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Modo: Corpus Pro

AUTORIZADO "EN TÉRMINOS AMPLIOS" PARA OÍR NOTIFICACIONES. NO TIENE FACULTADES PARA DESISTIR DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL CO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 212.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el considerando noveno y el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 4/2002, de ocho de abril de dos mil dos, en virtud de que a pesar de que se refiere a la materia común, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno por no revestir el tema la importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional que amerite su intervención; y además, el Acuerdo 4/2002 citado faculta a esta Sala para que conozca y resuelva la posible contradicción entre tesis que sustentaron diversos Tribunales Colegiados de Circuito, uno de ellos en materias penal y administrativa; otro en materia penal y un tercero en materia mixta, al resolver diversos asuntos que aunque no todos son de la naturaleza especializada de esta Sala, los tres pertenecen a la materia común de amparo.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

TERCERO. Las consideraciones relativas a la materia de la contradicción, expresadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en la resolución del recurso de reclamación 6/2007, son:

"SEXTO. Una vez examinados los puntos de disenso propuestos por la parte recurrente, este Tribunal Colegiado arriba a la conclusión de que resultan infundados y, por ende, no aptos para revertir el sentido de la determinación jurisdiccional impugnada.

"A fin de robustecer la anterior afirmación, es conveniente citar a continuación el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo que, en la parte conducente, a la letra prescribe lo siguiente:

"‘Artículo 27.’ (No se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Del precepto jurídico transcrito con antelación se desprende, en la parte que aquí interesa, que en el juicio de garantías el peticionario de amparo y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír y recibir notificaciones, a cualquier individuo con capacidad legal, a quien expresamente se le reconoce la facultad para llevar a cabo determinados actos procesales, a saber: interponer los medios de impugnación procedentes; ofrecer y rendir pruebas; alegar en las audiencias; solicitar la suspensión o diferimiento de éstas; requerir el dictado de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, así como todo acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

"Igualmente, el dispositivo en comento establece que en las materias civil, mercantil y administrativa, la persona autorizada en términos amplios o para los efectos antes relatados, deberá encontrarse legalmente reconocida para intervenir como abogado; en otras palabras, aquélla deberá ser titular de una patente para ejercer profesionalmente la licenciatura en derecho.

"De lo anterior se desprende que, contrario a lo que señala la parte inconforme, el numeral 27, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no reconoce el autorizado de la parte quejosa -aunque dicha autorización sea otorgada en términos amplios- la facultad de desistir del juicio de amparo y, concretamente, de la segunda instancia accionada por la parte en cuyo nombre actúa.

"En ese sentido, es menester resaltar que la figura del desistimiento, la Enciclopedia Jurídica Mexicana elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la define como el acto procesal abdicatorio mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar la instancia o de no continuar con el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado; por ello, doctrinalmente ha sido catalogado como un acto de autocomposición que constituye uno de los modos extraordinarios, diferentes de la sentencia, por el que puede ponerse fin a la pretensión planteada.

"Ahora bien, al implicar la renuncia de la parte accionante a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, el desistimiento puede presentarse en cuatro formas, atendiendo al alcance de sus efectos, siendo éstas las siguientes: a) desistimiento de la acción; b) desistimiento de la instancia; c) desistimiento del derecho; y, d) desistimiento de un acto del procedimiento.

"El desistimiento de la acción, cuyos efectos son totales, extingue ésta aun sin consentimiento del demandado, con base en el principio de que no puede procederse más allá de las pretensiones del interesado, aunque si se presenta con posterioridad al emplazamiento de aquél, obliga a quien lo hace al pago de costas, daños y perjuicios, salvo convenio o disposición en contra.

"Por su parte, el desistimiento de la instancia sólo produce la renuncia de los actos procesales realizados, ya que iniciada la acción, lo único que ocurre es que se suspende el procedimiento, por convenir al interés del demandante su abandono, para conservar un derecho y dejar subsistente la posibilidad de exigirlo en un nuevo proceso con elementos distintos. En otras palabras, implica solamente la renuncia de los actos del proceso y deja insubsistente la pretensión del actor desde el momento en que se presenta, pero siempre que lo admita el demandado en caso de haber sido emplazado antes de efectuarse aquél, pues de no ser así, no se requiere dicho consentimiento.

"En lo que respecta al desistimiento del derecho, éste se traduce en la abdicación de la pretensión jurídica, e implica la renuncia de la acción y la continuación de los trámites del procedimiento, siempre y cuando no se esté en el caso de un derecho irrenunciable.

"Por otro lado, el desistimiento de un acto del procedimiento se actualiza cuando una de las partes, con el propósito de agilizar el procedimiento y concluir la instrucción del mismo por el Juez, renuncia a un privilegio o actuación para permitir la continuación del juicio, o evitar la presentación de incidentes que lo prolonguen.

"En la especie, lo que pretende Adrián Valente Olea en su carácter de autorizado en términos amplios de la quejosa, es desistir de la instancia de revisión que él mismo instó; sin embargo, el solo accionamiento de la segunda instancia -acto procesal que expresamente le reconoce el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo- de ninguna manera legitima al referido autorizado para que de propio derecho desista del medio de impugnación propuesto en contra de la sentencia emitida en la audiencia constitucional celebrada en el juicio de garantías biinstancial de origen, toda vez que las atribuciones que a su favor se prevén en aquel precepto jurídico no son enunciativas sino limitativas, adquiriendo aquél sólo la función de un delegado con atribuciones procesales restringidas que, expresamente, están plasmadas en el dispositivo antes mencionado.

"Es aplicable al caso la tesis integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 76, Primera Parte, página 21, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"‘DESISTIMIENTO DE LA REVISIÓN, CARENCIA DE FACULTADES PARA, DEL AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Resulta conveniente también invocar en el caso particular, el criterio que este órgano colegiado comparte, inmerso en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, página 126, que prescribe lo siguiente:

"‘AUTORIZADO, NO ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Inclusive, debe resaltarse que la figura del autorizado en términos amplios del numeral 27, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe de ninguna manera confundirse con la figura del representante legal o de un mandatario.

"Al respecto, es importante resaltar que la representación, en sentido general, es un fenómeno jurídico que implica la actuación de una persona a nombre de otro.

"Empero, al existir en el mundo de los hechos la realidad innegable de la cooperación entre personal, surgió a la vida jurídica la institución de la representación, en virtud de la cual una persona -llamada representante- realiza actos jurídicos en nombre de otra -denominada representada-, en forma tal que el acto llevado a cabo surte efectos en forma directa en la esfera jurídica de este último, como si hubiese sido realizado por él.

"En este sentido, debe mencionarse que en razón de su finalidad, la representación puede ser de dos tipos; legal y voluntaria, siendo esta última clasificación la que se analizará en este apartado, atendiendo a la controversia propuesta por la parte recurrente.

"La representación voluntaria se actualiza cuando mediante una declaración de voluntad, se faculta a otro para actuar a nombre y por cuenta propia, manifestación que puede ser, incluso, unilateral por parte del representado, la cual generalmente se materializa mediante un porque que, necesariamente, debe distinguirse del contrato de mandato, con el que generalmente se le confunde.

"Por su parte, el mandato es un contrato que involucra un elemento de confianza en el mandatario; éste es una persona en quien el mandante tiene depositada la confianza suficiente para encargarle de un asunto más o menos importante, situación que se desprende de la propia etimología de la palabra mandato, manum datio o ‘dar la mano’.

"El mandato se trata de un contrato intuitu personae, generalmente oneroso, que se celebra en atención a las calidades o cualidades del mandatario, lo que equivale a decir que una persona nombra a otra su mandatario, porque esta última cuenta con características personales que permiten al mandante confiarle la celebración de determinado acto jurídico.

"En esa tesitura, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de distintos criterios jurisprudenciales, que los representantes legales y los mandatarios pueden desistir del juicio de garantías, e inclusive, de los medios de impugnación que interponen a nombre de quien suplen, también lo es que en el caso concreto, Adrián Valente Olea no ostenta ninguna de las calidades mencionadas, sino que la quejosa Ma. Luisa Ríos Romero le confirió el carácter de autorizado en términos del artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para actuar en el amparo indirecto de origen, cuyas atribuciones, se insiste, son limitadas por el propio dispositivo en cita.

"Como lo señala la parte inconforme, también es cierto que la ley no contiene prohibición expresa que le restrinja su derecho para desistir de los medios de impugnación intentados, concretamente, de la revisión interpuesta; sin embargo, tal circunstancia no es fundamento bastante para considerar que, por ende, sí está legitimado para tal efecto.

"Ello es así, pues el hecho de que la Ley de Amparo no establezca dicha prohibición, no significa que el acto procesal que pretende ejecutar el inconforme esté permitido, ya que no es factible afirmar que, necesariamente, tal ordenamiento determine el contenido obligacional del acto concreto, sobre todo, considerando que cuando la ley ha querido otorgar a un sujeto determinadas facultades representativas, así lo ha señalado expresamente, como se advierte, incluso, del propio texto del numeral 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En esa línea de pensamiento, se concluye que la determinación jurisdiccional y el mandamiento inserto en el acuerdo recurrido, se ajusta a lo que dispone la Ley de Amparo, pues como se dijo, el autorizado en términos amplios del artículo 27 del mencionado ordenamiento, no está facultado para desistir de los medios de impugnación instados en la vía constitucional, específicamente, del recurso de revisión, aunado a que el hecho de requerir la presencia de la peticionaria de garantías para que ratifique el desistimiento propuesto por su autorizado, no tiene otro objeto que el de procurar sus prerrogativas constitucionales de seguridad y certeza jurídicas, ya que lo que se busca, en esencia, es saber si la impetrante preserva su propósito de dar por finiquitado el procedimiento que iniciaron en su nombre.

"Por las consideraciones que en ella se exponen, resulta ilustrativa en el caso la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, resultado de la contradicción de tesis 14/2006-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, agosto de 2006, página 295, que señala lo siguiente:

"‘DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"No es óbice a la determinación precedente, el hecho de que la peticionaria de garantías se desempeñe profesionalmente como Juez de primera instancia, es decir, que sea miembro del Poder Judicial del Estado de Guerrero, pues en el caso concreto, no debe perderse de vista que la impetrante pidió el amparo y protección de la Justicia Federal en su carácter de particular, no así como funcionaria pública, aunado a que no existe disposición jurídica alguna que prohíba a este órgano colegiado -por la sola circunstancia de la profesión que ejerce la justificable-, requerir su ratificación de desistimiento de manera personal, pues se insiste, tal actuación tiene por objeto procurar, en beneficio de todos los gobernados, sus prerrogativas constitucionales de seguridad y certeza jurídicas.

"Igualmente, no pasa inadvertida para este órgano colegiado, la existencia de la tesis número 5, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Informe 1988, Parte III, Octava Época, página 925, con el título: ‘AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁN FACULTADOS PARA DESISTIR DE LOS RECURSOS QUE HAYAN INTERPUESTO.’; sin embargo, al no resultar obligatoria para este tribunal de alzada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, su contenido no se comparte, atendiendo precisamente a las consideraciones torales que sustentan la presente ejecutoria.

"En ese tenor, en acatamiento a lo dispuesto por la fracción III del numeral 196, y 197 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los insertos necesarios, remítanse las actuaciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre la posible contradicción del criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en la presente ejecutoria, y el diverso que se desprende de la tesis localizable con el rubro: ‘AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁN FACULTADOS PARA DESISTIR DE LOS RECURSOS QUE HAYAN INTERPUESTO.’."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 9/89, en la parte considerativa expresó:

"CUARTO. Previo al estudio de los agravios expresados es pertinente hacer mención a que por escrito de veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, Arturo Álvarez Limón, ‘en su carácter de defensor del quejoso, según tengo acreditado en el expediente que promuevo’, desistió expresamente de la demanda de amparo que interpuso contra la orden de aprehensión dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, tramitado ante el Juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, y del recurso de revisión que interpuso contra la resolución de amparo dictada por este último, solicitando se sobresea en dicho juicio y se deje sin materia el presente recurso de revisión. Por acuerdo de veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve se ordenó que se apersonara el actuario adscrito a este tribunal al domicilio señalado en autos para que, en presencia de él ratificara el quejoso el escrito de referencia. Mediante comparecencia de veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en el local de este tribunal se constituyó el licenciado Luis Arturo Álvarez Limón, autorizado del quejoso Rafael Sacal Micha, y ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el veintiocho del citado mes y año.

"Cabe hacer notar que al licenciado Arturo Álvarez Limón, en el escrito inicial de su demanda de amparo Rafael Sacal Micha lo autorizó en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo para oír notificaciones, carácter que por acuerdo de catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, se le reconoció en forma expresa. Con el mismo carácter de ‘autorizado’ para oír notificaciones en el amparo, por escrito de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, presentado el trece de enero de mil novecientos ochenta y nueve ante el Juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, Arturo Álvarez Limón interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el juicio de garantías en comento, desistiendo ahora, como antes se ha especificado, de dicho juicio de amparo y del recurso de revisión respectivo, pero ostentándose como ‘defensor’ del quejoso, calidad que no tiene si se toma en cuenta que al estar pendiente de ejecutar la orden de aprehensión dictada contra Rafael Sacal Micha, no puede habérsele incoado el correspondiente proceso en el que pudiera figurar el promovente como su defensor, ni tampoco aparece que haya declarado el quejoso en la fase averiguatoria y ante el Ministerio Público lo hubiere designado con tal carácter.

"Sentado lo anterior, cabe señalar que habiendo sido únicamente autorizado para oír notificaciones en el juicio de amparo en términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, no tiene facultades para desistir del juicio de garantías tramitado ante el Juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, ni del recurso de revisión tramitado ante este tribunal, habida cuenta de que el autorizado no puede ser considerado un representante legal ni un mandatario, sino únicamente un delegado con facultades procesales restringidas expresamente de acuerdo con el texto de la ley, y ésta no lo faculta para desistir del juicio de garantías promovido por el quejoso, pues las facultades que le son conferidas abarcan las promociones tendentes a la prosecución del juicio de amparo, mas no a su desistimiento para el cual, incluso para el mandatario con poder general, se requiere cláusula especial para desistir de dicho juicio, y aun cuando en los términos del actual artículo 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se amplían las facultades otorgadas a su autorizado para oír notificaciones, sin embargo, dentro de ellas no puede considerarse inmersa la de desistir del juicio de amparo, facultad que, como antes se ha dicho, no puede considerarse conferida ni a un mandatario con poder general, no obstante que el contrato celebrado entre mandante y mandatario reviste una solemnidad y formalidades legales que la simple autorización para oír notificaciones en el juicio de amparo no tiene."

Esta ejecutoria dio lugar a la conformación de la siguiente tesis aislada de ese órgano colegiado:

"AUTORIZADO, NO ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. El autorizado para oír notificaciones en el juicio de amparo en términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, no tiene facultades para desistir del juicio de garantías tramitado ante el Juez del Distrito, ni del recurso de revisión, habida cuenta de que el autorizado no puede ser considerado un representante legal ni un mandatario, únicamente un delegado con facultades procesales restringidas y expresamente de acuerdo con el texto de la ley, y esto no lo faculta para desistir del juicio de garantías promovido por el quejoso, pues las facultades que le son conferidas abarcan las promociones tendentes a la prosecución del juicio de amparo, mas no a su desistimiento, para lo cual se requiere cláusula especial para desistir de dicho juicio, y aun cuando en los términos del actual artículo 27 de la Ley de Amparo, se amplían las facultades otorgadas a un autorizado para oír notificaciones, dentro de ellas no puede considerarse inmersa la de desistir del juicio de amparo, pues tal facultad no puede estimarse conferida tácitamente ni a un mandatario con poder general, no obstante que el contrato celebrado entre mandante y mandatario reviste una solemnidad y formalidades legales que la simple autorización para oír notificaciones en el juicio de amparo." (No. Registro: 226,761. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, tesis página 126).

QUINTO. La sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 4/88, en la parte relativa a la materia de la contradicción, indica:

"SEGUNDO. Resulta innecesario la transcripción, estudio y decisión de los motivos de inconformidad que expresa la parte recurrente, en virtud de que la presente queja ha quedado sin materia, por las consideraciones siguientes: Porque la propia promovente del recurso, a través de su autorizado para oír notificaciones Agustín Zepeda Valdovinas, mediante escrito presentado ante este Segundo Tribunal Colegiado el once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, se desistió a su perjuicio del recurso interpuesto; motivo por el cual este tribunal, mediante acuerdo de trece de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, requirió al autorizado por la promovente del recurso para que compareciera a ratificar el escrito de desistimiento; lo que hizo en su comparecencia ante este propio tribunal el veinticuatro del citado mes y año.

"Cabe advertir, que este tribunal estima, que si los autorizados por las partes para oír notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, están facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar que opere la caducidad o el sobreseimiento por inactividad procesal, y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo están para desistirse de los recursos que hayan interpuesto."

SEXTO. Para efectos de determinar si los criterios jurídicos emitidos por los tribunales contendientes son contradictorios, resulta necesario señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar que existe una contradicción de tesis que debe ser dilucidada con el propósito de establecer el criterio que prevalecerá en el futuro, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas;

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En esencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema.

En este sentido, se pronuncia la jurisprudencia que tiene el rubro, texto y los datos de publicación que a continuación se citan.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).

En este tenor, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito sostuvo que el numeral 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no reconoce al autorizado en términos amplios, la facultad de desistir del juicio de amparo y de la segunda instancia accionada por la parte en cuyo nombre actúa, toda vez que las atribuciones que a su favor se prevén en aquel precepto jurídico no son enunciativas sino limitativas, adquiriendo aquél sólo la función de un delegado con atribuciones procesales restringidas que, expresamente, están plasmadas en el dispositivo antes mencionado. Inclusive, que la figura del autorizado en términos amplios no debe de ninguna manera confundirse con la figura del representante legal o de un mandatario.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito expresó que el autorizado para oír notificaciones en el juicio de amparo en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, no tiene facultades para desistir del juicio de garantías, ni del recurso de revisión, habida cuenta que no puede ser considerado un representante legal ni un mandatario, sino únicamente un delegado con facultades procesales restringidas expresamente, de acuerdo con el texto de la ley, y ésta no lo faculta para desistir del juicio de garantías promovido por el quejoso, pues las facultades que le son conferidas abarcan las promociones tendentes a la prosecución del juicio de amparo, mas no a su desistimiento para el cual, incluso para el mandatario con poder general, se requiere cláusula especial para desistir de dicho juicio, y aun cuando en los términos del actual artículo 27, se amplían las facultades otorgadas al autorizado para oír notificaciones, sin embargo, dentro de ellas no puede considerarse inmersa la de desistir del juicio de amparo, facultad que, como antes se ha dicho, no puede considerarse conferida ni a un mandatario con poder general, no obstante que el contrato celebrado entre mandante y mandatario reviste una solemnidad y formalidades legales que la simple autorización para oír notificaciones en el juicio de amparo no tiene.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en cuanto al tema controvertido se pronunció en el sentido de que si los autorizados para oír notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, están facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar que opere la caducidad o el sobreseimiento por inactividad procesal, y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo están para desistirse de los recursos que hayan interpuesto.

De lo antes destacado se advierte que sí se actualiza la contradicción de tesis denunciada entre los diversos Tribunales Colegiados contendientes, toda vez que los órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico relativo a si el autorizado para oír notificaciones "en términos amplios", regulado por el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tiene facultades para desistir del juicio de amparo y de sus recursos, sin embargo, éstos arribaron a conclusiones diversas y opuestas entre sí, puesto que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de manera coincidente con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinaron que el autorizado "en términos amplios" no tiene dicha facultad de desistir, toda vez que las atribuciones que a su favor se prevén en el precepto 27 de la Ley de Amparo no son enunciativas sino limitativas, por tanto, sólo tiene facultades procesales restringidas, y no debe confundírsele con un representante legal o un mandatario. De manera contradictoria, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito expresó que los autorizados para oír notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sí están facultados para desistirse de los recursos que hayan interpuesto, porque lo están para interponer dichos recursos, of

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20468-bb211f4a/autorizado-en-terminos-amplios-para-oir-notificaciones-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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