ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito denunciantes, se encuentran facultados para tal efecto.
TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:
a) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 445/2006, sustentó las consideraciones siguientes:
"TERCERO. Resulta innecesario transcribir la resolución impugnada y analizarla a la luz de los motivos de disentimiento planteados por el inconforme, que tampoco se transcribirán, pues del análisis de las constancias que conforman el juicio de amparo del que deriva la resolución recurrida, este Tribunal Colegiado advierte, de manera oficiosa, en términos de lo previsto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la actualización de una omisión de la Jueza Federal a quo, en perjuicio de los intereses de la parte quejosa, que obliga a revocar la sentencia sujeta a revisión y, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, a ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de garantías.
"Para demostrar lo anterior, en principio, conviene tener presentes los antecedentes que, por su importancia, se desprenden de la consulta de las actuaciones que conforman el juicio de amparo 383/2006-I, que remitió la Jueza Federal a quo para la tramitación de la alzada.
"...
"Los resumidos antecedentes del caso ponen en evidencia la actualización de la omisión procesal de la Jueza Federal a quo, en perjuicio de los intereses de la parte quejosa, pues ellos justifican que dentro del procedimiento del juicio esta última ofreció como prueba documental pública las constancias que conforman el proceso penal número 01/2003, que se siguió en contra de su coinculpado ... para acreditar los extremos que alegó en su demanda de garantías; es decir, la suplantación del único testigo presencial de los hechos ... y asimismo, que al deponer en preparatoria ... (el coinculpado del quejoso), entre otros, no ratificó su deposición ministerial en la que señaló su nombre como copartícipe de los hechos, sino que argumentó que no lo conocía, la cual sostuvo que corroboró dentro del referido procedimiento, entre otros aspectos diversos, a virtud de lo cual establece que no puede considerarse legal la orden de aprehensión reclamada en la que, para su emisión, indebidamente se ponderaron la declaración del supuesto testigo presencial de los hechos ... y la deposición ministerial de ... (el coinculpado).
"De igual modo, los antecedentes relatados ponen de relieve que en proveído de veintinueve de mayo de dos mil seis, respecto a la precisada documental pública ofrecida como prueba por el quejoso, la Jueza Federal a quo se reservó proveer lo relativo hasta que su similar responsable remitiera las documentales del referido proceso que mencionó al rendir su informe justificado vía telegráfica; y posteriormente, que por diverso acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil seis, previo a la recepción de señalado informe por parte de aquélla autoridad, al que adjuntó copias certificadas de la causa penal 01/2003, la Jueza Federal a quo tuvo por ofrecidas las señaladas documentales públicas por parte del quejoso, en la forma y términos propuestos en su escrito de veintiséis de mayo de dos mil seis; es decir: ‘... 3. La documental pública, consistente en todo lo actuado en la causa penal 01/2003. ...’
"Los relatados aspectos justifican que la Jueza Federal a quo, no obstante que tuvo por ofrecida y admitida la documental pública que adujo el quejoso, consistente en las constancias que conforman el proceso penal número 01/2003, inadvirtió que las copias certificadas de éste que le hizo llegar la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, se hallaban incompletas, pues éstas sólo comprenden las constancias que conforman la averiguación previa penal que dio origen al señalado proceso penal; las de los trámites relativos a su radicación ante el juzgado responsable; y las correspondientes al auto que resolvió el ejercicio de la acción penal reclamado, de diez de enero de dos mil tres; no así la totalidad del expediente relativo en que fue procesado y sentenciado su coacusado. ...
"Tal circunstancia demuestra el perjuicio a los intereses de la parte quejosa, porque la Jueza Federal a quo no requirió a su similar responsable la remisión, en fotocopia certificada, de la totalidad de las constancias que integran el proceso penal número 01/2003, de su índice, en la parte en que estuvo sujeto a proceso el coinculpado del quejoso ... quien como aparece de las constancias del juicio de amparo fue absuelto el veintidós de julio de dos mil cinco, de la comisión del delito por el que fue girada la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, que como pruebas documentales fueron anunciadas por el impetrante en su escrito de veintiséis de mayo de dos mil seis y, en esos mismos términos, admitió en proveído de treinta y uno siguiente, a fin de estar en condiciones de analizar la legalidad de la orden de aprehensión reclamada, con base a las consideraciones y planteamientos alegados en su demanda de garantías.
"De manera tal que, la omisión de mérito dejó sin defensa al ahora inconforme ... pues como se dijo, con base en algunas de las constancias contenidas en las actuaciones que no fueron recabadas, éste sustentó la inconstitucionalidad del acto reclamado en los términos expuestos en su demanda de garantías, cuya valoración y análisis por parte de la Jueza Federal a quo, objetivamente pudiere influir en el resultado de la sentencia que deba dictarse en definitiva; por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es revocar la resolución impugnada y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que la Jueza Federal a quo, en términos de lo previsto por el último párrafo de diverso numeral 78 de la propia codificación, recabe la totalidad de las actuaciones que integran el expediente penal de origen número 01/2003, en lo que respecta al coinculpado del quejoso ... que como prueba documental pública fue ofrecida por el quejoso, admitida en esos términos por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil seis y una vez hecho ello, continúe con el procedimiento respectivo.
"No impide concluirlo de ese modo, la circunstancia de que la Jueza Federal a quo textualmente haya sostenido en la sentencia impugnada, lo siguiente:
"‘... Sin que sea óbice a lo anterior que lo señalado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, en cuanto aduce esencialmente que la responsable de manera incorrecta dejó de considerar el hecho que de autos de la causa se determinó que el testigo ... resultó ser ficticio y, por ende, lo declarado por éste no puede tomarse en consideración para el dictado de la orden de captura que se reclama; máxime que al dictarse sentencia al inculpado ... se determinó que dicho ateste carece de todo valor probatorio, por tanto, refiere el quejoso, no se encuentra acreditada su probable responsabilidad en el ilícito que se le atribuye, documental esta última que la parte quejosa exhibió como prueba de su parte, y a la cual se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, se afirma que dicho argumento es infundado, toda vez que si bien cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar ante el Juez constitucional las pruebas que estime pertinentes para demostrar su inconstitucionalidad, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, lo cierto es que ello no incluye aquellas probanzas que hubiesen sido desahogadas ante el propio Juez del proceso, dentro de la misma causa de donde emana la orden de aprehensión reclamada y con posterioridad al dictado de ésta, toda vez que es indiscutible que a quien corresponde valorar tales medios de prueba es precisamente al Juez de la causa en el momento en que resuelve la situación jurídica del inculpado, o bien al dictar la sentencia respectiva, ya que son los momentos procesales oportunos para valorar y calificar dichas pruebas.
"Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis publicada en el Apéndice 2000, Octava Época, Tomo II, Penal, página 2586, que reza:
"‘«ORDEN DE APREHENSIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA.». (se transcribe).’
"Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis número 86/98, en cuanto al tema de la admisión de pruebas en el juicio de amparo en que se reclame una orden de aprehensión, en lo que aquí importa, medularmente sostuvo que dada la reforma al penúltimo párrafo de la fracción X del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculado con la fracción V, del propio precepto, se incluyó entre las garantías del inculpado que se le reciban las pruebas que ofrezca dentro de la averiguación previa en los términos establecidos en la ley, como el artículo 128, fracción III, inciso c), del Código Federal de Procedimientos Penales (de idéntico contenido al diverso 59, fracción III, inciso d), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero), circunscribió dicho mandamiento a que no se entorpezca la averiguación previa y a que los testigos que se ofrezcan se encuentren en el lugar de la indagatoria; ello implica que no en todos los casos podrán desahogarse las probanzas ofrecidas dentro de la averiguación previa, y que, por ende, cuando exista constancia indubitable de dicha circunstancia y se acuda al juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, el Juez Federal tendrá la obligación de recibir los elementos de convicción que el quejoso le presente u ofrezca, objetivamente, con la obligación de analizarlos y valorarlos en su momento, pero cuando aquéllos fueren ofrecidos y desahogados dentro de la averiguación previa, o bien, habiendo tenido la oportunidad el indiciado de ofrecerlos y desahogarlos en ella, por haber tenido ya conocimiento de ellos, sin que lo haya hecho, ya no se le admitirían en el amparo.
"Los argumentos expuestos, así se desprenden del criterio de jurisprudencia número 29/99, que derivó de la contradicción de tesis aludida, visible en la página 296, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, del siguiente rubro y texto:
"‘ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA.’(1) (se transcribe).
"De manera tal que, la interpretación del espíritu inmerso en el criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la posibilidad del quejoso de ofrecer pruebas en los juicios de garantías en los que se reclame una orden de aprehensión, implica otorgar una amplia oportunidad probatoria al inculpado a fin de hacer patente su inconstitucionalidad, en respeto al derecho que como garantía individual fue elevado a su favor en el artículo 20, fracciones I y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin sujeción a condición alguna en la instancia constitucional, esto es, si son anteriores o posteriores al dictado de la orden de aprehensión reclamada, más que las reconocidas legalmente en el artículo 150 de la Ley de Amparo; es decir, que no sea la de posiciones, o fueren contra la moral o el derecho; excepto, claro está, cuando por haber comparecido el inculpado a la indagatoria ya no tenga esa posibilidad probatoria.
"Lo anterior, significa que el Juez de Distrito debe ponderar si el quejoso realmente tuvo la oportunidad material y jurídica de aportar las pruebas que ofrece en el juicio de amparo, que precisamente le hayan garantizado esa posibilidad de defensa durante la investigación del delito, para lo cual tiene que analizar, por ejemplo, si se le hizo saber que declaraba en calidad de indiciado y que por ello pudo tener la necesidad de ejercer su derecho de defensa; si ofreció pruebas o no, para conocer si le fueron admitidas y desahogadas, caso en el que se podrá desestimar el ofrecimiento que se hace en el juicio de garantías; o en su defecto, si se ofrecieron pruebas pero no se desahogaron, o no estuvo en aptitud legal de ofrecerlas porque no hubiere tenido conocimiento de ellas, pues en estos supuestos sí procede el ofrecimiento en el juicio constitucional, porque el peticionario de amparo realmente no pudo ejercer su derecho de defensa en la etapa de averiguación del delito.
"En lo conducente, resulta pertinente citar al respecto, la tesis número XVI.1o.6 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que este similar comparte, visible en la página 1535 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época, del siguiente rubro y texto:
"‘PRUEBAS EN EL AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EL JUEZ DE DISTRITO, AL RESOLVER SOBRE SU ADMISIÓN, DEBE CONSTATAR SI EL QUEJOSO REALMENTE TUVO LA OPORTUNIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE DEFENSA DURANTE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.’ (se transcribe).
"En las relatadas condiciones, si en la especie no se advierte que el aquí quejoso hubiera intervenido de alguna forma en la etapa correspondiente a la integración de la averiguación previa que dio origen a la causa penal en la que se emitió la orden de captura reclamada, de manera tal que permita suponer que estuvo en aptitud legal de ejercer de manera efectiva su derecho de defensa; sino que, por el contrario, considerando los medios de prueba que aportó al juicio se conoce que aun cuando hubiera tenido conocimiento y participación en su integración, no se hallaba en aptitud legal de ofrecerlos como prueba, dado que éstos tuvieron origen, precisamente, en la integración del proceso penal que inició con motivo de aquella indagatoria, respecto de un coinculpado del quejoso.
"Por tanto, si los medios de prueba que exhibió al juicio de amparo el quejoso, consistentes en la totalidad de las constancias que integran el propio expediente penal del que derivó la orden de aprehensión reclamada, fueron debidamente admitidos como pruebas en el juicio de amparo por parte de la Jueza Federal a quo, atendiendo a esas mismas consideraciones y razones legales, objetivamente estaba obligada a analizarlas y valorarlas al resolver sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues como se dijo, la interpretación del espíritu inmerso en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA.’, implica otorgar una amplia oportunidad probatoria al inculpado a fin de hacer patente su inconstitucionalidad, en respeto al derecho que como garantía individual fue elevado en el artículo 20, fracciones I y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin sujeción a condición alguna en la instancia constitucional, más que las reconocidas legalmente en el artículo 150 de la Ley de Amparo; es decir, que no sea la de posiciones, o fueren contra la moral o el derecho, excepto, claro está, cuando por haber comparecido el inculpado a la indagatoria ya no tenga esa posibilidad probatoria.
"En ese tenor, este cuerpo colegiado no comparte el criterio del rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA.’, sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 1993, en que la Jueza Federal a quo soportó su argumento en torno a que dentro de las pruebas que puede presentar el quejoso en tratándose del amparo en contra de una orden de aprehensión, no se incluyen aquellas que se hubiesen desahogado ante el propio Juez del proceso.
"Ello es así, porque el espíritu inmerso en el criterio de jurisprudencia analizado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA.’, en relación con el derecho de defensa, que como garantía individual fue elevado en el artículo 20, penúltimo párrafo, de la fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica otorgar una amplia oportunidad probatoria al inculpado que, dado el sigilo con el que se siguió la indagatoria en su contra, no le haya sido posible ejercerlo en ella, lo que es acorde con lo previsto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que en el juicio de amparo se admitan todo tipo de pruebas, con la única excepción de la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho.
"De manera que si no existe limitante legal alguna para que al quejoso que promueva amparo en contra de una orden de aprehensión, se le admitan pruebas que se hayan desahogado ante el propio Juez del proceso con posterioridad, incluso, al dictado de la orden de aprehensión reclamada, respecto de diverso coinculpado o coacusado, tampoco la existe para el Juez de amparo de analizarlas y valorarlas al emitir la sentencia respectiva, pues admitir como válida la postura de considerar que en ese caso sólo corresponde al Juez de la causa efectuar dicha valoración de las pruebas al momento de resolver sobre la situación jurídica del inculpado o en la sentencia definitiva dictada en la causa de origen, mas no en el juicio de garantías, implica restringir el derecho de defensa del inculpado quejoso, elevado a la categoría de garantía individual, estableciendo una condición restrictiva no prevista o regulada legalmente dejando, por consiguiente, sin materia de estudio el juicio de garantías, cuando como en la especie la inconstitucionalidad de la orden de captura reclamada en este medio de control constitucional y legal se hace derivar precisamente de la circunstancia de que los precisados medios de convicción desvirtúan los ponderados por la responsable para la emisión del mandamiento de captura, lo que sólo es dable dilucidar con el análisis de dicho material probatorio al resolverse el amparo.
"En consecuencia, en acatamiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 196 de la Ley de Amparo, con los insertos necesarios, remítanse las actuaciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre la posible contradicción del criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en la presente ejecutoria, y el diverso número 5061, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2586 del Apéndice de 2000, Tomo II, Penal P.R. Volumen 3. TCC., Octava Época, del siguiente rubro y texto:
"‘ORDEN DE APREHENSIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA.’ (se transcribe)."
De las consideraciones transcritas derivó la tesis aislada número XXI.1o.P.39 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1781, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE COMBATE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO EL INCULPADO PUEDE OFRECER LAS PRUEBAS QUE OBREN ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, INCLUSO LAS RENDIDAS POR SUS COACUSADOS CON POSTERIORIDAD AL LIBRAMIENTO DE DICHO MANDATO. La extensión protectora del juicio de amparo derivada de los artículos 14, 16 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que revelan su amplia teleología preservativa a favor de los sujetos que se encuentren en la situación de gobernado mediante la tutela de todos los bienes y derechos que integran su esfera jurídica, autoriza a establecer que el inculpado que reclama una orden de aprehensión, a través del juicio de garantías, tiene garantizado el derecho a que se le reciban las pruebas con que pretende obtener la convicción del órgano jurisdiccional respecto de la inconstitucionalidad de dicho mandato, con las excepciones a que se refieren los artículos 78, párrafo segundo y 150, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. Por tanto, si el quejoso pretende acreditar los hechos en que finca sus pretensiones opositoras contra el acto reclamado, puede ofrecer como pruebas las que obren ante el Juez de la causa, fuente de la orden de captura, incluso las rendidas por sus coacusados con posterioridad al libramiento de la referida orden, ya que lo contrario implicaría restringirle un derecho con base en una condición no prevista en la ley, más aún cuando el oferente con el resultado de dichas probanzas pretende justificar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión, pues asegura que si se valoran tales medios de prueba podrá resolverse el conflicto a su favor."
b) Por su parte, el anterior Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 164/1993, sustentó las consideraciones que a continuación se transcriben:
"CUARTO. En el primero de sus agravios, el Juez recurrente sustancialmente aduce que la postura adoptada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida,(2) infringe lo dispuesto por el artículo 78, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que debió de apreciar el acto reclamado tal como fue probado ante la responsable, y no sustituir el criterio de la misma sobre la valoración de los elementos de convicción que se desahogaron en la causa penal número 8/90 (del índice de la responsable, que la parte quejosa ofreció como prueba) con posterioridad a que se libró la orden de aprehensión contra ... pues los tribunales de amparo no gozan de plena jurisdicción para ello, ya que aun cuando la tesis de jurisprudencia que se cita en la sentencia de mérito (‘ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA.’) da oportunidad al quejoso que ante el Juez constitucional se desahoguen pruebas, la misma tesis establece los límites a seguir, ya que las pruebas a que se refieren sólo son las que el Juez de la causa no tuvo a la vista al dictar la orden de aprehensión porque no le fueron presentadas, pero no se incluye aquellas que se desahogaron con posterioridad en la misma causa penal de donde emana el acto reclamado y ante el Juez del conocimiento, quien es en todo caso a quien le corresponde valorar esas probanzas por tener jurisdicción para ello, y en el momento procesal oportuno en que se resuelva la situación jurídica del quejoso, o al dictarse la sentencia definitiva.
"El anterior motivo de inconformidad es fundado, tal como podrá apreciarse a continuación:
"En efecto, tal como lo argumenta la autoridad recurrente, los razonamientos expuestos por el Juez Cuarto de Distrito en la resolución recurrida son equivocados, ya que de su simple lectura es posible advertir que para determinar que la orden de aprehensión dictada por el Juez Federal hoy recurrente en contra de ... resulta violatoria del artículo 16 de la Constitución General de la República y, por ende, conceder a éste el amparo y protección de la Justicia Federal, analizó y valoró pruebas que fueron desahogadas ante el propio Juez de la causa, dentro del propio proceso de donde emana la orden de aprehensión de referencia, y con posterioridad al dictado de ésta, sustituyéndose indebidamente al Juez del conocimiento, ya que si bien es cierto cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar ante el Juez constitucional las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, también es cierto que ello de ninguna manera incluye aquellas probanzas que hubiesen sido desahogadas ante el propio Juez del conocimiento, dentro de la misma causa penal de donde emana la orden de aprehensión reclamada y con posterioridad al dictado de ésta, tal como sucede en el caso concreto, toda vez que es indiscutible que a quien corresponde valorar tales medios de prueba es, precisamente, al Juez de la causa en el momento en que resuelva la situación jurídica del inculpado, o bien al dictar la sentencia respectiva, ya que son los momentos procesales oportunos para valorar y calificar las pruebas de cargo y descargo desahogadas durante el proceso, como serían las documentales, testimoniales, periciales, careos, etcétera, pero no al dictarse la orden de aprehensión, mucho menos si estas pruebas fueron desahogadas con posterioridad al dictado de ésta. Consecuentemente, al no haber tomado en cuenta lo anterior el Juez de amparo y conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, con tal proceder violó lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, motivo por el que sin necesidad de realizar el estudio de los restantes agravios, lo procedente es que este Tribunal Colegiado, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 91, fracción I, de la ley en consulta, procede a efectuar el estudio de los conceptos de violación.
"...
"Por las relatadas consideraciones, al haber quedado demostrado que el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, no resulta conculcatorio de las garantías individuales que invoca el quejoso, lo que procede es revocar la resolución recurrida y negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que impetra, negativa que debe hacerse extensiva a los de ejecución que se reclaman al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y al subdelegado de la Policía Judicial Federal, ambos con residencia en ciudad Juárez, Chihuahua, al no reclamarse vicios propios en la ejecución."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada que a continuación se transcribe:
"No. Registro: 215004
"Tesis aislada
"Materia (s): Común
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, septiembre de 1993
"Tesis:
"Página: 266
"ORDEN DE APREHENSIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA. Es cierto que cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar ante el Juez constitucional las pruebas que estime pertinentes para demostrar su inconstitucionalidad, aún cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, sin embargo ello no incluye aquellas probanzas que hubiesen sido desahogadas ante el propio Juez del proceso, dentro de la misma causa de donde emana la orden de aprehensión reclamada y con posterioridad al dictado de ésta, toda vez que es indiscutible que a quien corresponde valorar tales medios de prueba es precisamente al Juez de la causa en el momento en que resuelve la situación jurídica del inculpado, o bien al dictar la sentencia respectiva, ya que son los momentos procesales oportunos para valorar y calificar dichas pruebas.
"Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
"Amparo en revisión 164/93. Juez Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua. 14 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Manuel Vigliante Pérez.
"Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Tomo XII-noviembre, página 387."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 76, la cual establece que para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialme
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20422-d856d500/orden-de-aprehension-cuando-se-reclama-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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