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Modo: Corpus Pro

RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA EN EL ACTA O ESCRITO EN EL QUE SE ASIENTAN LOS HECHOS, OMISIONES O IRREGULARIDADES, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL DESPACHO DE MERCANCÍAS, DE ESE RECONOCIMIENTO, DEL SEGUNDO QUE SE REALICE, O DE LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2009. · Registro digital (IUS): 21727
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 179.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver recursos de revisión fiscal (materia administrativa), correspondiente a la especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formulan los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual intervino en uno de los asuntos que originó uno de los criterios en posible contraposición.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 477/2008, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil nueve, sostuvo en el considerando quinto de la sentencia, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios transcritos son ineficaces. En la sentencia recurrida la Sala Fiscal determinó que, con apoyo en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en las jurisprudencias 2a./J. 201/2004 y 2a./J. 218/2007, de oficio examinaba no sólo la competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada, sino también el antecedente que le hubiera dado origen para determinar que en la resolución número 326-SAT-A30. AL. 04693, de veintitrés de febrero de dos mil seis, en la que se contiene el escrito de hechos u omisiones derivado de muestra analizada (sic), en la que se sustenta la resolución impugnada, la autoridad emisora no legitima sus atribuciones materiales para la emisión del mismo, pues citó entre otros preceptos el artículo 12 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, sin que hubiera precisado la fracción o fracciones aplicables, ya que en ese arábigo se establecen las atribuciones materiales de los funcionarios que ahí se establecen de las aduanas, y cada una de las fracciones que lo integran hace la remisión correspondientes (sic) a las diferentes atribuciones materiales establecidas en los artículos 9 y 10 de dicho reglamento, por lo que para considerar que fue debidamente acreditada la legitimación de la autoridad actuante, era indispensable la precisión de la fracción correspondiente, a efecto de que el gobernado tuviera certeza jurídica en cuanto a las facultades materiales de la autoridad emisora del auto de autoridad que originó el oficio controvertido; que al no cumplir con lo anterior, declaraba su nulidad, lo cual no obligaba o impedía a la autoridad fiscalizadora a ejercer sus atribuciones, acreditando la legitimación de sus facultades, por corresponder al ejercicio cuya naturaleza es discrecional. Finalmente se abstuvo de estudiar los conceptos de anulación invocados por la actora, con motivo de que la ilegalidad cometida en el mencionado acto impide el estudio de cualquier tema. En los agravios sostiene la recurrente, sustancialmente, que la Sala viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 50, primer y segundo párrafo (sic), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que indebidamente declaró la nulidad de la resolución impugnada, bajo el argumento de que en el escrito de hechos y omisiones, no se fundó suficientemente la competencia material de la autoridad aduanera, no obstante que tal requisito, no es exigible tratándose del escrito de hechos u omisiones, conforme a lo previsto en el segundo de la numerales citados, realizando con ello una excesiva interpretación del artículo 51 de la citada ley federal, al entrar de oficio al estudio de la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada de un acto que no se encuentra sujeto a cumplir con los extremos de fundamentación y motivación, ya que éste sólo se trata de un documento donde quedan asentados los hechos ocurridos en el desarrollo de la diligencia. Asimismo, refiere la inconforme, que las actas o escritos que se levantan con el fin de circunstanciar los hechos ocurridos en el desarrollo de los actos de fiscalización de la autoridad aduanera, no deben revestirse de fundamentación y motivación respecto a la competencia de la autoridad que las levanta, menos el contenido de las mismas, ya que las actas o escritos de hechos por sí mismos no constituyen actos administrativos, por lo que las consideraciones de la Sala son incorrectas. También, aduce la recurrente, que contrario a lo pretendido por la Sala, el acta circunstanciada de hechos, no debe contener los fundamentos legales que cita, toda vez que basta que se hubiese circunstanciado los hechos acontecidos en tal diligencia y se cumplieran las formalidades para su levantamiento para que la misma fuera legal tal y como aconteció en la especie, además de que no transgrede la esfera jurídica de los particulares, ya que no se trata de un acto de autoridad que deba cumplir con los exigencias previstas en el artículo 38, fracción IV, del citado código tributario federal. De igual modo, señala la inconforme, que sus manifestaciones se sustentan en la jurisprudencia número 99/2000, del rubro: ‘ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SU CIRCUNSTANCIACIÓN DEBE CONSTAR EN EL PROPIO DOCUMENTO QUE LAS CONTIENE Y NO EN UNO DIVERSO.’, también en el artículo 152 de la Ley Aduanera y en la jurisprudencia 71/2003 y tesis, de las voces: ‘VISITA DOMICILIARIA. NO ES NECESARIO PRECISAR EN EL ACTA RELATIVA LA CAUSA QUE MOTIVÓ LA SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS EFECTUADA POR EL PROPIO VISITADO, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE CIRCUNSTANCIACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ y ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.’. Añade que similar criterio al que sostiene, pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 011/2007, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, en la revisión fiscal 402/2007, ejecutorias que constituyen un hecho notorio. Los anteriores agravios, como se anticipó, son ineficaces, por lo siguiente: El artículo 16 de la Carta Magna exige para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, las razones particulares que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 73 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52 del Tomo III, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. Por su parte, los artículos 44, 46, 150 y 151, primer párrafo, de la Ley Aduanera disponen: ‘Artículo 44. El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos: I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía. II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías. III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.’. ‘Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.’. ‘Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley. En dicha acta se deberá hacer constar: I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará. Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.’. ‘Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ...’. (El subrayado es de este tribunal). De la lectura de dichos artículos, se advierte que el reconocimiento aduanero consiste en el examen de las mercancías de importación que hace la autoridad aduanera para verificar la veracidad de lo declarado por el particular; que cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda; que en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero se embarguen precautoriamente mercancías, se deberá hacer constar los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento y se deberá requerir al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente; que dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga; y que la autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado. Esto es, la referida acta o escrito de hechos u omisiones es el acto por el cual se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera, constituye un verdadero mandamiento de autoridad que contiene una constatación de hechos y una decisión sobre el derecho, pues incluso implica la determinación de la autoridad aduanera, de realizar o no el embargo precautorio de mercancías, por la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias y vincula al contribuyente a conducirse en determinada forma en defensa de sus intereses. En ese contexto, el escrito de hechos y omisiones sí constituye un acto de molestia, que incide en la esfera jurídica del causante a quien se da a conocer, por lo que, en estricto cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debe ser emitida por autoridad competente, ya sea por razón de materia, grado y territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso respectivos, así como que para el caso de que el ordenamiento no los contenga, habrá de transcribirse la parte correspondiente en donde se prevea la facultad de la autoridad para la emisión del acto tal como se establece en las tesis 57/2001 y 115/2005, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31 y Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubros: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ y ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, por lo que en tal sentido es necesario que en el acta circunstanciada de referencia se precise con claridad y detalle, en los términos señalados, la porción normativa del ordenamiento que prevea la facultad que tiene la autoridad para emitirla. Resulta aplicable, por mayoría de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de clave 2a./J. 144/2008, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, obtenida de la base de datos electrónica de la red interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ACTA DE MUESTREO. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE SEÑALAR EN ELLA EL PRECEPTO LEGAL EN QUE FUNDA SU COMPETENCIA TERRITORIAL, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIR LA PARTE CORRESPONDIENTE. La garantía de fundamentación, contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad aduanera señalar en el acta de muestreo la norma en que funda su competencia territorial con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; y en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribir la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario implicaría que el gobernado tuviera la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene la relativa a su competencia por territorio dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de territorio.’. De igual manera, se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página 1579, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS U OMISIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 152 DE LA LEY ADUANERA. AL CONSTITUIR UN ACTO DE MOLESTIA PARA SU EMISIÓN ES NECESARIO INVOCAR CON CLARIDAD Y DETALLE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ORDENAMIENTO QUE PREVEA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA HACERLO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 57/2001 Y 2a./J. 115/2005). De los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera se advierte que las actas levantadas por las autoridades en la materia con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación en las que conste el conocimiento de cualquier irregularidad, constituyen el acto mediante el cual da inicio el procedimiento en la materia a que se refiere el numeral invocado en segundo término, al establecer que se darán a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, debiendo señalar al interesado que cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan, y que al tratarse de un procedimiento en el cual las autoridades aduaneras, una vez que ejercen las facultades ahí conferidas, quedan vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir, en su caso, la determinación en un plazo que no excederá de 4 meses; consecuentemente, tal acta constituye en sí un acto de molestia, puesto que incide en la esfera jurídica del causante a quien se da a conocer, pues lo obliga a conducirse en determinada forma en defensa de esos intereses, por lo que en estricto cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser emitida por autoridad competente, ya sea por razón de materia, grado y territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso respectivos, así como que para el caso de que el ordenamiento no los contenga, habrá de transcribirse la parte correspondiente en donde se prevea la facultad de la autoridad para la emisión del acto tal como se establece en las tesis 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31 y Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubros: «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.» y «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.», por lo que en tal sentido es necesario que en el acta circunstanciada de referencia se precise con claridad y detalle, en los términos señalados, la porción normativa del ordenamiento que prevea la facultad que tiene la autoridad para emitirla.’. Por lo tanto y contrariamente a lo alegado por la recurrente, la Sala estuvo en lo correcto en resolver que la autoridad demandada no fundó su competencia material, al levantar el acta o escrito de hechos y omisiones, ya que, como quedó asentado con anterioridad, todo acto administrativo que cause molestia al gobernado, como en la especie, en aras de cumplir con el principio de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, así como con lo dispuesto por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, debe, necesariamente, de encontrarse debidamente fundado y motivado."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 11/2007, en sesión de doce de diciembre de dos mil siete, sostuvo en el considerando sexto de la sentencia, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios que formula la autoridad hacendaria son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, por las razones que a continuación se expresan. En efecto, la Sala responsable, al emitir la sentencia materia del presente recurso, determinó procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, contenida en el oficio número 326-SAT-A38-IV-2902, de fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco, emitida por la subadministradora de la Aduana de Cancún, a través de la cual se determinó en contra de **********, actora, un crédito fiscal por la cantidad de novecientos noventa y tres pesos, por concepto de multa. En la sentencia que se revisa la Sala Fiscal consideró fundados los motivos de inconformidad hechos valer por la parte actora, en atención a lo siguiente: a) Estableció que debido a que la resolución impugnada se encontraba sustentada en el acta circunstanciada de hechos número 326-SAT-A38-2005-RECHS/00492, elaborada el veinte de abril de dos mil cinco, en la cual no se asentó debidamente la competencia territorial de la autoridad aduanera, en razón a que no se expresó con exactitud el Estado y ciudad que le correspondía a la Aduana de Cancún, pues únicamente se había señalado el artículo tercero del acuerdo por el que se establecen la sede, nombre y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, el cual es genérico. b) Que el referido precepto legal, al establecer un listado de las correspondientes unidades del Servicio de Administración Tributaria, así como los ámbitos de su jurisdicción, impedía al particular identificar con certeza, la parte del párrafo que le era aplicable al acto de autoridad que le afectaba; que ello era así a pesar de que el citado segundo párrafo del artículo tercero del aludido acuerdo se contenía el signo ortográfico denominado ‘dos puntos’, con lo que gramaticalmente se daba la idea de remisión a algo que se anuncia o dicho anteriormente, porque al encontrarse dicho dispositivo integrado por distintos apartados o elementos que indican los diversos lugares en los que se dividió el territorio nacional para el ejercicio de las facultades de las unidades administrativas indicadas, el cumplimiento de la garantía de fundamentación requería que en el mandamiento relativo, se identificara con toda exactitud la parte específica de la norma que preveía la competencia territorial a favor de la autoridad que emitió el acto de molestia respectivo, ya que sólo así se permitiría al gobernado conocer si la autoridad actuó dentro del ámbito competencial que la propia ley le estableció. c) Determinó que del análisis de los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, se desprendía que el acta circunstanciada de mérito, debía estar fundada y motivada, pues con base en ella se iniciaba el procedimiento administrativo en materia aduanera para que el gobernado, dentro del término de diez días ofreciera pruebas tendientes a desvirtuar los hechos y omisiones asentadas en esa actuación. En contra de las consideraciones anteriores, la autoridad recurrente hace valer los siguientes agravios: 1. Que la Sala Fiscal violó lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por haber declarado la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal, en virtud de que faltó fundamentación en cuanto a la competencia de la autoridad aduanera que diligenció el acta circunstanciada de hechos número 326-SAT-A38-2005-RECHS/00492, elaborada el veinte de abril de dos mil cinco, que dio origen a la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A38-IV-2902, de diecinueve de mayo de dos mil cinco; por lo que consideró que la resolución determinante era ilegal al provenir de un acto viciado de origen y, por tanto, no satisfacer los requisitos de fundamentación exigidos por los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, sin embargo, contrario a lo resuelto por la Sala, el acta circunstanciada de hechos no necesita estar fundada y motivada, en virtud de que los artículos 46 y 252 de la Ley Aduanera únicamente establecen que se deben hacer constar los hechos u omisiones que impliquen omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, debiendo señalarse además, que el interesado cuenta con un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convenga. 2. Dice que al constar en el acta circunstanciada de hechos materia de litis, las irregularidades observadas durante dicho procedimiento de las mercancías embargadas, indicando además los motivos por los cuales, a consideración de la autoridad aduanera, tales hechos pudieran actualizar las hipótesis de infracción ahí señaladas, es de donde resulta que dicha acta cumple con la debida circunstanciación exigida por los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, sin que exista mayores requisitos para que dicha acta se encuentre legalmente emitida, como equivocadamente considera la juzgadora. 3. Refiere que el acta en mención no constituye una resolución fiscal, esto es, no es un acto de molestia para los particulares, por tanto, resulta innecesaria su fundamentación y motivación, pues en ella sólo se hacen constar las irregularidades observadas por la autoridad aduanera durante el reconocimiento aduanero, por ende, no necesita estar fundada como indebidamente consideró la Sala, y mucho menos se trata de un acto administrativo que deba cumplir con el requisito de fundamentación previsto en el ordinal 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. 4. Refiere que el acta de mérito no constituye una resolución administrativa, ya que por sí misma no causa afectación alguna a la esfera jurídica de la hoy actora, pues no crea, modifica, transmite, reconoce, declara o extingue sus derechos y obligaciones con efectos directos, pues en ella simplemente se hacen constar las irregularidades encontradas por la autoridad aduanera, tal como ordenan los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, es decir, esa actuación sólo constituye una etapa del procedimiento administrativo, el cual concluyó con la emisión de la resolución impugnada, por tanto, es evidente que en términos del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el acto que debe estar fundado y motivado es el oficio citado y no el acta circunstanciada de hechos. Ahora bien, como se dijo, los agravios que hace valer la autoridad hacendaria, son fundados, en virtud de que este órgano colegiado advierte que la Sala a quo no obró jurídicamente al estimar que el acta circunstanciada de hechos levantada por la Aduana de Cancún, Quintana Roo, que dio origen a la resolución impugnada, carecía de la debida fundamentación y motivación. Bajo esta óptica, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta pertinente transcribir el artículo 46 de la Ley Aduanera, que dispone: ‘Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21727-da9f0259/reconocimiento-aduanero-la-autoridad-aduanera-debe-fundar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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