consulta, en su numeral 3, fracción I, define como personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad, que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

"No está de más mencionar, que el Estado de Veracruz no ha quedado relevado de este tipo de disposiciones, que reconocen de manera evidente la existencia del grupo social de que se trata, cuya situación atrajo la atención del ente legislativo estatal para propiciar su adecuado desenvolvimiento en la sociedad. Así, a manera de ejemplo, el Código Electoral para el Estado de Veracruz, refiere en su numeral 223, que en las votaciones, los electores votarán en el orden en que se presenten, haciendo la salvedad para los adultos mayores, que para emitir su voto no tienen necesidad de esperar turno; la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, indica en su artículo 40, fracción IV, que los jóvenes tendrán como responsabilidad brindar protección y apoyo en la medida de sus posibilidades físicas a todos los miembros de su familia, especialmente si son niñas o niños, personas con capacidades diferentes y adultos mayores; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su cardinal 28, fracción II, instruye como atribución del secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente, coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores más desprotegidos, con referencia expresa al de los adultos mayores; la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, en su artículo 144, regula la posibilidad de que en el servicio de transporte público se soliciten descuentos especiales para los adultos mayores. Dichos preceptos evidencian la preocupación en la entidad veracruzana por salvaguardar de manera especial al sector de que se trata.

"En esta medida, es evidente la existencia de un marco jurídico amplio para respaldar la premisa inicial de la que parte este asunto; al advertir que el legislador, federal y local, se han visto preocupados por establecer normas que favorezcan a las personas que se ubiquen en este supuesto.

"De tal suerte, válidamente se puede decir, que tratándose de la acción de alimentos, cuando el acreedor se encuentra dentro del grupo identificado como personas adultas mayores, tiene a su favor la presunción de necesitar alimentos y sólo corre a su cargo demostrar: a) El entroncamiento con el demandado; y, b) La posibilidad de éste para sufragar una pensión. Mientras que recae en el deudor, la carga de acreditar, en su caso, que la parte actora no los necesita.

"En efecto, de lo hasta ahora visto, se puede sostener que los sujetos ubicados dentro del referido sector, requieren de un tratamiento distinto, que no sólo reconoce la ley, sino los tribunales encargados de aplicarla; puesto que dadas sus características, no se les considerara ya como población económicamente activa, salvo prueba en contrario en cada caso en particular; máxime que la ley federal indicada establece, a su favor, la obligación de la familia para otorgarles alimentos y el interés del Estado en respaldarlos para que así suceda; siendo pertinente precisar que con esto no se desconocen las reglas legales para los grados en los que recae la obligación alimentaria cuando los acreedores son los padres; ni las cargas procesales que a los contendientes corresponde, con el afán de cubrir los extremos de posibilidad y necesidad para su fincamiento; es decir, no se está prejuzgando sobre la obligación de dar alimentos a cualquier sujeto considerado como adulto mayor, sino que, en el caso, se estima cómo deben repartirse las cargas de los litigantes cuando es un adulto mayor quien reclama alimentos al hijo.

"Así las cosas, contrario a lo que se aduce en los conceptos de violación, el acto reclamado se aprecia emitido de manera fundada y motivada, exponiendo no sólo los preceptos legales que se estimaron aplicables al caso, sino las consideraciones para apoyarlos, cumpliendo con las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; de ahí que, la sentencia pronunciada por la responsable no se advierte como sólo una afirmación moral, sentimental o carente de sustento probatorio; porque la propia legislación procesal civil de la entidad, en su numeral 232, reconoce la existencia de los hechos notorios, indicando que ni siquiera deben ser probados, pudiendo ser invocados por el Juez, aunque no hubieren sido alegados por las partes; siendo patente que la edad de una persona de noventa y cuatro años (lo cual fue probado con el acta de nacimiento del registro civil, que evidentemente es un adulto mayor), sí puede influir y ser valorada por los órganos jurisdiccionales como un factor para derivar presunciones humanas; probanza, esta última, regulada por el cardinal 299 del citado cuerpo normativo, ofrecida por la actora y recibida en la audiencia prevista por el cardinal 219 del código procesal civil para el Estado, cuyo valor se reconoce en términos del numeral 336 de la codificación en comento; lo que conlleva a verificar que la responsable actuó apegada a las formalidades esenciales del procedimiento, sin vulnerar garantías del recurrente.

"Aunado a lo anterior, de los preceptos 235, 242 y 243 del Código Civil para el Estado de Veracruz, se desprende el fundamento de la condena; en los cuales se establece la obligación de los hijos de dar alimentos a sus padres; a su vez, se estipulan los principios de proporcionalidad y necesidad rectores de las causas alimentarias, que fueron abordados en el litigio, sin que pueda considerarse excesivo el porcentaje del doce punto cinco por ciento como importe de la pensión, partiendo de que la defensa del demandado se basó en la ausencia de derecho de su madre, no en demostrar su imposibilidad para cubrir la medida; por lo que, habiendo acreditado la actora los extremos de la acción, sin prueba en contrario del demandado sobre descuento alguno de sus ingresos, ni respecto a que dice mantener a su esposa e hijos; es evidente que el monto de la pensión no puede estimarse gravoso; máxime que, para graduar la condena, también se apreció que cuando la manutención deba erogarse entre varios deudores (fue probado que la actora tiene otro hijo con el cual comparte habitación), el importe será repartido entre ellos; todo lo cual, condujo a la reducción de la medida inicialmente decretada, de un veinte al doce punto cinco por ciento, fincado en definitiva; sin que exista agravio que reparar. Es pertinente agregar que en el sumario no aparece prueba que corrobore el aserto formulado en los conceptos de violación, de que la ahora tercero perjudicada goce de alguna pensión diversa por parte de la empresa Pemex.

"Respecto al alcance de la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. DEBE NECESARIAMENTE DEMOSTRARSE EL ESTADO DE NECESIDAD DE QUIEN LOS RECLAMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, no se considera que el fallo reclamado la inobserve, pues de su lectura no se aprecia que se haya ocupado de las personas adultas mayores, que en todo caso, se considera una excepción a la generalidad de tal criterio.

"No obstante ello, ha quedado establecido que, en el asunto natural, la necesidad de la acreedora fue acreditada a través de medios de convicción, como lo fueron: su acta de nacimiento y la de su hijo, la presuncional legal y humana y el hecho notorio invocado por el juzgador; instrumentos de prueba que, por no ser contrarios a la moral ni al derecho, válidamente sostienen la decisión de que se trata, haciendo infundado lo alegado en contrario.

"Es aplicable como soporte a esta decisión, la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno del Máximo Tribunal de la nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (según datos obtenidos del CD denominado IUS, con número de registro 174899) del tenor siguiente: ‘HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.’. El precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aludido en el citado criterio, encuentra su análogo en el arábigo 232 de esa misma norma procesal, emitida en el Estado de Veracruz; de ahí su aplicación al caso."

El Segundo Tribunal Colegiado resolvió en el mismo sentido los amparos directos 686/2007 y 869/2007.

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el veintiuno de agosto de dos mil dos el amparo directo 873/2002, determinó lo siguiente:

"Los conceptos de violación transcritos en el considerando anterior son infundados.

"En efecto, en primer lugar es conveniente puntualizar que ciertamente, la obligación de dar alimentos es recíproca, pues el que los da, a su vez tiene el derecho de recibirlos, según lo dispuesto por el artículo 232 del Código Civil para el Estado; por ello, el diverso 235, establece: ‘Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado; y en caso de ser procedentes, es claro que dichos alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, según lo dispone el artículo 242 del mismo ordenamiento.’

"Sin embargo, si el ascendiente demanda alimentos por considerar que su hijo tiene la obligación de proporcionárselos, debe acreditar los siguientes elementos: a) el entroncamiento; b) que necesita los alimentos, por no estar en condiciones de obtener por sí mismo los medios necesarios para su subsistencia; y, c) que el demandado está en posibilidad de proporcionárselos; lo anterior es así dado que como no se trata del cónyuge o hijos del deudor alimentista, que son los únicos en cuyo favor la ley presume la necesidad de recibir alimentos de aquél, existe la obligación para el ascendiente de demostrar que tiene la necesidad de recibirlos; como bien lo indicó la responsable.

"Por ende, es correcto lo resuelto por la sala ad quem en el sentido de que si el ahora quejoso manifestó ser jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social y no existe prueba en autos que demuestre que la pensión que recibe no es suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, la acción que intentó resulta improcedente, sin que tal razonamiento sea equívoco o infundado como lo aduce el quejoso, pues según se ha visto, los ascendientes sí están obligados a probar la necesidad de recibir alimentos de sus descendientes.

"Por otro lado, aduce el impetrante del amparo que la situación de que no haya ocultado sus ingresos ni la obligación que tiene para con la madre el actor, hace procedente sus pretensiones, de acuerdo con una supuesta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ALIMENTOS. LA INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE LOS PADRES, OBLIGA A LOS ASCENDIENTES MÁS PRÓXIMOS EN GRADO A PROPORCIONARLOS, PERO ESA EXIGENCIA NO EXISTE CUANDO EL PROGENITOR, DE MANERA IRRESPONSABLE Y VENTAJOSA, OCULTA SUS INGRESOS PARA EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN.’; al respecto debe decirse que de la consulta de la compilación de jurisprudencia y tesis aisladas que comprende de junio de mil novecientos diecisiete a mayo de dos mil uno, editada en disco compacto por la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que dicho criterio es una tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página setecientos diecisiete del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: ‘ALIMENTOS. LA INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE LOS PADRES, OBLIGA A LOS ASCENDIENTES MÁS PRÓXIMOS EN GRADO A PROPORCIONARLOS, PERO ESA EXIGENCIA NO EXISTE CUANDO EL PROGENITOR, DE MANERA IRRESPONSABLE Y VENTAJOSA, OCULTA SUS INGRESOS PARA EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN. La imposibilidad de cumplir con el deber de dar alimentos, a que alude el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, que en caso de ocurrir, hace obligatorio dicho cumplimiento a los ascendientes más próximos en grado por ambas líneas, se debe entender como el impedimento físico o mental de que adolezcan los progenitores, que les impida desarrollar cualquier actividad que les proporcione los recursos necesarios para contribuir al sostenimiento de los hijos, pero no se da ninguna de las hipótesis señaladas, cuando el padre es desobligado y en forma irresponsable y ventajosa, oculta los ingresos que obtiene para evadir el cumplimiento de su obligación.’; de cuyo análisis se viene en conocimiento que tal precedente hace referencia a la procedencia de la reclamación de alimentos de los nietos a sus abuelos, cuando los padres estén incapacitados física o mentalmente; y no a un caso como el que nos ocupa, por lo que los razonamientos del inconforme en el sentido de que de acuerdo a ese criterio su acción es procedente porque no ocultó sus in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21674-2898cfa4/alimentos-para-ascendientes-elementos-que-el-juzgador-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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