Corpus
Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS PROVISIONALES. EL INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA NO ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBA INTERPONERSE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2009. · Registro digital (IUS): 21838
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 64.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 14/2009, el doce de marzo de dos mil nueve, el Tribunal Colegiado resolvió sobre el amparo interpuesto en contra de una resolución que condenó a un particular al pago de alimentos provisionales.

En contra de la sentencia emitida por el Juez Segundo de lo Civil del Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco el particular condenado al pago de alimentos provisionales interpuso el juicio de garantías correspondiente. Por razón de turno, tocó conocer del asunto al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, el cual concedió el amparo solicitado.

En contra de la anterior resolución, la actora, por sí y como representante de sus menores hijas, interpuso recurso de revisión. En éste, planteó la improcedencia del juicio por dos razones: 1. Porque no se había agotado el principio de definitividad ya que no se hizo valer el incidente de reducción de pensión alimenticia y, 2. Porque la resolución no es un acto de imposible reparación. El Tribunal Colegiado desestimó las causas de improcedencia hechas valer y determinó confirmar la sentencia recurrida con base en las siguientes consideraciones:

"- En primer lugar, debe señalarse que la resolución interlocutoria reclamada y su ejecución, son actos dictados dentro de juicio cuya ejecución es irreparable, toda vez que con ellos se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal al no poder disfrutar el particular del total del producto de su trabajo, situación que no puede ser remediada aunque la sentencia definitiva que llegue a dictarse sea favorable para el peticionario de garantías; máxime si se toma en cuenta que las cantidades embargadas al deudor de alimentos serán destinadas a cubrir necesidades alimentarias, lo que significa que serán consumidas por los acreedores y, por tanto, de difícil recuperación; de ahí que se trate de un acto que debe sujetarse de inmediato al análisis constitucional, sin esperar a que se dicte la sentencia definitiva.

"- Sirve de apoyo a lo considerado la tesis 2a. CIV/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, página 227, de la siguiente sinopsis:

"‘EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. ...’

"- El incidente de reducción de pensión alimenticia no es un medio de defensa legal que hubiese tenido que agotar el impetrante, previo a la interposición del amparo, debido a que a través de tal incidente no es factible obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución judicial reclamada, que son las particularidades de los medios de defensa a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.

"- Por lo tanto, el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de definitividad para el juicio de amparo, aplicable a la generalidad de los casos, conforme al cual sólo procede la acción constitucional contra los actos de autoridad que no sean impugnables mediante recursos o medios de defensa legal, que puedan conducir a su revocación, modificación o nulificación; en concordancia con dicha preceptiva, el numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo prevé la improcedencia de dicho juicio contra las resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"- Así entonces, el contenido normativo de los citados preceptos permite concluir que el principio de definitividad está orientado a conservar al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, al que sólo se puede acudir si la ley no proporciona medios ordinarios de impugnación, o bien contra la resolución que recaiga a éstos, los cuales, en los procedimientos jurisdiccionales, se caracterizan por estar relacionados a cuestiones predominantemente jurídicas, en los que normalmente no se admite la invocación de hechos distintos ni de nuevos medios de prueba, sino que tienen por objeto revisar la legalidad del acto impugnado, a la luz de los hechos y circunstancias prevalecientes cuando se emitió el acto combatido, además de que las cargas procesales del recurrente son mínimas, pues generalmente se limitan a la interposición del recurso o medio de defensa en la forma prevista en la ley y a la expresión de los agravios o motivos de inconformidad, y en ciertos casos se requiere el señalamiento de constancias para su trámite y resolución.

"- Ahora bien, el incidente de reducción de pensión alimenticia, a que alude la recurrente, implica un proceso contencioso en cuya promoción inicial se plasman las pretensiones del promovente, generalmente con base en hechos y pruebas que el juzgador no pudo tomar en consideración al momento de decretar los alimentos provisionales, precisamente porque dicha medida se dicta sin audiencia del demandado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de ahí que no hubiese podido invocarlos anteriormente y ofrecer los medios de convicción relativos; en tanto que la contraparte al contestar la demanda incidental puede oponerse a ella y negar todos o algunos de los hechos, así como hacer valer las defensas y excepciones que crea convenientes, pero ello con relación a esos hechos novedosos; de tal forma que la litis incidental entablada supone la aportación de pruebas que deben ofrecerse en los respectivos escritos en que se promueve y se contesta, de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 80 del citado ordenamiento, siendo posible que dichas probanzas sean desconocidas hasta entonces por el Juez, el cual, para resolver, debe tomar en cuenta los hechos que son materia de la contienda incidental y los elementos probatorios allegados durante ese procedimiento.

"- Luego, si bien el artículo 89-C del enjuiciamiento civil del Estado, previene que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva, lo que conduce a establecer que es factible promover algún incidente en términos del aludido numeral 80, que transcribe la inconforme, del ordenamiento legal en cita; no debe perderse de vista que esa incidencia no tiene efectos impugnativos contra las determinaciones tomadas en la resolución que decretó la medida provisional, sino que, se reitera, en dicho proceso la litis se entabla con base en hechos y pruebas que el juzgador no estaba en condiciones de tomar en consideración al momento de decretar los alimentos provisionales, por lo que sus efectos no son los de modificar, revocar o nulificar aquella determinación, sino que, en su caso, lo que podría modificar la interlocutoria que se dicte en el referido incidente, sería el monto de la pensión originalmente fijada, pero ello con relación al cumplimiento de la obligación alimentaria, posterior al pronunciamiento de tal resolución, ya que es de tracto sucesivo, pero de manera alguna revocaría o anularía los efectos del fallo primario en el que se decretó la medida provisional de que se trata, dado que no tendría efectos retroactivos.

"- A lo que debe añadirse que, como lo apuntó el Juez de Distrito, a través del incidente que indica la tercera perjudicada, aquí recurrente, sólo se analizaría respecto a la disminución del monto señalado por concepto de alimentos provisionales, mas no las violaciones que pudieron haberse cometido en la sentencia reclamada.

"- De lo anterior se sigue que, como el incidente de reducción de pensión alimenticia, no tiene las características de los recursos y de los medios de defensa a que se refieren las disposiciones que regulan el principio de definitividad, es inconcuso que no es necesario agotarlo antes de promover el juicio de garantías contra la resolución que fija alimentos provisionales y ordena requerir de pago, y en su defecto el embargo de bienes.

"- Por consiguiente, son infundados los agravios en los que se combate la decisión del juzgador de garantías, en la que desestimó las causas de improcedencia planteadas por la aquí inconforme, e inaplicables las tesis que se citan y en las que se hace referencia a la necesidad de agotar recursos previo al ejercicio de la acción constitucional."

Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión RC-790/1983, el trece de octubre de mil novecientos ochenta y tres, el Tribunal Colegiado resolvió sobre el amparo interpuesto en contra del auto dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal mediante el cual se condenó a un particular al pago de alimentos provisionales.

El Juez de Distrito que conoció del amparo en la sentencia correspondiente decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, al considerar que en el caso el acto reclamado no era de imposible reparación además, que no se había agotado el medio ordinario de defensa en su contra antes de acudir al amparo. La parte quejosa, el deudor alimentario, interpuso recurso de revisión en contra de esa resolución y el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida y el sobreseimiento dictado, con base en las siguientes consideraciones:

"- La fijación de pensión alimenticia provisional sí tiene reparación. En efecto, el artículo 943 del código adjetivo civil aplicable establece ese tipo de resoluciones como provisional, pero a su vez el artículo 94 del mismo ordenamiento, en relación con la fracción II del artículo 79, se establece que ese tipo de resoluciones pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva.

"- La inconformidad en contra de dicha determinación se pudo hacer valer a través de un incidente por medio del cual tratara de obtener la modificación en sentencia interlocutoria, de la medida provisional, y en contra de dicho fallo, en caso de no serle favorable, intentar interponer el recurso de apelación correspondiente.

"- Por lo tanto, es infundado el argumento hecho valer en el sentido de que no se podrá en la sentencia definitiva obtener la revocación o modificación de tal resolución, pues durante el curso del procedimiento existe la posibilidad de impugnarla en un incidente, o en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio oponiendo las excepciones que le favorezcan y mediante las pruebas pertinentes.

"- Dado que tuvo a su alcance un medio ordinario de defensa dentro del procedimiento a través del cual pudo obtener la modificación del acto reclamado, es correcto lo afirmado por el Juez Federal al estar en presencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo.

"- Además se advierte que se surte otro presupuesto de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que, por las razones ya expuestas, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, porque es una medida provisional, modificable en la sentencia definitiva, resolución contra la cual se podrá intentar el juicio de garantías de conformidad con la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia."

De la anterior ejecutoria, derivó la tesis de rubro y texto siguientes:

"ALIMENTOS PROVISIONALES. SU FIJACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE IRREPARABLE. La fijación de una pensión provisional mientras se resuelve un juicio tramitado en controversia del orden familiar tiene forma de reparación. En efecto, si el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles establece esa resolución como medida provisional, tiene aplicación al caso la disposición del primer párrafo del artículo 94 del mencionado código, en relación con la fracción II del artículo 79 del propio ordenamiento, que establece que ese tipo de resoluciones pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. De esta forma, la inconformidad del quejoso con tal determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante un incidente a través del cual tratara de obtener la modificación en sentencia interlocutoria, de la medida provisional y en contra de dicho fallo, en caso de no serle favorable, intentar recurso de apelación por ser apelable la sentencia definitiva, según disposición de los artículos 683, 688 y 691, en relación con el 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En tales condiciones, es infundado lo que afirme el quejoso en el sentido de que no puede, en la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, obtenerse la revocación o modificación de tal resolución, pues durante el recurso del procedimiento existe la posibilidad de impugnarla a través de las defensas, excepciones y pruebas que ofrezca, y en su caso, obtener la revocación o modificación de tal determinación en la sentencia que se pronuncie en tal juicio. Como consecuencia de lo anterior, es operante la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional existe un medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, a través del cual se puede obtener la modificación del acto reclamado. Asimismo, este tribunal advierte que se surte la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues por las razones que han quedado precisadas en párrafos precedentes, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, porque es medida provisional, ya que en la sentencia definitiva con la que culmine el juicio se resolverá si subsiste o no, y contra tal sentencia se puede intentar juicio de garantías, por lo que no se surte el requisito de procedibilidad previsto en la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia."(2)

CUARTO. Existencia de la contradicción y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

I. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional, y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente generar seguridad jurídica en aquellos casos en los que la práctica interpretativa ha producido resultados dispares. Dicho de otro modo: se trata, por un lado, de eliminar algunas vías interpretativas ya intentadas y, por otro, de orientar bajo un criterio objetivo la resolución de determinados problemas interpretativos.

Dichos casos suelen tener esencialmente la siguiente configuración: 1) algún Tribunal Colegiado -o alguna Sala de la Corte, en su caso- realiza un determinado ejercicio interpretativo para resolver algún conflicto determinado; 2) otro Tribunal Colegiado realiza el mismo tipo de ejercicio interpretativo para resolver otro conflicto -igual o diferente que el primero-; 3) los mismos tribunales y todos los demás tienen ante sí, de manera cierta y probada, al menos dos formas diferentes de elaborar el mismo argumento interpretativo, lo cual se traduce en un problema de inseguridad jurídica.

Las normas antes citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la producción de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, es bien sabido, se complementa con el arbitrio judicial formando una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la generación de seguridad jurídica mediante la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

II. Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores, se desprende que la interpretación realizada por los Tribunales Colegiados contendientes versó sobre un mismo problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos. Esto es, se cumplen las condiciones del test antes anotado. Los siguientes datos corroboran esta información:

1) Los quejosos combatieron el mismo acto reclamado; a saber: sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que condena al pago de alimentos provisionales y/o el embargo de bienes al deudor alimentario.

2) Como se apuntó en apartados precedentes, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró que no se debe agotar recurso o medio de defensa alguno en contra de una sentencia que ordene el pago de alimentos provisionales antes de interponer el juicio de garantías correspondiente dado que no le opera a dichas resoluciones el principio de definitividad; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que en contra de la resolución que condena al pago de alimentos provisionales sí se puede interponer un incidente que revoque o modifique el sentido de esa resolución, por lo que estas resoluciones no son definitivas en relación a la procedencia del juicio de amparo, y es por esta razón de poder ser modificadas mediante un recurso o medio de defensa ordinario que estos actos no tienen el carácter de irreparables, por lo que no es procedente interponer en contra de estas resoluciones amparo indirecto.

A partir de lo anterior es claro que, al resolver los referidos amparos, los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos aludidos para la existencia de una contradicción de tesis. Los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial; además, su interpretación giró en torno a un mismo tipo de problema jurídico (la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que condena al pago de alimentos provisionales y/o el embargo de bienes al deudor alimentario).

En ese orden de ideas, queda evidenciado, que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar, resultan esencialmente iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambos órganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.

III. Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideración, la materia del estudio de fondo del presente asunto quedará limitada a determinar si, las resoluciones que fijen una pensión alimentaria provisional son actos que tienen una ejecución de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo y, por otro lado, si el incidente de reducción de pensión alimenticia es un medio ordinario de defensa que se tenga que interponer para efectos del juicio de garantías en aplicación del principio de definitividad.

QUINTO. Determinación del criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que deben prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, los criterios que se sustentan en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:

En la presente contradicción se presentan dos temas a tratar: en primer lugar si la resolución por la que se fijan alimentos provisionales es un acto de imposible reparación en términos de la fracción IV del artículo 114 de Ley de Amparo. En segundo lugar, si el incidente de reducción de pensión alimenticia constituye un medio ordinario de defensa que deba hacerse valer antes de acudir al juicio de amparo, esto en los casos en que la ley no establezca algún recurso en contra de esa resolución, como sucede en el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco.

1. ¿La resolución que fija el pago de alimentos provisionales es un acto de imposible reparación en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo?

Para poder contestar esta pregunta, es necesario determinar, en primer lugar, si la resolución que establece una pensión alimenticia provisional y fija su monto es un acto cuya ejecución es de imposible reparación.

De acuerdo con los criterios que se han sustentado por esta Suprema Corte de Justicia, los actos de ejecución irreparable son aquellos en los que sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate.

Asimismo, se ha sostenido que no sólo por la afectación de derechos sustantivos se puede considerar un acto como de imposible reparación, ya que también pueden darse este tipo de actos tratándose de derechos procesales o adjetivos. En efecto, el Tribunal Pleno ha sostenido que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, como por ejemplo el caso de la falta de personalidad, o el embargo de bienes, ya que aunque las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, pueden también ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21838-ec5c2c14/alimentos-provisionales-el-incidente-de-reduccion-de-pension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.