ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por la parte quejosa en uno de los juicios de amparo en que se sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios.
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 17/2007-II, en la parte que interesa para resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, son del tenor siguiente:
"QUINTO. Los agravios formulados por las inconformes resultan infundados e inoperantes, acorde a las siguientes consideraciones jurídicas.
"En principio, por cuestión de técnica jurídica, se estudian los agravios propuestos por la parte quejosa, tendentes a impugnar los sobreseimientos que decretó el a quo respecto de diversos actos reclamados (considerando cuarto del fallo que se revisa).
"...
"Por otra parte, en el agravio identificado como B, se alega que no se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, que estimó actualizada el Juez Federal para sobreseer el juicio en cuanto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad (arresto).
"Agregó, que aun cuando tal acto quedó consumado al obtener su libertad, es susceptible de ‘reparación económica’ y, por tanto, debió entrarse al estudio de su constitucionalidad.
"Resulta infundada tal alegación.
"En principio, se clarifica que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas.
"Además, para determinar si se está en presencia de un acto de tal naturaleza, se debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas.
"Entonces, como con aserto lo consideró el a quo, el juicio de amparo como medio de control constitucional y principalmente como instrumento reparador de derechos subjetivos afectados, en este tipo de actos (irreparables), se ve impedido para ello, desde el momento en que jurídicamente no hay materia sobre la cual pueda repararse el derecho que se afectó.
"Dicho en otro léxico, se está ante actos contra los cuales sus efectos ya no se pueden retrotraer ni física ni jurídicamente para poder reparar al gobernado el derecho afectado; por ende, la privación de la libertad que sufrió la quejosa por el espacio de doce horas con nueve minutos con motivo del arresto administrativo por el hecho de haber cometido una infracción al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, constituye un acto de imposible reparación, puesto que se llegaría al absurdo de retrotraer el tiempo hasta antes de que hubiese sido arrestada y privada de su libertad; de ahí la improcedencia del amparo como correctamente lo discernió el Juez de Distrito.
"Ahora, en relación a los argumentos atinentes a tratar de evidenciar que la privación de la libertad de que fue objeto la inconforme no es un acto de imposible reparación, desde el momento en que dicha afectación puede repararse económicamente, deviene inoperante, al tomar en cuenta que dicho planteamiento aun y cuando lo relaciona con la irreparabilidad del acto privativo de libertad, lo cierto es que dicha consecuencia de la privación de la libertad en lo atinente a la reparación del daño que dice puede repararse económicamente debió plantearlo e incluso cuantificarlo desde la demanda de garantías, para que de esta manera el Juez Federal se pronunciara al respecto; por lo que al no haberlo hecho, todo lo alegado en ese sentido e incluso sobre el cumplimiento sustituto que alegado, constituyen aspectos novedosos que no fueron abordados en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.
"Es perfectamente aplicable a lo razonado la jurisprudencia 150/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada mediante sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco, cuyo rubro y texto dice:
'‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"Con independencia de lo anterior, no está por demás dejar subrayado que conforme al marco jurídico que rige al juicio de amparo, la figura atinente a la reparación del daño es improcedente, por no ser la vía para hacer valer dicha cuestión; por lo que se le dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente.
"En mérito de lo anterior, no asiste razón a la recurrente en cuanto a que en el caso no se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo."
CUARTO. Por su parte, de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 254/1979, se sustentó la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"ARRESTO. ACTOS CONSUMADOS. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado es arresto que en sí mismo ya se consumó, no se debe sobreseer simplistamente el juicio de amparo con base en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, un arresto, si es ilegal, puede bien constituir un acto ilícito y es sabido que en principio es legalmente posible exigir al responsable el pago de daños y perjuicios por los actos ilícitos realizados en perjuicio de la quejosa, en términos de los artículos 1910 y relativos, del Código Civil. Y si se le niega en amparo la calificación de la inconstitucionalidad de esos actos, se le está mermando la afirmación de su derecho, se le está denegando justicia y se le está violando el debido precepto legal consagrado en el artículo 14 constitucional. A más de que es un hecho evidente por sí, y por ende no sujeto a prueba, que el arresto de una persona sí puede perjudicar su buena fama, o su hoja de servicios, o su expediente personal, en su caso, por lo que en este aspecto no se podría decir que en el amparo no fuese posible restituir, al menos en parte, el goce de la garantía violada." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 1969-1987, Tomo III, APR-AUT, página 819).
QUINTO. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, se precisa el contenido de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la contradicción de criterios que puede presentarse entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias ..."
En relación con los preceptos transcritos, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son requisitos para la existencia de una contradicción de criterios entre los sustentados por distintos Tribunales Colegiados de Circuito los siguientes: que al examinar cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; finalmente, que los criterios divergentes provengan del examen de los mismos elementos. Al respecto, se transcribe la jurisprudencia 26/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, previamente a determinar si en el caso existe la contradicción de criterios denunciada, se impone resolver si procede examinar esa cuestión, toda vez que el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sólo se contiene en la tesis aislada precisada en el considerando que antecede, sin que exista posibilidad de tener a la vista copia certificada de la ejecutoria que le dio origen, debido a que el expediente respectivo se extravió con motivo de los sismos ocurridos en la Ciudad de México el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Sobre el particular, es importante destacar que esta Sala, al interpretar el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, sostuvo que el vocablo tesis a que aluden dichos numerales debe entenderse en sentido amplio, esto es, como la opinión que se formula respecto de un tema jurídico determinado por los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración.
En ese tenor, la redacción de una tesis y su consiguiente publicación en el Semanario Judicial de la Federación, medio de difusión autorizado para dar a conocer los criterios del Poder Judicial de la Federación en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, contiene la opinión jurídica que el tribunal sostuvo sobre un punto de derecho; por tanto, si la redacción de la tesis es clara y, además, el punto sostenido es de tal manera general y por lo mismo susceptible de presentarse en situaciones futuras y reiteradas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, de existir un punto de contradicción, el criterio que deba prevalecer, aun cuando el expediente se hubiera extraviado y no se tenga a la vista la ejecutoria de la que emergió alguna tesis.
De esa manera, si los elementos allegados al expediente de la contradicción son suficientes para advertir que existe oposición de criterios, además de que los órganos jurisdiccionales examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y provienen del examen de los mismos elementos, no hay razón que impida el estudio de la denuncia correspondiente. En apoyo a las anteriores consideraciones resulta aplicable la tesis 2a. CXI/2001, sustentada por esta Sala, la cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de dos mil uno, página quinientos seis, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS."
Bajo las anteriores premisas, se concluye que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada.
Para concluir lo anterior se tiene presente que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la ejecutoria denunciada como contradictoria, sostuvo que en términos de la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado lo constituye un arresto que materialmente ya se consumó, en virtud de que la privación de la libertad que sufrió el particular es un acto de imposible reparación, dado que no sería posible retrotraer el tiempo hasta antes de que hubiese sido arrestado y privado de su libertad. Ahora bien, toda vez que en el asunto del que correspondió conocer al indicado tribunal la parte quejosa adujo que era posible reparar el daño económicamente, si bien tal argumento se calificó de inoperante, lo cierto es que el órgano colegiado se pronunció en el sentido de que, conforme al marco jurídico que rige al juicio de amparo, la figura atinente a la reparación del daño es improcedente, por no ser la vía para hacer valer dicha cuestión.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que no se actualiza la causa de improcedencia en cita cuando en el juicio de amparo se reclame un arresto que en sí mismo ya se consumó, pues de resultar ilegal es posible exigir al responsable el pago de daños y perjuicios por los actos ilícitos realizados en perjuicio de la quejosa, además de que tal acto puede perjudicar su buena fama, su hoja de servicios o su expediente personal, de manera que, al menos en estos aspectos, es posible restituir a la quejosa en el goce de la garantía violada.
Lo hasta aquí expuesto permite concluir que se actualiza la contradicción de criterios denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos amparos en revisión, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.
En las relatadas condiciones, la resolución de la presente contradicción se centra en determinar si se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en un arresto que materialmente ya se consumó, o si por el contrario, debe estimarse que procede el juicio de garantías al ser factible reparar los daños y perjuicios que tal ejecución pudo ocasionar.
Al respecto, es importante hacer notar que no obsta a la anterior determinación, el hecho de que la causa eficiente que sirvió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito para desestimar lo alegado en el sentido de que el acto reclamado es susceptible de repararse económicamente, fue la inoperancia de los argumentos, pues no menos cierto resulta que el propio tribunal señaló que, conforme al marco jurídico que rige al juicio de amparo, la figura atinente a la reparación del daño es improcedente, por no ser la vía para hacer valer dicha cuestión.
De esa forma, aun cuando tal pronunciamiento se expresó como una razón adicional, debe tenerse presente que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que son de tomarse en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes a lo largo de la parte considerativa de sus sentencias, sean constitutivos de la decisión final o resulten añadidos prescindibles, vinculados indirecta o marginalmente con la cuestión concreta que debe decidirse, pues en ambos casos se está frente a la posición que asume un órgano jurisdiccional ante determinada cuestión jurídica y de la que cabe presumir que seguirá sosteniendo en el futuro, de manera que tales argumentos son aptos para fijar criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales. Los anteriores razonamientos se encuentran recogidos en la tesis P. XLIX/2006, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, página doce, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."
En otro aspecto, debe anunciarse que tampoco constituye un obstáculo para decidir que en el caso se actualiza la contradicción de criterios, el hecho de que la reparación de los daños y perjuicios que pudiese ocasionar la actividad ilegal de una autoridad administrativa, atendiendo a la fecha en que se sustentaron cada una de las tesis contradictorias, puede demandarse a través de vías distintas.
En efecto, debe tomarse en cuenta que a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, se adicionó el párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de los daños que se originen en virtud de su actividad administrativa irregular, la cual conforme al propio precepto es objetiva y directa; en tanto que, antes de dicha reforma constitucional, no estaba regulada la responsabilidad directa del Estado, de tal suerte que los particulares no tenían la posibilidad de exigir directamente al Estado la reparación de los daños que pudiese haber ocasionado.
Lo anterior pone de manifiesto que, atendiendo a las fechas en que se emitieron las ejecutorias contendientes, los particulares afectados por la actividad ilegal del Estado en uno y otro caso debían seguir vías distintas para obtener la reparación del posible daño que se les hubiese ocasionado. Así es, mientras que la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se emitió antes de que se hubiese elevado a rango constitucional la responsabilidad patrimonial directa del Estado, la emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se dictó con posterioridad a dicha reforma.
A pesar de lo anterior, como antes se anunció, ello no es óbice para resolver respecto de la existencia de contradicción de criterios, puesto que la materia de ésta se centra en decidir si en relación con un arresto ya consumado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la ley de la materia, y si bien no debe soslayarse que los tribunales que sustentan las tesis contendientes se pronunciaron en relación con la posibilidad de reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo causar al gobernado, lo cierto es que ello sólo impone resolver si esa reparación puede obtenerse a través del juicio de garantías, sin que resulte relevante la vía que en cada caso procedía para demandar la responsabilidad.
SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que más adelante se precisará.
Como ya se precisó, la contradicción de criterios se centra en determinar si se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en un arresto que materialmente ya se consumó, o si por el contrario, debe estimarse que procede el juicio de garantías al ser factible reparar los daños y perjuicios que tal ejecución pudo ocasionar.
En ese orden de ideas se torna necesario, ante todo, precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto en cita, así como el 80 de la propia Ley de Amparo, este último únicamente en la parte que establece los efectos de la sentencia que otorgue el amparo respecto de actos positivos, por compartir el arresto esa naturaleza:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"IX. Contra actos consumados de un modo irreparable."
"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo ..."
Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de garantías cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable.
Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate.
Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis.
Ilustran los anteriores razonamientos las tesis que a continuación se transcriben:
"ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 1478).
"SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Jurisprudencia 493, Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 326).
Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 80 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de garantías persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada.
Recapitulando, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, el juicio de garantías que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos.
Bajo esa óptica, debe ahora determinarse si un arresto que ya se ejecutó debe considerarse como un acto consumado de modo irreparable. Para tal propósito es necesario establecer cuál es el derecho sustantivo que, en todo caso, se ve afectado con motivo de la ejecución del arresto y, por ende, que sería materia de protección a través del juicio de garantías.
El arresto, del latín ad y restare (quedar, detener, poner preso), implica una corta privación de la libertad, que se realizará en lugar distinto al destinado al cumplimiento de las penas de privación de la libertad, y cuya duración no debe exceder de treinta y seis horas conforme al artículo 21 constitucional. Puede ser decretado por autoridad administrativa (arresto administrativo), o bien por autoridad judicial (arresto judicial), el cual puede imponerse como una medida de apremio o corrección disciplinaria.
En términos de lo antes expuesto es dable afirmar que el arresto, en cualquiera de sus variantes, afecta la libertad del sujeto al que se dirige; dicho en otras palabras, se trata de una medida restrictiva de la libertad personal. De ahí que pueda sostenerse que, esencialmente, el derecho sustantivo que podría resultar afectada con motivo de la ejecución de un arresto es precisamente la libertad personal. Al respecto, es ilustrativa, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 16/98, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, página treinta y cuatro, que a la letra indica:
"ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil."
En virtud de lo anterior, siendo la libertad personal la que, en todo caso, constituye el derecho sustantivo tutelable a través del juicio de amparo que se promueva en contra de un arresto, cabe concluir que si éste ya se ejecutó, es decir, produjo todos sus efectos, se actualiza la causa de improcedencia en análisis.
Así se considera dado que la afectación derivada de la ejecución del arresto no podría repararse aun cuando se otorgará la protección constitucional a la parte quejosa, con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20405-01a02849/arresto-si-ya-se-ejecuto-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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