DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, ya que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la realizó el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional del que proviene uno de los criterios en posible contradicción, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se contiene en la ejecutoria emitida el trece de septiembre de dos mil seis, al resolver el amparo en revisión **********, en la que consideró lo siguiente:
Que la copia certificada notarialmente del documento privado de una compraventa con el cual la parte quejosa pretendía demostrar que era propietaria de un bien inmueble, y demostrar su interés jurídico, era de fecha incierta y por ende ineficaz para acreditar el interés jurídico en el amparo, porque no constaba que se hubiere celebrado ante un fedatario público o funcionario autorizado.
Señaló que el citado documento privado (de compraventa), no contaba con las tres formas necesarias que reconoce la Suprema Corte de Justicia para tener por cierta la fecha de un contrato traslativo de dominio, para acreditar el interés jurídico, ello en atención a que no se celebró ante un fedatario público o funcionario autorizado, ni se inscribió el documento en el Registro Público de la Propiedad, ni constaba que haya fallecido cualquiera de los firmantes, el anterior razonamiento lo sustentó en la jurisprudencia de esta Suprema Corte que tiene como rubro el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO."
Además, adujo el tribunal que el referido documento no contaba con la certificación de firmas, por lo que tampoco se estaba en el caso que prevé este Alto Tribunal en la tesis que lleva como rubro: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL."
El anterior razonamiento se desprende de la siguiente transcripción de la ejecutoria de amparo en cuestión:
"Para acreditar esa propiedad y, por ende, su interés jurídico en el amparo ********** exhibió con su demanda, en copia certificada contrato privado de compraventa que, según su contenido, fue celebrado por el señor ********** en calidad de comprador. El documento consigna como lugar y fecha de su celebración: ‘En la ciudad de Arandas, Jalisco a los 2 días del mes de octubre de 2003’.
"De acuerdo con los lineamientos fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 1a./J. 46/99, obligatoria para este Tribunal Colegiado, la citada fecha que consigna el documento privado en cita, debe considerarse como incierta para los efectos de este juicio de garantías y, por ende, el mismo resulta ineficaz para demostrar el interés jurídico de la solicitante de garantías en este asunto.
"Ello es así porque, aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia indicada estimó que ocurre a partir del día que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adjudicación del bien litigioso, garantizándose de esta manera la legalidad y certeza jurídica que deben imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.
"En efecto, la citada jurisprudencia, consultable en la página 78, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, textualmente dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe).
"En ese documento el cual obra a folios diez y once del expediente de primera instancia, consta el contrato privado de compraventa relativo a un bien inmueble, documento en el que se asentó como día de su celebración el dos de octubre de dos mil tres. Sin embargo a) en él no consta que se haya celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado; b) tampoco que en esa fecha o alguna otra se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad; c) ni en autos hay constancia de que cualquiera de sus firmantes hubiera fallecido. Luego, como esas son las tres formas que reconoce la transcrita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener por cierta la fecha de un contrato traslativo de dominio a fin de acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías respecto del bien, en términos del propio documento que hubiere adquirido el quejoso y que sea materia de su reclamo, según se vio, entonces resulta obligado considerar en este asunto que el dos de octubre de dos mil tres, día consignado como el de la celebración del contrato privado que nos ocupa, no es más que una fecha incierta que lo hace inepto para tener por satisfecho el interés jurídico de la solicitante del amparo en este caso.
"Incluso, el contrato privado del que se viene hablando tampoco cuenta con certificación de firmas en la fecha en que, según su contenido, fue celebrado. Por lo mismo, tampoco está en el caso que prevé la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consistente en que las firmas del contrato sean ratificadas ente notario público. Dicha jurisprudencia es del contenido siguiente:
"‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.’ (se transcribe).
"Ello porque la circunstancia de que la documental que nos ocupa se haya ofrecido en copia certificada notarialmente tampoco demuestra que su fecha cierta la que el contrato establece como la de su celebración (sic), pues lo único que se desprende de la certificación es que el veintiocho de septiembre de dos mil cuatro (fecha posterior a la en que la quejosa dijo haber tenido conocimiento del acto reclamado, que fue el veintisiete de ese mes) el fedatario público respectivo cotejó el original que le fue presentado del contrato privado con la copia simple que, con ese motivo, certificó, por lo que no colma alguno de los requisitos de certeza previamente indicados, en cuanto a la fecha de celebración.
"Para llegar a la conclusión de que la fecha consignada en el contrato con que la quejosa pretende demostrar su interés jurídico es incierta, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que, entre las pruebas que obran en el mismo cuaderno de amparo (a folios 102 y 103), por haberlas remitido con su informe justificado por la síndico del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, aparecen sendas copias certificadas de dos escritos, el primero fechado el veintiuno de mayo de dos mil cuatro y el segundo de fecha doce de junio del mismo año, de cuyos contenidos se advierte que el señor ********** cónyuge de la hoy quejosa **********, manifestó al Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y al gobernador de la entidad, respectivamente, que el dos de octubre de dos mil tres habían adquirido por compraventa el inmueble que ahora es materia del amparo e, incluso, a la primera de esas autoridades le indicó que adjuntaba copia del contrato relativo.
"No obstante, lo anterior constituye, en todo caso, un indicio y no una prueba plena de que, como lo afirma la quejosa en su demanda, en la fecha indicada su cónyuge adquirió el bien inmueble que ahora ella defiende, ya que en ninguno de los escritos en cuestión se observa que su firmante efectivamente adjuntara la copia referida ni las autoridades mencionadas haber recibido anexo alguno. De hecho, el primero ni siquiera tiene leyenda de recepción por parte del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y el segundo contiene sello de recibido en la Secretaría Particular del Gobernador del Estado de Jalisco de fecha ‘4 Jun 30’ pero, se insiste, en ninguno aparece que el citado ********** haya exhibido el original o copia del contrato que nos ocupa. Por ende, es claro que esos dos escritos no desvirtúan la circunstancia de que el dos de octubre de dos mil tres sólo resulta ser una fecha incierta para efectos del amparo.
"Consecuentemente, al no acreditarse alguno de los supuestos ya comentados para corroborar que la fecha cierta del contrato privado exhibido por la parte quejosa es copia certificada, es precisamente la que consigna el documento, es decir, el dos de octubre de dos mil tres, fecha anterior al día en que dijo conocer el acto reclamado, que fue el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, entonces evidentemente no acreditó el interés jurídico indispensable para ocurrir en amparo contra dicho acto preexistente a la adquisición del inmueble que es materia de su reclamo."
Dicho Tribunal de Circuito reiteró el criterio en cita al resolver el amparo en revisión ********** el cinco de julio de dos mil siete, pues puntualizó que los documentos privados (de cesión de derechos) son de fecha incierta, cuando no cumplen con los lineamientos fijados en la jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal, y que con el documento exhibido por la quejosa no se desprendía que se celebró la cesión de derechos ante un fedatario público o funcionario autorizado, tampoco que se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni existía constancia de que alguna de las partes firmantes hubiera fallecido, asimismo el tribunal agregó que tampoco existía la certificación de las firmas en la fecha en que según su contenido fue celebrado.
Por esos motivos estimó que el contrato de cesión de derechos que presentó la parte quejosa en copia certificada notarialmente, carecía de fecha cierta, por lo que no era suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo.
La parte considerativa de la ejecutoria del Tribunal Colegiado de Circuito en cita, que interesa, es la que a continuación se transcribe:
"Para acreditar la titularidad de dicho predio -del que derivan los actos reclamados- y, por ende, su interés jurídico en el amparo, la quejosa ********** exhibió con su demanda de garantías, copia certificada de un contrato privado de cesión de derechos que, según su contenido, fue celebrado por el señor ********** en calidad de cedente y ********** como cesionaria; asimismo, el documento consistente en el contrato privado de cesión de derechos celebrado por la señora ********** en calidad de cedente y ********** como cesionaria.
"Tales documentos consignan como fecha de su celebración, tal y como lo adujo la quejosa, el: ‘17 de marzo de 1973’; así como el ‘20 de enero de 1976’ (fojas 12 y 13 del juicio de amparo).
"Pues bien, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 1a./J. 46/99 -obligatoria para este Tribunal Colegiado, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo-, la citada fecha que consignan los documentos privados en cita, debe considerarse como incierta para los efectos de este juicio de garantías y, por ende, resulta ineficaz para demostrar el interés jurídico de la solicitante de garantías en este asunto.
"Ello es así, porque aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta.
"Lo que nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia indicada estimó que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación.
"De ahí que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico de la quejosa que la legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso.
"Garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.
"En efecto, la citada jurisprudencia, consultable en la página 78, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, textualmente dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado- Y, en los citados documentos -los cuales obran a folios doce y trece del expediente de primera instancia-, constan los contratos privados de cesión de derechos relativos a un ‘una fracción de su parcela’, en el que se asentó como día de su celebración, el diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y tres y veinte de enero de mil novecientos setenta y seis.
"Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que los referidos documentos -contratos privados de cesión de derechos- no cumplen con los requisitos que para el caso contempla la jurisprudencia transcrita precedentemente, a saber:
"a) En él no consta que se haya celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado;
"b) Tampoco que en esa fecha o alguna otra se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad; y,
"c) Ni en autos existe constancia alguna que genere convicción acerca de que cualquiera de sus firmantes hubiera fallecido.
"Luego, como esas son las tres formas que reconoce la transcrita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener por cierta la fecha de un contrato traslativo de dominio a fin de acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías respecto del bien que, en términos del propio documento, hubiere adquirido el quejoso y que sea materia de su reclamo, según quedó apuntado.
"Entonces resulta obligado considerar en este asunto que el nueve de abril de mil novecientos noventa y dos, día consignado como el de la celebración de los contratos privados que nos ocupa, no es más que una fecha incierta que lo hace inapto para tener por satisfecho el interés jurídico de la solicitante del amparo en este caso.
"Incluso, el contrato privado de que se viene hablando tampoco cuenta con certificación de firmas en la fecha en que, según su contenido, fue celebrado.
"Por tanto, tampoco está en el caso que prevé la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consistente en que las firmas del contrato sean ratificadas ante notario público.
"Dicha jurisprudencia es del contenido siguiente:
"‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Federal-.
"De ahí que se arribe a la conclusión de que la quejosa no acreditó el debido interés jurídico para instar la acción constitucional; esto es, el derecho legítimamente tutelado con relación a la titularidad del predio en el que hizo descansar su reclamo.
"De ahí que la certificación de los aludidos documentos privados en la forma en que acontece en el caso concreto, no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta; máxime, que los referidos instrumentos privados no se presentaron ante el fedatario público para que certificara las firmas plasmadas en él, sino que, como quedó apuntado, el notario sólo dio fe que al cotejar la copia presentada por la quejosa, es una fiel reproducción del original.
"De ahí la advertida improcedencia.
"En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 1/2002, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, cuyos rubro y texto, al tenor, expresa:
"‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Federal-.
"Consecuentemente, al advertirse que los documentos presentados por la quejosa, mediante los cuales se pretendió demostrar cómo adquirió la propiedad con relación al predio que dice poseer, no fueron aptos para tal fin, esto es, generar convicción acerca de que dicha posesión la sustenta en un derecho legítimamente tutelado.
"Sobre el particular, es menester citar, por analogía en el razonamiento jurídico que ministra, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Tercera Parte, página 89, que al tenor, epígrafe y sinopsis, establece:
"‘AGRARIO. POSESIÓN EN MATERIA AGRARIA, PRUEBA TESTIMONIAL PARA ACREDITAR LA. NO DEBE ESTAR EN CONTRADICCIÓN CON OTROS DATOS. El resultado de la prueba testimonial desahogada dentro del juicio para acreditar la posesión de un predio afectado por una resolución presidencial, en que todos los testigos contestan afirmativamente en el sentido de que el quejoso ha venido poseyendo desde cierto tiempo y con los requisitos que prevé la Ley Federal de Reforma Agraria, es insuficiente para acreditar lo que se propone si tal prueba se encuentra contradicha con la afirmación en la propia demanda de amparo de que las escrituras del predio controvertido son recientes y si además ni siquiera se presentan los documentos mediante los cuales se demuestra cómo adquiere la propiedad el quejoso del predio que dice poseer.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado-.
"En las relatadas condiciones, lo procedente es, conforme lo dispone la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, confirmar la sentencia recurrida en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, promovido por ********** pero por las razones expresadas en la presente resolución."
De dichas consideraciones derivó la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, septiembre de 2007
"Materia(s): Común
"Tesis: III.2o.A.54 K
"Página: 2490
"CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE UN DOCUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS. NO PUEDE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA SI NO SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO PARA LA RATIFICACIÓN DE FIRMAS. La certificación efectuada por un notario público en el sentido de que dio fe de que la copia de un documento privado de cesión de derechos es fiel reproducción de su original, no es apta para concluir que ante aquél se generó determinado acto jurídico de traslación de derechos, ni evidencia que ante él se ratificaron las firmas que en el citado documento se consignan, si éste no se presentó ante el fedatario para tal efecto. De ahí que la certificación de la copia de referencia no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
"Amparo en revisión **********. 5 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia."
CUARTO. Por otra parte, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito se sustentó al resolver el amparo en revisión ********** el nueve de octubre de dos mil ocho, en donde consideró lo siguiente:
Que los documentos privados son de fecha cierta cuando existe la anotación o constancia notarial en el sentido de que las copias respectivas concuerdan fiel y exactamente con su original, lo cual es independiente de la autenticidad del contrato contenido en las copias certificadas, en orden a su naturaleza jurídica.
Razonó que la copia fotostática certificada de un contrato privado de compra venta adquirió el carácter de fecha cierta desde el momento en que fue presentado al fedatario público para certificar la copia del mismo, y que por esa razón era apto para acreditar el interés jurídico en el amparo, en los términos de los artículos 115, 119, 132 y 133 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Jalisco, así como 2034, fracción III, del Código Civil Federal, lo cual era independiente de la autenticidad "del contrato contenido en las copias certificadas".
El citado razonamiento se desprende de la siguiente transcripción de la ejecutoria de referencia:
"III. Los agravios aducidos son jurídicamente ineficaces.
"...
"Por otro lado, si bien es cierto que ningún contrato privado de compraventa por sí solo es apto para acreditar el interés jurídico del peticionario de amparo; sin embargo, no debe perderse de vista que el Juez de Distrito para tener por acreditado el interés jurídico de los quejosos, no sólo se apoyó en el citado contrato privado, sino en la copia fotostática certificada de éste, por haber adquirido fecha cierta desde el momento en que tal contrato fue presentado al fedatario público para certificar la copia del mismo, momento en que el pluricitado contrato adquirió fecha cierta como atinadamente lo apreció el Juez Federal.
"No acierta el recurrente cuando reitera que la Ley del Notariado del Estado de Jalisco sólo contempla como parte de las funciones de los notarios públicos el certificar las firmas de los particulares estampadas en documentos privados, pero, dice, no el certificar copias de documentos privados, pues como ya se estableció con antelación, el artículo 132 de la Ley del Notariado vigente hasta el veinticinco de octubre de dos mil seis sí establecía, como función de un notario, la certificación de copias de documentos, independientemente de las certificaciones sobre autenticidad de firmas y ratificación de documentos privados establecida en el diverso artículo 115 de dicha ley, el cual es similar al contenido del artículo 119 de la ley actualmente en vigor, que invoca el recurrente; y si bien es verdad que, como lo esgrime el agraviado en el inciso c) del segundo motivo de queja, las finalidades de la institución de fecha cierta son las de dar seguridad jurídica para los acreedores, establecer un mecanismo que dé certeza en cuanto a la fecha de los documentos y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales, y que un documento privado adquiere fecha cierta desde el momento de inscripción del documento en el Registro Público de la Propiedad, si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento, desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente o desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil para el Distrito Fed
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22096-623db714/documento-privado-que-contiene-un-acto-juridico-traslativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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