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Modo: Corpus Pro

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ LA CADUCIDAD, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES A LA LEY E IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE AQUÉLLA LLEVA A CABO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20466
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 318.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal del Consumidor, autoridad esta última en representación de la cual se interpusieron los recursos de revisión fiscal (a través del director general de lo contencioso de la referida procuraduría) que originaron los criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de revisión fiscal número 64/2006 resuelto el día trece de julio de dos mil seis, en la parte que interesa, sostiene:

"QUINTO. Es ineficaz el único concepto de agravio formulado por la recurrente, para revocar la sentencia recurrida. En la sentencia impugnada, la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sostuvo, que procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio número 2802-V-0445/04, relativo al expediente 2802-VV-0715/04, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, emitido por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Reynosa, derivada de un procedimiento de verificación a la empresa Maderera y Ferretera, sociedad anónima de capital variable, a quien se detectó ‘no exhibe de manera visible el monto total a pagar por los productos que ofrece el consumidor’, motivo por el cual se le impuso una multa en cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Tal pronunciamiento de la sala obedeció, en esencia, al hecho de considerar que, acorde con los artículos 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, resultaban aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puesto que dicho ordenamiento legal era aplicable en forma supletoria a los procedimientos y actos de autoridades realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Precisado lo cual, la a quo estimó que en el caso, en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el diverso 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, transcurrió el plazo de treinta días para que se configurara la caducidad del procedimiento sancionador origen de la multa impugnada, contados a partir de la expiración de los quince días a que aludía el citado artículo 123 y de que disponía la procuraduría para emitir la resolución correspondiente, esto es, que al momento en que la sanción impugnada fue notificada a la actora, el procedimiento administrativo sancionador que le dio origen ya había caducado en términos del precitado artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo que condujo a la Sala a decretar la nulidad de la resolución impugnada, con apoyo en las tesis de rubros: ‘CADUCIDAD. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD NO EMITE O NO NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO DENTRO DE LOS PLAZOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’, ‘CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL INICIADO DE OFICIO.’ y ‘AUTORIDADES ADUANERAS LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL.’. En su agravio, la autoridad disconforme sostiene, en esencia, que la juzgadora transgrede los artículos 238, fracción I y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, por indebida aplicación, pues con tal criterio no sólo se causaría perjuicio grave a la institución que representa, sino al interés de la sociedad en general, al pretender aplicar una figura (caducidad) ajena a los procedimientos que realiza esa procuraduría, y decretar la caducidad de la resolución sancionadora con base en ello, ocasionaría consecuencias de índole grave, ya que no se encuentra prevista en la ley de la materia, es decir, en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, agrega que es insuficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada, el que la autoridad se excediera en el término para emitirla, pues tal vicio no afectó las defensas del quejoso al no trascender al sentido de la misma, con apoyo en la tesis de rubro: ‘VICIOS DE PROCEDIMIENTO. ES NECESARIO QUE AFECTEN LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR Y TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN PARA QUE SEA MOTIVO DE NULIDAD.’. Refiere, por otra parte, que si bien esa institución tiene la obligación de emitir sus resoluciones dentro del término ‘de 15 días siguientes de concluido el periodo de alegatos’, acorde con el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, también lo es que dicha norma es imperfecta, por no contener sanción o consecuencia jurídica alguna si no se emite en este lapso, con sustento en forma análoga en la tesis de título: ‘SENTENCIA. EL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA AUTORIDAD CUMPLA CON AQUÉLLA, NO EXTINGUE LA OBLIGACIÓN DE ÉSTA PARA HACERLO ...’; además de los criterios contenidos en las de rubros: ‘SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.’ y ‘SANCIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PLAZO PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN.’. Asimismo, considera infundada la consideración de la Sala ya que la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es aplicable a los procedimientos que realiza esa procuraduría, los cuales se rigen por la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en donde no se encuentra expresamente regulada la figura de la caducidad, y que la supletoriedad opera sólo tratándose de figuras previstas en la ley que se suple y que no se encuentra debidamente regulada en la misma, lo que no es el caso, sin que ello implique la introducción de nuevas figuras. Para tal efecto, considera aplicable al caso las tesis que dicen: ‘PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR NO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL NO ESTAR CONTEMPLADO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA YA QUE SE RIGE POR SU PROPIA LEY ESPECIAL.’; ‘RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR CUYO CONDUCTO SE DEFINE LA SITUACIÓN LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO. CUANDO ÉSTA SE EMITE FUERA DE LOS TREINTA DÍAS O SE NOTIFICA A LAS PARTES INTERESADAS CON POSTERIORIDAD A LAS 72 HORAS DE SU EMISIÓN, ELLO NO GENERA SU NULIDAD.’ y ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES, PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN.’ y ‘CADUCIDAD EN LA INSTANCIA, NO OPERA EN MATERIA MERCANTIL POR NO HABER SUPLETORIEDAD.’. Pues bien, como se reseñó al inicio del presente considerando, los argumentos de la revisionista devienen ineficaces, como lo constatan las siguientes consideraciones de orden jurídico y normativo. En principio, conviene precisar el contenido normativo de los dispositivos jurídicos que regularon el sentido de la sentencia recurrida, como son los artículos 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el diverso 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra disponen: (se transcriben). La intelección jurídica de los preceptos legales transcritos, permite conocer que las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Por otra parte, se hace el acotamiento de que dicho ordenamiento no es aplicable en tratándose de materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, así como al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales y por lo que hace a las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les es aplicable el título tercero A. Por otra parte, el artículo 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable supletoriamente para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley a que se refiere el presente capítulo (sanciones). Ahora bien, la interpretación armónica de los dispositivos legales antes precisados, permite establecer que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo rige, no sólo en relación con los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sino además, en tratándose de organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, respecto a sus actos de autoridad, como en la especie lo es la Procuraduría Federal del Consumidor, que es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual desempeña funciones de autoridad administrativa. Sin que en el caso específico la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deba efectuarse de acuerdo con lo establecido al respecto por la doctrina, pues como es sabido, sólo es permisible acudir a ésta, en caso de ausencia de disposición legal aplicable al caso, o bien de criterio jurisprudencial al efecto establecido, extremos que no se surten en la especie en que la aplicación del citado ordenamiento legal rige en forma supletoria sobre las diversas leyes administrativas, por disposición expresa de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con independencia de lo que tales ordenamientos suplidos dispongan al respecto. Al caso resulta de aplicación, la tesis sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, página 1142, que se comparte por este tribunal al considerarse acertada, que dice: ‘SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Lo que conduce a desestimar lo aseverado por la recurrente, toda vez que como del mismo artículo 1o. del propio ordenamiento legal se desprende, la única limitante para que no opere la aplicabilidad supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es que la legislación a suplir no verse sobre materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, así como del ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. Hipótesis éstas que no se surten en el caso concreto en que la emisión de la resolución impugnada derivó de la aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya naturaleza difiere de la materia fiscal al no guardar relación alguna con el sistema tributario encaminado a lograr el correcto entero o recaudación de las contribuciones; tampoco versa sobre la determinación de la responsabilidad de un funcionario público, menos de justicia agraria o laboral, ni finalmente, sobre actividad alguna desempeñada por el agente del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió el quince de febrero de dos mil siete, el recurso de revisión fiscal número 187/2006, bajo las consideraciones esenciales siguientes:

"SÉPTIMO. En los agravios, aduce la autoridad recurrente que la sentencia recurrida le causa agravios, ya que viola en su perjuicio los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación equivocada del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, argumentando en síntesis: Que la Sala responsable hace una apreciación equivocada del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues esa autoridad no niega que dicha Ley Federal sea aplicable supletoriamente a la de Protección al Consumidor, lo que se niega es que pretenda introducir la figura de la caducidad a los procedimientos que sustancia la Procuraduría Federal del Consumidor, exportando una figura que no está prevista en la ley de la materia, pues atendiendo a las reglas de supletoriedad, únicamente procede su aplicación cuando la ley a suplir tenga una reglamentación deficiente, o bien, una ausencia de disposiciones respecto de la figura jurídica que ella misma prevea. Que la figura de la caducidad no es aplicable a ninguno de los procedimientos que sustancia la Procuraduría Federal del Consumidor, porque dicha figura jurídica nunca ha estado prevista en la Ley Federal de Protección al Consumidor, puesto que el legislador no dispuso que a los procedimientos administrativos ahí previstos, se aplicará tal figura, porque esa institución tiene como imperativo dar cumplimiento a la ley de la materia, que es de orden público e interés social, cuyo objetivo es vigilar, tutelar y conducir las relaciones existentes entre consumidores y proveedores. Que es infundado que se configurara la citada figura jurídica, por el hecho de que la resolución administrativa se haya emitido o notificado fuera del plazo previsto y que por esa cusa (sic) operara la caducidad establecida en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que sólo es supletoria, y no es aplicable a los procedimientos que sustancia la Procuraduría Federal del Consumidor, los cuales se rigen de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en cuestión de verificación de Normas Oficiales Mexicanas, por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Que no debe perderse de vista que las reglas de la supletoriedad disponen que únicamente se aplicará la ley que suple, cuando la de la materia regule la figura jurídica de que se trate de manera deficiente, sin que sea válido exportar o introducir nuevas figuras o supuestos a los procedimientos regulados por una ley especial, situación que de operar sería ir en contravención de la ley de la materia, así como de las reglas de la supletoriedad, además otros requisitos para que aplique la supletoriedad de una ley respecto de otra, son que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y se señale el cuerpo o estatuto jurídico supletorio, que la ley objeto de la supletoriedad prevea la figura o institución de que se trate, también que las normas existentes en el cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación concreta, por la carencia de regulación necesaria y que las disposiciones que vaya a llenar o suplir no contraríen las bases del sistema legal de la institución suplida. Que la caducidad no es una figura prevista en la Ley Federal de Protección al Consumidor que rige a la materia siendo que la Sala responsable aplica el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual prevé como consecuencia legal la caducidad del procedimiento, por no emitir la resolución correspondiente en el plazo de treinta días después de la expiración del plazo de dictarla, cosa que no sucede en el presente caso, pues el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no prevé esa consecuencia legal, de no emitirse en el plazo de quince días la resolución correspondiente. Que la parte actora en el juicio de origen, nunca trató de desvirtuar las irregularidades, sino en la mayoría de los casos impugna las formalidades de los procedimientos, tampoco solicitó durante la sustanciación del procedimiento, por escrito, la caducidad, como está previsto y era su obligación, una vez que hubieran transcurrido los treinta días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, por lo cual, si la Sala responsable consideró que aplicaba, en el procedimiento impugnado el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también debió considerar lo previsto por el artículo 79 de la misma ley, lo que hace que exista un (sic) indebida o ausencia de fundamentación y motivación. Que si bien tiene obligación de emitir en forma expedita sus resoluciones, su incumplimiento no origina consecuencia jurídica alguna, pues aunque el artículo 123 de la ley de la materia señala que deberá emitir resolución dentro de los quince días siguientes de concluido el periodo de alegatos, la autoridad se encuentra obligada a emitir su resolución aun fuera de ese lapso y el hecho de que la notificación de la resolución sancionatoria se haya emitido fuera del término establecido por la ley, se debió a la excesiva carga de trabajo que la autoridad tiene y que representa un impedimento de carácter material y no un acto de negligencia o descuido. Son sustancialmente fundados los anteriores motivos de agravio. En relación con la facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en su propia ley y, en el ámbito de su competencia las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, concretamente, de la norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, contenido neto, tolerancias, métodos de verificación y de sistema general de unidades de medida, así como para imponer sanciones por el incumplimiento de dichas disposiciones legales; los artículos 1o., 3o., 13, 14, 20, 24, fracción XIV y XXII, 96, párrafo segundo, 123, 124 BIS, 125, 127 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 1o., 2o., fracción II, inciso a), 3o., fracción XI, 40, 52, 53, 88, 91, 92, 94, fracción II y último párrafo, 95, 97, 98, 99, 112, 112-A, fracción II, incisos d) y e), 114, 115 y 116, de la Ley Federal de Metrología y Normalización, establecen textualmente: De la Ley Federal de Protección al Consumidor: ‘Artículos 1o., 3o., 13, 14, 20, 24, 96, 123, 124 Bis, 125, 127, 128.’ (se transcriben). De la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: ‘Artículos 1o., 2o., 3o., 40, 52, 53, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 112, 112-A, 114, 115, 116.’ (se transcriben). Una correcta y armónica interpretación de los preceptos legales transcritos, permite colegir que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización corresponde al Ejecutivo, por conducto de las dependencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho ordenamiento, de manera que al ser la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un órgano descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propios que actúa por mandato de la ley a nombre del Estado, de acuerdo con el orden público y en beneficio del interés social, que está encargado de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, situación que la coloca dentro de la administración pública federal; le corresponde la aplicación y vigilancia de dicha ley. Ahora, de acuerdo con el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas en la ley y a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar que se cumpla con lo que se disponga y sancionar su incumplimiento; por tanto, entre las atribuciones de la mencionada Procuraduría está la de imponer sanciones por no acatar la norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación, así como de sistema general de unidades de medida, que se emite como instrumento idóneo para la prosecución de los objetivos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que de acuerdo con las funciones que tiene legalmente encomendadas, se establece una relación de supra a subordinación con los particulares, al regular sus relaciones derivadas del consumo y contar con facultades, incluso, para sancionarlos en las hipótesis establecidas por la propia ley. Con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Procuraduría Federal del Consumidor, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito, así como para verificar que todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas; esto significa que, cuando se trate de la vigilancia y verificación que no tenga relación con las normas oficiales mexicanas, la procuraduría actuará, de oficio, conforme a lo dispuesto en su propia ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin embargo, tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, la Procuraduría actuará, también de oficio, pero conforme a lo dispuesto en su propia ley y de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Así pues, para determinar el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las normas oficiales mexicanas y, en su caso, para la imposición de las sanciones a que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; la Procuraduría Federal del Consumidor se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 123 de la ley citada en primer término, conforme al cual iniciado el procedimiento contra de un proveedor, por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con las normas oficiales mexicanas, notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, debiendo notificar también al fabricante, productor o importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento; admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo, asimismo, podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias; concluido el desahogo de las pruebas, notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes; una vez concluido el procedimiento, la procuraduría determinará las sanciones que procedan, lo que deberá resolver dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de alegatos. En suma, corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor, como un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, vigilar se cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley sobre Metrología y Normalización y en las normas oficiales mexicanas, así como sancionar su incumplimiento; de ahí que, para determinar su incumplimiento, y, en su caso, para la imposición de las sanciones correspondientes, la citada procuraduría tiene el deber de regir su actuación conforme a los lineamientos establecidos en la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que se refiere al procedimiento de verificación y vigilancia por ser la norma especial que regula el actuar de dicho organismo y la forma en que debe sustanciarse el procedimiento de verificación respectivo, y por cuanto a la imposición de las sanciones se ajustará a las normas establecidas la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Lo anterior es así, porque ello se deriva de lo dispuesto en la parte última del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, conforme al cual: ‘Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización’, de ahí que, teniendo en cuenta el principio de especialidad normativa, el cual opera cuando una norma especial contiene una materia de la norma general y, además, una nota o elemento específico, de manera que de llegarse a presentar aparentemente un concurso de normas, la especial deroga a la norma general; en ese sentido, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se regula el procedimiento que ha de seguirse tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas e imposición de las sanciones que procedan. No obstante, también la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sus artículos 1o., 2o., fracción II, inciso a), 3o., fracción XI, 40, 52, 53, 88, 91, 92, 94, fracción II y último párrafo, 95, 97, 98, 99, 112, 112-A, fracción II, incisos d) y e), 114, 115 y 116, con relación a la naturaleza jurídica, características y aplicación de las normas oficiales mexicanas, a las actas de verificación del cumplimiento de dichas normas y, en su caso, para la imposición de sanciones para su incumplimiento, establece lo siguiente: La aplicación y vigilancia de dicha ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en ese ordenamiento. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, la referida ley tiene por objeto, entre otros, fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas, las cuales consisten en la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requieran por escrito, así como las muestras de productos que se les soliciten cuando sea necesario para los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella. Las dependencias competentes podrán realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, independientemente de los procedimientos para la evaluación de la conformidad que hubieren establecido, para lo cual el personal autorizado por las dependencias podrá recabar los documentos o la evidencia necesaria para ello. De cada visita de verificación efectuada por el personal de las dependencias competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta detallada, sea cual fuere el resultado, la que será firmada por el representante de las dependencias o unida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20466-3844f0df/procuraduria-federal-del-consumidor-el-articulo-60-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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